CE - 010324000202100458001AUTOQUERESUEL20230412115602

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: Asociación Colombiana de Parqueaderos y Similares - ACOPARQ Demandado: Presidente de la República , Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio del Interior Tema: Niega medida cautelar de suspensión provisional de l Decreto 1855 de 20 de septiembre de 1971. Tesis de inconstitucionalidad sobreviniente se debe evaluar en la sentencia definitiva. No se observa falta de competencia, desconocimiento de la Ley 7 de 1943, ni falsa motivación . Reiteración jurisprudencial

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 1855 d e 20 de septiembre de 19711, expedido por el Presidente de la República, y suscrito por el Ministerio de Gobierno y por el Ministerio de Desarrollo Económico.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Asociación Colombiana de Parqueaderos y Similares – ACOPARQ, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 1 37 del CPACA, demandó al Presidente de la República , al Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobierno) y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (antes Ministerio de

ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 1 37 del CPACA, demandó al Presidente de la República , al Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobierno) y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (antes Ministerio de Desarrollo Económico), con el propósito de obtener las siguientes declaratorias:

[…] declare la NULIDAD del DECRETO 1855 DE 1971 , pu es adolece de los vicios de ( 1) infracción de las normas en que debería fundarse, (2) haber sido por funcionario sin competencia y (3) falsa motivación. […]

2. Mediante auto de 14 de febrero de 20222, este Despacho admitió el medio de control de nulidad.

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. La parte actora solicitó la suspensión provisional del Decreto 1855 de 1971, de conformidad con los argumentos de nulidad propuestos en la demanda.

1 “Por el cual se dictan disposiciones sobre control de precios”. 2 Índice 12 del expediente digital del aplicativo Samai. Este Despacho, mediante auto de 11 de noviembre de 2021, inadmitió la demanda2 por cuanto la parte actora: i) no designó con precisión y claridad todas las partes y sus representantes; ii ) no expresó con precisión y claridad lo pretendido, y iii) no acreditó el envío de la presente demanda a las entidades demandadas.2

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

4. En el escrito de la demanda, mencionó que ese acto administrativo desconocía

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

4. En el escrito de la demanda, mencionó que ese acto administrativo desconocía la Ley 7 de 1943 y los artículos 4 °, 6 °, 150 (numeral 21 ), 151, 288 y 334 de la Constitución Política. Adicionalmente, había sido «expedido por una autoridad que carecía de competencia, y adolece de falsa motivación jurídica», por las siguientes

razones:

I.2.1. Falta de compete ncia y transgresión de los artículos 4 °, 6 °, 150 (numeral 21), 151 y 288 de la Constitución de 1991

5. En su primer planteamiento global, el demandante explicó que la jurisdicción contencioso a dministrativo, a través de los procesos de nulidad , confronta los actos administrativos demandados con las n ormas vigentes al momento de su expedición, sin que ese juicio de legalidad pueda contemplar leyes posteriores, en atención a que «la ley no tiene vocación de aplicación retroactiva».

6. También mencionó que, excepcionalmente, la Corte Constitucional, y la Sección Primera del Consejo de Estad o han acogido la tesis conforme a la cual l os actos administrativos anteriores a la expedición de la Constitución Política de 1991 deben respetar su contenido, ta l y como lo reco noce la Sentencia del 15 de noviembre de 2019 con radic ado 05001-23-31-000-2006-03800-01. Con fundamento en lo anterior, solicitó la nulidad d el Decreto 1855 de 1971 porque

noviembre de 2019 con radic ado 05001-23-31-000-2006-03800-01. Con fundamento en lo anterior, solicitó la nulidad d el Decreto 1855 de 1971 porque quebrantó los artículo s 4 °, 6 °, 150 (numeral 21), 151 y 288 de la Cons titución Política.

7. Respecto del artículo 4° superior, alegó que: «aunque el Decreto 1855 de 1971 fue expedido antes de la Constitución de 1991, el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 4ª de esta última e xige que (…) se ajuste a todas las disposiciones constitucionales hoy vigentes».

8. Frente al artículo 6° superior indicó que «las autoridades solo pueden ejercer el poder público en los términos que la ley se los ha atribu ido, entonces no es admisible ni aj ustado a la ley que el Gob ierno hubiera proferido un decreto sin contar con la competencia para ello».

