CE - 010325000201801651001AUTOQUERESUEL20231120123839

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018) Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y otros

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR __________________________________________________________________

Asunto

El de spacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los siguientes actos administrativos:

 Acuerdo 586 del 12 de enero de 2018, expedido por la CNSC para «… establece[r] las reglas del concurso abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Soacha, "Proceso de Selección No. 571 de 2017municipios de Cundinamarca».

 Acuerdo 976 del 11 de abril de 2018 proferido por la CNS, «por el cual se aclaran los artículos 39 y 41 de los acuerdos correspondientes a los procesos de selección 507 a 591 - Cundinamarca».

1.- Argumentos de la demanda y de la solicitud de medida cautelar

1. La parte demandante eleva dos reparos contra el acuerdo 586 del 12 de enero

507 a 591 - Cundinamarca».

1.- Argumentos de la demanda y de la solicitud de medida cautelar

1. La parte demandante eleva dos reparos contra el acuerdo 586 del 12 de enero de 2018, que es el que contiene las bases del concurso, el primero consistente en la violación del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, que establece que la convocatoria debe estar suscrita por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso , sin embargo, el mencionado acuerdo solo fue suscrito únicamente por el presidente de la CNSC, razón por la que los accionantes consideran que se encuentra viciado de nulidad.

1.1. La segu nda inconformidad alude a l incumplimiento del principio de legalidad del presupuesto, contenido en el Decreto 111 de 1996 , Estatuto Orgánico del Presupuesto, EOP, y demás normas concordantes y complem entarias, por haberse realizado la convocatoria a concurso de manera unilateral, por decisión de la CNSC, sin tener en cuenta que el municipio no había tr amitado las apropiaciones presupuestales respectivas.

2. Contra el Acuerdo 976 del 11 de abril de 2018 «por el cual se aclaran los artículos 39 y 41 de los acuerdos correspondientes a los procesos de selección 507 a 591Cundinamarca», la parte demandante alegó que modificó las reglas del concurso, afectando los factores y criterios de calificación de los antecedentes, en los componentes de estudios y experiencia.

2.- La oposiciónRadicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)

afectando los factores y criterios de calificación de los antecedentes, en los componentes de estudios y experiencia.

2.- La oposiciónRadicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)

Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros

3. La CNSC acudió al proceso a defender la legalidad de los actos demandados, y en oposición a las pretensiones y argumentos de la demanda y de la solicitud de medida cautelar, con los siguientes razonamientos:

3.1. El estudio de mera legalidad es insuficiente, pues la regulación expuesta en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, debe entender se en su alcance hermenéutico más amplio. En consecuencia, es inconstitucional depender la oponibilidad jurídica de los actos de convocatoria , a la firma del jefe de la entidad en cuya planta de personal se encuentran los empleos ofertados en el concurso , debido a que la CNSC es un órgano autónomo y en sus funciones no pueden intervenir ot ras autoridades estatales.

3.2. Para realizar el proceso de selección , la CNSC y el municipio de Soacha desarrollaron una etapa de planeación en la que, entre otras, se definieron los compromisos presupuestales a cargo de la entidad territorial.

3.3. El proceso de selección 571 de 2017 culminó con la producción de la s respectivas listas de elegibles, las cuales se encuentran en firme, por lo tanto, ya se consolidaron derechos de carrera de los concursantes que ocuparon los primeros lugares.

Consideraciones

3. Los problemas jurídicos

4. Se circunscriben a establecer lo siguiente:

se consolidaron derechos de carrera de los concursantes que ocuparon los primeros lugares.

Consideraciones

3. Los problemas jurídicos

4. Se circunscriben a establecer lo siguiente:

4.1. ¿El Acuerdo 586 del 12 de enero de 2018 , expedido por la CNSC, para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera Administrativa de la planta de personal de la alcaldía de Soacha , debe suspenderse provisionalmente como medida cautelar, po rque presuntamente fue expedido de manera unilateral por la CNSC, en contravía del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 qu e establece que la convocatoria y en general todo los documentos que la soportan, deben estar suscritos por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso?

