CE - 010324000202100547001AUTOQUERESUEL20230502172724

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz Demandado: Agencia Nacional de Minería Tema: Niega medida cautelar de suspensión provisional de las Resoluciones VSC 001119 de 9 de diciembre de 2020 y VSC No.000537 de 21 de mayo de

2021. En esta etapa preliminar del proceso no existe certeza probatoria respecto de la apariencia de buen derecho de la solicitud cautelar

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos j urídicos de las Resoluciones VSC 001119 de 9 de diciembre de 20201 y VSC No.000537 de 21 de mayo de 20212, expedidas por el Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El ciudadano César Julio Sandoval Ruíz, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 1 38 del CPACA, demandó a la Agencia Nacional de Minería, con el propósito de obtener las siguientes declaratorias:

[…] PRIMERA: Que se declare la nulida d de los actos administrativos que a continuación se relaciona:

Resolución VSC No.001119 del 9 de diciembre de 2020, expedida por el

[…] PRIMERA: Que se declare la nulida d de los actos administrativos que a continuación se relaciona:

Resolución VSC No.001119 del 9 de diciembre de 2020, expedida por el Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería (…)

Resolución VSC No.00053 7 del 21 de mayo de 2021, expedida por el Vicepresidente de Seguimiento, Contr ol y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería (…)

SEGUNDO: Que a título de restablecimiento de derecho se ordene a la Agencia Nacional de Min ería continuar con la soli citud de acogimiento de derecho de Preferencia presentada por el señor CESAR J ULIO SANDOVAL

RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.739 para la Licencia de Explotación No. 00129 - 15, allegada a través de radicado No.2 0155510081352 del 6 de marzo de 2015, teniendo en cuenta lo narrado en el acápite de hechos y que no se ha configurado desistimiento tácito de la petición formulada.

1 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de acogimiento al derecho de preferenc ia dentro de la licencia de explotación no. 00129-15 y se adoptan otras disposiciones.” 2 “Por medio de la cual se resuelve un recu rso de reposición interpuesto en contra de la resolución vsc no. 001119 del 09 de diciembre de 2020, dentro de la licencia de explotación no. 00129-15”2

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

TERCERO: Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Agencia Nacional de Minería resolver favorabl emente el derecho de preferencia presentado por el señor CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ (…) para la Licencia de Explotación No. 00129-15, (…).

CUARTA: Que se condene en costas a la parte demandada […].

2. Mediante auto de 25 de marzo de 20223, este Despacho admitió el medio de control de nulidad y restablecimiento.

I.2. Hechos

3. Como fund amentó fáctico de la demanda, la parte actora indicó que el señ or Cesar Julio Sandoval Ruiz es titular de la licencia de explotación minera No. 12915.

4. Afirmó que, mediante ofic io de 6 de marzo de 2015, el señ or Cesar Julio Sandoval Ruiz «formuló ante la Agencia Nacional de Minería petición de derecho de preferencia en los términos del artículo 46 de Decreto 2655 de 1988, cumpliendo los requisitos y aportando la documentación req uerida». En esa

solicitud la dirección de notificación era la «calle 35 A No. 16B-61, barrio la Fuente de la ciudad de Tunja».

5. Puso de presente que , a través de un derecho de petición d e 21 de diciembre de 2017, el demandante solicitó a la Agencia Nacional de Minería que «notificara y pusiera en conocimiento person almente todas las actuaciones dentro del

5. Puso de presente que , a través de un derecho de petición d e 21 de diciembre de 2017, el demandante solicitó a la Agencia Nacional de Minería que «notificara y pusiera en conocimiento person almente todas las actuaciones dentro del

expediente 129 -15, en la Calle 35 A No. 16B -61 de la ciudad de Tunja, para garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción».

6. Agregó que la Agencia Nacional de Minería «mediante oficios dirigidos a la calle 35 A No. 16B -61 ponía en conocimiento el trámite de notificación por estado y publicación de los autos de mero t rámite, invitando al titular minero acercarse al punto regional PAR Nobsa a fin de conocer el contenido íntegro».

