CE - 110010306000202300117001AUTOQUERESUEL20230726152415

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00117-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta y Procuraduría Regional de Instrucción del Meta Asunto: Autoridad competente para conocer y adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 22 de marzo de 2022, el señor Wladimir Alexander Camacho Rondón presentó una queja ante el Consejo Seccional de Judicatura del Meta 2, en contra de la auxiliar de la justicia Kelly Roxana Silva Quevedo, quien fue nombrada como secuestre dentro del proceso ejecutivo n.º 50001400300820160111900, adelantado por el Juzgado Octavo Civil

Municipal de Villavicencio.

2. La queja se fundamentó en que la mentada auxiliar dejó en depósito gratuito el inmueble secuestrado a la señora Zulma Karina Camacho Rondón, quien nunca pagó las cuotas de

Municipal de Villavicencio.

2. La queja se fundamentó en que la mentada auxiliar dejó en depósito gratuito el inmueble secuestrado a la señora Zulma Karina Camacho Rondón, quien nunca pagó las cuotas de administración, dando lugar a una acción ejecutiva en contra de la propietaria del bien, por la suma de veintiocho millones quinientos mil pesos ($28500.000).

3. El 10 de octubre de 2022, la Com isión Seccional de Disciplina Judicial del Meta abrió investigación disciplinaria en contra de la auxiliar de la justicia Kelly Roxana Silva Quevedo, en aplicación de los artículos 211, 212 y 215 de la Ley 1952 de 2019. Así mismo, decretó algunas pruebas3.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Según el texto de la queja que reposa en el expediente digital, esta se presentó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta. SAMAI, fls. 1-5, Archivo 001Queja. 3 SAMAI. Archivo 11001030600020230011700385171080009. Documento 03 Expediente. Archivo 007 Auto apertura investigación.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 2 de 26

4. El 25 de enero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta declaró la nulidad de la actuación disciplinaria, a partir del auto del 10 de octubre de 2022, por medio

4. El 25 de enero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta declaró la nulidad de la actuación disciplinaria, a partir del auto del 10 de octubre de 2022, por medio del cual se ordenó abrir investigación disciplinaria en contra de la auxiliar de la justicia Kelly Roxana Silva Quevedo. En consecuencia, ordenó remitir las diligencias a la Procuraduría Regional de Instrucción de l Meta y, al tiempo, planteó el conflicto negativo de competencias4.

5. El 23 de febrero de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, por su parte, negó su competencia sobre el asunto, con fundamento en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 y el Acto Legislativo 02 de 2015.

6. En consecuencia, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta ordenó remitir las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que resolviera el conflicto negativo de competencias que se había suscitado con la Comisión Seccional

de Disciplina Judicial del Meta.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y los particulares interesados. Así mismo, se fijó un edicto por el término de cinco días, contados desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril de 20235. Lo anterior, con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

anterior, con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 13 de abril de 2023, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico 6, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado7, en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los períodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

Adicionalmente, en el referido informe secretarial se señaló que, dentro del término de fijación del edicto, únicamente la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta presentó

4 SAMAI. Archivo 11001030600020230011700385171080009. Documento 03 Expediente. Archivo 009 Falta competencia. 5 SAMAI. Archivo 9_110010306000202300117001POREDICTOEDICTO20230329155526.pdf. 6 SAMAI. Archivo 11_110010306000202300117001EXPEDIENTEDIGI202 30330121024 (4).pdf, 7_110010306000202300117007EXPEDIENTEDIGI20230329153747 (3).pdf y 14_110010306000202300117001ALDESPACHOPOR20230413122925.pdf. 7 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin

14_110010306000202300117001ALDESPACHOPOR20230413122925.pdf. 7 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 3 de 26

consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto de mejor proveer del 9 de mayo de 2023, el consejero ponente ordenó oficiar al Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio , a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, para que informaran los datos de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico) de la señora Kelly Roxana Silva Quevedo, quien fue nombrada como secuestre dentro del proceso No. 50001400300820160111900, a delantado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio. Así mismo, para que suministraran los datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) del quejoso, Wladimir Alexander Camacho Rondón.

Una vez se obtuvo la información de la señora Kelly Roxana Silva Quevedo, la Secretaría de la Sala comunicó la decisión para que, si lo estimaba pertinente, presentara sus alegatos o consideraciones.

El 16 de mayo de 2023 (dentro del término concedido), la señora Kelly Roxana Silva Quevedo, vía correo electrónico, presentó consideraciones8. El señor Wladimir Alexander

o consideraciones.

El 16 de mayo de 2023 (dentro del término concedido), la señora Kelly Roxana Silva Quevedo, vía correo electrónico, presentó consideraciones8. El señor Wladimir Alexander Camacho Rondón no se pronunció a pesar de habérsele comunicado la existencia del conflicto9.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 25 de enero de 2023, mediante el cual remitió el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta10.

