CE - 012331000200800128011AUTOQUERESUEL20230410095710

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS1

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA (META)

Auto que resuelve recurso de apelación

El Despacho decide el recurso de apelación incoado por la parte actora en contra del auto de 14 de julio de 2022 2, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Meta -Sala de Decisión Escritural No. 4negó la solicitud de liquidación de perjuicios de la condena en abstracto dictada en la sentencia de 2 de agosto de 2011.

I. ANTECEDENTES

I.1. El procedimiento ordinario que dio lugar a la condena en abstracto objeto de liquidación

1. Los demandantes, obrando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, presentaron demanda en contra del municipio de San Carlos de Guaroa (Meta), con miras a obtener las siguientes

declaraciones y condenas:

[…] 1. Es nula la resolución número 209 del 11 de julio de 2007 , expedida por el señor Alcalde Municipal de San Carlos de Guaroa (Meta), en la cual se resolvió, en lo pertinente, “expropiar parcialmente a SINAÍ HERNÁNDEZ” la

por el señor Alcalde Municipal de San Carlos de Guaroa (Meta), en la cual se resolvió, en lo pertinente, “expropiar parcialmente a SINAÍ HERNÁNDEZ” la finca Santa Lucía, ubicada en la Vereda Giramena del Municipio de San Carlos de Guaroa – Meta, pagar a título de indemnización la suma de $123.000.000, e inscribir aquella en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín-Meta.

2. Es nula la resolución número 430 del 26 de noviembre de 2007, expedida por el mismo funcionario Alcalde, mediante la cual se decidió confirmar la resolución antes mencionada.

3. Para proveer sobre el restablecimiento de los derechos que han sido lesionados a los demandantes ordenase dar aplicación al numeral 7 del artículo 71 de la Ley 388 de 1997. En tal virtud , para efectos del referido restablecimiento del derecho y para el reconocimiento y liquidación de la indemnización de perjuicios debida, ha de tenerse en cuenta: i) que el municipio a pesar de que solo requería 15 Has., expropió la totalidad del inmueble de Santa Lucía, ubicado en el Municipio de San Carlos de Guaroa, Departamento

1 señores Olga Lucía Cruz Castro, Ana Graciela Cruz Castro, Ricardo Cruz Castro, Esther Cruz Castro, Gonzalo Cruz Castro, María Inés Cruz Castro, María Del Carmen Cruz Castro, Alfredo Cruz Castro y Lucila Cruz Castro.

2 El expediente ingresó al Despacho del magistrado ponente el 30 de enero de 2023.2

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

del Meta, con una extensión de 205 Has., con 1.410 mts.,; ii) que se realizó la tradición del dominio sobre la totalidad del inmueble cuando solo se requería 15 Has., privando de la propiedad ilegalmente a los demandante, así como los frutos naturales y civiles que producía la porción del bien expropiada en exceso; iii) que se destruyó parte importante del bosque nativo de predio en cuestión y que se afectaron las fuentes de agua; iv) lo que dispone el literal d) del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, que dice: “La orden de pago del valor que a título de restablecimiento del derecho lesionado debe pagar adicionalmente la administración…, cuando la administración haya utilizado completamente el bien expropiado”. Ello en razón a que al expropiar más de lo req uerido, realmente utilizó la totalidad del bien expropiado”.

4. Las condenas que se impongan serán actualizadas en su valor y devengarán intereses comerciales de mora a partir de la ejecutoria de la sentencia, según los artículos 177 y 178 del C.C.A […].

2. El conocimiento del asunto le correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo del Meta que, mediante sentencia de 2 de agosto de 2011, decidió lo

siguiente:

[…] PRIMERO: Declarar nulas las resoluciones No. 209 del 11 de julio de 2007 y la No. 430 del 26 de noviembre del mismo año , expedidas por el Alcalde

siguiente:

[…] PRIMERO: Declarar nulas las resoluciones No. 209 del 11 de julio de 2007 y la No. 430 del 26 de noviembre del mismo año , expedidas por el Alcalde Municipal de San Carlos de Guaroa (Meta) a través de las cuales se ordenó la expropiación parcial de la finca “Santa Lucía” ubicada en la vereda Giramena de esa localidad y se confirma la primera decisión menciona (sic), respectivamente; en consecuencia se ordena el restablecimiento del derecho y se condena al pago de la correspondiente indemnización.

