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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 14 de junio de 2023

Número único: 11001 03 06 000 2023 00043 00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Agencia Nacional de Hidrocarburos y Procuraduría General de la Nación.

Asunto: Autoridad competente para conocer de la etapa de juzgamiento de un proceso disciplinario instruido por una entidad del nivel nacional.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación recibida, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 7 de junio de 2022, dentro de la actuación disciplinaria interna 001 -2020, la Agencia Nacional de Hidrocarburos formuló pliego cargos en contra de Édgar Emilio Rodríguez Bastidas, David Montaño García e Iván Darío Gómez Salazar, funcionarios de esa entidad, por presuntamente no legalizar comisiones de servicios.

2. El 10 de junio de 2022 2, la Agencia Nacional de Hidrocarburos remitió las

funcionarios de esa entidad, por presuntamente no legalizar comisiones de servicios.

2. El 10 de junio de 2022 2, la Agencia Nacional de Hidrocarburos remitió las diligencias de la actuación disciplinaria interna 001-2020 a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que dicha entidad surtiera la etapa de juzgamiento , en atención a lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 20193.

3. Mediante Auto del 25 de octubre de 2022 4, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 de la Procuraduría General de la Nación, invocando

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 2. 3 Competencia por la calidad del sujeto disciplinable.

4 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 3, folio 5.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 2 de 25

lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley 1851 de 2021 5, devolvió, por falta de competencia, el expe diente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos , al considerar que dicha agencia debía contar con la estructura necesaria para garantizar la separación de las etapas de instrucción y de juzgamiento de los procesos disciplinarios, conforme lo previsto en el a rtículo 12 de la Ley 1952 de

considerar que dicha agencia debía contar con la estructura necesaria para garantizar la separación de las etapas de instrucción y de juzgamiento de los procesos disciplinarios, conforme lo previsto en el a rtículo 12 de la Ley 1952 de 2019.

4. El 2 de enero de 20236, la Agencia Nacional de Hidrocarburos propuso ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conflicto negativo de competencias administrativas con la Procuraduría General de la Nación.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto7.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Minas y Energía, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, y a los señores Édgar Emilio Rodríguez Bastidas, David Montaño García e Iván Darío Gómez Salazar, en calidad de disciplinados8.

5 «Por el cual se modifican los Decretos ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los

personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambi o de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones». Artículo 13. Adiciónese el artículo 25A al Decreto ley 262 de 2000, el cual quedará así: Artículo 25A. Competencias. L as procuradurías delegadas de juzgamiento tienen las siguientes competencias:

1. Conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías delegadas de instrucción.

2. Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten en los procesos de conocimiento de las procuradurías

regionales y distritales de Bogotá, D. C., en etapa de juzgamiento, excepto en los casos de servidores públicos de elección popular.

3. Conocer de la doble conformidad contra los fallos sancionatorios proferidos en segunda instancia por las procuradurías regionales.

4. Conocer del grado de consulta del auto de suspensión provisional, así como de sus prórrogas, proferidos por l as procuradurías regionales en etapa de juzgamiento, excepto en los casos de servidores públicos de elección popular […]. 6 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 1. 7 Archivo digital SAMAI, NroActua 4. 8 Archivo digital SAMAI, NroActua 3, archivo 8.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 3 de 25

7 Archivo digital SAMAI, NroActua 4. 8 Archivo digital SAMAI, NroActua 3, archivo 8.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 3 de 25

Obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto solo presentó alegatos la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio9.

El despacho ponente, mediante Auto del 10 de abril de 2023, ordenó vincular al trámite del conflicto, a la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá D.C., a la cual, además, le solicitó información pertinente para decidir10.

En respuesta al referido auto, se pronunciaron el jefe de la oficina juríd ica de la Procuraduría General de la Nación y el procurador distrital de juzgamiento de Bogotá D.C. Asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó «documentación en un archivo pdf con dos folios y un CD con copia del expediente del proceso disciplinario»11.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. De la Agencia Nacional de Hidrocarburos12

Sustenta su falta de competencia para adelantar la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario 001-2020, en lo siguiente:

El artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 dispone que los procesos disciplinarios deben separar las etapas de instrucción y juzgamiento y ambas deben ser adelantadas por funcionarios independientes, imparciales y autónomos.

El artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 dispone que los procesos disciplinarios deben separar las etapas de instrucción y juzgamiento y ambas deben ser adelantadas por funcionarios independientes, imparciales y autónomos.

El artículo 93 de la referida ley, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, señala que el jefe de la oficina de control disciplinario interno deberá ser abogado y pertenecer al nivel directivo ; sin embargo, en el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dicha oficina pertenece a un nivel inferior, el nivel asesor, de manera que, no le es posible adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos disciplinarios contra los funcionarios.

Al respecto, precisa que, actualmente la Agencia no puede adelantar la etapa de juzgamiento de procesos disciplinarios contra sus servidores, puesto que para ello es necesario reestructurar la planta de personal de la entidad, lo cual requiere contar con aval presupuestal y con concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública , entre otras instancias, en cumplimiento de los parámetros de austeridad fijados por el Decreto 1009 de 2020,13 lo cual aún no ha sido posible.

9 Archivo digital SAMAI, NroActua 6. 10 Archivo digital SAMAI, NroActua 7. 11 Archivo digital SAMAI, NroActua 13. 12 Archivo digital SAMAI, archivo 19. 13 «Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto».Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 4 de 25

Menciona además que, el artículo 23 del Decreto Ley 1851 de 2021, que adicionó al artículo 76A al Decreto Ley 262 de 200014, atribuye a las Procuradurías Distritales de Bogotá D.C. la competencia para conocer la etapa de juzgamiento de los procesos instruidos por las oficinas de control interno de las entidades del orden nacional, en el evento en que éstas no puedan garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento.

2. De la Procuraduría General de la Nación – Delegada Disciplinaria de

Juzgamiento 215

No presentó alegatos. Sin embargo, en Auto del 25 de octubre de 2022, dejó expuestas las razones por las cuales se declara sin competencia.

De una parte, menciona que, e l Decreto Ley 1851 de 2021 no establece que las procuradurías delegadas de juzgamiento tengan competencia para conocer, en primera instancia, de la etapa de juicio de los procesos que hubiesen sido instruidos por las oficinas de control disciplinario interno del orden nacional y distrital; y precisa que, son las procuradurías provinciales y distritales de juzgamiento, las que, por virtud de lo establecido en el artículo 76A del referido decreto ley, son competentes para ello, en el evento en que la estructura de la respectiva entidad, no permita separar las etapas de instrucción y juzgamiento.

Destaca que, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no ha explicado con claridad las razones por las cuales considera que su estructura administrativa no permite garantizar la separación de las funciones antedichas, y advierte que, en todo caso,

Destaca que, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no ha explicado con claridad las razones por las cuales considera que su estructura administrativa no permite garantizar la separación de las funciones antedichas, y advierte que, en todo caso, dicha entidad tiene el deber de adecuar su planta de personal de modo tal que permita garantizar el debido proceso conforme lo dispuesto en el Código General Disciplinario.

3. De la Procuraduría General de la Nación – jefe de la Oficina Asesora

Jurídica16

En respuesta al Auto para mejor proveer del 10 de abril de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Procuraduría General de la Nación manifestó que, de conformidad con lo establecido en los artículos 7° y 15 del Decreto Ley 262 de 2000, y 159 del CPACA, la representación judicial de una dependencia de la Procuraduría General de la Nación, independientemente de su nombre, recae en forma exclusiva

14 «Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; s e modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos». 15 Archivo digital SAMAI, archivo 11. 16 Archivo digital SAMAI, archivo 35.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 5 de 25

en la Procuradora General de la Nación, atribución que se ejerce a través de del

16 Archivo digital SAMAI, archivo 35.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 5 de 25

en la Procuradora General de la Nación, atribución que se ejerce a través de del jefe de la oficina jurídica de la entidad.

Y agregó que, «resulta inane vincular a una dependencia de la Procuraduría General de la Nación como lo es la Procuraduría Primera Distrital de Bogot á́ D.C. de Juzgamiento».

