CE - 010326000202100054001AUTOQUEINADMI20230504151715

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716)

Demandante: Andrés Ribero García

CONSEJO DE ESTADO .

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

'SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716)

Actor: ANDRÉS RIBERO GARCÍA

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTRO Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Asunto: - Resuelve sobre la admisión de la demanda El Despacho procede a decidir sobre la admisión de la demanda presentada en el asunto de la referencia.

l. ANTECEDENTES

1. Demanda . 1.1. El doce (12) de enero de dos mil veintiuno (2021), el señor Andrés Rivero García por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y. restablecimiento del derecho, formuló demanda en contra de la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM) y el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas: “Primero: Revocar las resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y la VCT-349 del 13 de abril de 2020, por medio de las cuales se negó el cambio de modalidad de licencia de explotación y se tomaron otras decisiones.

Segunda: Ordenar a la Agencia Nacional de Minería proferir acto administrativo pormedio

del 13 de abril de 2020, por medio de las cuales se negó el cambio de modalidad de licencia de explotación y se tomaron otras decisiones.

Segunda: Ordenar a la Agencia Nacional de Minería proferir acto administrativo pormedio del cual la autoridad minera, acepta el cambio de modalidad para suscribir contrato de concesión, y además se consolide el trámite de la integración de áreas de los títulos mineros, 16578 y CLR-08”. 1.2. Dentro del escrito de la demanda el accionante solicitó como medidas cautelares: : ' De conformidad con el correo remitido a la Oficina Judicial de San Gil Seccional Bucaramanga. Archivo digital “33ED_031RECEPCIONREPARTO(. pdf”, Índice 2, Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero García “Primera: Ordenar a la Agencia Nacional de Minería, abstenerse de dar por terminada la licencia de explotación No. 16578, como también abstener de desanotar el área de la licencia de explotación del Registro Minero Nacional, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva sobre la petición de nulidad de las resoluciones Nos.

VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y la VCT-349 del 13 de abril de 2020; el restablecimiento de los derechos y el reconocimiento de los perjuicios que se prueben.

Segunda: Ordenar inaplicar las resoluciones VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y la VCT349 del 13 de abril de 2020, hasta tanto la jurisdicción competente resuelva sobre la petición de nulidad y establecimiento de los derechos.

349 del 13 de abril de 2020, hasta tanto la jurisdicción competente resuelva sobre la petición de nulidad y establecimiento de los derechos. 1.3. Como fundamento de las pretensiones de la demanda reseñó los siguientes hechos: 1.3.1. Sostiene que por medio de la Resolución No. GTRB-013 del treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004)?, dictada por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (en adelante Ingeominas) e inscrita en el Registro Minero Naciona! el cinco (5) de octubre de ese mismo año, Ingeominas autorizó y declaró perfeccionada la cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones que en la Licencia de Explotación No. 16578 correspondían al titular minero Fabio Hernando Carlier Rugeles, para la exploración técnica de un yacimiento de caliza-arenisca localizado en los municipios de Pinchote y Socorro departamento de Santander, con una extensión superficiaria de 94.57 hectáreas?, en favor del señor Andrés Rivero García. 1.3.2. Manifiesta que la Corporación Autónoma Regional de Santander — CAS otorgó licencia ambiental para la explotación técnica de ese título minero? y que Ingeominas aprobó la actualización del programa de trabajo e inversiones - PTI, condiciones que sumadas a la licencia de explotación minera, habilitaban al demandante para la explotación del título minero. A ! 2 Archivo digital "11ED_009CESIONDERECHOSf(.pdf)”, ibidem. 3 Por medio de la Resolución No. 5-2640 del 10 de diciembre de 1993, el Ministerio de Minas y Energía

