CE - 012333000201900352011AUTOQUERESUELRESUELVER20230317143708

'Radicado: 13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201)

Demandante: Maikol Arenales Chávez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicado: 13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201)

Demandante: Maikol Arenales Chávez y otros"'

Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM),

Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. (Hidroituango S.A. E.S.P.); Nación - Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Minas y Energía; Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Departamento de Antioquia; Corporación Autónoma Regional de Antioquía (Corantioquia); Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo Tema: Resuelve recurso de apelación contra auto que decretó medida cautelar innominada. Subtema 1. Apariencia de buen derecho

(principio fumus boni iuris). Subtema 2: Prueba científica. Subtema 3. Valoración del dictamen pericial. AUTO SEGUNDA INSTAMCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) contra los autos del doce (12) de agosto y cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), mediante los que el Tribunal Administrativo

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) contra los autos del doce (12) de agosto y cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), mediante los que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en su orden, ciacretó una medida cautelar y aclaró las condiciones del decreto de esa medida.

ANTECEDENTES

1. El doce (12) de julio de dos mil diecinueve (2019), Maikol Arenales Chávez y otros, en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda contra la Nación —Ministerio de Ambiente y Ministerio de Minas y Energía; y las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ("EPM"), la Agencia Nacional de Licercias Ambientales (ANLA), la Hidroeléctrica Ituango S.A.

E.S.P, el departamento de Antioquia, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Con ntioquia) y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, con la pretensión de que sean declarados patrimonialmente responsables por los daños irrogados con ocasión de los trámites de planeación, así como la construcción y operaciór de la hidroeléctrica construida en el municipio de Ituango, por cuanto se disminuyó o eliminó el recurso natural pesquero en el río Cauca, por la falta de a; ua y oxígeno, específicamente, en el complejo de la ciénaga de Montecristo, Bzilívar.

2. El Tribunal Administr¿tivo de Bolívar admitió la demanda, por auto del diecinueve (19) de septier ore de dos mil diecinueve (2019).

ciénaga de Montecristo, Bzilívar.

2. El Tribunal Administr¿tivo de Bolívar admitió la demanda, por auto del diecinueve (19) de septier ore de dos mil diecinueve (2019). 1 El grupo demandante lo confccnaban inicialmente 43 grupos de familias. Posteriormente, el Tribunal, mediante auto del doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), admitió la adhesión de 1223 personas:Radicado; 13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201)

Demandante: Maihol Arenales Chávez y otros

3. La parte actora solicitó que, como medida cautelar, se ordene a EPM, a la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P y a la ANLA que consignen en la cuenta de depósitos judiciales del Tribunal un salario mínimo legal mensual vigente ("SMMLV"), por doce (12) meses o por el lapso que el Tribunal considere, "destinado a la protección del ingreso que a título de lucro cesante cada núcleo familiar accionante dejó de percibir, como consecuencia de la pérdida del recurso pesquero". Afirmó que esta medida cautelar tiene como objetivo proteger el mínimo vital de subsistencia, y la vida e integridad personal de los grupos familiares que conforman la parte demandante, además de evitar que se extiendan las consecuencias del perjuicio sufrido, prevenir nuevos daños y asegurar la efectividad del ingreso que perdieron.

Como sustento fáctico de la solicitud, el grupo accionante afirmó que el complejo de ciénagas del municipio de Montecristo recibe del río Cauca la mayoría de las aguas de las que se alimenta, por lo tanto, las alteraciones que sufrió el río, con

de ciénagas del municipio de Montecristo recibe del río Cauca la mayoría de las aguas de las que se alimenta, por lo tanto, las alteraciones que sufrió el río, con ocasión del proyecto de Hidroituango, afectaron el recurso pesquero. Los actores agregaron que, como consecuencia de la afectación, del recurso pesquero, se perturbó la dieta alimenticia de los pescadores y los ingresos que recibían por la comercialización de los peces antes del secamiento del río. 3.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), corrió traslado por el término de cinco (5) días a las demandadas para que se pronunciaran sobre la solicitud de la medida cautelar. 3.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar, con auto del doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021), decretó la medida cautelar consistente en el pago de 1 SMMLV a cada grupo familiar reconocido como demandante durante doce (12) meses; suma que debía ser cancelada por EPM, la operadora del proyecto Hidroituango. Como fundamento de esta decisión, tomó ren consideración: 3.2.1. Que se había acreditado la legitimación de los actores para solicitar la medida cautelar, comoquiera que estos probaron, con sus respectivos carnés, que ejercían la actividad de pesca. 3.2.2. Que la demandante y EPM presentaron peritajes con conclusiones contrapuestas sobre la pérdida del recurso pesquero del que se derivaría el daño cuya reparación pretende la actora; según el primer dictamen, el recurso se encontraba agotado; de acuerdo con el segundo, no hubo, por causa de los

