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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00059-02

Accionante: JUAN SEBASTIÁN REVELO CORAL

Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Referencia: Grado jurisdiccional de consulta en acciones de tutela. REVOCA

SANCIÓN

Grado jurisdiccional de consulta

La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta mediante auto de 21 de abril de 2023 a la señora Sandra Patricia Pinzón Camargo , en su condición de directora de la Unidad Prestadora de Salud de Sanidad de la Policía Nacional – Territorial Valle del Cauca, por el desacato de la sentencia de tutela de 11 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. La señora Deisy Johana Coral Tello, en representación de Juan Sebastián Revelo Coral -quien para esa época era menor de 18 años de edad-, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida , cuya vulneración le atribuyó a la Dirección de Sanidad de la Policía

Revelo Coral -quien para esa época era menor de 18 años de edad-, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida , cuya vulneración le atribuyó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Jefatura Área de Sanidad del departamento de Nari ño, en razón a la omisión de la accionada en garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud del representado, quien padece de las patologías de « […] Conjuntivitis Crónica, Queratocono muy avanzado y Queratoconjuntivitis Vernal Severa […]».

2. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 11 de febrero de 2015, amparó los derechos fundamentales de la parte accionante en los siguientes

términos:

[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, y a la vida del menor Juan Sebastián Revelo Coral”

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y al Área de Sanidad del Departamento de Policía de Nariño, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, autorice la prestación del servicio de transporte, alojamiento y alimentación del menor JUAN SEBASTIÁN REVELO CORAL y de un acompañante para ser atendido en la Clínica Oftalmológica de Cali.2

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Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

En virtud de la protección especial que requiere el accionante, por su condición de menor de edad los procedimientos médicos se deben ordenar sin ningún tipo de dilación

Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

En virtud de la protección especial que requiere el accionante, por su condición de menor de edad los procedimientos médicos se deben ordenar sin ningún tipo de dilación

TERCERO.- ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y al Área de Sanidad del Departamento de Policía de Nariño, a proporcionar todos aquellos servicios, procedimientos, medicamentos y demás prestaciones que se requieran para garantizar en debida forma el derecho a la salud y a la vida del menor JUAN SEBASTIÁN REVELO CORAL, inclusive el suministro de medicamentos no incluidos en el Vademecum institucional de conformidad con el concepto del médico tratante, respecto a su patología Conjuntivitis Crónica, Queratocono muy avanzado y Queratoconjuntivitis Vernal Severa, que dio lugar a la acción de tutela […].

3. El señor Juan Sebastián Revelo Coral, en nombre propio y mediante mensaje de datos enviado el 21 de marzo de 2023, solicitó la apertura de incidente de desacato en contra de la «[…] Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Jefatura Área de Sanidad Departamento de Policía (Valle – Cali) […]». Como fundamento de su solicitud indicó que, dadas las condiciones de su patología, requiere de cambiar sus lentes cada doce meses y que para el año 2023 requiere de unos lentes nuevos, a lo que agregó que «[…] en las citas a las que he asistido, he consultado esta situación y nadie me ha dado respuesta o trámite […]».

4. Para tal efecto allegó la orden médica de 4 de enero de 2023 , expedida por la médico-optómetra Nohora Elena Abello, en la que se dispuso «[…] Orden General

4. Para tal efecto allegó la orden médica de 4 de enero de 2023 , expedida por la médico-optómetra Nohora Elena Abello, en la que se dispuso «[…] Orden General Dos Lentes Atlantis Pro con hápticas tóricas […]».

5. Mediante auto de 24 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño requirió a la Brigadier General Sandra Patricia Pinzón Camargo, en su condición de directora de Sanidad de la Policía Nacional, así como al Jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca , para que rendieran informe respecto del cumplimiento del fallo de tutela de 11 de febrero de 2015.

6. La Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, mediante es crito de 30 de marzo de 202 3 y a través de jefe jurídica de la entidad, informó que entraron en contacto con el accionante y le informaron que «[…] debe presentarse el día 30 o 31 de marzo en el horario 08:00 a 11:00 am, en la cínica DEVAL tercer piso, cal le 48 # 86 -08 (…) para real izar el proceso y poder suministrase el elemento […]».

