CE - 010324000202200454001AUTOQUERESUEL20230515080718

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga Demandado: Presidencia de la República , Ministerio Del Interior y Ministerio de Defensa Nacional Tema: Niega medida cautelar. Competencias pre sidenciales para reglamentar las pólizas de seguros y la implem entación de microchip subcutáneos en los caninos de manejo espe cial. El acto acusado no desconoce los artículos 2° y 13 de la Constitución Política. Reiteración jurisprudencial sobre falsa motivación e insuficiente carga argumentativa

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho proced e a res olver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efe ctos jurídicos de los artícul os 2.2.8.10.2. (parágrafo), 2.2.8.10.4. (inciso 2 del parágrafo 1 ), 2.2.8.10.5. y 2.2.8.10.6. del Decreto 1070 de 2015 , adicionados por artículo 1° del Decreto 380 de 16 de marzo de 2022 , expedido por el Presidente de la República, y suscrito por el Ministro de Defensa Nacional y por el Ministro del Interior.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La ciudadana Andrea Padilla Villarraga presentó demanda en e jercicio del

Ministro de Defensa Nacional y por el Ministro del Interior.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La ciudadana Andrea Padilla Villarraga presentó demanda en e jercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Cód igo de Proce dimiento Administrativo y de lo Contencioso Admini strativo – CPACA, en la que elev ó las

siguientes pretensiones:

[…] IV. PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERA: Que se declare la nul idad parcial del parágrafo del artículo 2.2.8.10.2. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022, el cual señala (...) Parágrafo. Las compañías aseguradoras deber án permitir la adquisición de pólizas de responsabilidad civil extracontractual colectivas, para aquellas entidades, fundaciones sin ánimo de lucro o albergues, legalmente constituidas, destinados a la protección, custodia y cuidado de caninos en estado de maltrato, indefensión o abandono, que deseen adquirirla. Cuando el canino de manejo especia l vaya a ser entregado en donación, deberá contar con la respectiva póliza de responsabilidad civil extracontractual (...)

SEGUNDA: Que en cumplimiento del deber legal de protección y atención que tiene el Estado sobre los animales domésticos perdidos,2

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

abandonados, rescatados y vulnerables, establecido por el artículo 1 de la Ley 84 de 1989, artículos 1 y 3 de la Ley 1774 de 2016, artí culo 324 de la

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

abandonados, rescatados y vulnerables, establecido por el artículo 1 de la Ley 84 de 1989, artículos 1 y 3 de la Ley 1774 de 2016, artí culo 324 de la Ley 19 55 de 2019 y artículo 1 de la ley 2054 de 2020, sea el Gobierno Nacional en coordinación con las entidad es competentes quien asuma el costo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual a la que se refiere el Decreto 380 de 2022 para las personas naturales o jurídicas, que realizan actividades de rescate, protecció n y albergue de caninos de manejo especial.

TERCERA: Que se declare la nulidad del artículo 2.2.8.10.4. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022, concerniente a la identificación de los caninos por medio de Microchip.

CUARTA: Que se declare la nu lidad parcial del artículo 2.2.8.10 .5. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022, en los siguientes apartes: (...) para la implantación del microchip de identificaci ón y (...), (...) para implantar el microchip de identificación en el canino y (...)

QUINTA: Que se declare la nulidad d el artículo 2.2.8.10.6. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022.

V. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que se decla re la nulidad parcial del parágrafo del artículo 2.2.8.10.2. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022,

(…)

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que se decla re la nulidad parcial del parágrafo del artículo 2.2.8.10.2. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022,

(…)

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que se Ordene al Gobierno Nacional a través de los Ministerios correspo ndientes de la reglamentación, se exceptúe de la obligación de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual a las pe rsonas naturales o jurídicas, que r ealizan actividades de rescate, protección y albergue de caninos de manejo especial, fund aciones, albergues, refugios, hogares de paso y similares.

TERCERA SUBSIDIARIA: Que se declare la nulidad del artículo 2.2.8.10.4. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022, concerniente a la identificación de los caninos por medio de Microchip.

