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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de Control de Protección de los Derechos e Int ereses Colectivos Núm. único de radicación: 540012333000202200120-01

Actor: Beatriz Eugenia Pacheco Arévalo Demandados: Nación – Ministerio de Cultura y Unidad Administrativa Espe cial de Parques Nacionales Naturales Vinculados: Departamento de Norte de S antander; Municipio de La Playa de Belén; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Consejo Municipal de Gestión del

Riesgo

Asunto: Resuelve el recurso de a pelación interpuesto contra un auto que decretó una medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contra el auto de 23 de junio de 20 22 proferido por el Tribunal Administrativ o de Norte de Santander , por medio del cual se decretó una medida cautelar de urgencia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes ; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

medio del cual se decretó una medida cautelar de urgencia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes ; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

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I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La señora Beatriz Eugenia Pacheco Arévalo presentó demanda, en ejercicio del respectivo medio de control , contra la Nación – Ministerio de Cultura y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturale s, con el ob jeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos: i) a la defensa del patrimonio cultural de la Nación ; y ii) a la moralidad administrativa, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declaren vulnerados los derechos constitucionales colectivos a la defensa del patrimonio cultural y a la moralidad administrativa con las omisiones en sus funciones por parte del Ministerio de Cultura Nacional (sic) y Parque s Nacionales Naturales de Colombia.

2. Se ordene al Ministerio de Cultura Nacional (sic) y Parques Nacionales Naturales de Colombia o a quien corresponda, dentro del nivel de sus competencias y de forma articulada, ejecutar todas las gestiones, técnicas, administrativas, presupuestales y financieras, que permitan la restauración

Naturales de Colombia o a quien corresponda, dentro del nivel de sus competencias y de forma articulada, ejecutar todas las gestiones, técnicas, administrativas, presupuestales y financieras, que permitan la restauración inmediata de la casa ubicada en Los Estoraques por constituir Patrimonio Cultural del municipio.

3. Se ordene al Ministerio de Cultura Nacional y Parques Nacionales Naturales de Colombia o a quien corresponda, dentro del nivel de sus competencias y de forma articulada las acciones urgentes inmediatas que impidan que la casa se desplome en (sic) totalidad […]”1.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora manifestó que los derechos e i ntereses colectivos indicados supra fueron vulnerados, en síntesis, porque en el Municipio de La Playa de Belén , en el Departamento de Norte de Santander , se encuentra el área natural única de Los Estoraques, en cuyo interior , se erige una casa de

1 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “ED_002DEMANDA(.pdf) NroActua 2”.3

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propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, conocida como “La Casa de Cate”, que es emblemática del paisaje de ese territorio y cumple con las condiciones de bien de interés cultural de la Nación, teniendo en consideración que m ediante la Resolución núm. 928 de 25

Naturales, conocida como “La Casa de Cate”, que es emblemática del paisaje de ese territorio y cumple con las condiciones de bien de interés cultural de la Nación, teniendo en consideración que m ediante la Resolución núm. 928 de 25 de julio de 20052, expedida por el Ministerio de Cultura , se declaró el centro histórico del referido Municipio como bien de interés cultural de carácter nacional.

4. Afirmó que el mencionado inmueble fue abandonado por l as entidades demandadas y, desde marzo de 2022, empezó a derrumbarse a causa de la ola invernal.

5. Adujo que la comunidad del Municipio convocó a un cabildo abierto el día 2 de junio de 2022, en el que participaron diferentes entidades del orden nacional, departamental y local; sin embargo, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales manifestó que la casa se encontraba en mal estado y no propuso ninguna alternativa para recuperar y conservar el precitado inmueble.

La solicitud de medida cautelar

6. La parte actora solicitó que se decretara la siguiente medida cautelar:

“[…] Teniendo en cuenta que nos encontramos en temporada de lluvias y que la casita patrimonio se encuentra en un riesgo de desplome […], acudimos a través de la Medida Cautelar, solicitando al juzgado se ordenen medidas INMEDIATAS que eviten que la casa patrimonio continúe derrumbándose, y se proceda a realizar una intervención con el ánimo de evitar se configure un PERJUICIO IRREMEDIABLE frente a los derechos colectivos acá solicitados.) […]”3.

