CE - 012331000200301384021AUTOQUERESUEL20230607103719

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Accionante: Martha Cecilia Pinzón Linares y otros Accionados: Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali Referencia: Grado jurisdiccional de consulta en acción popular. REVOCA SANCIÓN. El supuesto por el que se impuso la sanción por desacato no está acreditado.

Grado jurisdiccional de consulta

La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a la funcionaria Martha Liliana Hernández Galvis1, mediante auto de 10 de marzo de 2023, con ocasión del desacato de la sentencia de 13 de diciembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Los ciudadanos Martha Cecilia Pinzón y Maricel Baeza Mogollón demandaron al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali , en ejercicio de la acción popular, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los literales b) y e) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, presuntamente vulnerados por ese ente territorial al haberse abstenido de recuperar un área de 50.000 m2 de un lote de su propiedad,

4° de la Ley 472 de 1998, presuntamente vulnerados por ese ente territorial al haberse abstenido de recuperar un área de 50.000 m2 de un lote de su propiedad, adquirido a través de la Escritura Pública N° 587 de 31 de marzo de 1969 de la Notaría Cuarta del Circuito Notarial de Cali.

2. El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , mediante sentencia de 13 de diciembre de 20042, accedió a las pretensiones de la demanda de acción popular y,

en consecuencia, dispuso lo siguiente:

[…] Segundo: Por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia, se declara VULNERADO EL INTERES COLECTIVO AL PATRIMONIO PUBLICO por parte del Municipio de Sa ntiago de Cali y en consecuencia se dispone: (…)

d) Ordenase al Municipio de Santiago de Cali, que una vez obtenida la información a que se refiere el literal inmediatamente anterior, inicie o instaure y atienda, las acciones admi nistrativas o legales pertinentes, orientadas a recuperar su pleno goce sobre el área aludida. Para el efecto tendrá un término

1 Secretaria de vivienda social y hábitat del distrito de Cali. 2 Visible a folio N° 66 y s.s. del cuaderno N° 2 del incidente de desacato.2

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término a que se refiere al literal anterior. […]

3. A través de auto de 19 de mayo de 2014 3, el Tribunal sancionó al señor Alfonso

de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término a que se refiere al literal anterior. […]

3. A través de auto de 19 de mayo de 2014 3, el Tribunal sancionó al señor Alfonso Otoya Mejía, Director de Desarrollo Administrativo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali para la época, por el desacato de las órdenes contenidas en el literal d) del ordinal segundo de la sentencia de 13 de diciembre de 2004 , conforme al cual debía «iniciar, instaurar y atender» las acciones «administrativas o legales pertinentes orientadas a recuperar el pleno goce sobre el área aludida»4.

4. Esta Sección, mediante auto de 24 de julio de 20145, declaró la nulidad de todo lo actuado en el trámite incidental de la referencia y ordenó reiniciar toda la actuación.

5. Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió los autos de 27 de abril de 2015, de 12 de junio de 2015, de 9 de febrero de 2016 y de 25 de mayo de 2017, a través de los cuales abrió nuevamente incidente de desacato en el caso sub examine y vinculó: (i) al alcalde de Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali ; (ii) al secretario de vivienda de distrito; (iii) al subsecretario de mejoramiento y regularización de predios del distrito; (iv) al jefe de la oficina jurídica , y (v) a los concejales de ese distrito. Estos autos se notificaron en debida forma.

predios del distrito; (iv) al jefe de la oficina jurídica , y (v) a los concejales de ese distrito. Estos autos se notificaron en debida forma.

6. Posteriormente, y mediante auto de 21 de mayo de 2018, el Tribunal cerr ó el incidente de desacato porque encontró acreditado que la entidad territorial demandada había « iniciado las acciones administrativas y legales consideradas pertinentes encaminadas a recuperar el goce sobre los 49.050 metros cuadrado de su propiedad, optando por ceder a título gratuito los terrenos correspondientes a vivienda, aunque no así respecto de las unidades de negocio».

