CE - 012331000201100222021AUTOQUEDECIDE20230609094230

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Número único de radicación: 180012331000201100222-02

Actora: Ligia Johana Pineda Ramírez Demandados: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Departamento del Caquetá, Municipio de San Vicente del Cagu án y Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios

“Aguas del Caguán S.A. E.S.P. Mixta”

Asunto: Resuelve sobre una consulta de sanción por desacato

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala resuelve sobre la consulta de la sanción por desacato impuesta por el Tribunal Administrativo de l Caquetá, mediante auto de 17 de junio de 2022 , al señor Julián Perdomo Losada, en calidad de Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. La señora Ligia Johana Pineda Ramírez presentó demanda, en ejercicio del respectivo medio de control , contra la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y

I. ANTECEDENTES

1. La señora Ligia Johana Pineda Ramírez presentó demanda, en ejercicio del respectivo medio de control , contra la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Departamento del Caquetá, el Municipio de San Vicente del Caguán y la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios “Aguas del Caguán S.A. E.S.P. Mixta”, con el2

Número único de radicación: 180012331000201100222-02

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objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a la seguridad y salubridad pública ; iii) al acceso a una infraestructura de servicios que ga rantice la salubridad pública; iv) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y v) los derechos de los consumidores y usuarios, presuntamente vulnerados por las parte demandada.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERA: Que se protejan los siguientes derechos colectivos consagrados en la Ley 472 de 1998, artículo 4, relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;… g) La seguridad y salubridad p ública;… h) El

sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;… g) La seguridad y salubridad p ública;… h) El acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;… j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y n) Los derechos de los consumidores y usuarios.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Municipio de San Vicente del Caguán y a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios “Aguas del Caguán S.A. E.S.P. Mixta”, diseñar los estudios y ejecutar en tiempo improrrogable, obras de nuevas redes colectoras d e aguas […] [residuales] y de aguas lluvias que satisfagan las necesidades de alcantarillado de los usuarios del sector o Barrio La Consolata y se incluya dentro de un Plan Maestro de

Alcantarillado.

TERCERA: Igualmente y de conformidad con la Ley 142, artículos 7 y 8, ordenar a la Nación (Ministerio de Ambiente) y al Departamento del Caquetá, apoyar financiera, técnica y administrativamente al Municipio de San Vicente del Caguán y a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios “Aguas del Caguán S.A.

E.S.P. Mixta” para que se lleven a cabo estas obras de alcantarillado en el Barrio La Consolata de dicho municipio. […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

3.1 Afirmó que los residentes del Barrio La Consolata del Municipio de San

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

3.1 Afirmó que los residentes del Barrio La Consolata del Municipio de San Vicente del Caguán no tenían una infraestructura adecuada para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

1 Cfr. Folio 3 del expediente.3

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3.2 Indicó que , como consecuencia de dicha situación, la comunidad era receptora de malos olores y contaminación generada por las aguas residuales, que generaban enfermedades entre sus habitantes, especialmente niños y ancianos.

3.3 Señaló que la situación se veía agravada por el debilitamiento de la estructura de las viviendas , con ocasión a la humedad y el estancamiento subterráneo de las aguas residuales.

Sentencia proferida, en primera instancia

4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 13 de

diciembre de 20162, resolvió:

“[…] SEGUNDO.- PROTEGER los derechos e intereses colectivos de: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y l as dispo siciones reglamentarias, b) La seguridad y salubridad pública , c ) El acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y d) El

y l as dispo siciones reglamentarias, b) La seguridad y salubridad pública , c ) El acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y d) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna , de acuerdo a los argumentos expresados en esta providencia.

TERCERO.- ORDENAR a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios “Aguas del Caguán S.A. E.S.P. Mixta”, que en un término no mayor a un mes de ejecutoriada esta sentencia realice las gestiones necesarias, administrativas, técnicas, financieras y presupuestales, para q ue amplíen la cobertura de la prestación del servicio público de alcantarillado y la red de captación de aguas lluvias y […] [residuales] de la parte alta del Barrio La Consolata del Municipio de San Vicente del Caguán y en un plazo no mayor a un año ejecu te las obras necesarias para ampliar la cobertura del alcantarillado en la zona alta de La Consolata y la red de aguas lluvias y […] [residuales] de este mismo sector.