7. Además, allegó al proceso el «[…] ACTA DE NOTIFICACIÓN TELEFÓNICA

[…]».

8. Mediante auto de 10 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño dispuso «[…] [d]ar apertu ra al incidente de desacato interpuesto por Juan Sebastián Revelo Coral, contra la Dirección de Sanidad de la Policía NacionalUnidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca, representado por su Directora a la

dispuso «[…] [d]ar apertu ra al incidente de desacato interpuesto por Juan Sebastián Revelo Coral, contra la Dirección de Sanidad de la Policía NacionalUnidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca, representado por su Directora a la señora Brigadier General, Sandra Patricia Pi nzón Camargo […]». Igualmente, el a quo le concedió a la sancionada el término de tres días para que rindiera informe de cumplimiento del fallo de tutela.3

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Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

9. Las señoras Carolina Diez Naranjo y la Capitán Adriana Milena Manrique, en su condición de asesora jurídica de la Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca y Jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca, respectivamente, allegaron al proceso informe de cumplimiento de 14 de abril de

2023, en el que señalaron lo siguiente:

[…] Con relac ión a lo manifestado por el accionante en su escrito quien y conforme a las ordenes medicas aportadas, verificada por parte de la oficina de referencia y contra referencia se observa orden medica de fecha 04/01/2023 emitida en consulta por quien prescribe LENTES ATLANTIS PRO

CON HAPTICAS TORICAS.

Por tal razón resulta necesario aclarar que los procedimientos y servicios de salud que requiera por su patología y que no se encuentren cubiertos con los contratos vigentes deben surtirse bajo los preceptos de la normatividad, vigente en materia de contra tación estatal y empleo de recursos públicos, específicamente se debe cotizar en las IPS de la jurisdicción o Nivel Nacional

contratos vigentes deben surtirse bajo los preceptos de la normatividad, vigente en materia de contra tación estatal y empleo de recursos públicos, específicamente se debe cotizar en las IPS de la jurisdicción o Nivel Nacional según sea el caso, posteriormente se realiza solicitud de presupuesto, registros presupuestales y por ultimo elaboración de acto ad ministrativo como soporte para avalar el valor de los procedimientos y servicios cotizados.

El día viernes 15 de abril se remitirá al correo electrónico del usuario la documentación que corresponde, para que post eriormente se dirija a la entidad para la respectiva adaptación y entrega del elemento requerido.

Con relación a las gafas de “descanso” formuladas vía telefónica se le indic ó al usuario que debía presentarse el día 30 o 31 de marzo en el horario 08:00 a 11:00 am, en la clínica DEVAL tercer piso, calle 48 # 86-08 barrio el Caney en la ciudad de Cali para realizar el proceso y poder suministrarse el elemento.

De igual manera se emitió la siguiente autorización de servicios:

Autorización de servicios red e xterna No. 4854056 para MONTURAS 1

LENTES PLASTICOS MONOFOCALES TERMINADOS ESFERA 0,00 +- 3,00

CR 39 (PAR) 2 LENTES SERVICIO ADICIONAL DE FILTRO UV (PAR); entidad prestadora U.T. PROMO VDL.

El usuario manifiesta que desea que las gafas sean suministradas por la entidad clínica Oftalmológica, es importante indicar que actualmente no existe contrato vigente con dicha entidad para este servicio. Por lo cual el proceso para la prestación efectiva del mismo se debe realizar a través de la entidad

entidad clínica Oftalmológica, es importante indicar que actualmente no existe contrato vigente con dicha entidad para este servicio. Por lo cual el proceso para la prestación efectiva del mismo se debe realizar a través de la entidad contratada act ualmente. U.T. PROMO VDL. En ejecución del contrato red externa No. 066 -7-200017-22. Como se indicó el servicio se encuentra autorizado.

Al usuario se le está garantizando el servicio conforme a la formula emitida por el especialista. El objetivo es garan tizar la necesidad de la visión de acuerdo a la formulación de las gafas, y no lo correspondiente a cuestiones estéticas, toda vez que efectivamente el usuario se presentó en las instalaciones de la clínica DEVAL y manifiesta las monturas existentes y que cubren el contrato no son de su agrado. Por este motivo no ha sido posible la entrega del elemento.