7. Mediante oficios de 12 de diciembre de 2018 6, de 9 de abril de 20197, de 16 de julio de 2019 8 y de 12 de noviembre de 2019 9, el director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica del Distrito rindió informe de avance de cumplimiento de las órdenes contenidas la sentencia de 13 de diciembre de 2004.

En los aludidos documentos expuso, en síntesis: (i) que el ente territorial contrató un grupo de profesio nales jurídicos encargados de llevar a cabo las acciones judiciales y administrativas respecto de las ocupaciones que no podían ser objeto de cesión gratuita , y (ii) que se elaboró la Escritura Pública N° 1705 de 21 de noviembre de 2018 , a través de la cual se hace una « aclaración de las 380 matrículas inmobiliarias Nos, 370 -47859 a 3709 -967013»; sin embargo no fue posible registrar la aclaración en el certificado de tradición y libertad del inmueble.

matrículas inmobiliarias Nos, 370 -47859 a 3709 -967013»; sin embargo no fue posible registrar la aclaración en el certificado de tradición y libertad del inmueble.

3 Visible a folio 394 y s.s. del cuaderno N° 2 – G del incidente de desacato. 4 Visible a folio 394 y s.s. del cuaderno N° 2 - “Archivo” del incidente de desacato. 5 Visible a folio 857 del cuaderno N° 2 – G del incidente de desacato. 6 Visible a folio 2362 y s.s. del cuaderno N° 2 - I del incidente de desacato. 7 Visible a folio 2418 y s.s. del cuaderno N° 2 - I del incidente de desacato. 8 Visible a folio 2447 y s.s. del cuaderno N° 2 - I del incidente de desacato. 9 Visible a folio 2458 y s.s. del cuaderno N° 2 - I del incidente de desacato.3

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

8. El 12 de enero de 2022 10, el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali allegó informe de cumplimiento del literal d) de la sentencia de 13 de diciembre de 2004. El informe explicaba que el alcalde, a través del Decreto N° 0937 de 24 de noviembre de 2021 , delegó al secretario de vivienda social y hábitat la función relacionada con el cumplimiento del literal d) de la sentencia . Además, señalaba que el ente territorial presentó ante la

secretario de vivienda social y hábitat la función relacionada con el cumplimiento del literal d) de la sentencia . Además, señalaba que el ente territorial presentó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la Escritura Pública N° 1705 de 21 de noviembre de 2018 para su inscripción, pero la misma fue devuelta, tras considerar que «el documento sometido a registro no establecía con claridad el acto o contrato que se pretendía inscribir, es decir, que no indicaba claramente la pretensión del solicitante».

9. También indicó que el Concejo Distrital , mediante el Acuerdo N° 0483 de 18 de noviembre de 2020, autorizó al alcalde ceder a título gratuito los predios que cumplieran los requisitos previstos en Ley 2079 de 14 de enero de 2021 y el Decreto 523 de 14 de mayo de 2021. Además, se realizaron unas mesas de trabajo para «el análisis detallado de las actuaciones planteadas en vigencias anteriores, la actualización de la información y el estudio de la incidencia de las normas antes citadas en la resolución del caso».

10. Mediante auto de 23 de marzo de 2022 11 y de 13 de septiembre de 2022 12, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca requirió al distrito para que rindiera informe acerca del «estado en el que se encuentra la gestión para adelantar las acciones administrativas y judiciales respecto a los inmuebles que no los cobija la Ley 1001 de 2005». Estos autos se notificaron en debida forma.

11. El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, por conducto de la Secretaría de Vivienda Social y

Ley 1001 de 2005». Estos autos se notificaron en debida forma.

11. El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, por conducto de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del Distrito, mediante escritos de 25 de marzo de 202213 y de 6 de abril de 202214, informó que: (i) el inmueble sobre el cual estaba construida la Urbanización Golondrinas no era un bien fiscal; (ii) las personas que adquirieron lotes en dicha urbanización no era ocupantes ilegales , y (iii) la administración estaba tratando de registrar una Escritura Pública para aclarar y sanear la propiedad en el inmueble en el que está construida la urbanización.