SEGUNDO: A manera de restablecimiento del derecho , se ordena al MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA , que en cabeza de su alcalde, suspenda en forma inmediata todas las acciones y operaciones que viene realizando en la finca “ Santa Lucía” ubicada en la vereda Giramena de esa localidad y propiedad de los aquí demandantes.

TERCERO: Condenar al MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA a indemnizar a los demandantes por los perjuicios causados con los actos acusados en la forma, términos y cuantía que se demuestre mediante incidente de liquidación, como consecuencia del uso y destinación del bien como depósito y lugar de tratamiento de basuras. El incidente deberá ser promovido por la parte interesada dentro de sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, según lo señalado en las consideraciones […] (subrayas fuera del texto).

3. Cabe poner de relieve que, aunque la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra del referido fallo, también lo es que el a quo, en desarrollo de la audiencia de conciliación 3 de que trata el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 43. Cabe poner de relieve que, aunque la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra del referido fallo, también lo es que el a quo, en desarrollo de la audiencia de conciliación 3 de que trata el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 4modificado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 -, declaró desierto el mismo, en tanto que se configuró el supuesto previsto en el parágrafo único de la aludida disposición

3 Cfr. Folios 279 del cuaderno principal número 2 de primera instancia.

4 «ARTÍCULO 70. <Ver modificaciones directamente en la Ley 640 de 2001> Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente:

En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso».3

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

normativa, esto es, que la inasistencia de la entidad condenada a la mencionada diligencia dio lugar al rechazo automático del recurso de alzada.

4. Tal decisión fue ratificada por el juez de primera instancia, a través de providencia de 15 de mayo de 20115.

diligencia dio lugar al rechazo automático del recurso de alzada.

4. Tal decisión fue ratificada por el juez de primera instancia, a través de providencia de 15 de mayo de 20115.

5. Así las cosas, y conforme se advierte de la constancia secretarial visible en el folio 311 del cuaderno principal número 2 del expediente ordinario, el fallo de 2 de agosto de 2011 quedó debidamente ejecutoriado el 25 de mayo de 2012.

I.2. Del incidente de liquidación de perjuicios

6. El apoderado judicial del extremo accionante , dentro de la oportunidad procesal correspondiente6, solicitó la liquidación de la condena en abstracto contenida en la sentencia de 2 de agosto de 2011, en los siguientes términos:

[…] c) En razón de que el valor del lucro cesante corresponde "al valor de la indemnización debida por la privación temporal de la propiedad, el uso y destinación que la administración le dio al bien" , su liquidación es equivalente al 6% anual sobre el valor del predio en que se estima la utilización del mismo por el municipio de San Carlos de Guar oa, que equivale al 0,05% mensual por el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2007, fecha en que se produjo la expropiación del bien y el 27 de octubre de 2012, fecha probable de la liquidación de la condena. O sea que el valor del lucro cesante asciende a la suma de $76.981.377.

d) En la sentencia también se ordena indemnizar, de acuerdo con lo que dispone la ley, el valor de la indemnización debida por la privación temporal de la propiedad, el uso y destinación dados al bien, o sea que igualmente se debe

d) En la sentencia también se ordena indemnizar, de acuerdo con lo que dispone la ley, el valor de la indemnización debida por la privación temporal de la propiedad, el uso y destinación dados al bien, o sea que igualmente se debe indemnizar el daño emergente producido en razón de la utilización del inmueble, pues los demandantes al recuperar en forma total la titularidad del bien expropiado (ordinal 4º de la parte resolutiva de la sentencia), lo deben recibir en el mismo estado en que se encontraba cuando se produjo su afectación con motivo de la expedición de las resoluciones que decretaron su expropiación. En tal virtud, se requiere restaurar el área afectada por el funcionamiento del basurero y, por consiguiente, para calcular el daño emergente, de conformidad con los criterios técnicos, ambientales y económicos que más adelante se describen […] (negrillas del original).

7. En síntesis, lo que se discute e n el trámite incidental de la referencia es la tasación de los perjuicios eventualmente causados a los demandantes como consecuencia de los actos administrativos expropiatorios demandados, es decir, por la privación temporal de la propiedad, el uso y destinación que la administración le dio al bien expropiado, los daños por destrucción de bosques y afectación de corrientes de aguas, así como el lucro cesante.

