CE - 010328000202300002001AUTOQUEADMITE20230209145239

Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Demandante: PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ CASTILLO

Demandado: ACTO ELECTORAL DEL SEÑOR JAIME ALBERTO LEAL

AFANADOR, COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, PERIODO

2023-2027

Temas: Autonomía universitaria, inhabilidades del rector.

AUTO Q UE ADMITE LA DEMANDA Y DECIDE LA SUSPENSIÓN

PROVISIONAL

Procede la Sala a pronunciarse sobre: i) la admisibilidad de la demanda presentada contra el acto electoral del señor Jaime Alberto Leal Afanador, como rector de la Universidad Nacional Abierta y a D istancia -UNADy, ii) la solicitud de suspensión provisional de los efectos de dicha decisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Pedro José Hernández Castillo formuló, por conducto de apoderado judicial, demanda de nulidad electoral 1 contra la elección del señor Jaime Alberto

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Pedro José Hernández Castillo formuló, por conducto de apoderado judicial, demanda de nulidad electoral 1 contra la elección del señor Jaime Alberto Leal Afanador, como rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –en adelante UNAD –, periodo 2023 -2027, contenido en el acta de la sesión extraordinaria del 1 de noviembre de 2022 del Consejo Superior de ese ente universitario.

1.2 Hechos

2. Señaló el demandante, que con la expedición del Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, la UNAD adquirió la naturaleza de ente autónomo. En uso de dicha prerrogativa, su Consejo Superior Universitario profirió el Acuerdo 024 del 27 de septiembre de 2018, en donde reglamentó la elección del rector.

3. El mencionado acto administrativo, establece que el cronograma del proceso de designación del rector, se aprobará por lo menos con 6 meses de antelación a la fecha de su designación.

4. Posteriormente, mediante el Acuerdo 025 del 26 de julio de 2022, expedido por el Consejo Superior Universitario de la UNAD, se aprobó el cronograma para la selección del rector con tan solo 3 meses de anticipación a su designación, en tanto quedó programada para el 25 de octubre del año que cursó.

1 Medio de control establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

1 Medio de control establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

5. En virtud de lo anterior, señaló que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, elevó petición de revocatoria del Acuerdo 025 de 2022 al ente educativo, la cual fue negada mediante oficio del 18 de octubre de 20222.

6. Indicó que, el 1º de noviembre de 2022, a través del Acuerdo 35 del Consejo Superior Universitario de la UNAD, se designó al demandado como rector, acto electoral que fue publicado el 11 del mismo mes y año.

1.3 Concepto de la violación

7. En síntesis, el demandante cuestionó la elección censurada sobre la base de

los siguientes supuestos:

Transgresión del artículo 10 del Decreto 128 de 1976, por cuanto , dentro del año anterior a su designación, el demandado prestó sus servicios profesionales al interior de la UNAD, en su calidad de rector saliente

8. Indicó que la Ley 30 de 1992, en su artículo 67 establece que los integrantes de los consejos superiores o directivos, según sea el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el rector, estará n sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos, así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las

empleados públicos y el rector, estará n sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos, así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales.

9. En concordancia con ese precepto, sostuvo que el artículo 102 de la Ley 489 de 1998 señala que los integrantes de consejos o juntas directivas, se encuentran sometidos al régimen consagrado en el Decreto 128 de 19763.

10. Determinó, que el demandado se ha desempeñado como rector de la UNAD desde el año 2000 hasta la actualidad , razón por la cual, se predica de él la inhabilidad del artículo 10 del Decreto 128 de 1976, que señala que:

Los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece.

11. En razón de lo expuesto, concluyó que el acto electoral del señor Leal Afanador, trasgrede la mencionada norma, porque prestó sus servicio s profesionales en la misma universidad durante el año siguiente a su retiro.

Desconocimiento del Acuerdo No. 024 del 27 de septiembre de 2018 – reglamentario del procedimiento de elección del rector de la UNAD –, toda vez que el cronograma para la designación no fue publicado con 6 meses de anticipación a la fecha de elección4

reglamentario del procedimiento de elección del rector de la UNAD –, toda vez que el cronograma para la designación no fue publicado con 6 meses de anticipación a la fecha de elección4

12. Adujo que el Acuerdo 024 de 2018 5, aplica ble al proceso de selección del rector de la UNAD , establece en su artículo 2 literal b) , que el consejo superior

2 Adujo que les fue notificado el 20 de octubre de 2022, a las 3_30 PM. 3 Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas.” 4 Sobre la base de este cargo, se alega igualmente la vulneración de los principi os de autonomía universitaria, confianza legítima y el respeto del acto propio. 5 “Por el Cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010”Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 universitario aprobará el cronograma del trámite electoral, por lo menos con 6 meses de anticipación.