9. Sobre e l desconocimiento de los artículos 150 (numeral 21 ) y 334 de la Constitución precisó que el legislador es el único competente para expedir las «leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisas su fines y alcances y los límites a la libertad económica».

10. En lo que atañe al quebrant amiento de los artículos 151 y 288 de la Constitución Política, mencionó que las competencias de los entes territoriales son una materia que goza de reserva de ley orgánica. En consecuencia, «el decreto reglamentario usurpó una competencia que estaba en cabeza del legislador para el momento de su expedición, y no ha dejado de estarlo».3

una materia que goza de reserva de ley orgánica. En consecuencia, «el decreto reglamentario usurpó una competencia que estaba en cabeza del legislador para el momento de su expedición, y no ha dejado de estarlo».3

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Demandante: ACOPARQ

I.2.2. Falta de competencia , falsa motivació n y transgresión de la Ley 7 de 1943

11. En su segundo argumento, indicó que la Ley 7ª de 1943 «revistió al Presidente de la República de unas precisas competencias en ma teria de cont rol e intervención del Estado en la economía». Sin embargo, esa ley expresamente «no se refiere, en ninguno de sus artículos, a parqueaderos o estacionamientos.

Tampoco le otorga a ninguna autoridad de nivel territorial la competencia para fijar precios de servicios de parqueaderos o estacionamientos».

12. Planteó que la ley 7ª autoriza al presidente para regular aspectos económicos de los bienes de primera necesidad . Sin embargo, «la Corte Constitucional, en la Sentencia C-100 de 2014, indicó que, dentro de los bienes de primera necesidad están aque llos que consumen s ectores muy amplios de la población con la finalidad de atender aspectos vitales de sus necesidades básicas ». A partir de lo anterior, concluyó que el servicio de parqueo no pertenece a esa categoría porque «los bienes de prim era necesidad se requieren par a sa tisfacer el derecho a la subsistencia y guardan una íntima relación con el derecho al mínimo vital».

13. Reconoció que la ley 7 ª también contempló la regulación de l ser vicio de

«los bienes de prim era necesidad se requieren par a sa tisfacer el derecho a la subsistencia y guardan una íntima relación con el derecho al mínimo vital».

13. Reconoció que la ley 7 ª también contempló la regulación de l ser vicio de arrendamiento de habitaciones y locales urbanos . Au n así, adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional pacíficamente han soste nido que el servi cio de parque o se presta a través de un contrato de depósito, y no de un contrato de arrendamiento.

14. Explicó que: «en el contrato de arrendamiento no existe la obligación de recibir y guardar una cosa, mien tras que en el de depósito remunerado (y, por ende, mercantil) esa es, justamente, una de las obligaciones esenciales que asume el depositario».

15. Finalmente, afirmó que el acto acusado incurría en la causal de falsa motivación porque allí se afirmó que el Presidente estaba «ejerciendo una atribución que supuestamente le confería la Ley 7ª de 1943 ». Pero «sucede que, la competencia que dijo ejercer (…) realmente no existe (…) por dos razones: a pesar de la invocación que se hizo de la Ley 7ª de 1943, ella (i) no le atribuye competencia alguna al Gobierno en materia de regulación de tarifas de parqueaderos o estacionamientos, ni (ii) consagró las fac ultades que sí le atribuye al Gobier no como delegables a los alcaldes».

16. Adujo que: «la asignación de atribuciones a las entidades territoriales y a sus autoridades ha sido siempre a sunto reservado a la ley. Así lo disponía el artículo

como delegables a los alcaldes».

16. Adujo que: «la asignación de atribuciones a las entidades territoriales y a sus autoridades ha sido siempre a sunto reservado a la ley. Así lo disponía el artículo 182 de la Constituci ón de 1886, vigente para la fecha e n la que fue expedido el Decreto 1855 de 1971: “[…] Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, determinará los serv icios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales […]”. Además, las únicas razones por las que el G obierno Nacional podía expedir normativa de orden legal era que el Congreso le atribuyera dichas competencias de manera temporal (artículo 78, ordi nal 12, de la Constitución Política de Colombia de 1886), o que decretase un estado de sitio4

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Demandante: ACOPARQ

(artículo 121 de la Constitución Política de Colombia de 1886). El Decreto 1855 de 1971, sin embargo, no fue expedido por ninguna de estas vías».

II. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

17. De la solicitud de la medida cautelar se corrió traslado3 a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que se pronunciaran sobre la misma, en el término de cinco días (5) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

18. La apoderada judic ial del Presidente de la Repúb lica y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , mediante escrito de 23 de

días, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

18. La apoderada judic ial del Presidente de la Repúb lica y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , mediante escrito de 23 de febrero de 20224, solicitó negar la petición cautelar por cuanto «la argumentación del demandante incumple con la s reglas fijadas en los artículos 229 y 23 1 del

CPACA».

19. Afirmó que el decreto acusado no estaba viciado por fa lta de competencia, por cuanto fue proferido conforme con las facultades confe ridas en el parágrafo del artículo 3° de la Ley 7 de 1943 que autorizó al Gobierno Nacional a impartir medidas de control del precio de los arrendami entos de las habitaciones y de locales urbanos.

20. Recordó que el artículo 3° de la ley ibídem fue declarado exequible por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 30 de noviembre de 1948, en el sentido de declarar que dicha disposición era de índole intervencionista para que el Estado promoviera el equilibrio económico y el aprovechamiento racional de la riqueza.

21. Tambíen mencionó que la Ley 7 de 1943 atribuyó al Gobi erno Nacional facultades deleg ables, lo que era acorde con la Ley 489 de 1998 conforme a la cual la delegación es un medio para transferir el ejercicio d e funciones a otras autoridades en desarrollo de principios de colaboración y coordinación.

22. Sobre la v iolación de las normas constit ucionales, sostuvo que la intervención del Estado en la economía no solo estaba a cargo d el legislador, porque el

autoridades en desarrollo de principios de colaboración y coordinación.

22. Sobre la v iolación de las normas constit ucionales, sostuvo que la intervención del Estado en la economía no solo estaba a cargo d el legislador, porque el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución confirió competencias en la materia al Ejecutivo, de manera que e l decreto demandado también te nía respal do constitucional.

23. La apoder ada judici al del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante escrito de 25 de febrero de 202 25, solicitó denegar la petición de suspensión provisional toda vez que : «no existe m otivación alguna que evidencie las razones que conlleven a la solicitud de la medida».

3 Mediante auto de 14 de febrero de 2022. Índice 13 aplicativo Samai. 4 Índice 21 del expediente digital del aplicativo Samai. 5 Índice 22 del expediente digital del aplicativo Samai.5

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

24. Afirmó que , en el presente asunto , no evidenciaba una ostensible y notoria violación del ordenamiento jurídico. Por el contrario, la Co nstitución Política confirió al Gobierno Nacional la facultad para ejecutar la ley de manera eficaz y oportuna.

25. El apoderado judic ial del Ministerio del Interior, mediante escrito de 3 de marzo de 2022 6, se opuso a la solicitud cautelar al considerar que la petición no cumplía los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 231 del CPACA.

marzo de 2022 6, se opuso a la solicitud cautelar al considerar que la petición no cumplía los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 231 del CPACA.

26. Señaló que el decreto demandado no es contrario al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política porque se trata de una norma de ejecución y operatividad efectiva de la ley.

27. Indicó que el Gobierno Nacional tenía competencia para proferir el Decreto 1855 de 1971, conforme lo seña ló la Corte Suprema de Justicia, debido a que el Estado debe promover el equilibrio económico.

28. Además, respecto de la intervención económica del Ejecutivo, recordó que dicha potestad no solo es de l legislador, conforme con lo señalado en el numeral 21 de l artículo 150, en el numeral 11 del artículo 189 y en el artículo 334 de la

Constitución Política

29. Sobre la falsa motivación del acto acusado, precisó que no se encontraba probado, toda v ez que la parte demandante únicamente desarrolló la causal de falta de competencia.

III. CONSIDERACIONES

30. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria emp ezará por efectuar: (i) un aná lisis de las medidas cautelares en el pro ceso contencioso administra tivo; y (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo ; para po steriormente (iii) resolver el caso concreto, previa evaluación de los argumentos propuestos por la demandante , así como de las razones de oposición planteadas por las entidades demandadas.

un acto administrativo ; para po steriormente (iii) resolver el caso concreto, previa evaluación de los argumentos propuestos por la demandante , así como de las razones de oposición planteadas por las entidades demandadas.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

31. Uno de los mot ivos que inspiraron la expedic ión del nu evo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con tencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un modern o y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión p rovisional de actos adminis trativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas

6 Índice 25 del expediente digital del aplicativo Samai.6

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

cautelares que estime necesarias para “ proteger y garantizar, te mporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

32. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los proces os declarativos promovidos ant e la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

33. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando imp iden que se consolide una afec tación a u n derecho; ii)

33. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando imp iden que se consolide una afec tación a u n derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un pe rjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfa cer por adelantado la pretensi ón del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corres ponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.7

34. Los artículos 231 a 233 del mencionado estat uto proces al determinan los requisitos, la caución y el procedimient o para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

III.2. La medida cautelar consis tente en l a suspensión provisional del ac to administrativo acusado

35. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo, se encuentra la figu ra de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de l a Constitución Polí tica y desarrollada en los artículos 231 8 y siguientes del

CPACA.

36. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesor ia, tendiente a evitar que act os contrarios al ordenamiento

7 Artículo 230 del CPACA

CPACA.

36. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesor ia, tendiente a evitar que act os contrarios al ordenamiento

7 Artículo 230 del CPACA 8 «[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto ad ministrativo, la suspensión provisional de sus efecto s procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice e n escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o d el estudio de las pruebas allegadas con la sol icitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizac ión de per juicios deberá probarse al menos sumariamente la existenci a de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularida d del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, inf ormaciones, argumentos y j ustificaciones q ue permitan concluir, mediante un juicio de pon deración de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Q ue exi stan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]».7

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Q ue exi stan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]».7

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

jurídico pu edan con tinuar surtiendo ef ectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Por lo que su finalid ad está dirigida a « evitar, transitoriamente, que el acto administrativ o surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho»9.

37. Respecto de l os requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora , o pe rjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el deman dante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas 10. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202111, precisó lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provis ional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 d el CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas

[…] Para el caso de la suspensión provis ional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 d el CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Es tado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho , (…) [e]n relación con la sus pensión pr ovisional de los efectos jurídi cos de u n acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del orde namiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efec tos del acto acusad o […]12 (negrillas fuera del texto original)

III.3. Del caso concreto

38. En el asunto sub examine , la Asociación Colombiana de Parqueaderos y Similares (ACOPARQ) solicitó la suspensión provisional del Decreto 1855 de 1971 tras considerar que ese acto adminis trativo fue expedido por una a utoridad «que carecía de competencias en la materia, adolece de falsa motivación» y quebranta la Ley 7 de 1943 y los artículos 4 , 6, 150 (numeral 21 ), 151 y 2 88 de la

Constitución Política.

39. Como fundamento de lo anterior, en primer lugar, explicó que el Decreto 1855

la Ley 7 de 1943 y los artículos 4 , 6, 150 (numeral 21 ), 151 y 2 88 de la Constitución Política.

39. Como fundamento de lo anterior, en primer lugar, explicó que el Decreto 1855 desconocía lo dispuesto en los artículos 4°, 6°, 150 (numeral 21), 151, 288 y 334 de la Constitución Política debido a que las auto ridades solo pu eden ejerc er el

9 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm . único de radicación: 11001032400020160029500. 11 Sala de lo Contenci oso Administrati vo, Sección Prime ra, número único de radicación 54001-23-33-0002018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López. 12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernand o Sánchez Sánchez ) al señalar que: “[…] cuando el j uez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, q ue el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

poder pú blico en los térm inos previstos en la ley . Indicó que «el decreto reglamentario usurpó u na competencia que estaba en cabeza del legislador» por disposición constitucional, pues al Congreso de la Repúbli ca le corresponde tanto expedir las leyes de intervención económica, como definir las competencias de las entidades territoriales.

40. En segundo lugar, afirmó que ese acto también incurría en las causales de falsa motivación, falta de competencia y transgresión de la Ley 7 de 1943 , porque la mencionada ley autorizó al Presidente para que regulará los aspectos económicos de l os bienes de primera necesidad y del ser vicio de arrendamiento de habitaciones y locales urbanos . Sin embargo, a gregó que el servicio de parqueadero no se encuentra en ninguna de estas dos categorías porque no es un servicio requerido para satisfacer el mínimo vital y tampoco se rige por el contrato de arrendamiento, sino por el contrato de depósito.