contrapuestas sobre la pérdida del recurso pesquero del que se derivaría el daño cuya reparación pretende la actora; según el primer dictamen, el recurso se encontraba agotado; de acuerdo con el segundo, no hubo, por causa de los hechos protestados por los actores, afectación en el lugar de residencia de los demandantes. Advirtió el a quo que, el primer peritaje fue elaborado en abril de 2019, mientras el segundo fue elaborado entre finales de 2019 y principios de 2020. En síntesis, no se acreditó la causación de una afectación permanente, circunstancia que, sin embargo, no vie:ne necesaria, a juicio del A quo, para la demostración de la existencia de un daño indemnizable. 3.2.3. Que la medida resultaba necesaria, debido a que la pandemia COVID19 disminuyó los ingresos de las familias demandantes, de escasos recursos económicos; y por un hecho público notorio, como lo fue el fenómeno ocurrido en el 2018 y 2019, cuando el cierre de las compuertas de la hidroeléctrica llevó a la evacuación de pueblos ubicados en las cercanías al proyecto de Hidroituango. 2Radicado: 13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201)

Demandante: Mark& Arenales Chávez y otros

4. EPM presentó solicitud de aclaración y adición de la anterior providencia 2 , la cual fue atendida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del cuatro (4) de noviembre dé dos mil veintiuno (2021) 3 , en el que explicó que: 4.1. Respecto de la aclaración que se solicitó, de la palabra "pago" que

cuatro (4) de noviembre dé dos mil veintiuno (2021) 3 , en el que explicó que: 4.1. Respecto de la aclaración que se solicitó, de la palabra "pago" que definía la acción objeto de la medida, dijo que, en la providencia referida, esta "se usa de manera genérica para indicar que EPM debe hacer la entrega de 1 snlímy, durante 12 meses, a cada una de las familias afectadas con la sequía del Rio Cauca, y que son demandantes en esta acción"; de ahí que, a juicio del Tribunal, la palabra "pago" no generara duda alguna en su interpretación. 4.2. Que EPM debía consignar mensualmente las sumas ordenadas, por un término de doce (12) meses, a los beneficiarios directos de la medida cautelar, en las cuentas bancarias que aquellos autorizaran expresamente. 4.3. Que no era posible acceder a la petición de adición, para que se ordenara al grupo demandante el pago de una caución del 20% de las pretensiones, toda vez que los actores se encuentran cobijados por el amparo de pobreza que se decretó en el auto del dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020).

5. EPM interpuso recurso de apelación contra las providencias del doce (12) de agosto y cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 4 . La demandada expuso los siguientes reproches contra los autos recurridos: 5.1. Que el Tribunal no fundamentó su decisión en las pruebas obrantes en el expediente, sino en lo manifestado por la parte actora. Para la recurrente, la supuesta "pérdida del recurso pesquero" en el complejo de la ciénaga de

5.1. Que el Tribunal no fundamentó su decisión en las pruebas obrantes en el expediente, sino en lo manifestado por la parte actora. Para la recurrente, la supuesta "pérdida del recurso pesquero" en el complejo de la ciénaga de Montecristo no está probada y, por ende, no puede hablarse de la existencia de un daño antijurídico consistente en la afectación patrimonial del grupo, como consecuencia de la pérdida de su fuente de ingresos. 5.2. Que la medida cautelar no cumplió con los requisitos para decretarla, que consisten en: (i) que sea razonable para hacer cesar los daños causados; (ii) que exista amenaza o vulneración del derecho, pues el grupo actor no sufrió afectación patrimonial alguna derivada de la contingencia ocurrida en el proyecto Hidroituango; (iii) que tenga la apariencia de buen derecho, pues no basta con vivir aguas abajo del proyecto Hidroituango para que se concluya que hubo mermas en los ingresos de la población aledaña al río Cauca y que derivaba su sustento del mismo; (iv) que la medida sea necesaria, comoquiera que el Tribunal reconoció que no se perdió el recurso pesquero; y (v) que la medida no fue proporcional, porque impuso una obligación pecuniaria a EPM que, una vez cancelada, no podrá recuperar. 2 Con el propósito de que: (i) el Tribunal Administrativo de Bolívar aclarara por qué ordenó el pago de una suma de dinero "cuando no existe una obligación, clara, expresa y exigible ni decisión de fondo que decrete una condena en contra de las demandadas [. ..]"; y (9) que en la referida providencia se ordenara que los

