CE - 010324000202100543001AUTOQUERESUEL20230324093605

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-03-24-000-2021-00543-00

Demandante: Ángel Segundo García Ve rgara, Jhovanny María Morales Arroyo, Mila

Cecilia Morales Arroyo y Yarile del Cármen Morales Arroyo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: William Kamel el Karaan, Dani Talal Harb y Wofik Talal Harb Tema: Niega medida cautelar de suspensión provisional por ausencia de carga argumentativa y probatoria. Incumplimiento de los requisitos de apariencia de buen derecho y perjuicio de la mora

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la s Resoluciones 41447 de 13 julio de 2017 1 y 8103 de 27 de febrero de 2020 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores Ángel Segundo García Vergara , Jhovanny María Morales Arroyo, Mila Cecilia Morales Arroyo y Yarile del Carmen Morales Arroyo , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , presentaron demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaratorias y condenas:

ejercicio del medio de control previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , presentaron demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaratorias y condenas:

«[…] 2.1. Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 41447 del 13 de julio de 2017 mediante la cual se concedió el registro de la marca ARANA GOURMET, debido a que fue concedida en contravención de lo establecido en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y fue obtenido de mala fe por parte de los solicitantes.

2.2. Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 8103 del 27 de febrero de 2020 me diante la cual se concedió el registro de la marca ARANA EXPRESS debido a que las mismas fue concedida (sic) en contravención de lo establecido en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y fue obtenido de mala fe por parte de los solicitantes. […]».

1 “Por la cual se concede un registro”. 2 “Por la cual se concede un registro”.2

Radicación: 11001032400020210054300

Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Mediante auto de 3 de diciembre de 2021 3, este Despacho inadmitió la demanda por cuanto la parte actora no aportó los actos administrativos acusados con sus respectivas constancias de notificación y ejecutoria. Dentro del término procesal que le fue conferido, los demandantes subsanaron los errores advertidos en el auto inadmisorio4.

con sus respectivas constancias de notificación y ejecutoria. Dentro del término procesal que le fue conferido, los demandantes subsanaron los errores advertidos en el auto inadmisorio4.

3. A través de auto de 17 de marzo de 2022 5, el Despacho admitió el presente medio de control de nulidad relativa.

I.2. Solicitud de medida cautelar

4. La parte actor a solicitó la suspensión provisional de la s Resoluciones 41447 de 13 julio de 2017 y 8103 de 27 de febrero de 2020 , porque «contrarían lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política y lo estableci do [en el literal b] en la Decisión 486 de 2000».

5. Frente a lo anterior , afirmó que las resoluciones demandadas «violan flagrantemente las disposiciones previamente mencionadas y afectan los derechos de mis poderdantes, situación que fundamenta la presente solicitud de decreto de medidas cautelares».

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

6. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado 6 a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los terceros interesados , para que se pronunciaran sobre la misma, en el término de cinco días (5) dí as, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

II.1. La apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio , en adelante SIC, mediante escrito de 1° de abril de 2022, se op uso a la petición cautelar por las siguientes razones:

7. Indicó que un pronunciamiento de fondo podría «inducir al prejuzgamiento, toda

adelante SIC, mediante escrito de 1° de abril de 2022, se op uso a la petición cautelar por las siguientes razones:

7. Indicó que un pronunciamiento de fondo podría «inducir al prejuzgamiento, toda vez que la justificación de la parte demandante para dichas medidas es la presunta violación del literal b del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, el mism o a sunto que será objeto de análisis durante este proceso de nulidad relativa».

8. Además, señaló que para determinar la existencia de una presunta violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, era necesaria la valoración

3 Índice 4 del expediente digital del aplicativo Samai. 4 Índice 9 del expediente digital del aplicativo Samai. 5 Índice 11 del expediente digital del aplicativo Samai. 6 Mediante auto de 17 de marzo de 2022. Índice 12 aplicativo Samai.3

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Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

no solo de las normas citadas, sino del material probatorio que reposa en la demanda.

9. También afirmó que el escrit o de la solicitud de suspensión provicional no desarrolló el concepto de violación del artículo 61 de la Constitución Política y el literal b) del artíc ulo 136 de la Decisión 486 de 2000 , así como tampoco sustentó ni acreditó de manera adecuada el acaecimiento del periculum in mora.

10. Por otro lado, r ecordó que el Consejo de Estado «debe solicitar la

ni acreditó de manera adecuada el acaecimiento del periculum in mora.

10. Por otro lado, r ecordó que el Consejo de Estado «debe solicitar la correspondiente interpretación prejudicial ante la Comu nidad Andina de Justicia, en virtud de la normatividad comunitaria señalada, la jurisprudencia del Tribunal del mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la supuesta violación por parte de las Resoluciones demandadas de la Decisión 486 de 2000».

11. Finalmente, aseguró que la Superintendencia de Industria y Comercio profirió los actos demandados conforme con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 .