13. No obstante, en el caso concreto, ese l apso se redujo a 3 meses tal y como

3 universitario aprobará el cronograma del trámite electoral, por lo menos con 6 meses de anticipación.

13. No obstante, en el caso concreto, ese l apso se redujo a 3 meses tal y como consta en el Acuerdo 025 del 26 de julio de 2022, contentivo del cronograma del proceso.

14. A juicio del demandante, esta infracción normativa, desconoce la autonomía universitaria, la buena fe , la confianza legítima y el respeto del acto propio, en tanto el consejo superior universitario, contrarió con su actuar una regla que le era imperativa.

1.4 Medida cautelar

15. Con fundamento en esos mismos planteamientos, pidió la suspensión provisional del acto acusado, de conformidad con el artículo 238 constitucional, en armonía con los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

1.5 Trámite procesal

16. En providencia del 16 de enero del corriente año, quien sustancia la actuación dispuso el traslado de la medida cautelar por el término de 5 días hábiles , previo requerimiento a la UNAD para que aportara la dirección electrónica del demandado.

17. Durante el plazo antes referido, se presentaron las siguientes intervenciones:

18. En memorial del 1º de febrero del año en curso, el apod erado judicial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, manifestó su oposición a la cautelar deprecada.

19. Señaló frente al presunto desconocimiento del artículo 10 del Decreto 128 de 1976, que este no se predica de las actuaciones de la UNAD, en ta nto su artículo

deprecada.

19. Señaló frente al presunto desconocimiento del artículo 10 del Decreto 128 de 1976, que este no se predica de las actuaciones de la UNAD, en ta nto su artículo 1º circunscribe su ámbito de aplicación a las inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del estado y, a las sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el 90% o más de su capital social, y a los gerentes, directores o presidentes de dichos organismos, entidades de naturaleza jurídica diametralmente diferente a la del ente educativo, que está creada y funciona como una universidad autónoma6.

20. Frente al desconocimiento del literal b) del artículo 2 del Acuerdo 024 de 2018, señaló que si bien éste establece el término de 6 meses para la aprobación del cronograma electoral, este lapso se predica respecto de la posesión del rector, entendida como la última de las actividades de la mencionada hoja de ruta.

21. Para soportar su dicho, sostuvo que: “… el fenómeno objeto de análisis para aprobar un cronograma de designación rectoral no es otro distinto a la fecha del periodo que está próximo a vencerse, la cual para el presente caso sería el próximo 3 de marzo de 2023, tal como lo dispone el Acuerdo No. 005 del 04 de marzo de 2019.

6 Para sustentar su dicho citó el Decreto 2770 de 2006 , que transformó a la UNAD en un ente universitario autónomo y, el

Acuerdo 014 del23 de julio de 2018, en el que se establece su naturaleza jurídica.Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 De allí que, si contabilizamos “hacia atrás” 6 meses, a partir del 4 de marzo de 2023, es decir, la fecha en la que se adelantaría el acto de posesión que no es otra cosa distinta a la misma materialización y culminación del proceso de designación, encontramos que, el proceso tenía que iniciar, el 4 de septiembre de 2022, para garantizar el término mínimo de anticipación de los 6 meses, no obstante, el proceso se inició el 26 de julio de 2022, fecha en que mediante el Acuerdo 025 se aprobó el cronograma para el proceso de designación de Rector de la UNAD, para el periodo comprendido entre el 4 de marzo de 2023 y el 4 de marzo de 2027”.