8. Para la demostración de los anteriores perjuicios, la parte actora solicitó el decreto y práctica de los siguientes medios de convicción:

5 Cfr. Folios 300 a 302 del cuaderno principal número 2 de primera instancia.

6 Esto es, dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria, conforme lo dispone el artículo 172 del CCA.4

5 Cfr. Folios 300 a 302 del cuaderno principal número 2 de primera instancia.

6 Esto es, dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria, conforme lo dispone el artículo 172 del CCA.4

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

[…] 1) Las pruebas incorporadas al proceso.

1. El dictamen pericial elaborado por la Ingeniera Ambiental NELSY LOZANO CANTOR , el cual consta de 42 folios, más la carta remisoria, la carátula y sus anexos. Solicito se corra traslado a la contraparte para efectos de su contradicción.

1. Que se ordene la práctica de un dictamen pericial, como lo ordena la sentencia, en el evento de que el Tribunal lo considere necesario, con el fin de establecer el monto de los perjuicios ocasionados a los demandantes por concepto de lucro cesante y daño emergente, con motivo de la utilización parcial por el Municipio de San Carlos de Guaro del predio "Santa Lucía" como depósito y tratamiento de basuras, y conforme a la estimación razonada hecha por el suscrito en el capítulo de "LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS" del presente memorial […] (negrillas fuera del texto).

9. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 9 de octubre de 2012, ordenó correr traslado de la solicitud de apertura de incidente de liquidación de perjuicios -por el término de tres (3) díasal municipio de San Carlos de Guaroa7.

ordenó correr traslado de la solicitud de apertura de incidente de liquidación de perjuicios -por el término de tres (3) díasal municipio de San Carlos de Guaroa7.

I.3. Contestación del incidente de liquidación de perjuicios

10. El apoderado del municipio de San Carlos de Guaroa descorrió el traslado de la solicitud de liquidación de perjuicios e indicó lo siguiente8:

10.1. En relación con el lucro cesante, señaló que la suma de $245.126.247, liquidada por los demandantes en la solicitud de l iquidación de perjuicios, era desacertada por las siguientes razones:

[…] Este cálculo no corresponde con la realidad, ya que al valor del peritazgo se le debe descontar $123.000.000, valor pagado por el Municipio de San Carlos de Guaroa por la expropiación administrativa del lote en mención ; así que el valor de lucro cesante es el resultado de restarle a $ 225.000.000 (…) los $123.000.000 de pesos pagados a los demandantes por el lote, luego se hace la actualización según el IPC, para seguidamente aplicar los intereses de mora de 6% anual:

225.000.000 Valor del lote según peritazgo producido en el proceso -123.000.000 Valor pagado por el lote 102.000.000

$102.000.000 los cuales se actualizarán con el IPC entre el 30 de julio de 2009 (102,18) y el 30 de julio de 2012.

Donde la forma de actualización es:

Valor del lote X IPC final = Valor del lote a 30 de julio de 2012. IPC inicial

(102,18) y el 30 de julio de 2012.

Donde la forma de actualización es:

Valor del lote X IPC final = Valor del lote a 30 de julio de 2012. IPC inicial

102.000.000 X 111,32 = 111.123.389 102,18

7 Cfr. Folio 58 del cuaderno No. 1 del incidente de liquidación de perjuicios.

8 Cfr. Escrito visible de folio 112 a 116 del cuaderno No. 1 del incidente de liquidación de perjuicios.5

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

Tenemos entonces que el valor del predio indexado a 30 de julio de 2012 es la suma de CIENTO ONCE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 111.123.389), la cual se tomará como base para calcular el lucro cesante.

Si el valor del interés moratorio es del 6% anual, quiere decir ello que el valor mensual de dicho interés es de 0,5%.

Un mes de interés vencido equivale a:

Valor mensual interés moratorio = Capital X Interés moratorio 100

111.123.389 X 0,5 = 55,616 100

El valor de un mes de interés moratorio es la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($555.617). (…) El periodo anteriormente relacionado comprende 59 meses, así que el valor del

El valor de un mes de interés moratorio es la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($555.617). (…) El periodo anteriormente relacionado comprende 59 meses, así que el valor del lucro cesante asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MI L CUATROCIENTOS TRES PESOS

($32.781.403) […].

10.2. En cuanto al daño emergente, señaló que el dictamen aportado por la parte demandante incurría en un error grave porque la ingeniera Nelcy Lozano Cantor, quien elaboró la prueba técnica , «[…] jamás estuvo en la finca Santa Lucía en el lugar de disposición de residuos sólidos , situación que no le permite abordar un concepto con el alcance de niveles técnicos y de confiabilidad que le permiten producir un medio probatorio […]».