CUARTO.- ORDÉNASE al Municipio de San Vicente del Caguán, en calidad de responsable di recto del saneamiento ambiental, ejerza las funciones que le corresponde, vele porque la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo sea eficiente y exija a la empresa prestadora de los servicios públicos, realice los actos y gestiones para que la prestación de estos sea eficiente, además, de no cumplir la Empresa Prestadora con lo que ordena esta providencia, le corresponderá al Municipio ejecutarla y sin perjuicio de las acciones que éste realice contra aquella. […].

cumplir la Empresa Prestadora con lo que ordena esta providencia, le corresponderá al Municipio ejecutarla y sin perjuicio de las acciones que éste realice contra aquella. […].

NOVENO.- CONFORMAR una comisión para verificar el cumplimiento de la presente decisión la cual estará integrada por las partes, el Defensor del Pueblo y el Personero del Municipio de San Vicente del Caguán. […]”.

5. El Municipio de San Vicente del Caguán 3 presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.

2 Cfr. Folios 729 a 743 del expediente. 3 A través de apoderado.4

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Sentencia proferida, en segunda instancia

6. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de

junio de 20184, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal segundo de la sentencia de 13 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá, que protegió los derechos e intereses colectivos: al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitució n, la Ley y las disposiciones reglamentarias; la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos ya que su prestación sea eficiente y oportuna.

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia de 13 de

de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos ya que su prestación sea eficiente y oportuna.

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia de 13 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de acuerdo con las razones explicadas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales

quedarán plasmados de la siguiente manera:

TERCERO.- ORDENAR al Municipio de San Vicente del Caguán que, en un término no mayor a un mes de ejecutoriada esta sentencia realice las gestiones necesarias, administrativas, técnicas, financieras y presupuestales, para que amplié la cobertura de la prestación del servicio público de alcantarillado y la red de captación de aguas lluvias, residuales y servidas del barrio la Consolata del Municipio de San Vicente del Caguán, de tal forma que i) la parte alta del Barrio La Cons olata cuente con la infraestructura necesaria para gozar del servicio público de alcantarillado y ii) la parte baja del Barrio La Consolata disponga de infraestructura para la captación de aguas lluvias, residuales y servidas, y en un plazo no mayor a un a ño se ejecuten las obras necesarias para el efecto.

CUARTO.- ORDENAR al Municipio de San Vicente del Caguán, en calidad de responsable directo del saneamiento ambiental, ejerza las funciones que le corresponde, vele porque la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo sea eficiente en el Barrio La Consolata. […].

TERCERO: EXHORTAR a los habitantes del Barrio La Consolata para que eviten llevar a cabo conductas que eventualmente pueden ser nocivas para el medio

acueducto, alcantarillado y aseo sea eficiente en el Barrio La Consolata. […].

TERCERO: EXHORTAR a los habitantes del Barrio La Consolata para que eviten llevar a cabo conductas que eventualmente pueden ser nocivas para el medio ambiente.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 13 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá […]”.

Trámite del incidente de desacato

7. El Defensor Regional del Pueblo de Caquetá presentó escrito de 16 de enero de 2020 5, en cumplimiento a lo ordenado en el ordinal noveno de la sentencia de 13 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del

4 Cfr. Folios 877 a 902 del expediente. 5 Cfr. Folios 964 a 997 del expediente.5

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Caquetá, confirmado en el ordinal cuarto de la sentencia de 15 de junio de 2018 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el cual informó que el Municipio de San Vicente del Caguán había dado cumplimiento parcial a las órdenes judiciales referidas supra.

Requerimiento previo a la apertura del incidente de desacato

8. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante auto de 27 de enero de 20206, requirió al Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán para que allegara un informe detallado sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas.

8. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante auto de 27 de enero de 20206, requirió al Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán para que allegara un informe detallado sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas.