12. El señor Luís Francisco Tenorio Cortés, mediante escrito de 24 de noviembre de 202215, solicitó la apertura del incidente de desacato.

10 Visible a índice 175 del expediente electrónico N° 76001233100020030138400, contenido en el aplicativo Web SAMAI. Documento «INFORME 1 MAGISTRADO.pdf». 11 Visible a índice 178 del expediente electrónico N° 76 001233100020030138400, contenido en el aplicativo Web SAMAI. 12 Visible a índice 178 del expediente electrónico N° 76001233100020030138400, contenido en el aplicativo Web SAMAI. 13 Visible a índice 180 del expediente electrónico N° 76001233100020030138400, c ontenido en el aplicativo Web SAMAI. Documento «2022-03-25 (7)». 14 Visible a índice 181 del expediente electrónico N° 76001233100020030138400, contenido en el aplicativo

Web SAMAI.

Web SAMAI. Documento «2022-03-25 (7)». 14 Visible a índice 181 del expediente electrónico N° 76001233100020030138400, contenido en el aplicativo Web SAMAI. 15 Visible a índice 189 del expediente electrónico N° 7600123310002003013840 0, contenido en el aplicativo Web SAMAI. Documento «24_760012331000200301384001ALLEGAMEMORIAL20221202075652».4

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

13. Mediante auto de 14 de diciembre de 202216, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó abrir incidente de desacato en contra de la señora Martha Liliana Hernández Galvis, en su condición de secretaria de vivienda social y hábitat del distrito. Este auto se notificó en debida forma.

14. Cabe aclarar que la apertura del presente incidente estuvo delimitada a log rar el cumplimiento de la orden judicial contenida en el literal d) del ordinal segundo de la sentencia de 13 de diciembre de 2004.

15. La señora Martha Liliana Hernández Galvis , mediante escrito de 19 de diciembre de 202217, rindió informe en el que destacó que el registro de la escritura pública del litigio es indispensable para poder cumplir con lo dispuesto en el literal d) de la sentencia de acción popular, pues mientras « no h aya un antecedente registral claro de los predios involucrados en el caso objeto de pronunciamiento por su despacho, no podría justificarse técnica ni legalmente ninguna de las posibles alternativas como son, titulación gratuita, ratificación de títulos tr aslaticios de dominio u otra figura legal».

su despacho, no podría justificarse técnica ni legalmente ninguna de las posibles alternativas como son, titulación gratuita, ratificación de títulos tr aslaticios de dominio u otra figura legal».

16. Por ello, afirmó que la administración ha continuado con el estudio del caso a efectos de « poder justificar técnica y legalmente la adopción de alguna de las posibles alternativas mencionadas a saber: “titulación gratuita, ratificación de títulos traslaticios de dominio u otra figura legal”, opciones consideradas por el equipo de trabajo e informadas al despacho mediante Orfeo No. 202241470100001331 del 0604-2022».

17. Frente a la alternativa de cesión gr atuita, indicó que se logró la aprobación del Acuerdo N° 0483 del 18 de noviembre de 2020, a través del cual se autoriza al alcalde distrital a «ceder a título gratuito los bienes inmuebles fiscales de propiedad del Distrito que hayan sido ocupados de form a irregular mediante mejoras y/o construcciones con destine económico habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y ocur rida de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años».

18. Sin embargo, explicó que , luego de analizar los antecedentes registrales de la Urbanización Golondrinas, el ente territorial advirtió que «todos y cada uno de ellos cuenta con título justificativo de dominio, pues contaron con escritura pública debidamente registrada en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali», por lo cual «ninguno de los bienes inmuebles cumple con los requisitos exigidos por

cuenta con título justificativo de dominio, pues contaron con escritura pública debidamente registrada en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali», por lo cual «ninguno de los bienes inmuebles cumple con los requisitos exigidos por la ley 1001 de 2005 modificada por el art. 277 de la Ley 1955 de 2019». Lo anterior en razón a que el terreno sobre el cual se ubica la urbanización « no es un bien fiscal». Al respecto, señaló lo siguiente:

16 Visible a índice 190 del expediente electrónico N° 76001233100020030138400, contenido en el aplicativo Web SAMAI. 17 Visible a índice 194 del exp ediente electrónico N° 76001233100020030138400, contenido en el aplicativo Web SAMAI. Documento «30_760012331000200301384003ALLEGAMEMORIAL20230112083618».5

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

[…] Nótese señor Magistrado que, si bien es cierto, en varias etapas del trámite de la acción popular que aquí se trata, se mencionó que el área de terreno obligados a recuperar, se encontraba ocupado por un Asentamiento Humano Ilegal, dicha consideración es completamente errada, pues es claro que la Urbanización Golondrinas, s e encuentra inmersa en la urbanización La Nueva Base, la cual fue legalizada mediante Acuerdo Municipal No. 049 de 1964.

Igualmente, para la época en que el señor ÁLVARO HERNANDO GASCA CUELLAR, adquirió el terreno cuya recuperación efectiva ordenó el despacho, los vendedores en su calidad de titulares de derecho de

Igualmente, para la época en que el señor ÁLVARO HERNANDO GASCA CUELLAR, adquirió el terreno cuya recuperación efectiva ordenó el despacho, los vendedores en su calidad de titulares de derecho de dominio en uso del poder dispositivo ejercieron actos de señores y dueños.

Adicional a ello no se puede desconocer que el señor GASCA, mediante Escritura Pública No. 8438 del 9 de septiembre de 1994, otorgada en la notaría 10 de Cali, dividió materialmente el lote antes citado, originando el Lote B de 3.005,27 Mts², registrado a Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-474860 y Lote A, de 44.549,88 Mts², registrado a Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370 -474859, sobre este último, adquirió aprobación de planos del proyecto urbanístico “Golondrinas”, según Resolución No. AP PU 025 del 6 de mayo de 1993, modificada por la TP PU 009 del 17 de marzo de 1995, expedidas por la antigua Secretaría de Ur banismo de Santiago de Cali; es decir, el área no fue ocupada de manera irregular, por el contrario, Golondrinas es un barrio legalmente constituido y sus ocupantes fueron compradores de buena fe y no puede hoy Administración Distrital vulnerar su derecho a la vivienda digna, por errores en los que, en otrora se haya incurrido.

Es evidente que, en diferentes actos procesales (memoriales y autos), se catalogó el sector Golondrinas como un Asentamiento Humano Ilegal, sin serlo y debiendo ser claro que, el tr atamiento legal y técnico para intervención estatal en un grupo poblacional de esta categoría, es

catalogó el sector Golondrinas como un Asentamiento Humano Ilegal, sin serlo y debiendo ser claro que, el tr atamiento legal y técnico para intervención estatal en un grupo poblacional de esta categoría, es totalmente diferente a la que se hace en una urbanización o en una construcción debidamente ejecutada y adquirida como lo es la Urbanización Golondrinas […]. [negrillas fuera de texto]

19. En relación con la alternativa de ratificación de títulos, señaló que el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali «vendió al Fondo Especial de Vivienda, un área de terreno de extensión de 129.633 Mts², según consta en Escritura Pública No. 1516 del 4 de mayo de 2007, otorgada en la Notaría Única de Yumbo, registrada en los folios de matrícula

inmobiliaria No. 370-62368 y 370-62366 anotación No. 3, área dentro de la c ual se encuentran inmersos los 49.050 M² que “ocupa” la urbanización Golondrinas».