11. También adujo que la liquidación efectuada por el apoderado de los demandantes incurría en un error aritmético al liquidar la totalidad de la condena porque el valor totalizado del lucro cesante y de l daño emergente, ascendía a la suma de $614.395.076 y no de $909.266.616. Al respecto señaló:

[…] De conformidad con lo hasta aquí debatido me permi to relacionar los factores correctos de la liquidación de perjuicios, para que el honorable Tribunal los tenga en cuenta para definir el valor a pagar a los demandantes en el presente proceso:

A. Liquidación correcta del lucro cesante con corte a 27 de octubre de 2012 fecha contemplada por el abogado de los accionantes:

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL

presente proceso:

A. Liquidación correcta del lucro cesante con corte a 27 de octubre de 2012 fecha contemplada por el abogado de los accionantes:

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS TRES PESOS ($32.781.403)

B. El daño emergente será el obtenido por un perito designado por el Honorable Tribunal de acuerdo con la solicitud de prueba que adelante presentaré, ya que el concepto técnico presentado por la I ngeniera NELCY LOZANO CANTOR, carece de validez por error grave como ya se explicó por lo tanto no debe ser tenido en cuenta […].6

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

12. Finalmente, solicitó el decreto y práctica de la siguiente prueba: «[…] se decrete una prueba pericial, que establezca cantidades y valores de las obras que se requieren realizar para la clausura y post -clausura del sitio de disposición de basuras, para que una vez en firme el peritazgo, el Municipio ejecute las obras que correspondan a fin de restablecer el derecho de los accionantes […]».

I.4. Decreto y práctica de pruebas en el trámite incidental

13. Surtida la etapa de traslado e intervenciones procesale s, la magistrada conductora del proceso, a través de auto de 8 de noviembre de 2017, en relación con el decreto y práctica de las pruebas solicitadas en el trámite incidental, resolvió

lo siguiente:

[…] SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA

conductora del proceso, a través de auto de 8 de noviembre de 2017, en relación con el decreto y práctica de las pruebas solicitadas en el trámite incidental, resolvió lo siguiente:

[…] SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA

1. PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE:

Se tendrá como prueba la practicada oportunamente en el proceso principal por obrar en el expediente , tal como lo permite la parte final del numeral segundo del artículo 137 del C.P.C.

2. EXPERTICIO APORTADO:

Se tendrá en cuenta la experticia allegada a folios 10 -57 del cuaderno de incidente por la parte demandante (incidentante), y para garantizar el derecho de contradicción a la parte contraria, se le corre traslado por el término de tres (3) días, previsto en el artículo 238 del C.P.C., para que solicite complementación, aclaración u objeción por error grave.

Asimismo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, se requiera a la parte actora para que se aporten los documentos que acrediten la idoneidad y experticia de la profesional que realizó la experticia.

Finalmente, sobre la audiencia de que trata la norma aludida en precedencia, se decidirá en la oportunidad que corresponda, acerca de la celebración de la misma.

3. DICTAMEN PERICIAL:

Sobre el dictamen pericial se resolverá más adelante.

(…)

SOLICITADAS POR AMBAS PARTES

1. DICTAMEN PERICIAL:

Por ser procedente se decreta el dictamen pericial solicitado tanto por la

Sobre el dictamen pericial se resolverá más adelante.

(…)

SOLICITADAS POR AMBAS PARTES

1. DICTAMEN PERICIAL:

Por ser procedente se decreta el dictamen pericial solicitado tanto por la parte actora, acápite de “PRUEBAS”, numeral 3 (fol. 8 C. Incidente), como por la entidad demandada, acápite de “PRUEBAS” (fol. 115 C. Incidente).

Se advierte que la experticia deberá tener en cuenta los parámetros establecidos en las consideraciones de la providencia proferida esta (sic)7

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

corporación el 2 de agosto de 2011, ordinal VII “Del restablecimiento del derecho” (fols. 257-260 del cuaderno principal 2).

Para lo cual debe tenerse en consideración que en este momento no existe Lista de Auxiliares de la Justicia p ara el cargo de perito, ya que mediante Acuerdo No. PSAA15 -10448 de diciembre 28 de 2015, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se señaló en su artículo 28 que Las listas de auxiliares de la justicia actualmente vigent e se aplicaran hasta el 31 de marzo de 2017", aunado a que mediante Resolución No. DESAJVIO17-1114 del 30 marzo de 20174, al aplicarse a partir del 1 de abril de 2017, lo dispuesto en los numerales 2 y 7 del artículo 48 del CGP, respecto de aquellos cargos, no se realizó lista de peritos.

de 2017, lo dispuesto en los numerales 2 y 7 del artículo 48 del CGP, respecto de aquellos cargos, no se realizó lista de peritos.