Contestación al requerimiento previo

9. El Municipio de San Vicente del Caguán7 presentó escrito de 26 de febrero de 20208, por medio del cual manifestó que suscribió el Convenio de Cooperación núm. 039 de 22 de noviembre de 2019, cuyo objeto contractual consistía en “[…] aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos y financieros para la construcción del tramo de alcantarillados de aguas residuales del barrio La Consolata del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá […]” e informó que, para la fecha, ya se había ejecutado el 100% de las actividades establecidas en el convenio.

10. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante auto de 21 de julio de 20219, requirió al Defensor Regional del Pueblo de Caquetá para que allegara un informe evaluativo sobre el cumplimiento a las órdenes judiciales proferidas por el juez de la acción popular.

11. El Defensor Regional del Pueblo de Caquetá presentó escrito de 5 de noviembre de 2021 10, en el cual manifestó “[…] se puede llegar a concluir que frente al cumplimiento del fallo de Acción Popular Rad. 2011-00222, se encuentra en aparente estado de PARCIALMENTE CUMPLIDA, teniendo en cuenta que según las manifestaciones del señor Presidente de la Junta de Acción Comunal

6 Cfr. Folio 999 del expediente. 7 A través de apoderado.

en aparente estado de PARCIALMENTE CUMPLIDA, teniendo en cuenta que según las manifestaciones del señor Presidente de la Junta de Acción Comunal

6 Cfr. Folio 999 del expediente. 7 A través de apoderado. 8 Cfr. Folios 1005 a 1009 del expediente. 9 Cfr. Índice 2 SAMAI, “[…] 08AutoRequierePopular.pdf […]”. 10 Cfr. Índice 2 SAMAI, “[…] 13RespOficio1390DefenPueblo.pdf […]”.6

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del Barrio La Consolata, la entidad accionada solo realizo la construcción de alcantarillado y la red de captación de aguas lluvias y […] [residuales] en la parte baja de dicho barrio, olvidando, que según lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado, la misma fue modificada, ampliando el eje de acción en su pa rte resolutiva que al tenor dispuso: […] "i) la parte alta del Barrio La Consolata cuente con la infraestructura necesaria para gozar del servicio público de alcantarillado ” […]”.

Apertura del incidente de desacato

12. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de l Caquetá, mediante auto de 7 de febrero de 202211, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DAR INICIO de Oficio al trámite incidental tendiente a establecer si el señor Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán , se hace

mediante auto de 7 de febrero de 202211, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DAR INICIO de Oficio al trámite incidental tendiente a establecer si el señor Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán , se hace merecedor o no a la sanción por desacato al fallo proferido dentro de este proceso por esta Corporación, Sentencia calendada del 13 de diciembre de 2016, Radicado 2011-00222 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, modificada mediante providencia del 15 de junio de 2018, por el Consejo de Estado.

SEGUNDO: CORRASE traslado de esta decisión por el término de un (1) día al señor Alcalde del Municipio de San Vicente del Caguán en calidad de incidentado, para que conteste y pida las pruebas que pretenda hacer valer. […]”

(Destacado fuera de texto).

Intervención de la parte demandada en el incidente de desacato

13. El Municipio de San Vicente del Caguán12 presentó escrito de 10 de febrero de 202213 en el que reiteró que suscribió el Convenio de Cooperación núm. 039 de 22 de noviembre de 2019 y comunicó que suscribió el Contrato de Obra núm. 378 de 30 de diciembre de 2020, con el fin de construir una nueva red de alcantarillado.

Auto objeto de la consulta

14. El Tribunal Administrativo de l Caquetá, mediante auto de 17 de junio de

202214, resolvió lo siguiente:

11 Cfr. Índice 2 SAMAI, “[…] 17InicioIncidente.pdf […]”. 12 A través de apoderado.

14. El Tribunal Administrativo de l Caquetá, mediante auto de 17 de junio de

202214, resolvió lo siguiente:

11 Cfr. Índice 2 SAMAI, “[…] 17InicioIncidente.pdf […]”. 12 A través de apoderado. 13 Cfr. Índice 2 SAMAI, “[…] 22InformeAlcaldía.pdf […]”. 14 Cfr. Índice 2 SAMAI, “[…] 30AutoResuelveIncidente.pdf […]”.7

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“[…] PRIMERO: SANCIÓNASE con multa equivalente a diez (10) SMLMV al señor JULIÁN PERDOMO LOSADA, alcalde del municipio de San Vicente del Caguán, por incurrir en desacato de la orden emitida en sentencia del 13 de diciembre de 2016, emitida por esta Corporación, modificada por el Consejo de Estado mediante providencia del 15 de junio de 2018.