suma de dinero "cuando no existe una obligación, clara, expresa y exigible ni decisión de fondo que decrete una condena en contra de las demandadas [. ..]"; y (9) que en la referida providencia se ordenara que los actores constituyeran una caución, toda vez que "es un imperativo legal que se preste caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones para que sea decretada una medida cautelar". 3 Visible en la página 339 a 356 del documento 01-CdnoMedidasCautelares.pdf del archivo ED_O2CDNOMEDIDASCAUTELA(.rar) del índice 2 de la plataforma SAMAI 4 El diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 3Radicado: 1300 1 -23-33-000-2019-00352-01 (68201) Demandante: Maikol Arenales Chávez y otros 5.3. Que el Tribunal confundió dos situaciones diferentes, a saber: (i) la evacuación ordenada por las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres ("SNGRD"), y (ii) el cierre de las compuertas de lá hidroeléctrica. La primera no tuvo que ver en el planteamiento del problema sometido a juicio en este contencioso, porque la ciénaga de Montecristo nunca fue evacuada y, en consecuencia, no es cierto que haya representado una afectación para los accionantes. 5.4. Que el Tribunal confundió la naturáleza dá medio de control, puesto que no se trata de la protección de derechos colectivos, sino de la reparación de un daño causado. Además, no es propio de una acción de carácter resarcitorio, que EPM responda por las supuestas afectaciones

que no se trata de la protección de derechos colectivos, sino de la reparación de un daño causado. Además, no es propio de una acción de carácter resarcitorio, que EPM responda por las supuestas afectaciones económicas que la población tenga como consecuencia del COVID-19.

6. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por auto del tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022), concedió en efecto devolutivo el recurso de apelación.

7. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedid& para conocer del presente asunto, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 140 6 y el numeral primero del artículo 141 7 del Código General del Proceso. Los magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala mientras este punto fue debatido— resuelven declarár, fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales.

CONSIDERACIONES

8. En esta providencia se dará aplicación a las modificaciones procesales introducidas con la Ley 2080 de 2021 ,6 teniendo en cuenta que el auto que decretó la medida cautelar y el recurso de apelación fueron expedido e interpuesto en fechas posteriores al veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), fecha en que entró en vigencia la mencionada leyg. 5 Indice No. 18 SAMAI 6 "Artículo 140: Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. (...)"

6 "Artículo 140: Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. (...)" 7 "Articulo 141: Son causales de recusación las siguientes:

I. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso." CPACA. "Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedicidn de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: II 1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias. II 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente; [. ..]".

OPACA. "Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: II 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. [...]". 9 "La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley //Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218'a 222 del Código de Procedimiento

aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley //Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218'a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. // De conformidad con el artículo 40 de la Ley .153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo re specto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos 4Radicado: 13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201) Demandante: Maikol Arenales Chávez y otros Al presente asunto le son aplicables asimismo las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998; norma especial que rige las acciones de grupo, la cual, en su artículo 58, dispone que las medidas cautelares se tramitarán de conformidad con el Código General del Proceso ("CGP") 1 °. 8.1. Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que le atribuye la competencia" para resolver los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, quienes a su vez son competentes para conocer del medio de control instaurado, de acuerdo con lo

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que le atribuye la competencia" para resolver los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, quienes a su vez son competentes para conocer del medio de control instaurado, de acuerdo con lo previsto en el 152.16, del mismo estatuto procesal. 8.2. El recurso de apelación interpuesto por la demandada EPM contra los autos del doce (12) de agosto y cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, es procedente, de conformidad con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA, al igual que el numeral 8 del artículo 321 del CGP, los cuales prevén que el auto que decrete una medida cautelar es apelable. 8.3. Por otro lado, EPM interpuso el recurso de alzada dentro del término legal, toda vez que el primer auto recurrido fue notificado por estado del trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) 12-13 . El término de ejecutoria del auto objeto de adición corrió así hasta el diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021); fecha en que fue radicada la solicitud de aclaración y adición, es decir, dentro del término que exige la ley. Resuelta la solicitud, en auto del cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), notificado por estado electrónico del dieciséis (16) de noviembre siguiente, y conforme al numeral 2 del artículo 322 del CGP 14 , las partes tenían hasta el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 15 , interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los