A ! 2 Archivo digital "11ED_009CESIONDERECHOSf(.pdf)”, ibidem. 3 Por medio de la Resolución No. 5-2640 del 10 de diciembre de 1993, el Ministerio de Minas y Energía otorgó al señor Fabio Hernando Carlier Rugeles licencia No. 16578 para la exploración técnica de un yacimiento de caliza-arenisca, localizado enlos municipios de Pinchote y Socorro, departamento de Santander, por el término de 2 años contados a partir del 8 de febrero de 1993, fecha de la inscripción en el Registro Minero Nacional (archivo digital “SED_008RESOLUCION52640(.pdf”, índice 2, Samai). Luego, mediante la Resolución No. 992079 del dieciocho 18 de julio de 1996, modificada por la Resolución No. 992134 del Y de octubre de 1996, dicha licencia se otorgó por el término de 10 años contados a partir del 1? de octubre de 2002, fecha de la inscripción en el Registro Minero Nacional (archivos digitales “YED_007RES992079(.paf” y “TOED_00BMODIFICACIONRES9920791 996(.pdf)”, ibídem). + Resolución No. 001310 del 12 de diciembre de 2006. Archivo digital “12ED_OTOLIENCIAAMBIENTAL(.pañ”, ibídem. : $ Concepto técnico GTRB-548 de 17 de diciembre de 2009. Archivo digital “13ED_011CONCEPTOTECNICO548(.pd P”. ibidem.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero García 1.3.3. Recalca que las recomendaciones de la autoridad minera contenidas en los

Demandante: Andrés Ribero García 1.3.3. Recalca que las recomendaciones de la autoridad minera contenidas en los informes de visitas de fiscalización realizadas en el área del título minero y otros documentos provenientes de la autoridad ambiental, crearon en el titular minero la convicción de integrar las operaciones de los títulos mineros Nos. 16578 y CLR-081 cuyas áreas -son colindantes y, en consecuencia, suscribir un nuevo contrato de concesión. 1.3.4. Afirma que previo al vencimiento de la Licencia de Explotación No. 16578, el actor presentó ante la Agencia Nacional de Minería solicitud de integración de las áreas que corresponden a los títulos mineros Nos. 16578 y CLR-081”, mediante escrito radicado con No. 2012-6-353 del siete (7) de febrero de dos mil doce (2012)?. Posteriormente, con escrito radicado con el No. 2013-6-1099 del seis (6) de mayo de dos mil trece (2013), el señor Rivero García pidió anular la solicitud referente a la integración de áreas de la licencia de explotación No. 16578 y el contrato de concesión No. CLR-081?. Finalmente, el titular minero radicó, ese mismo día, escrito No. 2013-6-1106 por el cual solicitó el desglose y devolución del documento por medio del cual pedía anular la petición de integración de áreas radicada con el número 2012-6-353, reiterando su: interés de continuar con el trámite de integración de áreas de los títulos mineros 16578 y CLR081". Además puntualizó “rjespecto del Título 16578, al hacer la Solicitud de integración

continuar con el trámite de integración de áreas de los títulos mineros 16578 y CLR081". Además puntualizó “rjespecto del Título 16578, al hacer la Solicitud de integración tácitamente se hizo uso de la Prórroga, y se entiende que al cumplir con los requisitos de Ley para la Integración y ante el Silencio de la Autoridad Minera, dimos por sentado el otorgamiento del Nuevo Contrato integrado. En caso de no ser viable solicito darle trámite a la Prórroga de conformidad con el Artículo 46 del Decreto 2655 de 1988”. 1.3.5. Señala que la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería a través de la Resolución No. 00333 del nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018)11, resolvió varios trámites dentro de los títulos mineros Nos. 16578 y CLR-081, de la siguiente manera: $ El título minero vencía el 1 de cotubre de 2012. ? Archivo digital 17ED_015SOLICITUDINTEGRACIONAR EAS(. pdf”, ibidem. $ Solicitud que manifiesta la parte actora fue reiterada con radicados Nos. 2016904001886220165510188592 del quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016) 9 Archivo digital “18£D_01680FICIO20161099SOLITUDA NULACION( pdf)”, Índice 2, Samai. 10 Archivo digital “19ED_017OFICIORADICADO20136110 6(.pdf”, índice 2, Samai.