SEGUNDO: La multa impuesta en el numeral anterior deberá ser satisfecha dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, consignando el monto a favor del F ondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.

TERCERO: CONSÚLTESE con el H. Consejo de Estado esta decisión. Remítase el expediente.

CUARTO: En firme esta decisión, por secretaría remítase copia de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo, para su conocimiento y las gestiones que

el expediente.

CUARTO: En firme esta decisión, por secretaría remítase copia de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo, para su conocimiento y las gestiones que sean de su cargo. […]”.

15. El Tribunal c onsideró que se configuró el elemento objetivo de responsabilidad, debido a que, el Municipio de San Vicente del Caguán, al gestionar las obras de ampliación en la cobertura del servicio público de alcantarillado y la red de captación de aguas lluvias y residuales , dio un cumplimiento parcial a las órdenes judiciales , en especial, a las modificadas por la sentencia de 15 de junio de 2018 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual se dispuso garantizar la prestación de dicho servicio público en la parte alta del Barrio La Consolata.

16. Asimismo, consideró que se configuró el elemento subjetivo, por cuanto no se acreditó una circunstancia que justificara el incumplimiento ; en ese sentido, afirmó “[…] se hace patente la renuencia observada por el señor Alcalde Municipal Julián Perdomo Losada, quien desde que tomó la posesión del cargo –esto es, el primero de enero de 2020 – no ha realizado ninguna acción tendiente a cumplir las órdenes emitidas […]”.

II. CONSIDERACIONES

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes partes: i) la competencia; ii) los problemas jurídicos; iii ) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del incidente de desacato en el trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.8

desarrollo jurisprudencial del incidente de desacato en el trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.8

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Competencia

18. Vistos el artículo 41 de la Ley 472, sobre el desacato en las acciones populares, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 15, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la distribución de los procesos entre las secciones: la Sección Primera del Consejo de Es tado es competente para conocer de la consulta de la sanción por desacato impuesta mediante el auto proferido el 17 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

19. Agotados los procedimientos inherentes al incidente de desacato, sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver la consulta de la sanción impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante el auto proferido el 17 de junio de 2022.

Problemas jurídicos

20. Corresponde a la Sala determinar si la sanción impuesta al señor Julián Perdomo Losada, atiende o no el derecho al debido proceso.

20.1 En caso positivo, la Sala establecerá si se encuentran configurados o no los elementos objetivo y subjetivo, propios del ré gimen sancionatorio, y si la sanción se ajustó al principio de proporcionalidad.

20.1 En caso positivo, la Sala establecerá si se encuentran configurados o no los elementos objetivo y subjetivo, propios del ré gimen sancionatorio, y si la sanción se ajustó al principio de proporcionalidad.

21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a revocar, modificar o confirmar el auto objeto de la consulta.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del incidente de desacato en el trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

22. Visto el artículo 41 de la Ley 472, “[…] [l]a persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competent e en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50)

15 Por medio del cual se expide el Reglamento del Consejo de Estado9

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salarios mínimos mensuales con destino al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses […]”.

23. La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico.

24. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 16, la sanción por desacato de una orden judicial se enmarca en el régimen sancionatorio, es decir, es personal y no institucional; en consecuencia, el trámite debe garantizar al incidentado sus derechos de contradicción y de defensa.

desacato de una orden judicial se enmarca en el régimen sancionatorio, es decir, es personal y no institucional; en consecuencia, el trámite debe garantizar al incidentado sus derechos de contradicción y de defensa.

25. Asimismo, el juez, al resolver el incidente de desacato, debe verificar la

configuración de los siguientes elementos:

25.1 El elemento objetivo que exige determinar el alcance de la orden judicial objeto de cumplimiento, las personas que deben cumplirla, así como el plazo previsto para el efecto.

