CE - 110010306000202300052001AUTOQUERESUELDECLARACO20230706121216

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera Ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 14 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00052-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de una auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 12 de febrero de 2016 , la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá recibió queja presentada por los señores Eugenio Vega, Jaime Rivera, Miguel Suarez, Edgar Montenegro y las señoras Stella Rodríguez y Gladys Castro, en la que solicitaron investigar una presunta falta disciplinaria en contra del señor Carlos Alberto Amézqu ita Cifuentes, auxiliar de la justicia dentro del proceso ejecutivo con radicado número 2006-255 adelantado ante el

Juzgado Tercero Civil de Oralidad de Tunja.

en contra del señor Carlos Alberto Amézqu ita Cifuentes, auxiliar de la justicia dentro del proceso ejecutivo con radicado número 2006-255 adelantado ante el Juzgado Tercero Civil de Oralidad de Tunja.

2. Mediante Auto del 12 de diciembre de 2017 , la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 La información que se señala en este acápit e reposa en el expediente del conflicto núm ero 1100103060002023000520 en SAMAI. expediente digital.3. El 22 de marzo de 2018, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, declaró la nulidad de lo actuado a partir del 11 de diciembre de 2017 , esto es, de la indagación preliminar hacia adelante, por cuanto el proceso en contra del señor Amézquita Cifuentes presentó defectos sustanciales que afectaron el debido proceso.

En virtud de lo anterior, remitió las diligencias a la oficina judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, con el fin de que fueran sometidas a reparto para iniciar nuevamente el trámite3.

4. A través de Auto del 14 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió el expediente a la Procuraduría Provincial d e

sometidas a reparto para iniciar nuevamente el trámite3.

4. A través de Auto del 14 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió el expediente a la Procuraduría Provincial d e Instrucción de Tunja, al considerar que, esa autoridad era la competente para conocer del asunto.

5. El 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja declaró no ser competente para asumir el conocimient o de la actuación disciplinaria y, remitió el trámite a la Personería Municipal de Tunja.

6. El 24 de enero de 2023, mediante auto, la Personería Municipal de Tunj a, determinó promover conflicto negativo de competencias entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría d e esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto4

Obra constancia secretarial del 23 de febrero de 20235, en el sentido de que se informó del presente conflicto a la Personería Municipal de Tunja, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría General de la Nación, a la

informó del presente conflicto a la Personería Municipal de Tunja, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría General de la Nación, a la

3 Fue asignado por reparto al despacho del magistrado Gustavo Adolfo Ledesma Henao, mediante acuerdo núm. 016 del 31 de marzo de 2022, se ordenó trasladar al Dr. Ledesma Henao, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, por lo que mediante acuerdo núm. 23 del 25 de abril de 2022, fue nombrada como titular la magistrada Tania Victoria Orozco Becerra, por lo que el 14 de julio de 2022, según constancia manifestó que se realizó inventario de expedientes encontrando el presente asunto. 4 Fijación por edicto núm. 49, documento por edicto_08edicto(pdf), expediente digital. 5 documento ed_10informecomunicac(.pdf), expediente digital.Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; al Carlos Alberto Amezquita Cifuentes.

En informe secretarial del 3 de marzo de 2023, consta que la Procuraduría de Intervención Tercera delegada ante el Consejo de Estado, la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentaron ante la Sala sus respectivas consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante A uto para mejor proveer del 31 de marzo de 2023, se ordenó por la Secretaría de la Sala comunicar a los señores Eugenio Vega, Jaime Rivera, Miguel Suarez, Edgar Montenegro y las señoras Stella Rodríguez y Gladys Castro, a fin de

Mediante A uto para mejor proveer del 31 de marzo de 2023, se ordenó por la Secretaría de la Sala comunicar a los señores Eugenio Vega, Jaime Rivera, Miguel Suarez, Edgar Montenegro y las señoras Stella Rodríguez y Gladys Castro, a fin de que, si lo estimaban pertinente, presentaran alegatos o consideraciones en su condición de quejosos. En posterior informe secretarial del 19 de abril de 2023, consta que guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES6

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

No presentó consideraciones, por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto del 14 de julio de 2022 , mediante el cual remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja.

En el mencionado proveído, manifestó que , en principio correspondía a esa comisión adelantar el proceso disciplinario en contra del auxiliar de la justicia Carlos Alberto Amezquita Cifuentes; pero que, dicha competencia fue modificada en virtud de lo dispuesto por los artículos 2 °, 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019 que entró en vigor el 29 de marzo de 2022, y según la cual, se incluyó a los auxiliares de la justicia en el régimen de los particulares disciplinables concentrando la competencia en la Procuraduría General de la Nación.

Agrego que, dado que en el caso objeto de estudio no existe pliego de cargos, debe aplicarse lo dispuesto en el nuevo Código General Disciplinario, como consecuencia de lo cual, el asunto es de competencia de la Procuraduría Provincial de Instrucción deTunja.

aplicarse lo dispuesto en el nuevo Código General Disciplinario, como consecuencia de lo cual, el asunto es de competencia de la Procuraduría Provincial de Instrucción deTunja.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja7

Mediante escrito del 1° de marzo de 2023 señaló que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, establece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y

6 La informac ión que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 1100103060002023000520 en SAMAI. expediente digital. 7 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 110010306000202300052 en SAMAI.de sus c omisiones seccionales para ejercer la acción disciplinaria , entre otros, en contra de los particulares.

Adicionalmente, indicó que la potestad general disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, le permite, por el poder preferente, asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario.

En cuanto a la personería municipal, manifestó que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 la faculta para adelantar procesos disciplinarios contra particulares.

Por lo anterior, sostuvo que, en ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación, puede remitir el trámite a la personería municipal, para que allí se asuma el conocimiento de presuntas infracciones al régimen disciplinario, realizadas por particulares, en el municipio de Tunja.

3. Personería Municipal de Tunja

La Personería Municipal de Tunja allegó a la Sala, documento con fecha 2 de marzo

asuma el conocimiento de presuntas infracciones al régimen disciplinario, realizadas por particulares, en el municipio de Tunja.

3. Personería Municipal de Tunja

La Personería Municipal de Tunja allegó a la Sala, documento con fecha 2 de marzo de 2023, en el cual sustentó su falta de competencia para conocer del asunto.

En este escrito manifestó que, conforme lo previsto en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, las funciones disciplinarias asignadas a las perso nerías están referidas a que éstas puedan investigar y sancionar a funcionarios públicos que tengan una vinculación directa con la Administración de la entidad territorial.

De conformidad con lo anterior, señaló que no es competente para investigar al señor Carlos Alberto Amezquita Cifuentes, en su condición de auxiliar de la justicia, pues su actuar no se encuentra relacionado con la Administración municipal. En su lugar, indicó que la mencionada competencia recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, según lo dispuesto en el nuevo Código General Disciplinario.

4. Procuraduría de Intervención Tercera delegada ante el Consejo de Estado

En los alegatos presentados ante esta Sala, el 28 de febrero de 2023, manifestó que en virtud del artículo 76 del Decreto 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021 , se asignó a las Procuradurías Provinciales y Distritales de Instrucción, la competencia para conocer las actuaciones disciplinarias (hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archi vo), que se adelantaren contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Instrucción, la competencia para conocer las actuaciones disciplinarias (hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archi vo), que se adelantaren contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Es decir, que los particulares que de sempeñen funciones propias de servidores públicos, están sujetos al control disciplinario externo de las Procuradurías Provinciales y/o Distritales, y que, al ser un auxiliar de la justicia, un colaborador de la Rama Judicial, se encuentra al control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, según las normas de estructura y competencia de esta autoridad.IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Reiteración8

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al

inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para d irimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas

8 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306-000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán, entre otras.generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competent e; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autori dades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Tanto la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá negaron tener la competencia para conocer del proces o disciplinario en contra del auxiliar de la justicia Carlos Alberto Amezquita Cifuentes.

1. Que una de las autori dades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un sólo tribunal administrativo.

En el presente caso, existen tres autoridades en conflicto, de las cuales, dos son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; y una es del orden territorial: la Personería Municipal de Tunja.iii) Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), y

concreta. Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), y las otras que, en el mismo evento, ejercería n funciones administrativas 9 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja) y (Personería Municipal de Tunja).

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes10:

• De una parte, ha precisado que un c onflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 11, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala,12 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales con stitucionales del quejoso, y en

por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales con stitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando

9 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replicó dicha función en los artículos 54, 73 y 74 (que modificaron los artículos 2°, 23 8Aª, 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-23 declaró inexequible las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículos 1, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023 . Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos adelantados en contra de quienes desempeñen funciones públicas con fundamento de sus funciones administrativas y no jurisdiccionales. 10 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 11 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

12Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la co nducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado13 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al

fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer14.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]15.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto éste corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

13 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200).

de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021.Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»16 .

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como la s pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

16 16La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consi deración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

1755 de 2015.Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consi deración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y Problema jurídico

En el presente asunto, corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario en contra del señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes, auxiliar de la justicia en el proceso judicial número 2006-255 surtido ante el Juzgado Tercero Civil de Oralidad de Tunja.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, consideró no ser competente para conocer del asunto. Manifestó que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, la competencia para investigar y sancionar las actuaciones del señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes , en su condición de auxiliar de la justicia recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja consideró que el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Amézquita Cifuentes, es un asunto que puede ser asumido por la Personería Municipal de Tunja, autoridad que, en oposición, manifestó que su competencia para adelantar procesos disciplinarios se restringe frente a servidores públicos o particulares que pres ten servicios en la Administración municipal, no siendo el caso del señor Amézquita Cifuentes.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a : i) La potestad disciplinaria

se restringe frente a servidores públicos o particulares que pres ten servicios en la Administración municipal, no siendo el caso del señor Amézquita Cifuentes.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a : i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) La naturaleza de la función de los auxiliares de justicia; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y d e sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 ; vi) Competencia de las personerías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables. vii) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable. viii) El caso concreto.

6. Análisis del conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración 17

El ius puniendi del Estado impli