7. Explicó que la Agencia Nacional de Minería , a través de Auto GEMTM No.126 de 22 de mayo de 2020, requirió a los titulares de la licencia de explotación minera No 129 -15, para que allegaran , en el plazo perentorio de un mes , la copia del documento de identificación.

8. Mencionó que, a través de la Resolución VSC 001119 de 9 de diciembre de 2020, la autoridad mine ra declaró el desistimiento del trámite de la referencia , «porque supuestamente (el titular) no cumplió con la exigencia de aportar el documento de identificación que se le había solicitado».

3 Índice 12 del expediente digital del aplicativo Samai. Este Despacho, mediante auto de 3 de diciembre de 2021, inadmitió la demanda por cuanto la parte actora no allegó las constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución de los actos administrativos acusados.3

2021, inadmitió la demanda por cuanto la parte actora no allegó las constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución de los actos administrativos acusados.3

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

9. Afirmó que el Auto GEMTM No.126 de 22 de mayo de 2020 no se notificó a través del estado No. 27 de 28 de mayo de 2020 , pues «el estado jurídico No. 27 de 2 020 se encuentr a publicado el 17 de Julio de 2020, y en este NO SE

ENCUENTRA NINGUNA PUBLICACION O ACTUACION DENTRO DEL

EXPEDIENTE 129-15».

10. Por último, mencionó que el demandante, mediante correo de 9 de septiembre de 202 0, envió copia del documento de identidad al corr eo electrónico

contactenosanna@anm.gov.co, durante el proceso de inscripción en el Sistema Integrado de Gestión Minera - ANNA Minería.

I.3. Solicitud de medida cautelar

11. La parte actora solicitó la suspensión provisional de las Resoluciones VSC 001119 de 9 de diciembre de 2020 y VSC No.000537 de 21 de mayo de 2021 , luego de considerar que esos actos administrativos fueron expedidos de forma irregular, están afectados de falsa moti vación y desviación de poder, y desconocen lo dispuesto e n el articulo 29 de la Constitución Política , en los artículos 17 y 72 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 46 del Decreto 2655 de

1988.

desconocen lo dispuesto e n el articulo 29 de la Constitución Política , en los artículos 17 y 72 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988.

12. Respecto de la transgresión del artículo 29 superior, explicó que el derecho al debido proceso «no fue respetado en el caso que nos ocupa, por cuanto la entidad pública declara el desistimient o de la solicitud del derecho de preferencia formulado por mi mandante, con el argumento que el señor César Julio Sandoval Ruiz no cumplió con el requerimiento de aportar copia de la cédula de ciudadanía; siendo que no había sido notificado en debida forma, puesto que como se indicó en el acápite de hechos , no existió ningún estado a través del cual se realizara la notificación; además, que no se utilizaron los medios electrónicos para realizarla, con el agravante que la cedula de ciudadanía ya era conocida por la entidad pública por las actuaciones anteriores realizadas por mi mandante».

13. En cuanto al desconocimiento del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 , alegó que el desistimiento tácito de una solicitud p rocede «en los eventos en que un peticionario no cumpla con los requerimientos que se le hagan para completar las peticiones incompletas, con el fin de poder decidir de fondo los asuntos que se le pongan en consideración de la Administración».

14. También agregó que : «el requ erimiento debe ser notificado en debida forma, para que nazca la obligación de quien pide completar la solicitud, pues de lo contrario no estaría en posibilidad de hacerlo ante el desconocimiento de lo

14. También agregó que : «el requ erimiento debe ser notificado en debida forma, para que nazca la obligación de quien pide completar la solicitud, pues de lo contrario no estaría en posibilidad de hacerlo ante el desconocimiento de lo requerido por la entidad p ública; por tal razón, en el presente caso el requerimiento que se le hizo a mi mandante de aportar la cedula de ciudadanía no tuvo ningún efecto, ya que no fue notificado en debida forma como se indicó en el capítulo de hechos de esta solicitud». Agregó que: «el requerimiento de cumplimiento se debe hacer, cuan do la actividad que se pide realizar al peticionario sea necesaria para decidir de fondo, pero en este caso la exigencia de4

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Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

la cedula de ciudadanía no se puede consid erar un requisito necesario para tomar la decisión de acceder al derecho de preferencia fo rmulado por mi mandante; además, porque el número de documento ya lo tenía la entidad pública y podía ser consultado de manera muy fácil por medios virtuales».