25.2 El elemento subjetivo, en virtud del cual, el juez determinará si se probó la renuencia, negligencia o desidia en acatar la orden judicial. En efecto, se debe tener en cuenta el grado de responsabilidad a título de culpa o dolo, así como las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta.

26. La Corte Constitucional, mediante la sentencia SU -034 de 2018, se refirió a los elementos objetivo y subjetivo en los siguientes términos:

“[…] De lo expuesto, se col ige que al momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de su destinatario.

Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el

ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.

Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró ac ciones positivas orientadas al

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 20 de febrero de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 850012333000201500323 05.10

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cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela […]”17.

27. En síntesis, el desacato tiene como finalidad lograr el acatamiento de la orden impartida por el juez constitucional, para lo cual cuenta con la posibilidad

medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela […]”17.

27. En síntesis, el desacato tiene como finalidad lograr el acatamiento de la orden impartida por el juez constitucional, para lo cual cuenta con la posibilidad de sancionar al responsable o responsables de ese incumplimiento, teniendo en consideración los elementos objetivo y el subjetivo de la responsabilidad, en razón a que resulta necesario determinar la inobservancia de la orden, así como el grado de tal responsabilidad, a título de culpa o dolo, de la persona o personas que estaban obligadas a actuar en pro del cumplimiento de la sentencia.

28. El trámite del incidente de desacato, en el marco de las acciones populares o del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, debe cumplir con las reglas que se exponen a continuación18:

28.1 El incidente de desacato procede de oficio o a solicitud de parte.

28.2 El trámite se inicia con el auto de apertura del incidente de desacato contra la persona natural encargada de cumplir la orden impartida por el juez de la acción popular o del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos; por lo tanto, en esa providencia se debe individualizar, en debida forma, a la persona re sponsable del cumplimiento para efectos de garantizar el debido ejercicio de los derechos de contradicción y de defensa. Es importante recordar que la sanción por desacato es personal y no institucional; es decir, la apertura del incidente no se debe reali zar contra la institución, la dependencia o el cargo en abstracto, sino individualizada respecto de quien está obligado al cumplimiento de la orden impartida en la providencia presuntamente incumplida.

apertura del incidente no se debe reali zar contra la institución, la dependencia o el cargo en abstracto, sino individualizada respecto de quien está obligado al cumplimiento de la orden impartida en la providencia presuntamente incumplida.

28.3 La providencia debe conceder un plazo razonable para que la persona de cuenta de la razón por la cual no ha cumplido la orden impartida y presente sus argumentos de defensa.

28.4 La providencia de apertura del incidente debe ser notificada, en debida forma, a la persona contra la cual se haya iniciado el respectivo trámite incidental.

17 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 20 de febrero de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 85001233300020150032305.11

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28.5 En el evento en que se haya solicitado la práctica de pruebas, el juez deberá proveer sobre estas, para lo cual determinará si son conducentes, pertinentes y útiles. Asimismo, decretadas las pruebas, el juez fijará un plazo para su práctica, acorde con los principios que rigen el trámite de las acciones populares o del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

28.6 Una vez practicadas las pruebas, el juez procederá a resolver el incidente

su práctica, acorde con los principios que rigen el trámite de las acciones populares o del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

28.6 Una vez practicadas las pruebas, el juez procederá a resolver el incidente de desacato, conforme a los parámetros expuestos en esta providencia, para lo cual deberá verificar si se acreditan los elementos objetivo y subjetivo.

28.7 La sanción que se imponga debe ser personal, proporcional, y establecer en forma precisa su monto. Asimismo, solamente s e podrá sancionar la persona respecto de la cual se inició el incidente de desacato, garantizándole sus derechos de contradicción y de defensa.

28.8 La providencia que resuelva el incidente de desacato deberá ser notificada en debida forma.

28.9 En caso de haberse impuesto sanción, el juez deberá remitir el expediente para surtir la consulta prevista en la Ley 472.

28.10 El trámite de desacato tiene por objeto el cumplimiento de las órdenes impartidas en la providencia y no la sanción en sí misma.

Análisis del caso concreto

29. De conformidad con el marco normativo desarrollado en la parte considerativa de esta providencia, la Sala procede a realizar el análisis y, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

30. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 19, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza

con las reglas de la sana cr