4.2. ¿Es procedente la suspensión provisional del Acuerdo 586 del 12 de enero de 2018, porque al parecer la CNSC vulneró el principio de legalidad del gasto regulado en el Decreto 111 de 1996, ya que impuso de manera unilateral a la alcaldía de Soacha, obligaciones presupuestales sin contar con l as respectivas apropiaciones presupuestales?

5. Con miras a resolver l os anteriores planteamientos, el despacho precisará algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4. Las medidas cautelares en la jurisdicc ión de lo ContenciosoAdministrativoRadicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)

Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros

4. Las medidas cautelares en la jurisdicc ión de lo ContenciosoAdministrativoRadicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)

Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros

6. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

7. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pu eden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se consagró un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales

se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o se ñalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición

que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perj uicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer».

8. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para e l caso de l a suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, atendiendo a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de l as normas s uperiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán prob arse estos. La norma señala expresamente lo

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el rest ablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran

adicionalmente se pretenda el rest ablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permi tan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que re sultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan seri os motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)

Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros

9. De las normas antes analizadas 1 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a sa ber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de

procedencia específicos2. Veamos:

9.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las

procedencia específicos2. Veamos:

9.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivo s que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 3; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protecci ón de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio4.

9.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del j uez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole materi al, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad d e la sentencia 5; y (2) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda6.

9.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los

solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda6.

9.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se denominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de l as categorías de medida cautelar e nlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se p retende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda7 así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violaci ón de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con

1 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 2 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N°: 11001 -03-25-000-2014-00942-00. N° interno: 2905 -2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 3 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 4 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 5 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 6 Artículo 230, Ley 1437 de 2011.

3 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 4 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 5 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 6 Artículo 230, Ley 1437 de 2011. 7 Por esta razón en el ac ápite de antecedentes de esta providencia se hiz o alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elem entos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018) Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros las pruebas aportadas con la solicitud8; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al meno s sumariamente la existencia de los perjuicios9.

9.4. Requisitos de procedencia específicos para las dem ás medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautela res diferentes -medidas cautelares positivas 10a la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben co ncurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; ( c) que el demandante haya pres entado los

(a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; ( c) que el demandante haya pres entado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderac ión de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efect os de la sentencia serían nugatorios11.

10. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo antes de scrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir , se trata de una percepción inicial y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisió n sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artí culo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

11. Teniendo claridad e n lo relacionado con las medidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso -administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, el despacho procede a estudiar los reparos expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud de los cuales se formul aron los problemas jurídicos a resolverse en esta providencia.

decretarlas, el despacho procede a estudiar los reparos expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud de los cuales se formul aron los problemas jurídicos a resolverse en esta providencia.

5. Estudio y resolución del primer problema jurídico

5.1. Alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004

12. Para resolver el planteamiento expuesto, se considera pertinente t ranscribir la norma invocada por la demandante como vulnerada, a fin de tener total claridad sobre lo establecido en el tenor literal de dicho texto normativo:

«Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso . El proceso de selección comprende:

8 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 10 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5. 11 Artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)

Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros

1. Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo , es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes.

(…)”.

13. La norma transcrita impone, tanto a la CNSC, como a la entidad que busca

todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes. (…)”.

13. La norma transcrita impone, tanto a la CNSC, como a la entidad que busca proveer mediante concurso de méritos, empleados idóneos que ocupen de forma permanente las vacantes de su planta de personal, la obligación de realizar todo el proceso de selección de madera conjunta y coordinada.

14. Hasta hace poco la inte rpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era un tema que generaba amplia discusión, puesto que no resultaba clara su redacción, lo que gener ó múltiples dificultades para su interpretación y para establecer si la convocatoria de un concurso de méritos debía estar suscrita tanto por el presidente de la Comisión Na cional del Servicio Civil como por el jefe de la entidad beneficiaria del concurso de méritos. Para mayor claridad, a continuación, se expondrán de manera resumida, las posiciones jurisprud enciales, así como la tesis finalmente vigente, sobre el sentido y alcance de la norma que se invoca como vulnerada en la demanda.

15. Inicialmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, mediante concepto del 19 de agosto de 2016, identificado con el número 2307, proferido en el expediente 1001 -03-06-000-2016-00128-00,12 señaló que el requisito de la concurrencia de firmas contenido en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era obligatorio, pues «la expresión utilizada por el legislador (“deberá ser suscrita por” ) es imperativa y no admite en este punt o una interpretación diferente» . En atención al

obligatorio, pues «la expresión utilizada por el legislador (“deberá ser suscrita por” ) es imperativa y no admite en este punt o una interpretación diferente» . En atención al mencionado criterio de la Sala de Co nsulta, a manera de cautela, se ordenó la suspensión de los siguientes procesos de selección: Convocatoria 328 de 2015 (SDH)13, Convocatoria 428 del 2016 (Entidades del Sector Nación),14 Convocatoria 429 de 2016 (Antioquia)15 y Convocatoria 434 de 2016,16 entre otros.

16. En un segundo momento, en auto de ponente del 27 de junio de 2018 17, esta Corporación recalcó nuevamente que la suscripción de la convocatoria a concurso público por parte del presidente de la CNSC y el jefe de la entidad u organismo beneficiario del proceso de selección es un requisito formal de obligatorio cumplimiento. No obstante, se indicó que la carencia de este no siempre tiene la virtualidad de invalidar el acto de llamado o de convocatoria a concurso.

17. En la mencionada providencia se indicó que al juez le corresponde dilucidar en cada caso concreto, la clas e de requisito formal cuyo cumplimiento se echa de

12 Con ponencia del señor Consejero German Bula Escobar 13 110010325000201601189 00(5266 -2016) C.P. Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez; demandante: Clara Cecilia López Barragán, Demandadas: Secretaria Distrital de Hacienda y CNSC

14 Providencia de 23 de agosto de 20 18, C.P. Dr. William Hernández Gómez; expediente: 1100103-25-000-2017-00326-00(15632017) 15 Providencia de 17 de mayo de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez V argas, expediente: 11001-03-25-000-2016-01071-00(4780-16) 16 Providencia de 7 de septiembre de 2018, C.P. César Palomino Cortés; Expediente: 11001 -0325-000-2018-00188-00(0690-18) 17 Auto interlocutorio por el cual se resolvió una solicitud de medida cautela r, en el expediente: 11001032500020170021200(1219-2017): Demandante: Pedro Emilio Rodríguez Velandia y otros Demandadas: CNSC y otros. C.P. Sandra Lisset Ibarra VélezRadicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018) Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros menos y se aduce como causal de anulación de un acto administrativo. Precisó la providencia, además, que la competencia de la C NCS para convocar concursos no puede ejercerse de manera unilateral, primero, porque son las entidades las que, conociendo sus necesidades del servicio, reportan ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, y ante la CNCS, los empleos vacante s, y, en segundo lugar, porque los concursos, por su costo, afectan el presupu esto de las entidades beneficiarias. Y en esa medida, la convocatoria a proceso de selección es el resultado de toda una actuación administrativa compleja desarrollada de manera coordinada, entre la CNSC y las entidades u organismos destinata rias de

entidades beneficiarias. Y en esa medida, la convocatoria a proceso de selección es el resultado de toda una actuación administrativa compleja desarrollada de manera coordinada, entre la CNSC y las entidades u organismos destinata rias de las listas de elegibles. De tal forma, que si bien la exigencia contenida en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 constituye una formalidad sustancial y no meramente accesoria, en virtud del principio del «efecto útil de la norma»18 no habría lugar a suspender el concurso, toda vez que, en ese c aso, se logró probar la coordinación institucional entre la CNSC y la entidad convocante, para la realización de la etapa preliminar, de planea ción y ejecución del proceso de selección.

18. Finalmente, el pleno de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 201919, al resolver de fondo una demanda de nulidad de varios acuerdos de la CNSC, fijó su interpretación y alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. El criterio vige nte de esta Corporación allí establecido, consiste en que si bien la norma obliga a que las convocatorias a concurso de méritos sean suscritas por la CNSC y las entidades beneficiarias de dichos procesos de selección, el hecho de que dichos actos administr ativos sólo sean firmados por la CNSC, en los eventos en los que se demuestre que las entidades que no firmaron, sí participaron en la etapa de planeación de la convocatoria, no constituye «per se» una irregularidad, pues, se entiende cumplido el fin de la norma, que está referido a garantizar que los conc ursos de méritos se desarrollen en un marco de coordinación interadministrativa20.

constituye «per se» una irregularidad, pues, se entiende cumplido el fin de la norma, que está referido a garantizar que los conc ursos de méritos se desarrollen en un marco de coordinación interadministrativa20.