CUARTA SUBSIDIARIA : Que se declare la nulidad parcial del artícu lo 2.2.8.10.5. del Decreto número 380 del 16 de marzo de 2022, en los siguientes apartes: (...) para la implantación del microchip de identificación y (...), (...) para implantar el microchip de identificación en el canino y (...)

QUINTA SUBSIDIARIA: Que se declare la nulidad del artículo 2.2.8.10.6. del Decreto número 38 0 del 16 de marzo de 2022 . […] (negrillas fuera del texto).

2. Mediante auto de 16 de enero de 20231, este Despacho admitió la demanda.

I.1.2. Solicitud de medida cautelar

texto).

2. Mediante auto de 16 de enero de 20231, este Despacho admitió la demanda.

I.1.2. Solicitud de medida cautelar

3. La parte actor a solicitó la suspensión provisional «del artículo 2.2.8.10.1. respecto de las personas naturales que realicen actividades de rescate, albergue y protección de caninos de manejo especial; del parágrafo del artículo 2.2.8.10.2.; del artículo 2.2.8.10.4., del artículo 2.2.8.10.5. y del artículo 2.2.8.10.6. del Decreto

1 Índice 4 y 5 del expediente digital del aplicativo Samai.3

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

Reglamentario No. 380 de 2022 por violar y desconocer los mandatos constitucionales», de conformidad con los argumentos propuestos en la demanda.

4. En el escrito de la demanda, explicó que esas normas incurren en la causal de falsa motivación y transgreden los artículos 2°, 13, 150 y 189 de la Cons titución Política y las leyes 84 de 1989, 1774 de 2016, 1955 de 2019 y 2554 de 2020.

5. En relación con el quebrantamiento de los artículos 150 y 189 (numeral 11) de la Constitución Política, señaló que el Pr esidente de la República excedió su potestad reglamentaria por las siguientes razones:

[…] el artículo 127 de la Ley 1801 de 2016 sólo la otorgó con respecto a la

la Constitución Política, señaló que el Pr esidente de la República excedió su potestad reglamentaria por las siguientes razones:

[…] el artículo 127 de la Ley 1801 de 2016 sólo la otorgó con respecto a la expedición de las pólizas de responsabil idad civi l extracontractual para las contingencias que puedan ocu rrir con los caninos de manejo especi al, empero en ningún momento determinó que podría reglamentar sobre el registro de los caninos, el cual ya se encuentra reglamentado en el artículo 128 de la Ley 1 801 de 2016, ni tampoco le otorgó facultades para reglamentar el artí culo 121 de la misma Ley , por lo cual se invadió la potestad legislativa y se vulneró la autonomía municipal, lo que generó una contrariedad normativa, puesto que en la ley 1801 de 2016 y a se había establecido un registro por medio de un censo canino a car go de los municipios, y en el Decreto se crea un registro de microchip a cargo de las Alcaldías. (…)

En tal sentido, la reglamentación del registro de estos animales se encuentr a indebidamente soportada en el artículo 121 de la Ley 1801 de 2016, norma que si bien contempla un ma ndato concreto a las autoridades territoriales de información y registro, no establece una obligación de reglamentación como sí sucede con el parágrafo de l artícul o 127 relativo a la póliza de responsabilidad civil extracontractual. En consecuencia, con la obligación de reglamentar lo segundo, el Gobierno Nacional no podía reglamentar lo primero, mucho menos, valiéndose de un artículo que regula una materia sustancialmente diferente, pues una cosa es la obligación y competencia

reglamentar lo segundo, el Gobierno Nacional no podía reglamentar lo primero, mucho menos, valiéndose de un artículo que regula una materia sustancialmente diferente, pues una cosa es la obligación y competencia territorial en materia de reg istro e identificación de los animales, y otra distinta la obligación de los propietarios y tenedores de adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Adicionalmente el Decreto demandado no tiene en consideración si las alcaldías cuentan o no con la disponibilidad presupuestal, la infraestructura, los insumos, entre otros para abordar toda la identificación de los caninos, imponiéndose una obligación adicional que no se encuentra soportada fácticamente, vulnerando la autonomía de las entidades territoriales y su capacidad y disponibilidad presupuestal […]