9 Archivo digital “18£D_01680FICIO20161099SOLITUDA NULACION( pdf)”, Índice 2, Samai. 10 Archivo digital “19ED_017OFICIORADICADO20136110 6(.pdf”, índice 2, Samai. 31 Archivo digital “23ED_021RESOLUCIONNO0333904201 8(.pdf”, Índice 2, Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero García : - “ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de prórroga de la Licencia de Explotación No. 16578, por el señor ANDRÉS RIBERO GARCIA, .enunciada con el radicado No. 20139040008292 del 6 de mayo de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el trámite de cesión del 10% de los derechos y obligaciones de la Licencia de Explotación No. 16578 pretendida por el señor ANDRÉS RIBERO GARCÍA a favor de la empresa EMPRECAL LTDA, de conformidad con la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: RECHAZAR por improcedente el trámite de integración de áreas de los títulos 16578 y CLR-081 pretendida por el señor ANDRÉS RIBERO GARCÍA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, remitase el expediente No. 16578 a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, para fo de su competencia”.

ARTÍCULO CUARTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, remitase el expediente No. 16578 a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, para fo de su competencia”. - 1.3.6. Manifiesta que inconforme con la decisión interpuso recurso de reposición, que resolvió la Agencia Nacional Minera a través de la Resolución No. VCT-349 del trece (13) de abril de dos mil veinte (2020)?, confirmando en todas sus partes la decisión adoptada, bajo el entendido que el titular minero no presentó la prórroga de la Licencia de Explotación No. 16578 dentro del término establecido en el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988. Estos actos administrativos quedaron en firme el catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), según constancia de ejecutoria aportada con la demanda!?. 1.3.7. Alega que la argumentación esgrimida por la autoridad minera en las resoluciones demandadas, no es coherente con los conceptos técnicos, informes de visitas y autos contenidos en el expediente administrativo, que crearon la convicción (confianza legítima) en el titular minero de estar solicitando el derecho de preferencia para suscribir el contrato de concesión contenido en el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988 que señala que “fdjos (2) meses antes del vencimiento, su beneficiario podrá solicitar su prórroga por una sola vez y por un término igual al original, o hacer uso del derecho de preferencia para suscribir contrato de concesión”. A su juicio, una vez realizada la integración de las áreas de fos títulos mineros Nos. 16578 y CLR-081, la consecuencia era la suscripción

para suscribir contrato de concesión”. A su juicio, una vez realizada la integración de las áreas de fos títulos mineros Nos. 16578 y CLR-081, la consecuencia era la suscripción de un nuevo contrato que comprendiera las áreas mineras inicialmente contenidas en los dos títulos mineros. 12 Archivo digital “37£D_029RESOLUCIONNO3491304202 0(.pdf””, indice 2, Samai. 15 Archivo digital “24ED_022CONSTANCIAEJECUTORIARE S3332018(.pdf)”, Índice 2, Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (65716) Demandante: Andrés Ribero García 1.3.8. Reitera que es equivocada la interpretación hecha por la autoridad minera, cuando - señala que el titular minero “...no presentó dentro del término legal la solicitud de prórroga del título minero...”, pues su interés era y sigue siendo que se realice la integración de las áreas.y suscribir un sólo contrato integrado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 685 de 2001.

2. Trámite procesal La demanda fue presentada inicialmente ante los Juzgados Administrativos del Circuito de San Gil. Sin embargo, por auto del veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021)1, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil remitió el expediente al Consejo de Estado, por considerar que es el órgano competente para juzgar los actos atacados, toda vez que se trata de un asunto minero en el que se demanda a una entidad pública del orden nacional.

l. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al dos (2) de julio de dos mil

pública del orden nacional.

l. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al dos (2) de julio de dos mil doce (2012), al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)?5; así como las disposiciones del Código General del Proceso 14 Archivo digital “34ED_0324AUTOREMITECOMPETENCIA(. pdf”, índice 2, Samai. 15 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716)

Demandante: Andrés Ribero García.

(CGP)$, en virtud de la integración normativa definida por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados?”.