Conforme a lo anterior se verific ó con la red de prestadores - contrato de lentes y monturas, y se le notifica al usuario vía telefónica, y mediante correo electrónico, que se presente el día lunes 17 de abril/2023 a las 08:00 am en la4

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Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

entidad Huber Ruiz, lugar donde, de igual manera se garantizara la entrega del elemento conforme a la formulación de las gafas (lentes) ordenadas por el profesional en salud […].

10. Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se negaran las pretensiones del incidente de desacato.

II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA

11. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de 21 de abril de 2023,

10. Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se negaran las pretensiones del incidente de desacato.

II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA

11. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de 21 de abril de 2023, declaró en desacato a la señora Sandra Patricia Pinzón Camargo, en su condición de directora de la Unidad Prestadora de Salud de Sanidad de la Policía Nacional – territorial Valle del Cauca, y la sancionó con un día de arresto y multa de «[…] cinco (05) días de salario mínimos legales mensuales vigentes […]», por incumplir las órdenes impartidas en el fallo de 11 de febrero de 2015.

12. En la referida providencia judicial el Tribunal señaló lo siguiente:

[…] i) A quién fue dirigida la orden: como se desprende de la lectura del ordinal segundo y tercero del fallo de tutela del 11 de febrero de 201 5, la entidad responsable de su cumplimiento es la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y el Área de Sanidad del Departamento de Policía de Nariño.

Frente a esta última entidad, es del caso advertir que, si bien en un principio fue la responsable d el cumplimiento del fallo, dicha circunstancia cambió cuando el actor trasladó su domicilio principal a la ciudad de Cali, en consecuencia, a partir de ello, el cumplimiento del fallo está a cargo de la Unidad Prestadora de Salud del Valle.

1. En qué tér mino debía ejecutarse y alcance del fallo: De acuerdo con el ordinal tercero del fallo de tutela, el Juez constitucional amparó de forma integral el derecho a la salud del accionante frente a las patologías

1. En qué tér mino debía ejecutarse y alcance del fallo: De acuerdo con el ordinal tercero del fallo de tutela, el Juez constitucional amparó de forma integral el derecho a la salud del accionante frente a las patologías Queratocono y Queratoconjuntivitis. De tal forma que, todas las órdenes de servicios médicos tendientes a tratar las anteriores patologías, se entienden cubiertas por la acción constitucional. Ahora bien, al tratarse de un fallo integral, las órdenes y servicio s médicos no están supeditados a un límite d e tiempo, sino hasta tanto el paciente o actor haya mejorado o rehabilitado.

1. Existió un incumplimiento – elemento objetivo: El fallo de tutela del 11 de febrero de 2015 tuteló de forma integral el derecho a la salud del actor frente a las patologías de Queratocono y Queratoconjuntivitis. Ahora bien, tras revisar la orden del servicio médico de los dos lentes Atlantis pro con hápticas toricas, se concluye que fueron prescritos en razón a las patologías cubiertas por el fallo de tutela.

Así entonces, se tiene que los lentes especiales que requiere el accionante se encuentran cubiertos dentro del tratamiento integral que ordenó el fallo de tutela, por lo tanto, la accionada debió proporcionar el servicio médico , sin que demostrase que lo hizo, en consecu encia, se entiende configurado elemento objetivo.

1. Elemento Subjetivo: El 24 de marzo de 2023 se realizó el primer requerimiento a la accionada con el fin de que se informe lo relacionado con5

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requerimiento a la accionada con el fin de que se informe lo relacionado con5

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Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

la entrega de los lentes especiales que requiere el actor. La entidad respondió informando que se estaba tramitando lo necesario.

A través de auto del 10 de abril de 2023, se abrió el incidente de desacato, providencia frente a la cual, la entidad reiteró que se encontra ba adelantando las diligencias pertinentes. No obstante, el accionado no aporta ninguna prueba que acredite que inició las diligencias que alega son imprescindibles para así dar cumplimiento al fallo. Obsérvese, además que, el servicio médico fue ordenado el 04 de enero de 2023, sin que para el mes de abril se haya suministrado.