41. En su criterio, por las mismas ra zones, el Decreto 1855 de 1971 está falsamente motivado si se tiene en c uenta que: «(i) la Ley 7ª de 19 43 no le atribuye competencia alguna al Gobierno en materia de regulación de tarifas de parqueaderos o estacionamientos, ni (ii) consagró las facultades que s í le atribuye al Gobierno como delegables a los alcaldes».

42. En este contexto, el Despacho pone de presente que l a norma acusada es del

siguiente tenor:

al Gobierno como delegables a los alcaldes».

42. En este contexto, el Despacho pone de presente que l a norma acusada es del

siguiente tenor:

[…] DECRETO 1855 DE 1971

(Septiembre 20)

Por el cual se dictan disposiciones sobre control de precios

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le confiere la ley 7a. de 1943,

DECRETA:

Artículo 1° Para los efectos del presente Decreto, se entiende por aparcadero o garaje público el local urbano que con ánimo de lucro se des tina a guardar o arrendar espacios par a depositar vehículos automotores dentro de una edificación construida para t al fin o dentro de un predio habilitado con el mismo objeto.

Artículo 2° Los Al caldes reglamentarán el func ionamiento de lo s garaje s o aparcaderos, señalarán en que zonas pued en operar y fijarán los precios o tarifas máximas que pueden cobrar por la pr estación de sus servicios, habida cuenta de la categoría de los mismos y de las con diciones y necesidades locales.

Artículo 3° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase. […].9

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00458-00

Demandante: ACOPARQ

43. Pues bien , para resolver preliminarmente los citados planteamientos, esta autoridad judicial se pronunciará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

Demandante: ACOPARQ

43. Pues bien , para resolver preliminarmente los citados planteamientos, esta autoridad judicial se pronunciará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

III.2.1. Del reparo de falta de competencia y desconocimiento de las normas constitucionales en que debía fundarse

44. En su primer reparo, el demandante pretende que la jurisdicción contenciosa administrativa confronte el contenido del Decreto 1855 de 1971 con lo dis puesto en los artículo s 4 °, 6 °, 150 (numeral 21 ), 151, 288 y 334 de la Constitución Política. Sin embargo, sobre este punto es nec esario tener en cuenta que e xisten dos criterios jurisprud enciales d iferenciados respecto de la competencia del juez de la acción de nulidad para efectuar el estudi o de legalidad del acto que presuntamente transgrede una disposición normativa proferida después de su expedición.

45. De un lado, el Consejo de Estado pacíficamente ha sostenido que el juici o de legalidad se realiza según «las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición»13. La mayoría de la jurisprudencia de esta Corporación señala que los actos no pueden fundarse en normas posteriore s porque, e n este procedimiento judicial, la declaratoria de nulidad de los actos está condicionada, entre otras causales, a que estos infrinjan las normas en que deberían fundarse.

46. Nótese que la justicia contencioso administrativa no solo es “rogada”, sino que respeta las situaciones jurídicas consolidadas en el tiempo, de manera que el juez solo puede realizar el estudio de legalidad con fundamento en las normas vigentes

46. Nótese que la justicia contencioso administrativa no solo es “rogada”, sino que respeta las situaciones jurídicas consolidadas en el tiempo, de manera que el juez solo puede realizar el estudio de legalidad con fundamento en las normas vigentes al momento en que entró a regir el acto acusado. Por ello, la autoridad judicial no puede evaluar argumentos fácticos o jurídicos que transgredan dicha frontera temporal. Y, en el evento en que el demandante propon ga un argumento de confrontación que supere es e criterio temporal, el juez compete nte debe inhibirse de efectuar un pronunciamiento de fondo y negar el cargo por improcedente.

47. Sin embargo, también existe una segunda tesis en nuestra jurisdicción conforme a la cual, excepcionalmente, el juez de la nulidad esta facultado para efectuar el estudio de legalidad de aquell os actos expedidos antes de la entrada en vigencia de la norma constitucional y que quebrantan su contenido.

48. Esta teoría ha si do den ominada «inconstitucionalidad sobreviniente » y se soporta en el artículo 4 ° de la Constitución Política de 1991, conforme al cual «la Constitución es n orma de normas» y «en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disp osiciones constitucionales».

49. Al respecto, la sentencia de 10 de febrero de 1995 explicó lo siguiente:

13 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Prim era. Sentencia de 27 de mayo de

2010. Rad.: 2005 - 01869. Consejero Ponente: doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.10

13 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso A