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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., 31 de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00006-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y Fiscalía General de la Nación -Dirección de Control Disciplinario-.

Asunto: autoridad competente para investigar a unos empleados judiciales pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, por una presunta falta disciplinaria de ejecución continuada que inició antes de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial entrara en funcionamiento y culminó después de esa fecha.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificado por los artículos 2 y 19 respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la información que obra en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 14 de septiembre de 2021, El doctor Carlos Mauricio Durán Ruíz, fiscal 4 grupo de investigación y juicio de San Gil (Santander), solicitó a la Dirección Seccional

los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 14 de septiembre de 2021, El doctor Carlos Mauricio Durán Ruíz, fiscal 4 grupo de investigación y juicio de San Gil (Santander), solicitó a la Dirección Seccional Santander, de la Fiscalía General de la Nación , ampliación de los términos dentro del proceso por presunto i lícito de violencia contra servidor público con radicado núm. 688796000153201500390 . Dicha solicitud la fundamentó en las siguientes

razones:

1. La denuncia fue instaurada por la victima el día 1 de octubre de 2015 y por hechos acaecidos el día 30 de septiembre de dicha anualidad, una vez iniciada la investigación se procedió el día 22 de septiembre del año 2016 a formular imputación o acto de parte en el cual el imputado no acepto los cargos.Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 2 de 33

2. El día 13 de enero de 2017 se presentó solicitud de preclusión de la mencionada investigación la cual correspondió al juzgado primero penal de circuito de San Gil quien fijo fecha para realización de la diligencia el día 10 de julio del año 2017, negando la solicitud de preclusión de la investigación.

3. A la fecha no ha sido presentado escrito de acusación y/o nueva solicitud de preclusión […]

4. A la fecha y realizando la revisión pormenorizada de los procesos asignados a este despacho es que me he percatado de la situación, razón por la que pongo en su conocimiento la misma y para que resuelva usted lo pertinente.

4. A la fecha y realizando la revisión pormenorizada de los procesos asignados a este despacho es que me he percatado de la situación, razón por la que pongo en su conocimiento la misma y para que resuelva usted lo pertinente.

2. El 17 de septiembre de 2021, el director seccional de Santander de la Fiscalía General de la Nación declaró que dentro del expediente núm. 686796000153201500390 operó el vencimiento de términos y , en consecuencia, ordenó compulsar copias a la Dirección Nacional de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación para que, en la órbia de su competencia, «investigue disciplinariamente a los funcionarios y servidores del Despacho 04 Grupo de Inv. Y Juicio -Sin Asignación Especial, Seccional San Gil, que conocieron de la actuación desde el 13 de enero de 2017 hasta la fecha».

3. El 17 de noviembre de 2021 , la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 734 de 2002, remitió, por competencia, el asunto al Consejo Seccional de la

Judicatura de Santander.

4.El 9 de diciembre de 2021 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander ordenó abrir indagación preliminar «en contra del titular de la Fiscalía Cuarta Grupo de Investigación y Juicio Sin Asignación Especial, Seccional San Gil». Además, en el mismo au to solicitó, entre otras cosas, remitir «copias del informe a la oficina de control disciplinario para investigar los empleados de la Fiscalía grupo de investigación y juicio de San Gil».

Gil». Además, en el mismo au to solicitó, entre otras cosas, remitir «copias del informe a la oficina de control disciplinario para investigar los empleados de la Fiscalía grupo de investigación y juicio de San Gil».

5. En diciembre de 2022, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Sala dirimir el conflicto de competencias suscitado con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en orden a determinar la autoridad competente para iniciar la investigación disciplinaria a que haya lugar en contra del asistente de la Fiscalía 04 del grupo de investigación y juicio de la Seccional Santander , por la omisión que permitió el vencimiento de términos dentro del proceso por presunto ilícito de violencia contra servidor público , con radicado núm. 688796000153201500390.Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 3 de 33

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso tercero, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó un edicto en la Secretaría de esta S ala por el término de cinco días, con el fin de que aquellos presentaran sus alegatos o consideraciones1.