20. Posteriormente, el señor Álvaro Hernando Gasca, a través de la Escritura Pública N° 4689 de 17 de noviembre de 1995 de la Notaría 7° de Cali, realizó el loteo predio y las cesiones «obligatorias por parte del constructor», por lo que «del área que se ordenó recuperar su goce, solo 26.546.80 Mts² se encuentran en poder de particulares».

21. Igualmente, indicó que el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali , mediante la Escritura Pública N°

particulares».

21. Igualmente, indicó que el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali , mediante la Escritura Pública N° 4699 de 5 de diciembre de 2007, protocolizada en la Notaría Veintiuno de Cali, «ratificó la Escritura Pública No. 4689 del 17 de noviembre de 1995 otorgada en la6

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

notaría sépti ma de Cali, por la cual se efectuó el reloteo de la zona útil para construcción de 26.546.80 Mts² en 17 manzanas que comprenden 318 lotes para vivienda, así como también ratificó las ventas realizadas por el señor ALVARO HERNANDO GASCA CUELLAR, a los terce ros de buena fe que adquirieron los inmuebles que conforman la Urbanización Golondrinas y que se encuentran debidamente inscritos en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes».

22. Por lo anterior, concluyó que la alternativa consistente en la rat ificación de la venta de la cosa ajena fue «ejecutada desde el año 2007 y no ha sido considerada como una acción de cumplimiento efectivo de la orden, pese a que se puede presumir que los funcionarios que procedieron con la ratificación de los títulos antes mentadas, pudieron haber considerado el acto de ratificación como uno de aquellos a través de los cuales se efectiviza uno de los privilegios de los que esta investido el titular del derecho de dominio de un bien inmueble».

23. La otra alternativa comentada por la sancionada consiste en la posibilidad de

a través de los cuales se efectiviza uno de los privilegios de los que esta investido el titular del derecho de dominio de un bien inmueble».

23. La otra alternativa comentada por la sancionada consiste en la posibilidad de instaurar una acción reivindicatoria. Sin embargo, en su criterio no es posible llevar a cabo porque (i) carecen de la capacidad de recurso humano para ello; (ii) existen bajas probabilidades de éxito habida cuenta de que no se encuentran acreditados los presupuestos de la acción reivindicatoria tales como la calidad de propietario del bien del demandante; (iii) en caso de prosperar las pretensiones de la demanda el distrito deberá asumir el costo de las mejoras realizadas sobre los inmuebles, lo cual asciende aproximadamente a « Veintinueve Mil Millones Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos con Treinta y Un centavos $29.000.523.432,31»;

(iv) existe un costo social muy alto en esta alternativa ya que en esta urbanización «se encuentran construidas (559) unidades de vivienda siendo (246) de ellas, tipo casa y (313), tipo apartamento; se evidenciaron (17) unidades de uso no residencial».

24. En vista de lo anterior, concluyó que: «el costo social que implica el cumplimiento parcial de la orden judicial (pendiente), además de afectar el estado de salud mental de las personas que conforman cada uno de los hogares que hoy residen en la Urbanización Golondrinas, aumentaría el déficit habitacio nal que con ingentes esfuerzos tratamos de reducir con las obras y subsidios que día a día ejecutamos de manera efectiva».

25. Seguidamente, la sancionada puso de relieve los elementos, el alcance y el

esfuerzos tratamos de reducir con las obras y subsidios que día a día ejecutamos de manera efectiva».

25. Seguidamente, la sancionada puso de relieve los elementos, el alcance y el desarrollo jurisprudencial del principio de confianza leg ítima, del derecho fundamental a la vivienda digna y de la sanción por desacato. Por último, alegó que, según lo resuelto en la sentencia de 4 de octubre de 2021, era posible modular los efectos de las órdenes impartidas en una sentencia de acción popular, siempre que se acredite la imposibilidad de su cumplimiento.