En el mencionado proveído, la comisión señaló que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), perdió competencia sobre el asunto, dado que la nueva norma disciplinaria otorgaba competencia a la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los auxiliares de la justicia. En ese sentido sostuvo:

De la competencia para conocer de las investigaciones disciplinarias contra Auxiliares de la Justicia, vía jurisprudencial, se planteó que era competente para conocer de l os procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de la justicia, teniendo en cuenta que: (i) mediante el artículo 41 de la Ley 1174 de 2011 se le atribuyó esa competencia a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; (ii) el espíritu de la reforma

el artículo 41 de la Ley 1174 de 2011 se le atribuyó esa competencia a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; (ii) el espíritu de la reforma

8 Actuación n.º 13 del índice de SAMAI. 9 SAMAI. Archivo D11001030600020230011700Notificacion_T133282012451839500.pdf. 10 SAMAI. Archivo 11001030600020230011700385171080009. Documento 03 Expediente. Archivo 009 Falta competencia.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 4 de 26

constitucional introducida en el Acto Legislativo 02 de 2015 que le dio vida al artículo 257 A de la Constitución, fue el de, por un lado, transmitir las competencias disciplinarias que ostentaba la mencionada Sala Disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y, por otro, concentrar en dicha jurisdicción los asuntos disciplinarios concernientes al que hacer de la Rama Judicial, al punto que, aquellos aspectos que consideró ajenos a esa labor disciplinaria como lo fueron la tutela y el conocimiento de conflictos jurisdiccionales, los excluyó de manera expresa, dando a entender que, en todo lo demás, habría una transición funcional entre la saliente Sala Disciplinaria y la Comisión Nacional de Disciplina Ju dicial, dado que la mutación entre una y otra, fue meramente orgánica y no jurisdiccional.

Dicha postura jurisprudencial varió, determinando la falta de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y las Seccionales para adelantar la inves tigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia, cuando no se ha notificado pliego de cargos

Dicha postura jurisprudencial varió, determinando la falta de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y las Seccionales para adelantar la inves tigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia, cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la vigencia del Código General Disciplinario, y así lo puntualizó. […]

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta

La Procuraduría Regional de Instrucción de l Meta tampoco se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala, pero los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 23 de febrero de 2023 , mediante el cual negó expresamente contar con facultad para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 y el Acto Legislativo 02 de 2015. Esto, por cuanto el auxiliar de la justicia no e ra un servidor públic o, sino un particular que prestaba una colaboración a la Rama Judicial11.

De esta forma, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta sostuvo:

Con relación a la competencia para conocer de los asuntos disciplinarios que se deban adelantar contra los auxiliares de justicia, esta Regional ha venido sosteniendo la tesis que, este Despacho carece de competencia para adelantar las investigaciones que se sigan contra auxiliares de la justicia, puesto que resulta evidente que el auxiliar de la jus ticia no es un servidor público sino un particular que desarrolla oficios públicos ocasionales, presta colaboración en el ejercicio de la función judicial con idoneidad y experiencia en cada materia. […]

es un servidor público sino un particular que desarrolla oficios públicos ocasionales, presta colaboración en el ejercicio de la función judicial con idoneidad y experiencia en cada materia. […]

Por otro lado, es de precisar que en virtud del Acto Legislativo 2 de 2015, las funciones que venían siendo desempeñadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales pasaron a ser competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

Así las cosas, es indudable que la competencia para conocer de las actuaciones disciplinarias de los auxiliares de la justicia recae en la Comisión Seccional de Disciplina

11 SAMAI, Archivo 2_110010306000202300117002EXPEDIENTEDIGI20230329153747 (1).pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 5 de 26

Judicial, de acuerdo con la compet encia territorial de cada caso en particular, de conformidad con las siguientes precisiones:

En primer lugar, es de señalar que , si bien es cierto el texto original del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 derogaba expresamente, entre otros, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, anteriormente citado, dicho precepto normativo fue modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, antes de que entrara en vigor la Ley 1952 de 2019.

Ciertamente, la Ley 1952 de 2019 finalmente entró a regir el 29 de marzo d e 2022 y previamente, antes de dicha fecha, el 29 de junio de 2021, se expidió la Ley 2094 de 2021.

Ciertamente, la Ley 1952 de 2019 finalmente entró a regir el 29 de marzo d e 2022 y previamente, antes de dicha fecha, el 29 de junio de 2021, se expidió la Ley 2094 de 2021. Modificando entre otros, el mencionado artículo 265 […].

3. Procuraduría General de la Nación

La Secretaría de la Sala comunicó la existencia del presente conflicto de competencias a la Procuraduría General de la Nación. No obstante, transcurrido el término para presentar sus alegatos, guardó silencio12.

4. Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio

El juzgado no se pronunció sobre el conflicto y simplemente brindó información para ubicar a la señora Kelly Roxana Silva Quevedo.