6. Respecto del desconocimiento de los artículos 2° y 13 superiores por parte del acto acusado, indicó que: «la labor de r escate, protección y cuidado de miles de animales domésticos lo rea lizan personas naturales, en su mayoría sin escolaridad, de bajos recursos, en sus propias casas, manteniendo gran cantidad de seres sintientes, para lo cual deben recurrir a sus propios recursos económicos, donaciones, subvenciones, rifas, etc. afectando parte de su patrimonio propio al ejercicio de actividades de utilidad común o interés general, operadas exclusivamente para un fin social y comunitario».

7. Agregó que: « imponer una obligación legal de adqu isición de una póliza de responsabilidad extracontra ctual sobre los perros de manejo especial a las4

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

responsabilidad extracontra ctual sobre los perros de manejo especial a las4

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Demandante: Andrea Padilla Villarraga

personas naturales o jurídicas que rescatan de la calle a estos animales, en los mismos términos en los que se exige el cumplimiento de la póliza a personas que adquieren estos animales bien sea por compra o para el disfrute personal y que evidentemente no se encuentran en las mismas condiciones socioeconómicas y que, además, no suplen el déficit estatal de atención y cuidado sobre los animales, viola flagran temente el artículo 13 de la Constitución Política t oda vez que se asigna el mismo tratamiento jurídico a dos situaciones fácticas disímiles».

8. En su criterio, «no son equivalentes las condiciones de quienes voluntariamente crían o compran u n perro de manejo especial », f rente a « quienes por voluntad propia deciden rescatar de las calles este tipo de perros por sus altos niveles de abandono y que, además suplen una obligación que es estatal», motivo por el cual «estas últimas personas naturales o jurídicas deben estar excluidas del párrafo del artículo 2.2.8.10.2. del Decreto 380 de 2022, o en su defecto, que sea el Estado como principal responsable, quien asuma el costo de este tipo de pólizas, y así otorgarles un tratamiento diferente, por ser albergues o fundaciones».

9. En lo que atañe a la causal de falsa m otivación, adujo que: «el acto administrativo (…) no tuvo en cuenta las condiciones socioeconómicas de este sector de la población ni tampoco que la oblig ación legal sobre la respons abilidad

9. En lo que atañe a la causal de falsa m otivación, adujo que: «el acto administrativo (…) no tuvo en cuenta las condiciones socioeconómicas de este sector de la población ni tampoco que la oblig ación legal sobre la respons abilidad de los animales domésticos (dentro de los cuales están los perros de manejo especial), recae principalmente en el Estado, bien sea en cabeza de los municipios o del Ministerio de Ambiente como coordinador de la política nacional de protección y bienestar animal».

10. Afirmó que: «exigir la póliza anteriormente mencionada a las personas naturales y jurídicas que realizan labores de rescate y cuidado sobre los animales de manejo especial podría desincentivar que las mismas ej erzan una función social alrededor de esta raza de caninos que comúnmente son los que más sufren abandono, lo cual agudizará este fenómeno de maltrato animal».

11. Finalmente, sobre la violación de las leyes 84 de 1989, 1774 de 2016, 1955 de 2019 y 2554 de 2020 no presentó ninguna explicación.

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

12. Mediante providencia de 16 de enero de 2023 2, el Despacho adecuó la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte actora, y ordenó correr traslado de la misma a las entidades demandas, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

13. La apoderada judicial de l Ministerio del Interior , mediante escrito d e 26 de enero de 20233, se opuso a la solici tud cautelar, luego de afirmar que la petición

233 del CPACA.