26. En consecuencia, solicitó: (i) que se abstuvieran de imponerle sanción por desacato; (ii) que se declarara el cumplimiento total de la sentencia de acción popular; (iii) que, en caso de tener por no cumplido el fallo de acción popular , se proceda a modular los efectos del literal d) del ordinal segundo de la sentencia.7

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA

27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de auto de 10 de marzo de 2023, declaró que la señora «MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS, en calidad de Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del DISTRITO DE CALI, ha incumplido lo ordenado en el numeral segundo literal d) de la Sentencia No. 224 del 13 de diciembre de 2004». Por lo anterior, el Tribunal impuso a la funcionaria una sanción de multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y,

incumplido lo ordenado en el numeral segundo literal d) de la Sentencia No. 224 del 13 de diciembre de 2004». Por lo anterior, el Tribunal impuso a la funcionaria una sanción de multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y, además, le concedió el término de dos meses para acatar esa orden18.

28. En dicha providencia, el Tribunal verificó el cumplimiento de las instrucciones contenidas en los literales a), b) y c) del ordinal segundo de la sentencia de 13 de

diciembre de 2004, por las siguientes razones:

[…] Durante el trámite del presente incidente se pudo verificar que el municipio Santiago de Cali demostró el cumplimiento a tres de las cuatro órdenes impartidas en la sentencia referida de la siguiente forma:

Allegó copia del certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria No. 370623966, observándose en la anotación No. 02 del 08 de marzo del 2005 que inscribió la prohibición de registrar la sentencia No. 146 del Juzgado 5° Civil del Circuito de Cali (folios 212 a 214 del cuaderno principal) y copia de las Resoluciones No. V-0192 del 08 de octubre y V-0520 del 20 de octubre del 2005, por medio de las cuales corrigió la ficha catastral D – 359-004 (fls. 14 a 16 y 83 a 85 respectivamente del cdno 2C) en cumplimiento de la primera orden del numeral segundo de la sentencia.

Así mismo aportó copia de las Resoluciones No. V – 671 del 27 de septiembre del 2006 (cuaderno 2-A), V778 del 14 de noviembre del 2006 (cuaderno 2-B)

del numeral segundo de la sentencia.

Así mismo aportó copia de las Resoluciones No. V – 671 del 27 de septiembre del 2006 (cuaderno 2-A), V778 del 14 de noviembre del 2006 (cuaderno 2-B) y V0520 del 20 de octubre del 2005 (fls. 83 a 85 del cuaderno 2-C), por las que inscribió unas correcciones en la ficha catastral de los predios ubicados en el lote de terreno objeto de recuperación, replanteando el área del lote adquirido por medio de la escritura pública No. 587 del 31 de marzo de 1969 de la notaría 4a de Cali y allegando el listado de los propietarios que ocupan dichos predios (fls. 21 a 27 cuaderno 2-E). […]

29. Por otra parte, en lo atinente al literal d) de la sentencia aludida, destacó que: «ya se habían adelantado las gestiones pertinentes en lo relacionado a los inmuebles que se encontraban enmarcados en la situación descrita en el artículo 3 de la Ley 1001 de 2005, mediante el Acuerdo No. 0483 del 18 de noviembre de 2020, el cual autorizó al Alcalde Distrital de Santiago de Cali para que cediera a título gratuito el dominio de bienes fiscales ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional, de conformidad con lo señalado en artículo 277 de la Ley 1955 de 2019».

30. Sin embargo, en su criterio, aún estaban pendientes «las acciones administrativas o judiciales frente a otros inmuebles a los que no les era aplicables la Ley 1001 de 2005, como lo son las unidades de negocio, en aras de recuperar el

30. Sin embargo, en su criterio, aún estaban pendientes «las acciones administrativas o judiciales frente a otros inmuebles a los que no les era aplicables la Ley 1001 de 2005, como lo son las unidades de negocio, en aras de recuperar el pleno goce sobre los bienes inmuebles de los que no eran objeto el precitado acuerdo».