4. De la Procuraduría Distrital de Bogotá D.C. de Juzgamiento17

Fijó su posición en respuesta al Auto de ponente del 10 de abril de 2023, según la cual, la Agencia Nacional de Hidrocarburos «tiene la infraestructura, el personal y las capacidades para tener una oficina disciplinaria que se encargue de adelantar el juzgamiento de los procesos disciplinarios contra sus propios servidores».

En todo caso, precisó que, el artículo 92 de la Le y 2094 de 2021 le asigna a la Procuraduría General de la Nación, y no la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá D.C., la competencia para adelantar los procesos disciplinarios en «el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se p uedan satisfacer» en las oficinas de control disciplinario interno.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Reiteración18

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Reiteración18

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

17 Archivo digital SAMAI, archivo 37. 18 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306-000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla ; y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán, entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 6 de 25

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Procuraduría General de la Nación no tienen un superior común.

Ante la imposibi lidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA- (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I , del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solici tud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá

competencia administrativa se promoverán de oficio o por solici tud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o au toridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 7 de 25

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

• Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación han

• Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación han negado su competencia para adelantar la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario 001-2020 surtido en contra de los señores Édgar Emilio Rodríguez Bastidas, David Montaño García e Iván Darío Gómez Salazar y, por lo tanto, para adoptar el fallo de primera instancia.

• Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades administrativas del orden nacional: la Agencia Nacional de Hidrocarburo s y la Procuraduría General de la Nación.

• Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, como es el proceso disciplinario 001-2020 iniciado en contra de los señores Édgar Emilio Rodríguez Bastidas, David Montaño García e Iván Darío Gómez Salazar , en su etapa de juzgamiento.

En relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que éste involucra a la Procuraduría General de la Nación, entidad que, a la luz de lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, debe anotarse que, la Corte Constitucional, mediante Sentencia Clo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, debe anotarse que, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C030 de 20 2319, cuyo texto aún no se conoce, declaró inexequible la naturaleza

19 Al respecto, se puede consultar el comunicado o4 de l 16 de febrero de 2023 de la Corte Constitucional, cuyo tenor literal dispone, en lo pertinente: «Primero. Declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” contenidas en los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021 (que modificaron los artículos 2, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019) y de l a expresión “ejecutoriadas” contenida en el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021». El comunicado se puede consultar en el siguiente sitio web: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2004%20Febrero%2016%20de %202023.pdf.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 8 de 25

jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa, como también lo son, las de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»20.

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»20.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato l egal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad compe tente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.

20 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 9 de 25

Debe agregarse que la decisión de la Sala, sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la soli citud y en los documentos que hacen parte del expediente.

5. Síntesis del caso y problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario 001-2020 adelantado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la A gencia Nacional de Hidrocarburos en contra de los señores Édgar Emilio Rodríguez Bastidas, David Montaño García e Iván Darío Gómez Salazar.

La A gencia ha señalado no tener la competencia por cuanto no cuenta con las dependencias y funcionarios a través de los cuales pueda garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento en las condiciones previstas por la ley.

Gómez Salazar.

La A gencia ha señalado no tener la competencia por cuanto no cuenta con las dependencias y funcionarios a través de los cuales pueda garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento en las condiciones previstas por la ley.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación considera que su competencia para conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos instruidos por las oficinas de control interno disciplinario de las entidades del orden nacional, se ejerce a través de las procuradurías distritales de juzgamiento, y opera, únicamente, cuando la entidad que corresponda, demuestre que no puede garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento, lo cual, a su juicio, no ha ocurrido en el presente caso.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes elementos:

1. Potestad disciplinaria del Estado. Reiteración.

1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento.

1. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina o dependencia de control interno disciplinario, y de garantizar que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.

1. El control interno disciplinario en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

1. Caso concreto.

6. Análisis del conflicto planteadoRadicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 10 de 25

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración 21

6. Análisis del conflicto planteadoRadicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 10 de 25

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración 21

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, h onradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en rel ación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro22.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados23.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021-025, entre otras. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015 . Radicación núm. 11001-03-25-000-2010-00162-00(120010. 23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00043 00 Página 11 de 25

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]24.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administraci