13. La apoderada judicial de l Ministerio del Interior , mediante escrito d e 26 de enero de 20233, se opuso a la solici tud cautelar, luego de afirmar que la petición no cumple con los requisitos previstos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2 Anotación 5 aplicativo Samai. 3 Índice 13 del expediente digital en el aplicativo Samai.5

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

14. Señaló que es os precepto s fueron « expedidos por el Gobierno Nacional, c on estricto apego de las normas que gobiernan la materia ». Además, esa regulación acata lo «establecido en la Constitución Política, en lo que respecta, a l os fines del Estado para garantizar la seguridad y convivencia ciudadanía».

15. En su criterio , «el act o administrativo demandado dispone de una serie de reglas, instrucciones y en general direc trices que deben tener en cuenta los propietarios o tenedores de caninos de manejo especial (…) como mecanismo para garantizar la seguridad y convivencia ciudadanía».

16. Aunado a ello, sostuvo que: «solo será durante la recopilación de pruebas en el transcurso del proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrat ivo, que el

H. Magistrado tendrá la oportunidad de evaluar las interpretaciones hechas por las partes intervinientes dentro del proceso, para poder tomar una decisión de fondo que resuelva las pretensiones del demandante».

III. CONSIDERACIONES

H. Magistrado tendrá la oportunidad de evaluar las interpretaciones hechas por las partes intervinientes dentro del proceso, para poder tomar una decisión de fondo que resuelva las pretensiones del demandante».

III. CONSIDERACIONES

17. Para efe ctos d e resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unita ria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provision al de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) efectuar un pronunciamiento de fondo en relación con la solicitud cautelar elevada.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

18. Uno de los motivos q ue inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conte ncioso Administrati vo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un mod erno y am plio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administr ativos, y en su art ículo 229 le da una amplia f acultad al jue z para que d ecrete las medidas cautelares que es time necesarias para «proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

19. En esta última disposición (a rt. 229) se indica que las me didas cautelares proceden: i) en cualquier m omento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los pro cesos dec larativos promovidos ante l a

proceden: i) en cualquier m omento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los pro cesos dec larativos promovidos ante l a jurisdicción de lo contencioso administrativo.

20. En cuanto al com pendio de medidas c autelares que hace en el CPA CA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden q ue se consolide una afectaci ón a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si bu scan mantener o sal vaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perj uicio irremediable, por l o qu e vienen a sati sfacer po r adelantado la pretensión d el6

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que correspon den a la medida tradicional en el proceso conte ncioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa4.

21. Los artícu los 231 a 233 del mencionado estatuto p rocesal determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las med idas cautelares; normas que son aplicab les cuando s e soli cita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

22. En el ma rco de las diversa s medidas cautelares, instaur adas en el nuevo

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

22. En el ma rco de las diversa s medidas cautelares, instaur adas en el nuevo proceso contencioso admin istrativo, se encue ntra la figura d e la suspensión provisional de los e fectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Co nstitución Pol ítica y de sarrollada en los artículos 231 y siguientes de l

CPACA.

23. Entre sus características princi pales se destaca su naturaleza caut elar, temporal y accesoria, tendient e a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo ef ectos, mie ntras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medid a. Por lo que su finalidad está diri gida a « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo su rta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvagu ardando los intereses generales y el Estado de derecho».5

24. Respecto de los re quisitos previstos en el artículo 23 1 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de s uspensión provisional, esta Secci ón recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora , o perjuicio de l a mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandant e demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas 6. En tal sentido, la Sala,

entiende acreditada en el evento en que el demandant e demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas 6. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 20217, precisó lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto adm inistrativo (art. 231 d el CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ord enamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

4 Artículo 230 del CPACA 5 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente co n núm. único de radicación: 11001032400020160029500. 7 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001-23-33-000-201800285-01, CP. Oswaldo Giraldo López.7

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la ap ariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de u n act o administrativo (art. 2 31 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia

relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de u n act o administrativo (art. 2 31 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada p or el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jur ídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusad o […].8 (negrillas fuera del texto original)

III.3. Del caso concreto

25. En el asunto sub examine, la parte actora soli citó la suspensión p rovisional de los artícul os 2.2.8.10.2. (parágrafo), 2.2.8.10.4 (inciso 2 del parágrafo 1 ) 2.2.8.10.5. y 2.2.8.10.6. del Decreto 1070 de 2015, adicionados por artículo 1° del Decreto 380 de 16 de marzo de 2022.