Obra constancia de que se informó sobre el presente conflicto a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación , a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a la Dirección Seccional de Santander de la

Obra constancia de que se informó sobre el presente conflicto a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación , a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a la Dirección Seccional de Santander de la Fiscalía General de la Nación, al doctor Carlos Mauricio Durán Díaz, fiscal 4 del grupo de investigación y juicio de San Gil (Santander) y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Dentro del término de la fijación del edicto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander presentó alegatos, las demás autoridades involucradas y los particulares o personas interesadas guardaron silencio.

Mediante Auto del 24 de marzo de 202 32, el magistrado ponente ordenó , por Secretaría, oficiar a las autoridades en conflicto para que remitieran documentación que no se encuentra en el expediente magnético.

Mediante informe secretarial del 10 de abril de 2023, la secretaria de la Sala indicó a este despacho que «[…] el doctor Orlando Pérez Aguilar, en calidad de secretario de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, vía correo electrónico, allegó información, la cual se remite en un archivo con tres folios. De igual forma, Diana Paola Morales Acuña, funcionaria de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, vía correo electrónico, allegó un archivo pdf con dos folios».

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación

La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación no se

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación

La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación no se pronunció dentro del término de traslado para presentar alegatos, en consecuencia,

1 Archivo que reposa dentro del expediente digital. 2 Expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 4 de 33

se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el auto mediante el cual planteó a la Sala el conflicto de competencias.

Sostuvo que el Acto Legislativo 2 de 2015, por medio del cual se modificó el artículo 257 de la Constitución Política de 1991, asignó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competencia para conocer sobre investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin distinguir si ejercen funciones administrativas o judiciales.

Agregó que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 2 de la Ley 1952, modificada por el artículo 1 de la L ey 2094 de 2021, le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente, señaló que, en concordancia co n el parágrafo transitorio del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, a la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación le corresponde continuar conociendo de los procesos disciplinario s adelantados por

artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, a la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación le corresponde continuar conociendo de los procesos disciplinario s adelantados por hechos ocurridos antes del 13 de enero de 2021.

Argumentó que en la Sentencia C -373 de 2016, la Corte Constitucional concluyó que los procesos disciplinarios que se venían adelantando contra los empleados de la Fiscalía General de la N ación seguirán en cabeza de la autoridad competente, la cual solo sería desplazada funcionalmente cuando entre en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Finalmente, concluyó que en el caso concreto, la conducta que se pretende investigar, posiblemente imputable al asistente de la Fiscalía 04 del Grupo de Investigación y Juicio de la Seccional San Gil, es por hechos iniciados en el mes de enero de 2017, fecha para la cual no estaba ejerciendo sus funciones la Comisión Nacional de Discip lina Judicial. Sin embargo, agregó que la falta disciplinaria se mantuvo en el tiempo hasta el 14 de septiembre de 2021, fecha en la que ya estaba en funcionamiento la Comisión y, en consecuencia, es la autoridad llamada a conocer del presente asunto.

3.2. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander señaló que en aquellos casos en los que se trata de conductas de ejecución permanente , en materia disciplinaria es posible que haya una coexistencia de normas que ameritan que se aplique la mas favorable, tales normas son Ley 734 de 2002 y Ley 1952 de 2019.

casos en los que se trata de conductas de ejecución permanente , en materia disciplinaria es posible que haya una coexistencia de normas que ameritan que se aplique la mas favorable, tales normas son Ley 734 de 2002 y Ley 1952 de 2019.

Al respecto sostuvo: Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 5 de 33

[…]La conducto omisiva comenzó a ejecutarse en el año 2018 por parte de un empleado judicial, a quien se le aplicaba, insisto, el DERECHO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO de la Ley 734 de 2002, ahora ley 1952 de 2019, el que por su naturaleza tiene características que la favorecen al no tener la sentencia la fuerza de cosa juzgada, ya que puede ser demandada ante a Jurisdicción contenciosa administrativa; tiene el mecanismo de la revocatoria directa y todos los aspectos favorables de la Ley 734.