Es del caso precisar que la Sala no ignora que al tratarse de un elemento que no se encuentra cubierto por los contratos vigentes, el accionado debe adelantar diligencias en ese se ntido, no obstante, reprocha que no acredit e tan siquiera que actúa de conformidad. En relación con el mismo aspecto, el accionado solicita la suspensión del trámite de desacato, petición que se entiende se hace en razón del procedimiento que debe agotar, no obstante, se insiste en que no adjunta documento que acredite que, en efecto, al menos inició el trámite correspondiente, a lo anterior se suma que ninguna norma habilita para que el juez disponga la interrupción del incidente de desacato.

Finalmente, si bien la incidentada informó que autorizó el suministro de las

inició el trámite correspondiente, a lo anterior se suma que ninguna norma habilita para que el juez disponga la interrupción del incidente de desacato.

Finalmente, si bien la incidentada informó que autorizó el suministro de las gafas de descanso, se advirtió que el incidente se formuló en razón de los lentes específicos que requiere el actor, motivo por el cual, las diligencias que al respecto afirma ha adelantado n o son de utilidad a fin de acreditar un eventual cumplimiento del fallo de tutela.

Por otro lado, la accionada no demostró situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidiera el cumplimiento del fallo […].

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia

13. Esta Corporación es competente para conocer el presente grado Jurisdiccional de consulta de la sanción por desacato, de conformidad con el inciso segundo del artículo 52 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991.

14. De manera previa a la decisión que haya de adoptarse, la Sala estima pertinente pronunciarse respecto de las siguientes temáticas: (i) el incidente de desacato, y (ii) el grado jurisdiccional de consulta de sanciones por desacato impuestas en acciones de tutela, para luego (iii) resolver el caso concreto.

III.2. Generalidades del incidente de desacato

15. Tal como se colige del artículo 86 Constitucional, por vía de tutela se obtiene la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de toda persona; por tanto, se tiene como una conducta de suma gravedad el incumplimiento de la orden de amparo. Ello es así porque: i) prolonga la amenaza o vulneración de6

protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de toda persona; por tanto, se tiene como una conducta de suma gravedad el incumplimiento de la orden de amparo. Ello es así porque: i) prolonga la amenaza o vulneración de6

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Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

estos derechos pese a la protección judicial impartida , y ii) constituye un nuevo agravio a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia1.

16. Por end e, impartida la orden de protección de un derecho fundamental, su destinatario debe proceder a cumplirla en los términos en que ha sido expedida , o demostrar las razones por las cuá les no ha sido posible su cump limiento. Su desatención injustificada acarre a sanciones por desacato. Al respecto , debe resaltarse que lo atinente al cumplimiento de las sentencias de tutela está previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y lo relativo al tópico sancionatorio, es decir, al incumplimiento de tales sentencias en el 52 Ibídem.

17. El citado artículo 27 le impone al responsable del agravio acatar las órdenes judiciales sin demora, y al juez de amparo la obligación de requerirlo para que lo haga dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la expedición de l fallo; e incluso lo faculta para acudir al superior jerárquico del responsable , a fin de lograrlo. Si no obtiene resultado alguno, ordenará abrir el proceso disciplinario correspondiente en contra de uno y ot ro. Además, d e resultar procedente,

e incluso lo faculta para acudir al superior jerárquico del responsable , a fin de lograrlo. Si no obtiene resultado alguno, ordenará abrir el proceso disciplinario correspondiente en contra de uno y ot ro. Además, d e resultar procedente, impondrá u na sanción por desacato. En todo caso, el juez constitucional mantendrá la competencia del asunto hasta que esté completamente restablecido el derecho.

18. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591, quien incumpliere la orden de un juez, pro ferida con fundamento en dicha normativa, incurrirá en desacato sancionable con arresto de hasta 6 meses y multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La sanción será impuesta previo trámite incidental, y luego consultada al superior jer árquico, quien decidirá si debe revocarse o no.