Sin embargo, como quiera que el presente proceso se adelanta bajo el sistema escritural, el estatuto aplicable es Código de Procedimiento Civil, el Despacho dará cumplimiento a la parte final del literal b del numeral 1 d el artículo 9 y el artículo 243 ibidem.

En consecuencia, por Secretar ía ofíciese al Presidente de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES, para que allegue un listado de profesionales con los conocimientos necesarios para practicar la pericia, adicionalmente, deberá informar el costo de aquella , para lo anterior remítase copia del incidente, la contestación y la sentencia aludida.

Para tal efecto, se le otorga el término de diez (10) días, contados a partir del recibo del respectivo oficio.

Se advierte que , la parte interesada deberá adelantar las gestiones necesarias para lograr la consecución de la prueba […].

14. A partir de la lectura del auto en cita, esta Sala Unitaria advierte que fueron tres los medios de prueba decretados por el juez de instancia para la resolución de la

controversia en el trámite incidental, a saber:

15. (i) Las pruebas debidamente practicadas en el proceso ordinario que dio lugar a la sentencia condenatoria;

16. (ii) El dictamen pericial aportado con la solicitud incidental, esto es, el rendido por

la ingeniera ambiental Nelsy Lozano Cantor (fol. 10 a 53 del cuaderno No. 1 del incidente de liquidación de perjuicios), y

16. (ii) El dictamen pericial aportado con la solicitud incidental, esto es, el rendido por

la ingeniera ambiental Nelsy Lozano Cantor (fol. 10 a 53 del cuaderno No. 1 del incidente de liquidación de perjuicios), y

17. (iii) El dictamen pericial solicitado por ambas partes, cuya finalidad era la de «[…] establecer el monto de los perjuicios ocasionados a los demandantes por concepto de lucro cesante y daño emergente, con motivo de la utilización parcial por el Municipio de San Carlos de Guaro a del predio "Santa Lucía" como depósito y tratamiento de basuras, y conforme a la estimación razonada hecha por el suscrito en el capítulo de "LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS" del presente memorial […]».

18. El Tribunal Administrativo del Meta , para efectos de la práctica del dictamen pericial solicitado por ambas partes, designó al ingeniero Henry Alberto Suelta8

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

Gaitán9. En audiencia pública de 11 de junio de 2019, se le dio posesión como perito al referido profesional y, adicionalmente, se ordenó a las partes cancelar la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) , por concepto de gastos de papelería, elaboración del informe, viáticos, transporte y exposición de resultados de la experticia solicitada por estas.

19. En el proveído de 11 de junio de 2019, se les indicó expresamente a los sujetos

elaboración del informe, viáticos, transporte y exposición de resultados de la experticia solicitada por estas.

19. En el proveído de 11 de junio de 2019, se les indicó expresamente a los sujetos procesales lo siguiente: «[…] deberán consignar dicha suma -haciendo referencia a los gastos de pericia - en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes de la Secretaría de ésta (sic) corporación dentro de los diez (10) días hábiles […]» . En contra de esta determinación, no se presentó ningún recurso, como tampoco se manifestó la imposibilidad de cumplir dicha orden.

20. Seguidamente, el a quo, en atención a que había fenecido el plazo otorgado para que las partes sufragaran los costos asociados a la elaboración de la de pericia por estas, decidió10 dar por desistida la prueba pericial, en aplicación del numeral 6° del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil -CPC-.11.

21. El 20 de agosto de 2019, los demandantes consignaron la suma ordenada por la autoridad judicial y solicitaron que se revocara el auto de 10 de julio de 2019, que tuvo por desistida la prueba pericial. El Tribunal, a través de la providencia de 6 de noviembre de 2019, denegó el recurso de reposición incoado y ordenó la devolución del dinero cancelado por la parte demandante.