5. La actuación disciplinaria que surge como consecuencia del Acto Legislativo 02 de 2015, es una acción sancionatoria, DE NATURALEZA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, investigada por un Tribunal de Magistrados, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada; sin la posibilidad de ser revisadas por la jurisdicción Contenciosa administrativa, la ilicitud sustancial tiene una perspectiva diferente, ya que los deberes tienen una connotación funcional más exigente; no existe la figura de la revocatoria directa

6. En materia de COEXISTENCIA DE NORMAS, cuando las conductas son de ejecución permanente, se aplica el principio de favorabilidad, concepto que deviene de los tratados internacionales y de las múltiples decisiones de la Corte

de la revocatoria directa

6. En materia de COEXISTENCIA DE NORMAS, cuando las conductas son de ejecución permanente, se aplica el principio de favorabilidad, concepto que deviene de los tratados internacionales y de las múltiples decisiones de la Corte Constitucional y Corte Suprema de justicia en materia de derecho jurisdiccional sancionatorio.

[…].

10. De afirmarse que somos competente s, sería improcedente apli car figuras administrativas, notificaciones administrativa s, inhibiciones por el solo paso del tiempo, por fuera de nuestra esencia jurisdiccional, lo que atacaría ese sistema creado de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

11. Esa era la esencia de la incompetencia, creyendo de buena fe que se entendía esa coexistencia y coexistencia de normas y principio de favorabilidad.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativasRadicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 6 de 33

1.1.1. Vigencia de la Ley 1952 de 20193, reformada por la Ley 2094 de 20214 respecto del conflicto planteado. Reiteración5

Mediante la Ley 1952 de 2019, se expidió el Código General Disciplinario, el cual, derogó expresamente la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), entre otras normas.

El artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, tal como fue modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, relativo a la transitoriedad de las normas contenidas en

normas.

El artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, tal como fue modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, relativo a la transitoriedad de las normas contenidas en dicho estatuto, dispuso:

Artículo 263. Artículo transitorio . A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal , continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley. […] [Subrayas añadidas].

Sobre la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, la versión original del artículo 265 de la misma establecía, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Que «[l]a presente ley entrará a regir cuatro (4) meses después de su sanción y publicación […]», lo cual tuvo lugar el 28 de enero de 2019.

1. Que los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254, relativos al procedimiento reflejado en este código, entrarán en vigencia dieciocho (18) meses después de su promulgación.

Sin embargo, la Ley 1955 de 2019 6 prorrogó la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, hasta el 1 de julio de 2021, a saber:

en vigencia dieciocho (18) meses después de su promulgación.

Sin embargo, la Ley 1955 de 2019 6 prorrogó la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, hasta el 1 de julio de 2021, a saber:

Prorróguese hasta el 1 de julio de 2021 la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.

3 «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario». 4 «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». 5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220003300 del 6 de julio de 2022. 6 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad», ver el artículo 140: «Prorróguese hasta el 1 de julio de 2021 la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019».Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 7 de 33

Posteriormente, el 29 de junio de 2021, fue expedida la Ley 20947, cuyo artículo 73 dispuso una nueva prórroga a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, como a continuación se enuncia:

Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán

a continuación se enuncia:

Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) m eses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.

[…]

Parágrafo 1o . El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación.

En virtud de lo anterior, la entrada en vigencia plena de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se concretó la derogatoria de Ley 734 de 2002, salvo su artículo 30 (que aún está vigente) y su artículo 1, que entró en vigencia el 29 de junio de 2021.

Como en el caso que nos ocupa, no se ha proferido pliego de cargos ni se ha instalado la audiencia prevista dentro del procedimiento verbal, a la luz de lo establecido en el precitado artículo 263, al presente caso le resultan aplicables las disposiciones del nuevo Código General Disciplinario.

1.1.2 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios . Reiteración8

En primer lugar, es necesario advertir que, por las razones que se explicarán más adelante, la actuación disciplinaria que sea procedente iniciar, en este caso, estaría regida, en su totalidad, por el nuevo Código General Disciplinario, contenido en la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 20219.

regida, en su totalidad, por el nuevo Código General Disciplinario, contenido en la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 20219.

En esa medida, debe advertirse, los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo

7 «Por medio de la cual se reforma la ley [sic] 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». 8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radic ación 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022. 9 Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 8 de 33

remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones qu e le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones qu e le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, sin embargo, no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Dirección de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.1.3. Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia administrativos. Reiteración10

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el « procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están integradas en el c apítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022.Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 9 de 33

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…].

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10°, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo [...].