5. Kelly Roxana Silva Quevedo (secuestre)

La auxiliar de la justicia sostuvo que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 230-861650 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, distinguido como lote n.º 27 Canaguay 3 del Condominio Campestre Rincón de las Lomas , Primera Etapa, se dejó en depósito provisional y gratuito a la señora Zulma Karina Camacho Rondón, quien atendió la diligencia de secuestro y se identificó como hija de la señora María Gloria Rondón (q.e.p.d.), quien era la parte demandada en un proceso ejecutivo por el no pago de unas cuotas de administración.

Afirmó que el predio no se encontraba en condici ón de ser habitable , debido a una humedad severa y al mal estado de sus muros. Puso de presente que en el inmueble se

de unas cuotas de administración.

Afirmó que el predio no se encontraba en condici ón de ser habitable , debido a una humedad severa y al mal estado de sus muros. Puso de presente que en el inmueble se encontraban varios muebles y animales y quien atendió la diligencia expresó no tener lugar donde trastearlos, por lo cual se concedió el depósito provisional y gratuito bajo las advertencias de ley a la señora Camacho Rondón.

La señora Kelly Roxana Silva Quevedo aseguró que conformó la lista de auxiliares de l a justicia entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2021.

Señaló que la pandemia del Covid-19 dificultó el cumplimiento de sus funciones, así como la realización de visitas periódicas al predio. Dio cuenta que no rindió informes económicos

12 7_110010306000202300117007EXPEDIENTEDIGI20230329153747 (3).pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 6 de 26

de su gestión, porque el inmueble no podía ser arrendado, debido a las condiciones que presentaba y, además, había sido dejado en depósito provisional, motivo por el cual no se generaron ingresos para realizar consignaciones a depósito judicial, pago de administración ni de impuestos prediales.

La secuestre dio cuenta de que durante el tiempo en que duró el depósito provisional gratuito la señora Zulma Karina Camacho Rondón no cumplió con los pagos de administración a los que estaba obligada, razón por la cual el 25 de febrero de 2022 se dio por terminada la medida y el 25 de abril del mismo año se hizo la entrega real y material

administración a los que estaba obligada, razón por la cual el 25 de febrero de 2022 se dio por terminada la medida y el 25 de abril del mismo año se hizo la entrega real y material del inmueble a la secuestre entrante, señora Gloria Patricia Quevedo Gómez, según lo ordenado por el juez de conocimiento.

Dejó constancia de que las diligencias adelantadas el 25 de febrero y el 25 de abril de 2022 los realizó con miedo insuperable por amenazas de muerte mediante mensajes de texto que recibió de números desconocidos, las cuales denunció ante la Fiscalía General de la Nación y en la actualidad cuenta con una medida de protección.

Por último, la señora Kelly Roxana Silva Quevedo solicitó la designación de un abogado defensor para poder vincular se al presente conflicto de competencias, así como la copia simple del expediente13.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la compe tencia, avocará el

estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la compe tencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario d e inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

13 SAMAI, Archivo 26_110010306000202300117003RECIBEMEMORIAL20230516094535 (2).pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 7 de 26

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»14 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia

se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado [Se resalta].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto [Se resalta].

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la

conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto [Se resalta].

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

14 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 8 de 26

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación

Las dos autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta han rechazado su competencia para adelantar las actuaciones disciplinaria s correspondientes en contra de la señora Kelly Roxana Silva Quevedo, quien fue nombrada como secuestre dentro del proceso ejecutivo n.º 50001400300820160111900, adelantado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Municipal de Villavicencio.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: una de naturaleza administrativa, esto es, la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, y una autoridad judicial, correspondiente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial15, a través de su Seccional del Meta.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinaria s correspondientes en contra la señora Kelly Roxana Silva Quevedo, en condición de secuestre designada en un proceso ejecutivo.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que en el presente caso la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta ejerce funciones administrativas; mientras que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta, ejerce funciones jurisdiccionales.

Al respecto, es importante precisar que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-2316 declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-2316 declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa. Al respecto, es importante señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil está facultada para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad que cumple una función administrativa (la PGN) y otra que ejerce una función jurisdiccional (La CNDJ), por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones. De ahí que la Sala tenga

15 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es una entidad desconcentrada territorialmente, la cual ejerce función jurisdiccional, según el artículo 228 de la C.P. y la LEAJ. 16 Es de anotar que la sentencia no está publicada y sólo se conoce el comunicado.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 9 de 26

competencia para pronunciarse en el presente as unto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política ; 3°, 39 y 112 del CPACA, y 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»17.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de

señalados en el artículo 14 se suspenderán»17.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de co mpetencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente . Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las

puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

17 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00117-00 Página 10 de 26

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra de la señora Kelly Roxana Silva Quevedo, quien fue nombrada como secuestre dentro del proceso ejecutivo n.º 50001400300820160111900, adelantado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio, por el presunto incumplimiento en sus funciones, relacionados con la entrega oportuna del inmueble y de los informes de su gestión.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha no se adelanta proceso disciplinario alguno, toda vez que, si bien mediante Auto del 10 de octubre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta abrió investigación disciplinaria en contra de la auxiliar de la

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