Además, sostuvo que durante el trámite administrativo n o se presentaron oposiciones al registro.

II.2. El apoderado judicial de los señores Dani Talal Harb y Wofik Talal Harb 7, terceros con interés en el presente proceso, mediante escrito de 18 de abril de 2022, solicitaron denegar la medida cautelar porque carecía de sustento y material probatorio. Así mismo, indicaron que las resoluciones acusadas no vulneraban el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

12. Aseguraron que la medida cautelar era improcedente porque se p resentaba una indebida acumulación de pretensiones, en tanto los dos actos admi nistrativos demandados «provienen de expedientes diferentes, signos diferentes, titulares distintos y, por ende, dos terceros con intereses contrarios».

13. Finalmente, recordaron que, según los artí culos 33 y 35 del Trata do de Creación de Justicia de la Comu nidad Andina y según reiterada jurisprudencia del

distintos y, por ende, dos terceros con intereses contrarios».

13. Finalmente, recordaron que, según los artí culos 33 y 35 del Trata do de Creación de Justicia de la Comu nidad Andina y según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, era indispensable obtener la interpretación prejudicial de la norma comunitaria alegada por la parte actora por parte del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina.

II.3. El señor William Kamel El Karaan , tercero con interés en el presente proceso, guardó silencio8.

III. CONSIDERACIONES

14. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un anális is de

7 Índice 34 del expediente digital del aplicativo Samai. 8 Índice 30 del expediente digital de la apliación Samai.4

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Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) d eterminar si el demandante cumplió con la carga argumentativa mínima requerida para efectuar el juicio de legalidad en esta etapa inicial del proceso.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

15. Uno de los motivos que inspirar on la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Adminis trativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

15. Uno de los motivos que inspirar on la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Adminis trativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régime n de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para “ proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

16. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos p romovidos ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

17. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consoli de una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 p rimera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) d e su spensión (numerales 2 y 3) , que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.9

demandante; y iv) d e su spensión (numerales 2 y 3) , que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.9

18. Los artículos 231 a 233 del menci onado estatuto procesal determinan lo s requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

19. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir e l ju ez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que « podrá decretar las que considere necesar ias»10. No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad , si se armoniza

9 Artículo 230 del CPACA 10 Artículo 229 del CPACA5

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Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual pa ra que la medida sea procedente el de mandante debe presentar « documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses , que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla» (negrillas fuera del texto)

argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses , que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla» (negrillas fuera del texto)

20. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm.

2014-03799, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

«[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora . El primero, o apa riencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exi ge la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho […]»11 (negrillas fuera del texto).

21. Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015

(Expediente núm. 2015 -00022, Consejero Ponente: Jaime O rlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

«[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan

debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justic ia, razón por la cual es dable entende r q ue en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni i uris y el periculum in mora , debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad […] »12 (negrillas fuera del texto)

11 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expedie nte núm. 2014 -03799, consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. 12 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: « Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (…) Allí donde el Juez Administrativo no esté gobernado por reg las, l o más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflic tos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumpl imiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo

son metodologías extrañas en la solución de conflic tos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumpl imiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelga zamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten po tenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de propo rcionalidad’ // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una me dida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, e l Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecu ada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afect ado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso6

Radicación: 11001032400020210054300

Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

22. Así las cosas, en el examen d e p rocedibilidad de la m edida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la

22. Así las cosas, en el examen d e p rocedibilidad de la m edida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de b uen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación de intereses.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

23. En el marco de las diversas medi das cautelares, instaura das e n el nuevo proceso contencioso administrativo 13, se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitució n Política y desarrollada en los artíc ulos 231 14 y siguientes d el

CPACA.

24. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtie ndo efectos, mientras se decide de fon do su constitucionalidad o le galidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Por lo que su finalidad está dirigida a « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos juríd icos, en virtud de un juzgamiento prov isorio del mismo, salvag uardando los intereses generales y el Estado de derecho».15

formalmente establecido, la medid a adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administ ración pública ( necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un

Estado de derecho».15

formalmente establecido, la medid a adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administ ración pública ( necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos». 13 El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “ una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterio r a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un act o administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones d e hacer o no hacer. 14 «[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposicion es invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores in vocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la s olicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del

análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores in vocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la s olicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derec hos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, i nformaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la se ntencia serían nugatorios […]». 15 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.7

Radicación: 11001032400020210054300

Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

25. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión pro visional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de lo s criterios de: (i) fumus boni iuris, o

procedencia de una solicitud cautelar de suspensión pro visional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de lo s criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de bu en derecho, y (ii) periculum in mora , o perjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas16. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202117, explicó lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art . 231 del CPACA), el per juicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídi co superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de bu en derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 23 1 del CPACA), (…) basta que, como consecuen cia de la argumentación jurídica plan teada por el peticionario , el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]18 (negrillas fuera del texto original