Auto de 23 de junio de 2022

realizar una intervención con el ánimo de evitar se configure un PERJUICIO IRREMEDIABLE frente a los derechos colectivos acá solicitados.) […]”3.

Auto de 23 de junio de 2022

7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió auto de 23 de junio de 2022 en el que resolvió: i) admitir la acción de la referencia; ii) vincular

2 “Por la cual se declara el Centro Histórico del Municipio de La Playa de Belén, localizado en el Departamento de Norte de Santander, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y se delimita su área de influencia”. 3 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “ED_002DEMANDA(.pdf) NroActua 2”.4

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a unas entidades4; iii) ordenó notificar a las partes procesales; iv) ordenó correr traslado para contestar la demanda; y v) decretó la siguiente medida cautelar de urgencia:

“[…] OCTAVO: ACCEDER al decreto de la medida cautelar solicitada por la parte demandante y en consecuencia, ORDENAR al señor Ministro de Cultura, al Presidente (sic) de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, al Gobernador del Departamento Norte de Santander, al Alcalde del Municipio de La Paya (sic) de Belén, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como a los Consejos

Naturales de Colombia, al Gobernador del Departamento Norte de Santander, al Alcalde del Municipio de La Paya (sic) de Belén, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como a los Consejos Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo, que de manera inmediata conjunta y coordinada adelanten todas las actuaciones administrativas y técnicas que resulten necesarias en aras de prevenir el riesgo de colapso del bien inmueble denominado “casa de cate” ubicado en el Municipio de La Playa de Belén – Departamento Norte de Santander, el cual según la demandante, hace parte de los bienes de interés cultural de la Nación, y/o la agravación de las afectaciones ya causadas. Lo anterior, por tratarse de entidades que en ejercicio de sus funciones y competencias hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En cumplimiento de lo ordenado, dentro del término improrrogable de cinco (5) días, las mencionadas entidades y funcionarios deberán rendir de manera conjunta informe detallado con destino al presente proceso, a través del cual informen sobre el plan de acción adoptado […]”5.

8. El Tribunal consideró que era necesario decretar la medida cautelar de urgencia con fundamento en que: i) mediante Decreto núm. 00495 de 25 de abril de 2022 expedido por el Gobernador de Norte de Santander se declaró la calamidad pública en el Departamento con ocasión de la temporada invernal y se ordenó la adopción del Plan de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas en coordinación con el Consejo

calamidad pública en el Departamento con ocasión de la temporada invernal y se ordenó la adopción del Plan de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas en coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo; y ii) la solicitud de medida cautelar tiene por objeto “contrarrestar el riesgo de colapso y/o desplome de un bien denominado -Casa de Cate - ubicado en el Municipio de La Playa de Belén – Departamento de Norte de Santander, el cual según la demandante, hace parte de los bienes de interés cultural de la Nación”6.

4 En la referida providencia se ordenó la vinculación de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander; la Alcaldía del Municipio de La Playa de Belén; la Unidad Nacional para la Ge stión del Riesgo de Desastres; el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 5 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “ ED_001AUTOADMISORIOMEDI(.pdf) NroActua 2”. 6 Idém.5

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Recurso de apelación presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

9. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres interpuso7 recurso de apelación contra el auto de 23 de junio de 2022 y solicitó que “[…]

del Riesgo de Desastres

9. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres interpuso7 recurso de apelación contra el auto de 23 de junio de 2022 y solicitó que “[…] revoque o modifique, parcialmente, el numeral 8) dispuesto en el auto objeto del recurso de apelación […]”.