18 Este auto se notificó en debida forma.8

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

31. En este punto, el Tribunal puso de presente que la Escritura Pública N° 4699 de 5 de diciembre del 2007 [que ratificó la venta de cosa ajena realizada por el señor Álvaro Hernando Gasca a través de la Escritura Pública N° 4689 de 17 de noviembre de 1995] «no tenía relación con la orden impartida por la Sala en la parte resolutiva de la Sentencia No. 224, por cuanto lo que se ordenó fue el adelantamiento de alguna acción administrativa o judicial que se tradujera en la recuperación del lote de terreno de 49.050 m2, precisamente porque quedó demostrado que el mismo fue separado del lote global de propiedad del municipio sin algún acto jurídico que lo respaldara, tal y como se manifiesta en dicha escritura, y se corrobora a través de los certificados de tradición tanto del lote global denominado talleres del municipio (370-62368, fls. 383 y 384) como del que fue separado y vendido al señor ÁLVARO GASCA (370-474859, fls. 385 a 389)».

32. Adicionalmente, señaló que la sentencia ordenó «invalidar el registro que se hizo

GASCA (370-474859, fls. 385 a 389)».

32. Adicionalmente, señaló que la sentencia ordenó «invalidar el registro que se hizo de la sentencia No. 146 del 28 de noviembre de 1990 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil, mediante sentencia del 26 de noviembre de 1991 o corregir la fi cha catastral D – 359-004, dejando sin validez los títulos a los que hace referencia la funcionaria requerida, que respaldan la supuesta propiedad de los inmuebles ubicados en el área objeto de recuperación».

33. En ese sentido, en criterio del Tribunal, los argumentos expuestos por la funcionaria sancionada no eran válidos, en tanto que no era cierto que el inmueble objeto de la acción popular no fuese de naturaleza fiscal.

34. Sin embargo, aclaró que la medida dictada en el literal d) del ordinal segundo del fallo de acción popular no busca «vulnerar los derechos de las familias que en este lugar se encuentran, y al contrario, con ocasión de la existencia de esas unidades de vivienda se ha insistido en la medida establecida en el artículo 3 de la Ley 1001 de 2005 modificado por el artículo 14 de la Ley 2044 de 2020, que en múltiples ocasiones ha sido acogida por el ente territorial, y a la cual se podría acudir en aplicación del Acuerdo aprobado por el Concejo de Cali, al que se hizo mención en líneas atrás objeto de la orden».

35. Ante este panorama, el a quo encontró parcialmente cumplida la orden judicial, en tanto que: «con la expedición de dicho acto [se] brinda una solución ajustada a

al que se hizo mención en líneas atrás objeto de la orden».

35. Ante este panorama, el a quo encontró parcialmente cumplida la orden judicial, en tanto que: «con la expedición de dicho acto [se] brinda una solución ajustada a derecho para aquellas unidades de vivienda». Empero persistía el incumplimiento de la orden judicial «frente a las unidades de negocio, que como bien indicó el ente territorial son 17, y frente a las cuales no se puede aplicar la figura establecida en la Ley 1001 de 2005, por lo cual, como solución a esta problemática, con las anteriores administraciones se venía planteando la posibilidad de iniciar los respectivos procesos judiciales de restitución, sin que a la fecha se hubieren adelantado».

36. Por último, señaló que se encontraba acreditada la renuencia al cumplimiento de la sentencia por parte de la sanci onada con ocasión de « insistir en medidas de

cumplimiento ya despachadas de manera desfavorable por esta Corporación, y no9

Radicación: 76-001-23-33-000-2003-01384-02

Actor: Martha Cecilia Pinzón

acreditar la gestión en aquéllas ya previamente acordadas con la Administración distrital».

37. Así las cosas , el a quo, mediante prov idencia de fecha 10 de marzo de 2023,

resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO.- DECLARAR que la doctora MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS, en calidad de Secretaria de Vivienda Social y Hábitat del DISTRITO DE CALI, ha incumplido lo ordenado en el numeral segundo literal d) de la Sentencia No. 224 del 13 de diciembre de 2004 proferida por esta S ala de

GALV