III.3. Del caso concreto

26. En el asunto sub examine, la parte actora solicit ó la suspensión provisional de

a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]18 (negrillas fuera del texto original

III.3. Del caso concreto

26. En el asunto sub examine, la parte actora solicit ó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones 41447 de 13 julio de 2017 y 8103 de 27 de febrero de 2020 , luego de considerar que esos acto s administrativos transgreden lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política y en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

27. Como sustento de su petición, en el memorial de la petición cautelar -que consta

de un folioseñaló lo siguiente:

«[…]La medida cautelar solicitada se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 203 del Código de P rocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), el cual dispone que: (…)

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm. único de radicación: 110010324000201600295-00. 17 Sala de l o Contencioso Administrativo, Se cción Primera, número único de radicación 54001 -2333-000-2018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López. 18 Criterio que la Sala ya había soste nido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 1 1001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánc hez Sánchez) al señalar que:

18 Criterio que la Sala ya había soste nido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 1 1001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánc hez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el jue z administrativo determina , dentro de un proceso de nulidad, que el act o acusado es contra rio a las norma s superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001032400020210054300

Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

En este mismo sentido, el artículo 231 de la precitada norma dispone que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados por nulidad procede cuando este vulnere las disposiciones normativas. (…)

La Resolución No. 41447 del 13 de j ulio de 2017 y la Resolución No. 8103 del 2 7 de febrero de 2020, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas ARANA GOURMET y ARANA EXPRESS, contrarían lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política y lo establecido en la Decis ión 486 de 2000, que estipulan:

Art. 61 de la Constitución Política: (…) Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000: (…)

En este sentido, luego de la confrontación de las resoluciones demandadas con la s normas superior es, resulta cuanto meno s

Art. 61 de la Constitución Política: (…) Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000: (…)

En este sentido, luego de la confrontación de las resoluciones demandadas con la s normas superior es, resulta cuanto meno s evidente que estos las v iolan flagrantemente las disposiciones previamente mencionadas y afec tan los derechos de mis poderdantes, situación que fundamenta la presente solicitud de decreto de medidas cautelares […]» (negrillas fuera del texto)

28. Como pued e o bservarse, la parte act ora solicitó la suspensión de las Resoluciones 41447 y 8103 porque «contrarían lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política y lo establecido en la Decisión 486 de 2000» ; sin embargo, además de n o motivar expresamente su pedimento , tampoco explicó cuáles son las razones fácticas o jurídicas por las que resulta « evidente» la transgresión del ordenamiento superior , y en ningún momento se remitió a l as razones expuestas en la demanda para efectos de sustentar la cautela.

29. En es e contexto, el Despacho advierte el incu mplimiento de los requisit os señalados en los artículos 229 y 231 del CPACA, toda vez que la pa rte actora no contrastó las normas superiores invocadas como violadas con los actos administrativos demandados con el fin de sustentar la solicitud de medida cautelar.

30. Nótese que los asu ntos sometidos a conocimiento de esta jurisdicción deben regirse por la “ rogatio” o rogación 19. Además, existe una estrecha e ineludible relación entre esta exigencia y el principio dispositi vo20, de manera que el actor

regirse por la “ rogatio” o rogación 19. Además, existe una estrecha e ineludible relación entre esta exigencia y el principio dispositi vo20, de manera que el actor

19 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), Ra dicación número: 25000-23-24-000-2005-00434-01 y Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección

Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto S errato Valdés. Bogotá, D.C., 21 de junio de 2018. Radicación número: 050 01-23-31-000-2006-93419-01. Actor: José Gabriel Velásquez Sá nchez, Bernardo Ramírez Zuluaga y Manuel Antonio Muñoz Uribe. Demandado: Departamento de Antioquia. Referencia: Naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 20 « […] en el terreno de la justicia administrativa, orientada por el principio dispositivo, el juzgador -tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia - requiere para hacer su pronunc iamiento de la individualización de las peticiones anulatorias, debidame nte apoyadas en las raz ones de derecho contentivas del concepto de la violación que a juicio del actor conduzcan a la invalidación del acto administrativo atacado .

En tal virtud, en tr atándose de las acciones que tienen por objeto ejercer un control de leg alidad de los actos administrativos, el accionante al formul ar la causa petendi tiene la carga procesal ineludible de enunciar en

En tal virtud, en tr atándose de las acciones que tienen por objeto ejercer un control de leg alidad de los actos administrativos, el accionante al formul ar la causa petendi tiene la carga procesal ineludible de enunciar en forma puntual y específica las normas que estima infri ngidas lo mismo que el concepto de la violación, habida9

Radicación: 11001032400020210054300

Demandante: Ángel Segundo García Vergara y otros demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

dentro del p roceso contencioso adminis trativo debe cumplir con la carga de orientar el ámbito de acción den tro del cual considera que el juez deb e pronunciarse, aludiendo a los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan, en e