9.1. Indicó que esa entidad no es competente para cumplir la orden contenida en la medida cautelar, relativa a adelantar todas las actuaciones administrativas y técnicas que resulten necesarias en aras de prevenir el riesgo de colapso del bien inmueble denominado: “La Casa de Cate” en la medida en que se desconocieron los principios de descentralización administrati va y territorial, autonomía de las entidades territoriales y los principios de c oordinación, concurrencia y subsidiariedad en materia de gestión del riesgo8.

9.2. Manifestó que el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se compone de tres proc esos claramente definidos, a saber: el conocimiento del riesgo de desastre, la reducción del riesgo de desastre y el manejo del desastre, para lo cual en los niveles municipal y departamental de gestión del riesgo se establecieron unas autoridades encargadas de su gestión.

10. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander , mediante providencia de 15 de noviembre de 2022, concedió el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , contra el auto de 23 de junio de 20 22, y rechazó el recurso de apelación presentado por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales9, por haber sido presentado de manera extemporánea.

23 de junio de 20 22, y rechazó el recurso de apelación presentado por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales9, por haber sido presentado de manera extemporánea.

7 Por medio de apoderado. 8 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: “ ED_003RECURSOAPELACION(.pdf) N roActua 2”. 9 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: “ED_06AUTOCONCEDERECURSO(.pdf) NroActua 2”.6

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II. CONSIDERACIONES DE SALA

11. La Sala abordará el estudio de las consider aciones en las siguientes partes: i) la competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo de la s medidas cautelares en el medio de control de protección de los der echos e intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencia l sobre la protección de los bienes de interés cultural de la Nación v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; vi) el marco normativo sobre los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el ejercicio de la función pública por las autoridades administrativas; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia

Desastres; vi) el marco normativo sobre los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el ejercicio de la función pública por las autoridades administrativas; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia

12. Vistos los artículos 125 10, en especial el literal h ) del numeral 2.º, 150 11, 24312, en especial el numeral 5. º y 244 13 de la Ley 1437 de 18 de enero de

10 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. “Artículo

125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias. […] h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente […]”. 11 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.

en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”. 12 Subrogado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.” […] Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: [ …] 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar […]”. 13 Subrogado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021. “[…] Artículo 244. Trámite del Recurso de Apelación contra Autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.

2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición.

De inmediato, el juez o ma gistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá inter ponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente

el acta.

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá inter ponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.

De la sust entación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la deman da o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.7

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201114, en concordancia con el artículo 26 15 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199816, y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 17: esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuest o por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contra el auto de 23 de junio de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , que decretó una medida cautelar de urgencia.

Problema jurídico

13. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación , si

de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , que decretó una medida cautelar de urgencia.

Problema jurídico

13. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación , si se encuentra probada la situación de riesgo , en relación con el bien inmueble denominado “La Casa de Cate ”, ubicado en el Municipio de La Playa de Belén en el Departamento de Norte de Santander , que habilite la competencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre s, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar el auto de 23 de junio de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Marco normativo de las medidas cautelares en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

14. Vistos: i) los artículos 25 y 26 de la Ley 472, sobre las medidas cautelares en las acciones populares; y el parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437, sobre procedencia de medidas cautelares.

15. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado, respecto de las cuales no opera el principio de taxatividad. En particular, de manera enunciativa, la norma indica

que se podrán decretar las siguientes:

4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano […]”. 14 Por la cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

que se podrán decretar las siguientes:

4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano […]”. 14 Por la cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 15 “[…] Artículo 26. Oposición a las Medidas Cautelares . El auto que decret e las medidas previas será notificado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco días […]”. 16 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 17 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.8

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15.1. Ordenar la cesación inmediata de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando.

15.2. Ordenar que se ejecuten los actos necesarios cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado.

15.3. Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas.

15.4. Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las

de cualquiera de las anteriores medidas previas.

15.4. Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo.

16. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso y el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular , para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a cos ta de la parte demandada.

17. El artículo 26 de la Ley 472 establece que el auto que decrete las medidas previas será notificado simultáneamente a la parte demandada con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apel ación, los cuales se deben conceder en efecto devolutivo. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos: i) e vitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger ; ii) e vitar perjuicios ciert os e inminentes al interés público ; y e vitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir una eventual sentencia desfavorable.