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

territorial de un solo tribunal administrativo [...].

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

En relación con la función de naturaleza administrativa, la Sala hará, más adelante, algunas consideraciones especiales, teniendo en cuenta que la función disciplinaria asignada constitucionalmente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y a sus seccionales, es de índole jurisdiccional.

Por otro lado, e l asunto discutido es particular y concreto, porque se trata de la actuación que debe adelantarse contra el asistente de la Fiscalía 04 del grupo de investigación y juicio de la Seccional Santander o a cualquier otro empleado judicial de esa fiscalía, toda vez que , al realizar solo la indagación preliminar, aún no se tienen plenamente individualizados los presuntos responsables.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Discip lina Judicial de Santander, negaron tener la competencia para conocer de la actuación disciplinaria que deba adelantarse contra el asistente de la Fiscalía 04 del grupo de investigación y juicio de la Seccional Santander.

1. Que una de las autoridades i nmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del orden

el asistente de la Fiscalía 04 del grupo de investigación y juicio de la Seccional Santander.

1. Que una de las autoridades i nmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 10 de 33

El presente caso involucra a dos autoridades de l orden nacional: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander (autoridad desconcentrada territorialmente, que forma parte de la Jurisdicción Disciplinaria) y la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación.

1.1.4. La competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas entre autoridades que cumplen función administrativa y función jurisdiccional. Reiteración11

Frente al escenario descrito, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha emitido distintos pronunciamientos12, que permiten concluir que, cuando se presentan conflictos de competencias sobre un mismo y determinado asunto o actuación, cuya naturaleza es administrativa para una de las partes y judicial para otra, la Sala se encuentra facultada para resolver de fondo el respectivo conflicto, en ejercicio de su función legal de dirimir los conflictos de competencias administrativas, y declarar competente a cualquiera de las autoridades enfrentadas.

En algunos de los casos señalados, la Sala declaró competente a la autoridad cuya función era jurisdiccional, incluso si dicha autoridad tenía también carácter judicial (desde el punto de vista orgánico), como sucedió en la decisión del 18 de septiembre

En algunos de los casos señalados, la Sala declaró competente a la autoridad cuya función era jurisdiccional, incluso si dicha autoridad tenía también carácter judicial (desde el punto de vista orgánico), como sucedió en la decisión del 18 de septiembre de 2014, al resolver un conflicto negativo de competencias entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – Seccional Palmira, División de Recaudo y Cobranzas - y el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en relación con cuál de dichas autoridades debía conocer de una queja disciplinaria formulada contra personas que actuaron como auxiliares de la justicia, y en la que se atribuyó la competencia al Consejo Seccional de la Judicatura referido13.

Es importante resaltar que, en ninguno de los precedentes de la Sala, esta condicionó su propia competencia para resolver de fondo el conflicto planteado a la consideración previa sobre cuál de las autoridades enfrentadas era o podría ser la competente para iniciar o continuar la ac tuación respectiva. Por el contrario, en dichos casos, definió primero su competencia para resolver de fondo el conflicto y, a partir de esta determinación, procedió a analizar cuál de las autoridades en conflicto era la competente para conocer del asunto planteado, con fundamento en las normas aplicables.

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220003300 del 6 de julio de 2022. 12 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014

6 de julio de 2022. 12 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063); decisión del 20 de mayo de 2021 (radicación 2021-00024), entre otros. 13 Radicación No. 11001-03-06-000-2014-00168-00.Radicación: 11001-03-06-000-2023-000006-00 Página 11 de 33

Adicionalmente, la Sala ha señalado que es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple función juris diccional, por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29 , 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Por lo tanto, pese a que , en el presente caso , una de las dos autoridades involucradas en el conflicto ejerce funciones disciplinarias de carácter jurisdiccional, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, la Sala es competente para dirimir el conflicto , conforme a lo expuesto en los precedentes referidos.

En efecto, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y

esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, la Sala es competente para dirimir el conflicto , conforme a lo expuesto en los precedentes referidos.

En efecto, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva esta clase de conflictos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29, 236 y 237 de la Constitución; 3, 39 y 112 del Código de Procedimiento Administ rativo y de lo Contencioso Administrativo, y 83 y 93 del Código General Disciplinario, ya que