15. Sobre la transgresión del a rtículo 72 de la Ley 1437 de 2011 , alegó que l os actos administrativ os que no fueron notificados en debida forma tampoco producen efectos jurídicos, ni son oponibles, «circunstancia que determina que no se puede dar por desistida la petición formulada».

16. En lo qu e atañe al quebrantamiento del a rtículo 46 del Decreto 2655 d e 1988, mencionó que el demandante , dos meses antes del vencimiento de su

se puede dar por desistida la petición formulada».

16. En lo qu e atañe al quebrantamiento del a rtículo 46 del Decreto 2655 d e 1988, mencionó que el demandante , dos meses antes del vencimiento de su licencia de explotación , ejerció el derecho de preferencia, con el propósito de suscribir un contrato de concesión minera. Para ello, cumplió todos los requisitos legales, «pero la e ntidad pública declara el desistimiento tácito de la solicitud de manera totalmente irregular, lo que de una u otra forma lleva a que sea negada».

17. Indicó que : «existe expedición irregular de los actos administrativos demandados por cuanto se violaron forma lidades sustanciales al declarar el desistimiento tácito ante un requerimiento que no fue notificado en debida forma, vulnerando de esta manera el derecho de defensa y contradicción de mi mandante».

18. Mencionó que los mismos actos se encuentran falsamente motivados «en la medida que no es cierto que mi mandante haya incumplido la obligación de aportar la cédula de ciudadanía, ya que al no haber sido notificado en debida forma el requerimiento formu lado, no se le generó la obligación a que se hace alusión en los mismos; pero ad emás, no puede existir incumplimiento si mi mandante no conocía el requerimiento, ya que estaba en imposibilidad de cumplirlo por desconocimiento del mismo».

19. Respecto del carg o de desviación del poder consideró que: «la entidad pública abusa de sus atribuciones al expedirlos violando las normas en que tendrían que fundarse, así como al haberlos proferido de manera irregular, con

19. Respecto del carg o de desviación del poder consideró que: «la entidad pública abusa de sus atribuciones al expedirlos violando las normas en que tendrían que fundarse, así como al haberlos proferido de manera irregular, con falsa motivación, y por desconocer criterios de u n adecuado servicio público», en tanto «le exige (al demandante) el cumplimiento de una actuación que estaba en imposibilidad de cumplir al no haberse dado en forma adecuada el principio de publicidad. Es una actuación totalmente alejada de buen servicio público».

II. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

20. De la solicitud de la medida cautelar se corrió traslado 4 a la parte demandada para que s e pronunciara sobre la misma, en el término de cinco días (5) días , de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

4 Mediante auto de 1° de agosto de 2022. Índice 35 aplicativo Samai.5

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

21. El apoderado judicial de la Agencia Nacional de Minería , mediante escrito de 8 de agosto de 20225, afirmó que la petición cautelar no cumplía con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 231 del CPACA.

22. Afirmó que el Auto GEMTM 126 de 22 de mayo de 2020 era un acto de trámite que fue notificado mediante estado Nro. 27 de 28 de mayo de 2020, conforme lo establece el artículo 269 del Código de Minas , tal y como se p uede constatar en

que fue notificado mediante estado Nro. 27 de 28 de mayo de 2020, conforme lo establece el artículo 269 del Código de Minas , tal y como se p uede constatar en «la página web https://www.anm.gov.co/?q=informacion-atencion-minero (…) motivo por el cual los actos administrativos que prete nde declarar nulos el demandante se encuentran ajustados a derecho».

23. Agregó que el act or «en ningún momento fue poseedor de un derecho adquirido, (…) tan solo en un a mera ex pectativa, es decir, una probabilidad de llegar en un futuro a adquirir un derecho ». Así que, «los supuestos perjuicios alegados por el apoderado del señor CESAR JULIO S ANDOVAL RUIZ ; son inexistentes, y en efecto, los mismos no han sido probados de manera sumaria, tal como lo exige el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo».