19. La mencionada sentencia comienza por señalar, conforme con la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional del artículo 130 de la Constitución, que las competencias constitucionales de la CNSC no pueden compartirse con otros órganos21. Sin embargo, dado que estas competencias implican el ejercicio de funciones administrativas 22, corresponde aplicar también los principios constitucionales que las rigen, previstos en e l artículo 209 ibidem y , en consecuencia, para efectos de la convocatoria al concurso converge, de manera coordinada, el ejercicio de diver sas funciones, tanto de la CNSC como de la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio del concurso, por lo tanto, respecto del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. En la providencia se señala que «no ofrece duda alguna que se establece a manera de nor ma i mperativa el que, para

18 Ver Dueñas Ruíz, Óscar José. Lecciones de Hermenéutica Jurídica. Universidad del Rosari o. 4ª Edición. http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1010/Lec%20Hermeneutica%204.pdf?seq uence=1. Ver entre otras las sentencias T-001 de 1992 y C-499 de 1998. 19 Radicado 11001 -03-25-000-2016-01017-00, Número interno 4574 -2016, Demandante : Gina Johanna Riaño García, Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil. 20 La posición jurisprudencial expuesta, fue ratificada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,

Johanna Riaño García, Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil. 20 La posición jurisprudencial expuesta, fue ratificada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las sen tencias de 10 de octubre de 2019, 20 proferida en el expediente 11001-03-25-000-201600988-00 (4469-2016),20 y de 5 de diciembre de 2019, 20 expedida en el expediente 11001-03-25000-2017-00670-00 (3297-2017). 21 Sentencia C-476 de 1999. 22 Esta afirmación la hace con fundamento en la Sentencia C-471 de 2013.Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018) Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros efectos de lograr realizar la convocatoria del concurso de méritos, deben concurrir tanto la CNSC como la entidad u organismo, beneficiario de la provisión de los empleos, en su suscripción».

20. No obstante, la sentencia reconoce que la entidad beneficiaria del concurso tiene, respecto de él, unas competencias que le son propias, las cuales debe ejercer de manera coordinada con las de la CNSC. Este ejercicio coordinado, a juicio de la sentencia, «se entiende cumplido en la medida e n que firme el respectivo documento [de convocatoria] o ejecute actos inequívocamente dirigidos a participar activa y coordinadamente en la emanación del mismo». Sobre esta base: la convocatoria no requiere de dos volunta des, sino que en ella concurren de manera coordinada el ejercicio de diversas competencias, y «en ese sentido, esta Sección resalta que cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909

requiere de dos volunta des, sino que en ella concurren de manera coordinada el ejercicio de diversas competencias, y «en ese sentido, esta Sección resalta que cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere a la suscripción de l a convocatoria, implica que tanto l a CNSC como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y presupuestales que ello comporta, sin que este p roceso de participación e interrela ción implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso».

21. Acogiendo en parte el criterio jurispru dencial relativamente pacífico elaborado por el Consejo de Estado, en lo referente al sentido y alcance de la expresión según la cual la convocatoria «deberá» ser suscrita por la CNSC «y» el «jefe de la entidad u organismo» contenida en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004, la Corte Constitucional en sentencia C-183 de 201923, zanjó de manera definitiva cualquier duda sobre la interpretación de la referida norma, al declarar su exequibilidad con fundamentos en los siguie ntes argumentos, que la misma Corte resumió de la

siguiente manera:

«4.7. Síntesis (…) 4.7.5. Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la norma demandada. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son

(…) 4.7.5. Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la norma demandada. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos v oluntades: la de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación po sible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucional es de colaboración armónica y de colaboración (art. 113 y 209 CP): la de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede su