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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitres (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100

Referencia: conflicto negativo de competencias Partes: Agencia Nacional de Hidrocarburos y Procuraduría General de la Nación.

Asunto: Autoridad competente para continuar conoc iendo de la etapa de juzgamiento de un proceso disciplinario in struido por la

Agencia Nacional de Hidrocarburos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2°. y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se exponen los antecedentes que dieron origen al presunto conflicto de competencias de la referencia y que son relevantes para la decisión2:

1. El 25 de agosto de 2020, dentro de la actuación disciplinaria interna 022-2018, la Agencia Nacional de Hidrocarburos formuló pliego cargos en contra de Hernando Ramírez Montañez, funcionario de esa entidad, por no presentarse a trabajar los días 5

Agencia Nacional de Hidrocarburos formuló pliego cargos en contra de Hernando Ramírez Montañez, funcionario de esa entidad, por no presentarse a trabajar los días 5 y 6 de diciembre del 2018, y al presentarse el día 7 de diciembre de 2018, no presentar soporte de su inasistencia.

2. El 5 de agosto de 2021 3, la Agencia Nacional de Hidrocarburos remitió las diligencias de la actuación disciplinaria interna 022-2018 a la Procuraduría General de la

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 La información que se describe en los antecedentes fue extraída del expediente digital que obra en SAMAI. 3 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 2.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 2 de 27

Nación, con el fin de que dicha entidad surtiera la etapa de juzgamiento, en atención a lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 20194.

3. Mediante el Auto del 7 de abril de 20225, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, invocando lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley 1851 de 2021 6, devolvió, por falta de competencia, el expediente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al considerar que dicha agencia debía contar con la estructura necesaria para garantizar la separación de

competencia, el expediente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al considerar que dicha agencia debía contar con la estructura necesaria para garantizar la separación de las etapas de instrucción y de juzgamiento de los procesos disciplinarios, conforme lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019.

4. El 2 de enero de 20237, la Agencia Nacional de Hidrocarburos formuló ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conflicto negativo de competencias administrativas con la Procuraduría General de la Nación.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto8.

4 Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. 5 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 3, folio 5. 6 «Por el cual se modifican los Decretos ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los func ionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones ».

cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones ». Artículo 13. Adiciónese el artículo 25A al Decreto ley 262 de 2000, el cual quedará así: Artículo 25A. Competencias. Las procuradurías delegadas de juzgamiento tienen las siguientes competencias:

1. Conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos adelan tados por las procuradurías delegadas de instrucción.

2. Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten en los procesos de conocimiento de las procuradurías

regionales y distritales de Bogotá, D. C., en etapa de juzgamiento, excepto en los casos de servidores públicos de elección popular.

3. Conocer de la doble conformidad contra los fallos sancionatorios proferidos en segunda instancia por las procuradurías regionales.

4. Conocer del grado de consulta del auto de suspensión provisional, así como de sus prórrogas, proferidos por las procuradurías regionales en etapa de juzgamiento, excepto en los casos de servidores públicos de elección popular […]. 7 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 1. 8 Archivo digital SAMAI, NroActua 4.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 3 de 27

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Minas y Energía, a la Procuraduría Segunda Delegada

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Minas y Energía, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzga miento 2 y al señor Hernando Ramírez Montañez, en calidad de disciplinado9.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto, solo presentó alegatos la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio10.

El despacho ponente, mediante Auto del 25 de abril de 2023, ordenó vincular al trámite del conflicto a la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá D.C., a la cual, además, le solicitó información pertinente para decidir11.

En respuesta al referido auto, se pronunció el procurador dis trital de juzgamiento de Bogotá. D.C. Asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó «documentación en un archivo pdf con dos folios y un CD con copia del expediente del proceso disciplinario»12.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. De la Agencia Nacional de Hidrocarburos

De acuerdo con el auto mediante el cual la ANH decidió suscitar el presente conflicto de competencias, sustentó su falta de competencia para adelantar la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario 022-2018, en lo siguiente:

El artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 dispone que los procesos disciplinarios deben

competencias, sustentó su falta de competencia para adelantar la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario 022-2018, en lo siguiente:

El artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 dispone que los procesos disciplinarios deben separar las etapas de instrucción y juzgamiento y ambas deben ser adelantadas por funcionarios independientes, imparciales y autónomos.