18. La parte que invoque las causales citadas supra tiene la carga de demostrarlas.9

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una eventual sentencia desfavorable.

18. La parte que invoque las causales citadas supra tiene la carga de demostrarlas.9

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19. El artículo 229 de la Ley 1437 prevé que las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en esa normativa.

20. Teniendo en cuenta la existencia de dos normativas que regulan lo relacionado con las medidas cautelares en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la Sección Primera del Consejo de Estado18 se pronunció acerca de la armonización e interpretación de estas, así:

“[…] Para el efecto, en auto de 26 de abril de 2013 19, la Sala consideró que de la lectura del artículo 229 del CPACA podría pensarse que éste deroga tácitamente lo dispuesto por la Ley 472 sobre la materia, pero lo cierto es que ambas disposiciones deben ser interpretadas de manera armónica. Tal es el caso del tipo de medidas a las que estaría autorizado adoptar el juez popular para prevenir un daño inminente o hacer cesar el pel igro que se hubiese causado. Al respecto, manifestó que la Ley 472 resulta ser más garantista que lo dispuesto en el Capítulo XI del CPACA, pues en esta última disposición las opciones del juez se restringen a las medidas cautelares enlistadas en el artícu lo 230, a diferencia de

manifestó que la Ley 472 resulta ser más garantista que lo dispuesto en el Capítulo XI del CPACA, pues en esta última disposición las opciones del juez se restringen a las medidas cautelares enlistadas en el artícu lo 230, a diferencia de la Ley 472 que otorga amplias facultades para ello […]”.

21. Atendiendo lo anterior, se entiende que, en materia de medidas cautelares, la Ley 1437 no derogó la Ley 472; por el contrario, ambas leyes deben interpretarse y aplicarse de manera armónica, de tal forma que se garantice la protección de los derechos e intereses colectivos en el marco de los principios que rigen a la acción popular.

22. Ahora bien, en relación con los requisitos para decretar medidas cautelares, el artí culo 25 de la Ley 472 establece que las medidas cautelares deben decretarse de forma motivada, con el objeto de prevenir un daño inminente o hacer cesar el que se hubiese causado.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto proferido el 2 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 130012333000201500052-01. Asimismo, se pueden consultar las siguien tes providencias: Auto proferido el 11 de abril de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación 250002341000201501977-01(AP) A; Autos proferidos el 18 de mayo de 2018; C.P. María Elizabeth García

González, núms. únicos de radicación 250002341000201601314-02 (AP) A y 2500023410002016 -0131402 (AP). 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto proferido el 26 de abril de 2013; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 050012333 00020120061401.10

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23. A su turno, el artículo 230 de la Ley 1437, sobre el contenido y alcan ce de las medidas cautelares, dispone que estas podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

23.1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

23.2. Suspender un procedimiento o actuación ad ministrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible , el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

23.3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

23.4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

23.5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

26. Adicionalmente, es importante resaltar que el parágrafo del artículo 230 de la Ley 1437, establece que, en aquellos eventos en que la medida cautelar implique el ejercicio de una facultad que comporte elemento s de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto , en atención a la ur gencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.11

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27. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en esta providencia sobre la ausencia del principio de taxatividad en las medi das cautelares que se pueden decretar en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

27. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en esta providencia sobre la ausencia del principio de taxatividad en las medi das cautelares que se pueden decretar en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

28. El artículo 231 de la Ley 1437, sobre requisitos para decretar las medidas cautelares, establece que estas serán procedentes cuando conc urran los siguientes supuestos: i) que la demanda esté fundada razonablemente en derecho; ii) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; y iii) que el demandante haya presentado los do cumentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

29. Además, deben cumplirse una de las siguientes condiciones: i) que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable; o ii) que existan motivos serios para considerar que, de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia serían nugatorios.

30. Por último, el artículo 234 de la Ley 1437 regula l