22. El apoderado judicial del extremo accionante presentó recurso de reposición en contra del auto de 6 de noviembre de 2019, que ordenó la devolución del título judicial de los demandantes, para que se ordenara al perito rendir el dictamen pericial. El recurso en cuestión fue denegado por el juez de pr imera instancia a

contra del auto de 6 de noviembre de 2019, que ordenó la devolución del título judicial de los demandantes, para que se ordenara al perito rendir el dictamen pericial. El recurso en cuestión fue denegado por el juez de pr imera instancia a través de la providencia de 12 de febrero de 2020. Igualmente, se corrió traslado de la objeción formulada por la parte demandada sobre el dictamen aportado por los demandantes en la solicitud de liquidación de perjuicios.

23. Los demandantes, mediante escrito radicado el 5 de marzo de 2020, se opusieron a las objeciones formuladas por el apoderado del municipio de San Carlos de Guaroa e indicaron que los argumentos esgrimidos carecían de seriedad, ya que no era necesario que la perito se trasladara hasta el inmueble para elaborar el dictamen pericial.

9 Cfr. Auto de 4 de abril de 2019, visible de folios 218 a 219 del cuaderno No. 2 del incidente de liquidación de perjuicios.

10 Cfr. Auto de 10 de julio de 2019, visible de folios

11 «Artículo 236. petición, decreto de la prueba y posesión de los peritos. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 109 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para la petición, el decreto de la prueba y la posesión de los peritos, se observarán las siguientes reglas: (…)

6. Si dentro del término señalado no se consignare la suma fijada, se considerará que quien pidió la prueba desiste de ella, a menos que la otra parte provea lo necesario. Sin embargo, podrá el juez ordenar a

(…)

6. Si dentro del término señalado no se consignare la suma fijada, se considerará que quien pidió la prueba desiste de ella, a menos que la otra parte provea lo necesario. Sin embargo, podrá el juez ordenar a los peritos que rindan el dictamen si lo estima indispensable, aplicando lo dispuesto en los artículo 388 y 389 para el pago de los gastos […]».9

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00128-01

Demandante: SINAÍ CRUZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

II. PROVIDENCIA APELADA

24. El Tribunal Administrativo del Meta, a través del auto de 14 de julio de 2022, negó la solicitud de liquidación de perjuicios solicitada por los demandantes, con sustento

en las siguientes consideraciones:

24.1. En primera medida, sostuvo que a través de la sentencia de 2 de agosto de 2011, el Tribunal condenó al municipio de San Carlos de Guaroa a «[…] pagar a los demandantes los perjuicios causados con los actos com o consecuencia del uso y destinación del bien como depósito y lugar de tratamiento de basuras; estableciéndose además que, la administración materialmente expropió la cantidad de 15 hectáreas para el propósito y tratamiento de basuras, y que el valor de ca da hectárea era de $15.000.000, sin embargo, debía determinarse a través del presente trámite incidental el valor de la indemnización debida por la privación temporal de la propiedad, el uso y destinación que la Administración le dio al bien, los daños por destrucción de bosques y afectación de corrientes de aguas, como el lucro cesante , que si bien según los demandantes este último

temporal de la propiedad, el uso y destinación que la Administración le dio al bien, los daños por destrucción de bosques y afectación de corrientes de aguas, como el lucro cesante , que si bien según los demandantes este último consistía en el 6% del valor del predio, con base en el interés civil anual, en la providencia quedó sujeta la condena a su de mostración a través del presente trámite incidental […]».

24.2. Sobre el particular refirió que, una vez efectuado el análisis del material probatorio recaudado tanto en el proceso principal como en el trámite incidental, no obraba prueba que acreditara la causación de los perjuicios solicitados por el extremo accionante.

24.3. Como sustento de la anterior premisa, señaló que en el proceso principal ya habían sido valoradas las pruebas arrimadas, lo que significa que éstas no ofrecieron elementos d e convicción suficientes para encontrar demostrados los perjuicios alegados por los accionantes y, por ende, tales medios demostrativos no resultaban determinantes para resolver la cuestión planteada en el trámite de liquidación de la condena en abstracto.

24.4. Del mismo modo, indicó que en el trámite incidental tampoco se logró demostrar la causación de los perjuicios invocados por los demandantes, en razón a que: (i) se encontró probada la objeción por error grave respecto del dictamen pericial elaborado por l a ingeniera ambiental Nelcy Lozano Cantor , lo que impidió su debida valoración , y (ii) no se logró practicar la prueba pericial decretada a solicitud de ambas partes, esto es, la encaminada a que se tasaran los perjuicios

su debida valoración , y (ii) no se logró practicar la prueba pericial decretada a solicitud de ambas partes, esto es