2. Competencia El artículo 149 numeral 2 del CPACAf? dispone que el Consejo de Estado, por medio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, conocerá en única instancia de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que se formulen contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.

A su turno, el artículo 295 del Código de Minas (Ley 685 de 2001) señala que las

demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que se formulen contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. A su turno, el artículo 295 del Código de Minas (Ley 685 de 2001) señala que las pretensiones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintos de los contractuales, y en los que la Nación o una entidad estatal del mismo orden sea parte, serán de competencia del Consejo de Estado en única instancia?. Comoquiera que la Ley 1437 de 2011 (ley posterior y general), no se pronunció de - manera específica en lo que concierne a la materia, ni derogó las disposiciones contenidas en ese cuerpo normativo, la Sala Plena de esta Sección?, precisó: “La ley 1437 de 2011 es una normativa ordinaria general y posterior que: i) al no suprimir o modificar formalmente (expresa o tácitamente) la anterior (Código de Minas), ¡i) al no 18 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1%) de enero de dos mil catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. 7 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones

7 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 18 “Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (-..)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional".

Es importante precisar que, si bien el articulo 149 de la Ley 1437 de 2011 fue modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, de conformidad con lo establecido en su artículo 86, dicha ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esa ley. 9 “Artículo 295. Competencia del Consejo de Estado. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.” 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 13 de febrero de .2014, expediente 48.521, M.P. Enrique Gil Botero.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716)

Demandante: Andrés Ribero García

.2014, expediente 48.521, M.P. Enrique Gil Botero.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero García contener disposiciones incompatibles con la ley 685 de 2001, y ii) al guardar silencio sobre el tema correspondiente a la competencia en materia minera, no modificó, subrogó, ni derogó la ley ordinaria especial y previa, es decir, se insiste, la ley 685 de 2001, actual Código de Minas. Por lo tahto, si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o cualquier otro distinto del de controversias contractuales que se promuevan y relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y donde una de las partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los preceptos contenidos en la ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula la materia, máxime que la ley 1437 de 2011, que es posterior, guardó silencio sobre este tópico en particular, aunado al hecho que no es posible concluir, desde ningún punto de vista - ya que no existe norma O fundamento que así lo afirme— que la legislación posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma posterior deroga en todos los eventos a la anterior” (resaltado del texto original). Así las cosas, según la providencia en cita, el juez natural facultado para conocer de los asuntos mineros se determina a partir de las reglas de competencia comprendidas en el Código de Minas, toda vez que el CPACA no derogó las disposiciones que se encuentran contenidas en esa codificación. Por lo tanto, en cada caso concreto deberá analizarse si el proceso se promueve y relaciona inescindiblemente sobre un asunto minero en el marco de los preceptos

contenidas en esa codificación. Por lo tanto, en cada caso concreto deberá analizarse si el proceso se promueve y relaciona inescindiblemente sobre un asunto minero en el marco de los preceptos normativos contenidos en la Ley 685 de 200%, para definir cuáles son las reglas de competencia que rigen la materia, pues no basta con que las partes sean autoridad o titular minero, ni mucho menos que en el litigio se haga una mera alusión a la actividad minera en cualquiera de sus fases, sino que se exige que desde el momento mismo de la presentación de la demanda, mediante la formulación de los hechos y las pretensiones, se vaya perfilando la delimitación del objeto del proceso como un conflicto propiamente minero!, relativo, verbigracia, a la prórroga de un título habilitante, la cancelación de la licencia de exploración minera”, los procesos de legalización minera”, 21 De conformidad con lo establecido en el artículo 2? del Código de Minas, al definir el ámbito de aplicación de ese cuerpo normativo: “El presente Código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada. Se excluyen la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán por fas disposiciones especiales sobre la materia”. 22 Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, Exp. 33,844.