22. Culminó su defensa aduciendo que l o anterior, sin lugar a duda garantiza a plenitud y con suficiencia lo dispuesto en la norma que se aduce desconocida, lo cual encuentra respaldo en que desde la vigencia 2010 en la cual se expidió el Acuerdo 011 del 25 de junio, “se ha venido implementando estrictamente este postulado en todos los procesos de designación rectoral, y en todos los ejercicios, se han contabilizado los términos de inicio y desarrollo de los procesos de designación, hasta l a posesión del Rector ante el honorable Consejo Superior.

postulado en todos los procesos de designación rectoral, y en todos los ejercicios, se han contabilizado los términos de inicio y desarrollo de los procesos de designación, hasta l a posesión del Rector ante el honorable Consejo Superior.

23. El apoderado del demandado, el 1º de febrero de 2023, solicitó negar la cautelar al considerar que no existe la inhabilidad objeto de reproche, lo anterior por cuanto desconocería “…el Principio de la Autonomía Universitaria de que da cuenta el artículo 69 de la Carta Política, pues sus directivas y estatutos deben interpretarse conforme a la misma y a la ley que sea conforme con ella, como se desprende de su inciso 1º, pero sin duda, el régimen de las universidades del Estado, como la UNAD, en lo que tiene que ver con las inhabilidades de sus directivas es asunto legal, no reglamentario, como lo precisa y demanda su inciso 2º”.

24. Respecto del desconocimiento del lapso mínimo en que debía expedirse e l cronograma, reiteró los argumentos expuestos por el ente universitario.

25. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

26. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para tramitar en única instancia el presente proceso, en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral 5º7 de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 –Reglamento del Consejo de Estado –, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

27. De igual manera, la Sala es competente para resolver sobre la admisión de la

Acuerdo 80 de 2019 –Reglamento del Consejo de Estado –, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

27. De igual manera, la Sala es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la petición de medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.2 literal f), modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, y el último inciso del artículo 277 de la citada ley.

7ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. (Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021) El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los s iguientes asuntos: (…) 5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional. De conformidad con el artículo 1° del Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, la UNAD se transformó en un ente u niversitario autónomo del orden nacional y, el artículo 20 del Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018, por medio del cual se modifica el estatuto general de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia estableció que el rector es su representante legal.Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 2.2. Sobre la admisión de la demanda

28. Para decidir sobre la admisión de la demanda corresponde verificar: (i) si fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; (ii) el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 162 y 163 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la designación de las partes, lo que se pretende expresado con precisión y claridad, los fundamentos de derecho de las pretensiones, las normas violadas, el concepto de la violación y lugar o canal digital de notificación de las partes o que se desconoce el mismo; (iii) lo consagrado en el artículo 166 de la mencionada ley, en relación con los anexos y; (iv) ser un acto pasible de control judicial.

2.2.1. Oportunidad en el ejercicio del medio de control

29. De conformidad con lo señalado en el literal a) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, cuando se pretenda la nulidad de un acto electoral, el término para la presentación oportuna de la demanda es de 30 días. En cuanto a su contabilización, la misma norma consagra tres escenarios:

(i) Si la elección se declara en audiencia pública, el referido plazo se contará a partir del día siguiente a la celebración de esta.

(ii) En los demás casos de elección y nombramiento , se cuenta a partir del día siguiente al de la publicación del acto, de conformidad con lo previsto en

a partir del día siguiente a la celebración de esta.

(ii) En los demás casos de elección y nombramiento , se cuenta a partir del día siguiente al de la publicación del acto, de conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artículo 65 del CPACA8.

(iii) Cuando se requiera la confirmación del nombra do o elegido , el término será contado a partir del día siguiente a su publicación9.

30. Es de resaltar que esta Sala 10 ha entendido la caducidad como el plazo de obligatorio cumplimiento para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actuación judicial, el cual transcurre sin necesidad de alguna acción concreta por parte del operador jurídico o de las partes. En otras palabras, es el límite temporal fijado por el legislador en días, meses o años, el cual debe ser atendido por los interesados en obtener la r esolución de un conflicto por parte de los jueces, pues de lo contrario, se consideraría que su demanda no fue allegada en tiempo y puede ser objeto de rechazo.

31. Precisado lo anterior, esta judicatura concluye que de conformidad con los elementos obrantes en el expediente, la demanda fue radicada el 11 de enero de 2023 y el acto electoral del señor Jaime Alberto Leal Afanador como rector de la UNAD, se adoptó en sesión del 1º de noviembre de 2022, consignado en el Acta 016 y materializado en el Acuerdo 035 de la misma fecha.