19. Para la imposición de la sanción en caso de desacato, no basta con atender los fundamentos puramente objetivos de la situación, sino que ha de tenerse en cuenta y valorarse el elemento subjetivo, lo cual res ulta ineludible para establecer la responsabilidad. En consecuencia, es necesario que el juez verifique la existencia de dos elementos, a saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo, esto es, a que se compruebe que la decisión contenida en el mismo no ha sido acatada por la persona o entidad responsable; y el subjetivo, respecto del cual se resalta que, dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por desacato, exige establecer que el r esponsable fue negligente respecto de su obligación2.

20. De a llí que la provide ncia que decide el incidente de desacato deba precisar

desacato, exige establecer que el r esponsable fue negligente respecto de su obligación2.

20. De a llí que la provide ncia que decide el incidente de desacato deba precisar con claridad: (i) si se incumplió la orden, para lo cual se debe examinar cuál era la

1 Sentencias T-329 de 1994 y C-1003 de 2008. 2 En la Sentenci a T -763 de 1998, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional indicó: “Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudi endo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento”.7

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Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

conducta ordenada, quién o quiénes deb ían cumplirla y dentro de qué término , y (ii) si existió responsabilidad subje tiva del demandado en la renuencia para acatarla. Una vez determinado lo anterior, el juez procede rá a imponer la sanción que corresponda al tenor del artículo 52 del Decreto 2591.

21. Ahora bien, en relación con la naturaleza del incidente de desacato, la jurisprudencia constitucional ha precisado lo siguiente:

[…] [E]l artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un trámite incidental especial, el cual concluye con un auto que no es susceptible del recurso de apelación pero que debe ser objeto del grado de jurisdicción de consulta en

[…] [E]l artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un trámite incidental especial, el cual concluye con un auto que no es susceptible del recurso de apelación pero que debe ser objeto del grado de jurisdicción de consulta en efecto suspensivo si dicho auto es sancionatorio. Todo lo cual obedece a que la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que bus ca la protección inmediata de los derechos fundamentales; (iii) el incidente d e desacato procede a solicitud de parte y se deriva del incumplimiento de una orden proferida por el juez de tutela en los términos en los cuales ha sido establecido por la sente ncia que ha hecho tránsito a cosa juzgada 3 y emana de los poderes disciplinarios del juez constitucional; (iv) el juez que conoce el desacato, en principio, no puede modificar el contenido sustancial de la orden proferida o redefinir los alcances de la pro tección concedida 4, salvo que la orden proferida sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para proteger el derecho fundamental amparado 5; (v) por razones muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato o la consulta6, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden original, siempre y cuando se respete el alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada 7; (vi) el trámite de incidente de desacato debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato 8, quien no

protección y el principio de la cosa juzgada 7; (vi) el trámite de incidente de desacato debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato 8, quien no puede aducir hechos nuevos para sustraerse de su cumplimiento 9; ( vii) el objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lo grar la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual se diferenci a de las sanciones penales que pudieran ser impuestas10; (viii) el ámbito de ac ción del juez, definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente, le obliga a verificar en el incidente de desacato: ‘(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con e l objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada) ’11. De existir el incumplimiento “debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para pro teger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada 12 […] [Negrillas fuera de texto].

3 Ver entre otras la Sentencia T-459 de 2003. 4 Sentencias T-368 de 2005 y T-1113 de 2005. 5 Ibídem. 6 Sobre las facultades del juez de primera instancia, del juez del desacato y d el juez de consulta

4 Sentencias T-368 de 2005 y T-1113 de 2005. 5 Ibídem. 6 Sobre las facultades del juez de primera instancia, del juez del desacato y d el juez de consulta para introducir cambios accidentales a la orden original, Cfr. la sentencia T -086 de 2003. 7 Sentencia T-1113 de 2005. 8 Sentencias T-459 de 2003, T-368 de 2005 y T-1113 de 2005. 9 Sentencia T-343 de 1998. 10 Sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997. 11 Sentencia T-553 de 2002. 12 Sentencia T-1113 de 2005.8

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00059-02

Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

22. En ese orden de ideas, pese a que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una sanción, su propósito ult erior no es imponerla, sino que se cumpla la orden impartida por el juez de amparo. En otras palabras, la sanción es una de las formas de buscar el acatamiento de la orden profer ida. De allí que para evitarla e, incluso, para que ella no se haga efectiva , resulta indispensable cumplir el mandato emanado de la autoridad judicial.