El artículo 93 de la referida le y, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, señala que el jefe de la oficina de control disciplinario interno deberá ser abogado y pertenecer al nivel directivo; sin embargo, en el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dicha oficina pertenece a un nivel inferior, el nivel asesor, de manera que, no le es posible adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos disciplinarios contra los funcionarios.

9 Archivo digital SAMAI, NroActua 3, archivo 8. 10 Archivo digital SAMAI, NroActua 6. 11 Archivo digital SAMAI, NroActua 7. 12 Archivo digital SAMAI, NroActua 13.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 4 de 27

Al respecto, precisa que, actualmente la Agencia no puede adelantar la etapa de juzgamiento de procesos disciplinarios contra sus servidores, puesto que para ello es necesario reestructurar la planta de personal de la entidad, lo cual requiere contar con aval presupuestal y con concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otras instancias, en cumplimiento de los parámetros de austeridad fijados por el Decreto 1009 de 2020,13 lo cual aún no ha sido posible.

aval presupuestal y con concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otras instancias, en cumplimiento de los parámetros de austeridad fijados por el Decreto 1009 de 2020,13 lo cual aún no ha sido posible.

Menciona además que, el artículo 23 del Decreto Ley 1851 de 2021, que adicionó al artículo 76A al Decr eto Ley 262 de 2000 14, atribuye a las Procuradurías Distritales de Bogotá. D.C. la competencia para conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos instruidos por las oficinas de control interno de las entidades del orden nacional, en el evento en que estas no puedan garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento.

2. Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2

No presentó alega tos. Sin embargo, en el Auto del 7 de abril de 2022, dejó expuestas las razones por las cuales se declara sin competencia.

De una parte, menciona que, el Decreto Ley 1851 de 2021 no establece que las procuradurías delegadas de juzgamiento tengan competencia para conocer, en primera instancia, de la etapa de juicio de los procesos que hubiesen sido instruidos por las oficinas de control disciplinario interno del orden nacional y distrital; y precisa que, son las procuradurías provinciales y distritales de juzgamiento, las que, por virtud de lo establecido en el artículo 76A del referido decreto ley, son competentes para ello, en el evento de que la estru ctura de la respectiva entidad no permita separar las etapas de instrucción y juzgamiento.

establecido en el artículo 76A del referido decreto ley, son competentes para ello, en el evento de que la estru ctura de la respectiva entidad no permita separar las etapas de instrucción y juzgamiento.

Destaca que, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no ha explicado con claridad las razones por las cuales considera que su estructura administrativa no le permite garantizar la separación de las funciones antedichas, y advierte que, en todo caso, dicha entidad tiene el deber d e adecuar su planta de persona l, de modo tal que permita garantizar el debido proceso conforme lo dispuesto en el Código General Disciplinario.

3. Procuraduría General de la Nación – jefe de la Oficina Asesora Jurídica

En respuesta al Auto para mejor proveer del 25 de abril de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Procuraduría General de la Nación manifestó que, de conformidad

13 «Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto». 14 «Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos».Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 5 de 27

con lo establecido en los artículos 7° y 15 del Decreto Ley 262 de 2000, y 159 del CPACA, la representación judicial de una dependencia de la Procuraduría General de la Nación, independientemente de su nombre, recae en forma exclusiva en la procuradora general de la n ación, atribución que se eje rce a través de del jefe de la Oficina Jurídica de la entidad.

Y agregó que «resulta inane vincular a una dependencia de la Procuraduría General de la Nación como lo es la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá́ D.C. de Juzgamiento».

4. Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá D.C.

Mediante el Auto del 25 de abril de de 2023, el magistrado ponente ordenó vincular a la Procuraduría Distrital de Bogotá de Juzgamiento a la presente actuación administrativa, con el fin de analizar su eventual competencia en el presente conflicto y le concedió el término de cinco días para que presentara sus respectivos alegatos.