partes tenían hasta el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 15 , interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones". 113 Ley 472 de 1998. "Artículo 58. Clases de medidas. Para las acciones de grupo proceden las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil para los procesos ordinarios. El trámite para la interposición de dichas medidas, al igual que la oposición a las mismas, se hará de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil". 11 En concordancia con el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación -Reglamento del consejo de Estado-, dispuso que la Sección Tercera es competente para conocer de las demandas de reparación de perjuicios irrogados a un grupo. Acuerdo 80 de 2019. "Artículo 13. - Distribución de negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo a un criterio de especialización y volumen de trabajo, así: II T.1 Sección Tercera: I/ (...) 12-. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado. 12 Visible en la página 357 del archivo 01CdnoMedidasCautelares.pdf contenido en el link

especialización y volumen de trabajo, así: II T.1 Sección Tercera: I/ (...) 12-. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado. 12 Visible en la página 357 del archivo 01CdnoMedidasCautelares.pdf contenido en el link ED_GMAILRV_REMISION(pdf) del índice 2 en Samai 13 Teniendo en cuenta que el artículo 302 del COP dispone que las providencias que sean proferidas por fuera de audiencias quedarán ejecutoriadas a los 3 días siguientes a su notificación COP. "Artículo 302. Ejecutoria. "[. ..] Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de Mr.l1130S o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando qued;i ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos". 14 "Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas: [...] La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado [...]" 13 Visible en el archivo 14auto concede recurso.pdf contenido en el link ED_GMAILRV_REMISION(.pdf) del índice 2 en Samai 5Radicado: 13007 23 -33 -O00 -20l9 -00352-01 (68201) Demandante - Maikol Arenales Chávez y otros para presentar los recursos de apelación, y la demandada EPM lo radicó oportunamente el diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 16 . Sobre los cargos primero y segundo dele apelación

para presentar los recursos de apelación, y la demandada EPM lo radicó oportunamente el diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 16 . Sobre los cargos primero y segundo dele apelación

9. En este proceso, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó la medida cautelar solicitada por el grupo actor. Para el Tribunal, la medida cautelar procedía por la acreditación de la condición de pescadores de IQS demandantes", aspecto que no fue recurrido por la demandada, EPM, y por encontrar parcialmente acreditados los perjuicios reclamados con el inform& pericial allegado por los accionantes". El recurrente se opuso a este juicio, porque no se habría basado en el material probatorio aportado, sino en lo dicho por la demandante", y que no se configuró la apariencia de buen derecho ni la necesidad,,' entre otros presupuestos de la medida cautelar 2 °.

En el análisis de los cargos de la apelación, la Sala tomará en consideración que, al estudiar la exequibilidad del parágrafo del artículo 229 del CPACA 21 , la Corte Constitucional 22 concluyó que las medidas cautelares previstas en aquella codificación y en la Ley 472 de 1998 son complementarias, y podrán tramitarse con uno u otro estatuto e incluso con ambas disposiciones, razón por la cual se 16 Visible en el archivo 07RecursoApelacionEmp2019-352..pdf contenido en el link ED GMAILRV_REMISION(pdf) del índice 2 en Samai 17 Ca condición de la actividad desempeñada fue acreditada con los carnés de pesca artesanal, expedidos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), por el Incoder y el ICA, de 41 integrantes del grupo.

17 Ca condición de la actividad desempeñada fue acreditada con los carnés de pesca artesanal, expedidos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), por el Incoder y el ICA, de 41 integrantes del grupo. Visibles en las páginas 228, 235, 241, 249 del documento 02-CDN02.pdf y en las páginas 1, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 27, 29, 31, 35, 37, 44, 46, 49, 59, 65, 70, 72, 78, 80, 83, 95, 97, 100: 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 126 y 129 del documento 03-CDN03.pdf ibídem. Correspondientes a los demandantes: Maikol Arenales Chavez, Isidro Argota Amaris, Deiner Jiménez Amaris, Michel Cabrera Ríos, Nilson José Merino Martínez, Ariel Ortega Ruiz, Juan López Ospina, Jairo Barrios Ospina, David Medrano Machado, Daimer Jiménez Amaris, Deivis Bueno Tovar, Estrella Mercedes Rocha, Yamith Martínez, Eberto Polanco Cárdenas, Alvaro Palencia, Yair Romero, Elimec José Rocha Portela, Luz María Jiménez Rodríguez, Yolanda del Carmen Pacheco Campuzano, Argelina Cabrera Castellar, Luz Meris Pacheco Campuzano, Manuela Campuzano Lara, Felix Quintana Villegas, Ernedys Jiménez García, Silvano Quintano .Requena, Antonio Simanca Nuñez, José Luis Rodríguez Ospina, Luis Hernán Cañavera Martínez, Albertó Palencia, Welter Rico Tafur, Luis