32. Adicional, la elección controvertida fue publicada el 11 de noviembre de 2022, por lo que se puede concluir que fue presentada dentro de la oportunidad legal correspondiente, tal y como consta a continuación:

32. Adicional, la elección controvertida fue publicada el 11 de noviembre de 2022, por lo que se puede concluir que fue presentada dentro de la oportunidad legal correspondiente, tal y como consta a continuación:

8 La mencionada norma, señala “los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso”. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Quinta, auto del 8 de julio de 2021, radicado nro. 11001-03-28-000-2021-00032-00, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. 10 Auto del 26 de agosto del 2021. Radicación 08001-23-33-000-20201-00275-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

2.2.2 Requisitos exigidos en los artículos 162 y 163 de la Ley 1437 del 2011

33. En cuanto a la designación de las partes, lo que se pretende expresado con precisión y claridad, los fundamentos de derecho de las pretensiones, las normas violadas y el concepto de la violación, se evidencia:

34. En el escrito inicial, el accionante dirige la demanda contra el acto electoral del señor Jaime Alberto Leal Afanador , como rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia , aspecto que permite colegir la individualización en debida forma de la parte accionada.

señor Jaime Alberto Leal Afanador , como rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia , aspecto que permite colegir la individualización en debida forma de la parte accionada.

35. Del expediente hace parte el Acta 016 del 1 de noviembre de 2022 del consejo superior universitario de la UNAD, en la que consta:

36. De otra parte, tal y como fue reseñado en el párrafo 1º de esta providencia, en el escrito inicial se ele van pretensiones claras y concretas de nulidad respecto de la elección demandada, así como se evidencian las pruebas documentales que pretende hacer valer como soporte de los reparos propuestos. Además de la postulación de otros medios de convicción para s er decretados por el juez electoral.

37. En cuanto al concepto de la violación, como se observa de los antecedentes de esta decisión, se alegó entre otros, la incursión del demandado en la inhabilidad consagrada en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976 y el desconocimiento del literal b) del artículo 2 del Acuerdo 024 de 2018.

38. Finalmente, se señala que en tanto fue solicitada medida cautelar, no se requiere el cumplimiento de lo establecido en el numeral 8º del artículo 162 del mismo cuerpo normativo, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 del 2021, es decir, no se exige para este caso la presentación de la constancia de remisión de la demanda y sus anexos a la parte demandada.

2.2.3 Conclusión

39. Conforme lo dicho, se tiene entonces que la demanda presentada por el señor

la demanda y sus anexos a la parte demandada.

2.2.3 Conclusión

39. Conforme lo dicho, se tiene entonces que la demanda presentada por el señor Pedro José Hernández Castillo , atiende todos los requisitos de orden formalDemandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 establecidos en la ley procesal contenciosa administrativa (Ley 1437 del 2011), por lo que en la parte resolutiva del presente se dispondrá sobre su admisión, así como también se ordenarán las notificaciones y publicaciones del caso.

2.3 Sobre la suspensión provisional de los efectos del acto demandado

40. La Ley 1437 de 2011, a diferencia del Decreto -Ley 01 de 1984 derogado, superó la concepción tradicional de la protección cautelar como mera garantía del control de la legalidad de las actuaciones de la administración, tal y como se circunscribió en su momento a una sola: la suspensión provisional. En su lugar, consagró la facultad en cabeza del juez de lo contencioso admini strativo, para decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso.

41. Tratándose de la nulidad electoral, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de acuerdo con el tenor literal del artículo 277 de la Ley

1437 de 2011, se tramita así:

proceso.

41. Tratándose de la nulidad electoral, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de acuerdo con el tenor literal del artículo 277 de la Ley

1437 de 2011, se tramita así:

“Artículo 277. (…) En el caso de que se haya pedi do la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el re curso de reposición y, en los de primera, el de apelación.”

42. La regla específica de la suspensión provisional en el proceso de nulidad electoral consiste en que dicha petición debe resolverse en el mismo auto admisorio de la demanda11. Igualmente, esta institución se configura como una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, teniendo incidencia particularmente respecto de su carácter ejecutorio12.

43. Los requisitos para decretar esta medida cautelar fueron consagrados expresamente por el legislador en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en los

siguientes términos:

“Artículo 231. - Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…)”

44. De lo anterior se colige respecto de la suspensión provisional del acto en

las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…)”

44. De lo anterior se colige respecto de la suspensión provisional del acto en materia electoral que: (i) la solicitud del accionante procede por violación de las disposiciones normativas constitucionales o legales invocadas en el escrito correspondiente; (ii) dicha violación surge del análisis del acto demandado y su

11 Sobre el particular ver en tre otros: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 4 de mayo de 2017, C.P: Rocío Araújo Oñate, radicado No. 11001 -03-28-000-2017-00011-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, a uto de 30 de junio de 2016, C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 85001-23-33-000-2016-00063-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 25 de abril de 2016, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado No. 110 01-03-28-000-2015-00005-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 4 de febrero de 2016, C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado No. 1001 -03-28-000-2015-00048-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencios o Administrativo,

Sección Quinta, auto de 21 de abril de 2016, C.P: Rocío Araújo Oñate, radicado No. 11001-03-28-000-2016-00023-00. 12 Ley 1437 de 2001. Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.Demandante: Pedro José Hernández Castillo Rad: 11001-03-28-000-2023-00002-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 cotejo con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la misma13.

45. Al respecto, la doctrina ha destacado 14 que, con la antigua codificación, - Código Cont encioso Administrativo -, se requería para la procedencia de la suspensión provisional, la existencia de una manifiesta infracción de las disposiciones invocadas como violadas, esto es, una transgresión grosera, de bulto, observada prima facie15.

46. Con la ex pedición de la Ley 1437 de 2011, basta que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, en la demanda o en escrito separado antes de la admisión de esta, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como

violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, en la demanda o en escrito separado antes de la admisión de esta, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como violadas o, del estudio de las pruebas aportadas por el accionante con su escrito de demanda para que sea procedente la medida cautelar16.

47. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo debe efectuar un estudio de las normas invocadas por el demandante y confrontarlas con los argumentos y pruebas presentadas en esta etapa del proceso, para efectos de proteger la efectividad de la sentencia.

48. Además, la apreciación jurídica que se hace al decidir sobre la med ida cautelar, que, por supuesto es provisional, no constituye prejuzgamiento ni impide que, al fallar el caso, el operador judicial asuma una posición distinta, dado que con el transcurrir de la actuación procesal es factible que el arribo de nuevas pruebas o la presentación de argumentos adicionales, persuadan al juez de resolver en sentido contrario al que ab initio se adoptó.

2.4 Caso concreto

49. Procede la Sala a resolver los planteamientos de la petición cautelar, esto es, i) la inhabilidad consagrada e n el artículo 10 del decreto 128 de 1976 y, ii) y el desconocimiento del literal b) del artículo 2 del Acuerdo 024 de 2018, como pasa a

exponerse:

2.4.1 Artículo 10 del decreto 128 de 1976 -reiteración de jurisprudencia1750. Para determinar si la norma que se aduce infringida con la expedición del acto

exponerse:

2.4.1 Artículo 10 del decreto 128 de 1976 -reiteración de jurisprudencia1750. Para determinar si la norma que se aduce infringida con la expedición del acto electoral demandado fue trasgredida , se estudiará previamente si ésta es

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 15 de noviembre de 2018, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado No. 11001-03-28-000-2018-00133-00. 14 BENAVIDES José Luis. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comentado y concordado. Ed. Universidad Externado de Colombia. 2013 pg. 496. 15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 29 de enero de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. 11001-0327-000-2013-00014-00 (20066). 16 Sobre este mismo punto consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 18 de febrero de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00014-00 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 3 de marzo de 2016, radicación 11001 -03-28-000-2016-00027-00 M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 30 de junio de 2016, radicación 11001 -03-28-000-2016-00046-00 M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 9 de abril de 2015, radicación 19001 -23-33-000-201500044-01 MP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, autos de 8 de octubre de 2014, radicación 11001-03-28-000-2014-00097 M. P S usana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sección Quinta Auto de trece 13 de agosto de 2014. Radicación 11001-03-28-000-2014-00057-00 M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administ rativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de octubre de 2016, M.P: Alberto Yepes Barreiro, Radicado No. 11001 -03-28-000-2015-00019-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016. M. P. Lu cy Jeannette Bermudez B. Radicación Nº 11001-03-28-000