III. CONSIDERACIONES

24. Para efectos de resolver la solicitud de dec reto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empe zará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; y (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión prov isional de los efectos de un acto administrativo ; para posteriormente (iii) resolver el caso concreto, previa evaluación de los argumentos propuestos por la demandante, así como de las razones de oposición planteadas por las entidades demandadas.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

25. Uno de los moti vos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de

razones de oposición planteadas por las entidades demandadas.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

25. Uno de los moti vos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el forta lecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Cód igo creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decre te las medidas cautelares que estime necesarias para “ proteger y garantizar, tem poralmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

26. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momen to; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los proceso s declarativos promovidos ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

5 Índice 39 del expediente digital del aplicativo Samai.6

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

27. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impi den que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un

artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impi den que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 s egunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo qu e vienen a satisfac er por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de priv ación temporal de los efectos de una decisión administrativa.6

28. Los artículos 2 31 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se sol icita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional del acto administrativo acusado

29. En el marco de las diversas medidas cautelares contempladas en el nuevo proceso cont encioso administrativo, se encuentra la figura de la su spensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 7 y siguientes del

CPACA.

30. Entre sus ca racterísticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesori a, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el pro ceso o rdinario en el que se hubiere

temporal y accesori a, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el pro ceso o rdinario en el que se hubiere decretado tal medida. Por lo que su finalida d está dirigida a « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho»8.

6 Artículo 230 del CPACA 7 «[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las me didas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de s us efectos procederá por v iolación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separad o, cuando tal violac ión surja del análisis del acto demandado y su confro ntación con las normas s uperiores invocadas como vio ladas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la e xistencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la ti tularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya p resentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el in terés

invocados.

3. Que el demandante haya p resentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el in terés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otor garse la medida los efec tos de la sentencia serían nugatorios […]». 8 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.7

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

31. Respecto de los requisit os previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora , o per juicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas 9. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202110, precisó lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco

acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la aparienc ia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación j urídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […] 11 (negrillas fuera del texto original)

III.3. Del caso concreto

32. En el as unto sub examine , el apoderado judicial del ciudadano César Julio Sandoval Ruíz solicitó la suspensión provisional de las Resoluciones VSC 001119 de 9 de diciembre de 2020 y VSC No.000537 de 21 de mayo de 2021 , luego de considerar que esos actos administrativo s fueron expedidos de forma irregular, están afectados de falsa moti vación y desviación de poder, y desconocen lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, en los artículos 17 y 72 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988.

33. Todos los argumentos de contradicción se relacionan con la transgresión del derecho al debido proceso del titular minero durante la actuación admi nistrativa

Ley 1437 de 2011 y en el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988.

33. Todos los argumentos de contradicción se relacionan con la transgresión del derecho al debido proceso del titular minero durante la actuación admi nistrativa que culmin aron con la expedición de las Resoluciones VSC 001119 de 2020 y VSC No.000537 de 2021. El apoderado judicial de la parte actora afirma que el Auto GEMTM 126 de 22 de mayo de 2020 no fue notificado a través del estado No. 27 de 28 de mayo de 2020.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso A dministrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sán chez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expedient e con núm. único de radica ción: 11001032400020160029500. 10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33-0002018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López. 11 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nu lidad, que el acto acusa do es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

34. Por ello, señaló que el ciudadano César Julio Sandoval Ruíz no conoció el requerimiento realizado por la Agencia Nacional de Minería para que aportara la copia de su documento de identidad, cuando hizo uso del derecho de preferencia con el propósito de suscribir un Contrato de Concesión Minera para el título GFTH02. De manera que la Agencia Nacional de Minería erró cuando declaró el desistimiento de esa petición, pues el demandante no conocía esa obligación y su documento de identidad ya obraba en el expediente administrativo.

35. En este contexto, para determinar si resulta procedente s uspender los efectos jurídicos de la Resolución 049 de 2020, el Despacho estudiará: (i) las reglas sobre notificaciones de decisiones administrativas en ma teria minera , y (ii) las circunstancias fácticas acreditadas hasta el momento en el plenario con rela ción al caso concreto.

III.3.1. Las reglas sobre notificaciones de decisiones administrativas en materia minera

36. Esta Sección pacíficamente ha sostenido que «el derecho al debido p roceso se erige como una garantía a todas las personas según la cual su in tervención en una actu ación administrativa o judicial est á regida por reglas previament e establecidas por el legislador, qu e a su vez le permiten defenderse y solicitar las pruebas tendientes a demostrar lo que afirma, sin que la voluntad del funcionario público pueda tener alguna injerencia en las distintas etapas del proceso»12”.

establecidas por el legislador, qu e a su vez le permiten defenderse y solicitar las pruebas tendientes a demostrar lo que afirma, sin que la voluntad del funcionario público pueda tener alguna injerencia en las distintas etapas del proceso»12”.

37. Una de l os principales componentes del debido proceso es precisamente el derecho a la defensa, entendido co mo la oportunidad reconocida a toda persona de ser oída, de hacer valer las pro pias razones y argum entos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra , y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ej ercitar los recursos que la ley otorga13.

38. Para tal propósito, el legis lador se encargó de regula r en materia miner a la forma en que la administración debía comunicar sus actos a los particulare s para que estos tuvieran la oportunidad de contestar y controvertir esas decisiones. Al respecto, el artículo 269 del Código de Minas precisó lo siguiente:

[…] Artículo 269. Notificaciones. La no tificación de las providencias se hará por estado que se f ijará por un (1) día en las dependencias de la autoridad miner a. Habrá notificación personal de las que rechacen la propuesta o resue lvan las oposiciones y de las que dispongan la comparecencia o in tervención de terceros. Si no fuere posible la notificació n personal, se enviará un mensaje a la residencia o negocio de l compareciente si fueren conocidos y si pasados tres (3) días después de su en trega, no concurriere a notificarse, se hará su emplazami ento por edicto que se fijará en

personal, se enviará un mensaje a la residencia o negocio de l compareciente si fueren conocidos y si pasados tres (3) días después de su en trega, no concurriere a notificarse, se hará su emplazami ento por edicto que se fijará en lugar público por cinco ( 5) días. En la notificación personal o por edicto, se

12 Cfr. Cons ejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Senten cia de 21 de agosto de 2014. Proceso identificado co n el número único de radicación 68001233300 0201400413-01. C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala. 13 Corte Constitucional. Sentencia C-025 de 2009.9

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00547-00

Demandante: César Julio Sandoval Ruíz

informará al notificado de los recursos a que tiene derecho por la vía gubernativa y del término para interponerlos. […]

39. Adicionalmente, el mismo estatuto en su artículo 297 señaló que : «en el procedimiento gubernativo y en las acciones judiciales, en materia min era, se estará en lo pertinente, a las disposiciones del Código Contenc ioso

Administrativo».

40. Esta remisión, para el caso conc reto, implicó la aplicaci ón de normas del CPACA en dos materias. En primer lugar, respecto de la forma en que la autoridad minera debe realizar las notificaciones por estados electrónicos. Y , en segundo lugar, frente al escenario en que opera el desistimiento tácito por el silencio de los administrados.

41. En relación con el primer asunto, el artículo 2 01 del C PACA dispone lo

lugar, frente al escenario en que opera el desistimiento tácito por el silencio de los administrados.

41. En relación con el primer asunto, el artículo 2 01 del C PACA dispone lo

siguiente:

[…] ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar:

1. La identificación del proceso.

2. Los nombres del demandante y el demandado.

3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.

4. La fecha del estado y la firma del Secretario.

El estado se insertará en los me dios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante el respectivo día.

De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación co n su firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica. De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años. Cada juzgado dispondrá del nú mero suficiente de equipos ele ctrónicos al acceso del público para la consulta de los estados. […]

42. En cuanto al segundo tema, el artículo 17 del CPACA s