Mediante infor me secretarial del 17 de mayo de 2023, se informó al Despacho que, vencido el término concedido en el Auto del 25 de abril de 2023, la Procuraduría Distrital de Bogotá manifestó: [R]esulta claro que la representación de una dependencia de la Procuraduría General de la Naci ón, independientemente de su nombre recae en forma exclusiva en la Procuradora General de la Nación y en el Jefe de la Oficina Jurídica. Por lo anterior, resulta inane vincular a una dependencia de la Procuraduría General

Procuradora General de la Nación y en el Jefe de la Oficina Jurídica. Por lo anterior, resulta inane vincular a una dependencia de la Procuraduría General de la Naci ón como lo es la Procuradur ía Primera Distrital de Bogot á D.C. de Juzgamiento, ello por cuanto la postura oficial de esta entidad ya ha sido manifestada de forma amplia en el escr ito de consideraciones allegado con anterioridad al Despacho. De conformidad con lo expuesto, procede la Sala a decidir el presente conflicto de competencias administrativas.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración15

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

15 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla; y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán, entre otras.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 6 de 27

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Procuraduría General de la Nación no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»16 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de

16 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código , sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 7 de 27

distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren

distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. [Se resalta].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. [Se resalta].

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

 Que, simultáneamente, las autoridades concernid as nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación han negado su competencia para continuar con la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario adelantado en contra del señor Hernando Ramírez Montañez.  Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

 Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades administrativas del orden nacional: la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación.

 Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para continuar con la etapa de juzgamiento y, en consecuencia, adoptar el fallo de primera instancia del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Ramírez Montañez.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo conRadicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 8 de 27

lo previsto en la Ley 1952 de 2019 , ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones17. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa. Asimismo, las funciones disciplinarias de la ANH son también de naturaleza administrativa.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos

naturaleza administrativa.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»18.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la p arte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los document os que forman parte del expediente. Por

definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los document os que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

17 De acuerdo con lo informado en Comunicado de Prensa del 16 de febre ro de 2023 , toda vez que a sentencia no ha sido publicada. 18 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 9 de 27

Las eventuales alusiones que se hagan a a spectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

5. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar conociendo de la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario adelantado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en contra del s eñor Hernando Ramírez Montañez.

Sobre el particular, la ANH ha señalado que no tiene la competencia para adelantar la

Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en contra del s eñor Hernando Ramírez Montañez.

Sobre el particular, la ANH ha señalado que no tiene la competencia para adelantar la etapa de juzgamiento en contra de los citados disciplinados, pues dentro de la estructura de la entidad no cuenta con las dependencias y funcionarios mediante los cuales pueda garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento en las condiciones previstas en la ley . En consecuencia, esta última etapa debe ser asumida por la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Decreto Ley 1851 de 2021, que adicionó el artículo 76A al Decreto Ley 262 de 2000.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación considera que la competencia de la entidad, a través de las procuradurías distritales de j uzgamiento, para conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos instruidos por las oficinas de control interno disciplinario de las entidades u órganos del Estado , solo opera cuando la entidad que debe adelantar el proceso disciplinario demuestre que no puede garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento. A su juicio, en el presente caso, la ANH no ha demostrado que se cumpla con esta condición.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Potestad disciplinaria del Estado. Reiteración.

2. Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento

3. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina o

2. Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento

3. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina o dependencia de control interno disciplinario, y de garantizar que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento

4. El control disciplinario interno en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

5. Caso concreto.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0004100 Página 10 de 27

6. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración19

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas

inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al i gual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro20.

19 En este acápite se reiteran, con algunas adiciones o complementaciones, lo señalado por la Sala en las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022, rad. 11001 03 06 000 2022 00080 00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión

del 14 de junio de 2022, rad. 1 1001-03-06-000-2022-00069-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 2 de junio de 2022, rad. 11001-03-06-000-2022-00055-00. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Se