26. Para fundamentar la petición cautelar, en primer lugar, alegó que el Presidente de la República excedió su potestad reglamentaria y, co n ello , quebrantó los artículos 150 y 189 (numeral 11 ) de la Constitución Política, debido a que el artículo 127 de la Ley 1801 de 2016 sólo autorizó al Gobierno nacional para que reglamentara las pólizas d e responsabilidad civil extracontractual de los caninos de manejo espec ial, pero no para reglam entar el registro de esos animales a través de microchips (artículos 121 y 128 de la Ley 1801).

27. En segundo lugar, afirmó que los artículos 2.2.8.10.2., 2.2.8.10.4., 2.2.8.10.5. y

través de microchips (artículos 121 y 128 de la Ley 1801).

27. En segundo lugar, afirmó que los artículos 2.2.8.10.2., 2.2.8.10.4., 2.2.8.10.5. y 2.2.8.10.6. del Decreto 1070 transgreden los artículos 2° y 13 de la Constitución Política, porque los albergues y las fundaciones encargadas de rescatar perros de manejo espec ial en situación de abandono no están en las mismas condicion es económicas que los propietarios de perros de manejo especial , a lo que agregó que esas fundaciones suplen al Estado en la responsabilidad de cuidado y manejo de esos seres vivos.

28. En tercer lugar, sostuvo que el Decreto 380 de 2022 esta falsamente motivado porque el Presidente de la República no tuvo en cuenta cuáles son las condiciones socioeconómicas de las orga nizaciones y personas dedicadas al recate de animales, ni los deberes del Estado en materia de protección y bienestar anima l.

Sumado a ello, indicó que exigir esa póliza a las personas na turales y jurídicas que realizan labores de rescate y cuidado de los animales de manejo especial podría desincentivar esa función social , «lo cual agudizará e l fenómeno de maltrato animal».

29. Finalmente, alegó que el Decreto 380 de 2022 conculcaba las leyes 84 de 1989, 1774 de 2016, 1955 de 2019 y 2554 de 2020, pero lo cierto es que no justificó este argumento.

1774 de 2016, 1955 de 2019 y 2554 de 2020, pero lo cierto es que no justificó este argumento.

8 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de juni o de 2020 (número único de ra dicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP : Hernando Sánchez S ánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

30. Cabe mencionar que el Decreto 380 de 2022 adicionó el Decreto 1070 de 2015 con el propósito de reglamentar las siguientes materias:

«[…] ARTÍCULO 1. Adicionar el capítulo 10 al Título 8 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, el cual quedará así:

CAPITULO X

PÓLIZAS DE RES PONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA

PROPIETARIOS Y TENEDORES DE CANINOS DE MANEJO ESPECIAL

ARTÍCULO 2.2.8.10.1 Constitución de pólizas. Los propietarios de caninos considerados de manejo especial deberán contar con una póliza de responsabilidad civil extrac ontractual, la cual debe tomarse con una

ARTÍCULO 2.2.8.10.1 Constitución de pólizas. Los propietarios de caninos considerados de manejo especial deberán contar con una póliza de responsabilidad civil extrac ontractual, la cual debe tomarse con una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país.

El seguro debe amparar la responsabilidad civ il extracontractual del propietario o te nedor del canin o, por los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que cause a terceros, como consecuencia de la propiedad y/o tenencia de un c anino de manejo especia l, y que se concreten en lesión, muerte de personas o animales, o daños a los bienes de terceros.

PARÁGRAFO 1 . Lo dispuesto en el presente artíc ulo, no aplica para los caninos utilizados en la prestación del servicio de vigilancia privada mientras se encuentren en servicio, los cuales se regirán por la normatividad especial sobre la materia.

PARÁGRAFO 2. Cuando el propietario del canino sea un m enor de edad, el tomador del seguro deberá ser su representante legal.