23. Conforme con lo expuesto, l a subregla constitucional en el tema bajo estudio consiste en que la renuencia injustificada en atender una orden impartida en sede de tutela acarrea una sanción que, en sí misma , no constituye la fin alidad del trámite del desacato, sino una forma de persuadir al incumplido para que acate las órdenes a su cargo. En consecuencia, solo el cumplimiento de la orden de amparo

trámite del desacato, sino una forma de persuadir al incumplido para que acate las órdenes a su cargo. En consecuencia, solo el cumplimiento de la orden de amparo -ya sea durante el curso del incidente de desacato o aun cuan do se haya impuesto l a sanciónevita la materialización de la misma13.

III.3. El grado jurisdiccional de consulta en acciones de tutela

24. El artículo 5 2 del Decreto 2591 de 1991 establece que la sanción por el incumplimiento será impuesta por el mismo juez de la causa, median te trámite incidental y «[…] será consultada al superior jerárquico, quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción […]».

25. La Corte Constitucional en la sentencia T -533 de 1992, sostuvo que la finalidad del grado jurisdiccional de consulta en las acciones constitucionales, es:

[…] [P]roteger los derechos del incidentado, toda vez que éste se encuentra en una situación de indefensión. Lo anterior, por cuanto se trata de un sujeto a quien se le ha impuesto una sanción de multa o privación de la libertad por el incumpliendo de la orden de tutela. En este contexto, se encuentra que la consulta al proceder s in necesidad de solicitud de las partes comprometidas en el trámite, debe ser considerada como un mecanismo automático que conduce al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público o con el objeto de proteger a una de las partes dentro del mencionado procedimiento. De tal manera que, s u estudio debe limitarse a la primera providencia, por tanto la consulta del incidente no puede extenderse al

o con el objeto de proteger a una de las partes dentro del mencionado procedimiento. De tal manera que, s u estudio debe limitarse a la primera providencia, por tanto la consulta del incidente no puede extenderse al análisis de la legalidad de la sentencia de tutela en la cual se dio la orden que se alega como incumplida […].

26. Así las cosas, en el grado de consulta lo que se persigue, además de establecer si se ha dado cumplimiento a la orden de tutela, es verificar si la sanción impuesta por el juez del desacato resulta proporcionada y adecuada, pues se insiste, lo que se busca es proteger el debido proceso del accionado

13 La Corte Constitucional se refirió sobre este punto, en la sentencia T -074 de 1 5 de febrero de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) de la siguiente manera: “En este orden de ideas, la Corte constitucional ha precisado que en resumidas cuentas busca que estando en curso el trámite del incidente de desacato, el accionado se persua da del cumplimiento de la orden de tutela y, a fin de evitar la imposición de la sanción, acate la senten cia. Igualmente, sostiene la jurisprudencia Constitucional, que aun cuando se haya proferido la decisión de sancionar, el responsable podrá evitar la i mposición de la multa o arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor”.9

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00059-02

Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

incumplido, sin olvidar que está en la obligación de acatar la orden del juez constitucional.

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00059-02

Actor: Juan Sebastián Revelo Coral

incumplido, sin olvidar que está en la obligación de acatar la orden del juez constitucional.

27. Es por ello que la Sala es del criterio de que al juez de la consulta le compete revisar si la sanción decretada por el juez del desacato fue impuesta conforme a derecho, para lo que debe determinar si hubo o no incumplimiento y si el actuar de la autoridad puede considerarse renuente, negligente o caprichoso respecto del acatamiento de la orden judicial.

28. En ese orden de ideas, para el juez del grado jurisdiccional de consulta, al igual que para el del desacato, resulta indispensable analizar si se acreditan los elementos objetivo y subjetivo de la sanción impuesta por el a quo; cobrando relevancia en tal estudio, que el propósito de la sanción es con