que se regirán por fas disposiciones especiales sobre la materia”. 22 Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, Exp. 33,844. 2 Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017, Exp. 27.600 7Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero García o los parámetros para la fijación del precio base de liquidación de las regalías?, entre otros. Por otra parte, en concordancia con lo definido por el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de Estado (Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019)%, a la Sección Tercera le corresponde el conocimiento de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos mineros. Bajo ese entendido, el asunto sub examine es de conocimiento de esta Sección en única instancia, con prescindencia del monto de la condena perseguida, toda véz que: (i) la parte demandada es la Agencia Nacional de Minería?” y el Ministerio de Minas y Energía, entidades estatales del orden nacional; (ii) las pretensiones se formularon en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho y, (iii) el objeto de la controversia versa sobre lo resuelto en los actos administrativos adoptados por la Agencia Nacional Minera, relacionados con la prórroga de una licencia de explotación minera y la integración de unas áreas de titulos mineros, materias que ciertamente constituyen un asunto minero. Finalmente, este Despacho es competente para pronunciarse acerca de la admisión o

minera y la integración de unas áreas de titulos mineros, materias que ciertamente constituyen un asunto minero. Finalmente, este Despacho es competente para pronunciarse acerca de la admisión o rechazo de la demanda, de conformidad con lo contemplado en el artículo 125 del 2 Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de diciembre de 2015, Exp. 55.953. 2 Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 11 de marzo de 2019, Exp. 61.526. 28 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así. (...)

Sección Tercera: (...)

1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros

2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el numeral primero”. ' 2? Decreto 4134 de 2011. “Artículo 1”. Creación y Naturaleza Jurídica de la Agencia Nacional de Minería, ANM. Créase la Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.” 28 Ley 489 de 1998. Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional.

y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.” 28 Ley 489 de 1998. Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: f...)

1. Del Sector Central: (...) a) Los ministerios y departamentos administrativos; (...)”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero García CPACA?, teniendo en cuenta que, como se dijo, se trata de un proceso tramitado en única instancia ante el Consejo de Estado. 3. — Análisis de admisibilidad de la demanda 3.1. Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho De acuerdo con el artículo 138 del CPACA, que se encarga de regular el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho “TíJoda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.

En el caso bajo examen, las Resoluciones Nos. VCT-349 del trece (13) de abril de dos mil veinte (2020) y 00333 del nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), son actos administrativos de contenido particular, en la medida en que rechazan unas solicitudes elevadas por el demandante ante la Agencia Nacional Minera, que definen su situación jurídica frente al área en la que adelanta explotación minera. Además, se aprecia que lo

administrativos de contenido particular, en la medida en que rechazan unas solicitudes elevadas por el demandante ante la Agencia Nacional Minera, que definen su situación jurídica frente al área en la que adelanta explotación minera. Además, se aprecia que lo que la parte actora pretende, entre otras cosas, es la declaratoria judicial de nulidad de dichas resoluciones. 22 "Artículo 125. De la expedición de providencias. <Articulo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (-.)

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan sí se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con fos numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el articulo 271 de este código; bj Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; a) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; : e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; D En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas;

cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.

3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero Garcia En consecuencia, este asunto se analizará bajo las reglas previstas para el médio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como fue presentado por la parte actora. 3.2. Del ejercicio oportuno del medio de control En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone que la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe presentarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la “comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo”.

En el caso sub examine, se observa que la Resolución No. VCT-349 del trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual se confirmó la Resolución No. 00333 del nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), quedó en firme el catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), según constancia de ejecutoria aportada con la demanda%. Por

nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), quedó en firme el catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), según constancia de ejecutoria aportada con la demanda%. Por ende, a partir del quince (15) de ese mismo mes y año, debe contabilizarse el término de cuatro (4) meses que tenía la parte demandante para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fenecía el quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020), conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Código General del Proceso (CGP). No obstante, los términos judiciales fueron suspendidos desde el dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020), con ocasión de la expedición por parte del Gobierno Nacional del Decreto 564 de 2020, por el cual se adoptaron medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema.de justicia, en el marco del Estado la Emergencia Económica, Social y Ecológica y se estableció que los términos de caducidad se reanudarían a partir del día hábil siguiente a la fec