ARTÍCULO 2.2.8.10.2. Valor mínimo asegurado y vigencia de la póliza. El valor asegurado de la póliza no podrá ser inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales m ensuales vigentes (SMLM V) por canino. El valor asegurado de la póliza será la máxima responsabilidad del as egurador, que se puede agotar en uno o más eventos que ocurran durante la vigencia del seguro.

El asegurado deberá mantener vigente la póliza duran te la vida del ejemplar , sin perjuicio de que esta se expida anualmente.

puede agotar en uno o más eventos que ocurran durante la vigencia del seguro.

El asegurado deberá mantener vigente la póliza duran te la vida del ejemplar , sin perjuicio de que esta se expida anualmente.

PARÁGRAFO. Las compañías asegura doras deberán p ermitir la adquisición de pólizas de responsabi lidad civil extracontractual colectivas, para aquellas entidades, fundaciones sin ánimo de lucro o albergues, legalmente constituidas, destinados a la protección, custodia y cuidado de caninos e n estado de mal trato, indefensión o abandono, que deseen adqui rirla. Cuando el canino de manejo especial vaya a ser entregado en donación, deberá con tar con la respectiva p óliza de responsabilidad civil extracontractual.

En todo caso el valor asegurado d e la póliza ser á la máxima responsabilidad del asegurador, que se puede agotar en uno o más eventos que ocurran durante la vigencia del seguro por uno o varios caninos. (…)

ARTÍCULO 2.2.8.10.4. Microchip de identificación. Los propietarios y/o tenedores de los caninos de manejo especial deberán impl antar un microchip subcutáneo e hipo alergénico de conformidad con la norma ISO 11784 -11785 o la que hag a sus veces , el c ual debe contener un código numérico único de identificación, que estará constituido por el número DANE9

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

del departamento y municipio e n donde nació el canino o fue implantado y

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00454-00

Demandante: Andrea Padilla Villarraga

del departamento y municipio e n donde nació el canino o fue implantado y cinco dígitos consecutivos asignados en el sitio don de fue imp lantado por un veterinario con Matricula Profesional y certificado vigente del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia (COMVEZCOL) o la que haga sus veces.

Para la expedición de l seguro, el tomador o asegurado debe proveer a la compañía de seguros, el número único de identificación del canino de manejo especial, para que sea incluido en la respectiva póliza.

PARÁGRAFO 1 . Para efect os de lo señalado en el artículo 121 de la Ley 1801 de 2016, los alcaldes permitirán el registro de caninos que no sean de manejo especial.

La administración distrital o municipal debe rá proveer a las autoridades encargadas del control y registro de los caninos, el equ ipo necesario para la lectura del microchip implantado.

PARÁGRAFO 2 . L a compañía aseguradora d eberá enviar mensualmente un reporte a través de l Registro Único de Seguros (RUS), informando las pólizas vigentes de que trata la presente reglamentación. En t odo caso, la Policía Nacional, a través del RUS p odrá tener acceso a la información de las póliz as de responsabilidad civil extracontractual de caninos de manejo especial emitidas por cada compañía de seguros.

Al realizarse cualquiera de las acciones de qué trata el artículo 131 de la

de responsabilidad civil extracontractual de caninos de manejo especial emitidas por cada compañía de seguros.

Al realizarse cualquiera de las acciones de qué trata el artículo 131 de la Ley 1801 de 2016, se deberá indicar el código numérico único de identificación del ejemplar y la identid ad del médico veterinari o que Io implantó, así como el lugar donde se hi zo el proc edimiento. Esa mi sma identificación podrá utilizarse para los controles de vacunas, los incidentes de ataques y demás aspectos relacionados con el animal.

ARTÍCULO 2.2.8.10.5. Término para la implantación del microchip de identificación y para la adqui sición del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Los propiet arios y/o tenedores de c aninos de manejo especial, tendrán seis (6) mese s a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, para implantar el microchip de identificación en el canino y contar con la póliza de responsabilidad c ivil extracontractual de que trata la Ley 1801 de 2016.

ARTÍCULO 2.2.8.10.6. Reporte de los centros veterinarios. Los centros ve