Lara, Felix Quintana Villegas, Ernedys Jiménez García, Silvano Quintano .Requena, Antonio Simanca Nuñez, José Luis Rodríguez Ospina, Luis Hernán Cañavera Martínez, Albertó Palencia, Welter Rico Tafur, Luis Fernando Diaz, Tomás Alberto Yepes Ospino, Remilton Yepez, Ever Lara Fdrieta, Jobanis Meza Ospino, Pablo Mendoza Betin, Argemiro Meza Ospino, Felix Pacheco Rojas, Wilder Yepez Vanegas, Manuel López Ruth y José Rodríguez Rueda. 19 Aptados. 3.2.1 y 3.2.2. 19 Aptado. 4.1. Aptado. 4.2. 21 CPACA. "Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todoS los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisotio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. II La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. II PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesoS de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio" (énfasis propio de la demanda de inconstitucionalidad).

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio" (énfasis propio de la demanda de inconstitucionalidad). 22 "[E]s importante señalar que la norma demandada no introduce una restricción en los poderes que, antes de la Ley 1437 de 2011, le confirió la Ley 472 de 1998 al juez popular. Como ha señalado el Consejo de Estado, el capítulo XI, Título V, del CPA CA no deroga expresa, ni tácita ni orgánidamente los artículos 17 inciso 3, 18 inciso 2, 25 y 26 de la Ley 472 de 1998 [ley que también regula el trárnite de las acciones de grupo], que regulan dentro de esta última lo atinente a las medidas cautelares en lbs procesos por acción popular La Corte considera razonable esta conclusión, y en tal virtud estima que le regulación no es en este aspecto contraria a la Carta. En lo que se refiere a los poderes del juez, se advierte que las normas sobre medidas cautelares de la Ley 1437 de 2011 y de la Ley 472 de 1998 no son, para empezar, incompatibles. El juez puede decretar las medidas de uno u otro' estatuto, sin que esto suponga contradicción u omisión alguna, de modo que puede decirse que són , complementarios. La Ley 1437 de 2011 tampoco desmonta expresamente el régimen de medidas calitelares de la Ley 472 de 199fr [la Sala resalta]. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-284 de 2014. 6Radicado; 13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201)

Demandante: Maikol Arena/es Chavez y otros

Sala resalta]. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-284 de 2014. 6Radicado; 13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201) Demandante: Maikol Arena/es Chavez y otros resolverá la solicitud de la medida cautelar con base en estas y aquellas normas. En consecuencia, para desatar el recurso, la Sala tendrá en cuenta las normas del CPACA, así como las del CGP, al que remite la Ley 472 de 1998 23 y el artículo 306 del CPACA 24 . 9.1. Ahora, para dar respuesta a los cargos de la alzada, es necesario definir, en primer lugar, el universo probatorio en el que debe fundarse el juicio de la apariencia de buen derecho, que exigen los numerales 1 a 3 del artículo 231 del CPACA 26 , así como el literal c) del artículo 590.1 del CGP, como presupuestos para decretar la medida cautelar; juicio que, en asuntos con pretensiones pecuniarias, como el presente, implica la acreditación, al menos sumaria, del daño cuya reparación se pretende. De conformidad con el artículo 209.8 del CPACA, la solicitud de medidas cautelares se tramita mediante incidente, en el cual, según el artículo 210.1 ejusdem, quien lo promueva "deberá expresar [...] los hechos en que se funda y las pruebas que pretende hacer valer". A diferencia del artículo 210.2 del CPACA 26 —sobre el trámite general de incidentes— el artículo 233 ejusdem, que es la norma específica para el trámite de la solicitud de medidas cautelares en lo contencioso -administrativo, no prevé la práctica de pruebas en este incidente en concreto, sino que ordena únicamente que se corra traslado de la solicitud de la

norma específica para el trámite de la solicitud de medidas cautelares en lo contencioso -administrativo, no prevé la práctica de pruebas en este incidente en concreto, sino que ordena únicamente que se corra traslado de la solicitud de la medida a la contraparte, para que esta se pronuncien. A su vez, el artículo 231, numerales 2 y 3, del CPACA 28 exige prueba la/ menos sumaria" —que lo es "aquella que no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar' 29 — y que la parte demandante presente medios de convicción, para la acreditación de los presupuestos fácticos de la medida. 23 LEY 478 DE 1998. "Articulo 58. Clases de medidas. Para las acciones de grupo proceden las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil para los procesos ordinarios. El trámite para la interposición de dichas medidas, al igual que la oposición a las mismas, se hará de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil'. 24 CPA