CE - 110010306000202300121001AUTOQUERESUEL20230726153918

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué - Sala de

Decisión Penal, Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima Asunto: autoridad competente para investigar y sancionar a un empleado judicial por la presunta comisión de una falta disciplinaria de ejecución continuada

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2°. y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 7 de febrero de 2023, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Sentencia de primera instancia del 21 de abril de 2020, adoptada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué . En dicha providencia se confirmó la decisión de primera ins tancia mediante la cual se declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué . En dicha providencia se confirmó la decisión de primera ins tancia mediante la cual se declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2. De manera adicional, en el citado fallo, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué decidió poner en conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima la presunta falta disciplinaria en la que pudieron haber incurrido empleados judiciales de la secretaría de la Sala.

Lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones:

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 2 de 19

Luego, ante la mora en la que se incurrió para la tramitación de este proceso antes de ser conocido oficialmente por quien funge como ponente de esta sala de decisión, se torna forzoso remitir copias de la actuación ante la Comisión de Disciplina J udicial del Tolima, para que se investigue si se incurrió o no en falta disciplinaria imputable a los servidores judiciales adscritos a la secretaría de esta sala especializada por no haberse efectuado oportunamente el ingreso de la acción constitucional al despacho encargado de la elaboración del respectivo proyecto.

3. En Auto del 14 de febrero de 2023 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima declaró su falta de competencia para conocer del asunto, por cuanto conside ró

elaboración del respectivo proyecto.

3. En Auto del 14 de febrero de 2023 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima declaró su falta de competencia para conocer del asunto, por cuanto conside ró que se trataba de hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en funcionamiento, es decir, anteriores al 13 de enero de 2021. En consecuencia, resolvió remitir el informe a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dado que consideró que la competencia recaía en el superior jerárquico de los presuntos responsables.

4. Mediante Auto del 6 de marzo de 2023 , la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué rechazó su competencia, propuso conflicto negativo de competencias y resolvió remitirlo a la Sala de Consulta y Servicio Civil para que fuera dirimido.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco (5) días hábiles, contados desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril de 2023. Lo anterior con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 13 de abril de 2023, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 13 de abril de 2023, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado2, en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

Adicionalmente, en el referido informe secretarial se señaló que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas guardaron silencio.

Mediante Auto del 2 de junio de 2023, el consejero ponente solicitó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima remitir copia de las actuaciones disciplinarias

2 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 3 de 19

adelantadas por esa autoridad en el presente asunto. La referida autoridad remitió los documentos pertinentes mediante correo electrónico del 5 de junio de 2023.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima no presentó alegatos dentro del

documentos pertinentes mediante correo electrónico del 5 de junio de 2023.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima no presentó alegatos dentro del término de fijación del edicto, pero los argumentos que esgrimió para rechazar su competencia se encuentran expuestos en el Auto del 14 de febrero de 2023.

En dicho proveído, manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la s comisiones seccionales tienen competencia para investigar y sancionar a empleados judiciales únicamente por hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero de 2021. A lo cual agregó lo siguiente: Con todo y lo anterior, es preciso señalar que la mora o la tardanza en el envío del referido expediente de tutela al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL se presentó antes de que se le trasladara la competencia para ejercer la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, frente a los empleados de la rama judicial, es decir, antes del 13 de enero de 2021. Así las cosas, indicó que la competencia para conocer del asunto recae en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en tanto que «[…] la tardanza aludida se presentó para cuando aún el superior jerárquico debía conocer y adelantar las investigaciones disciplinarias que se presentaran en contra de los empleados del despacho judicial».

2. Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué La Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué también guardó silencio durante el término para presentar alegatos; no obstante, los argumentos sobre

despacho judicial».

2. Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué La Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué también guardó silencio durante el término para presentar alegatos; no obstante, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 6 de marzo de 2023, mediante el cual formuló el conflicto negativo de competencias ante la Sala.

En dicha oportunidad manifestó que, de acuerdo con la Sentencia C -373 de 2016 de la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus respectivas seccionales, en efecto, resultan competentes para sancionar la conducta de los empleados judiciales únicamente por hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en funcionamiento, es decir, hechos posteriores al 13 de enero de 2021. No obstante, señaló que la conducta omisiva sobre la que debe adelantarse la respectiva actuación disciplinaria se extendió en el tiempo, por lo cual su ejecución es permanente o conti nuada. En esa medida indicó que si bien la comisión de la falta inició conRadicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 4 de 19

anterioridad (6 de mayo de 2020) a la entrada en funcionamiento de la Comisión de Disciplina Judicial, esta se consumó el 3 de febrero de 202 3, al cumplirse con el deber omitido, fecha para la cual las comisiones de disciplina judicial ya se encontraban operando. Teniendo en cuenta que lo anterior, concluyó lo siguiente: Así las cosas, como la falta disciplinaria se entienden actualizada no solo con anterioridad sino, igualmente, con posterioridad a la fecha en que entró en operatividad la Comisión

operando. Teniendo en cuenta que lo anterior, concluyó lo siguiente: Así las cosas, como la falta disciplinaria se entienden actualizada no solo con anterioridad sino, igualmente, con posterioridad a la fecha en que entró en operatividad la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, le corresponde a esta investigar a los empleados judiciales que en el curso de la actuación resulten individualizados como responsables de la eventual infracción en cuestión.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que l as

pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que l as autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Tolima Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué no tienen un superior común. 1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglasRadicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 5 de 19

generales»3 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompete nte, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrita l o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando do s autoridades administrativas se consideren

conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando do s autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué han negado su competencia para adelantar la actuación disciplinaria por las falta s disciplinarias en la que pudieron incurrir sujetos indeterminados de la secretaría del mencionado tribunal territorial, por el ingreso tardío de un recurso de apelación de tutela al despacho encargado de la elaboración del respectivo proyecto de sentencia.

indeterminados de la secretaría del mencionado tribunal territorial, por el ingreso tardío de un recurso de apelación de tutela al despacho encargado de la elaboración del respectivo proyecto de sentencia.

3 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 6 de 19

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, ambas autoridades en conflicto son del o rden nacional. Por un lado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la seccional del Tolima y, por el otro, l a Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué autoridad territorialmente desconcentrada e integrante de la Jurisdicción Ordinaria de la Rama Judicial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es particular y concreto, porque se trata de resolver quien tiene la competencia para adelantar una actuación disciplinaria en contra de funcionarios indeterminados de la secretaría de Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué por el ingreso tardío de un recurso de apelación de tutela al despacho

competencia para adelantar una actuación disciplinaria en contra de funcionarios indeterminados de la secretaría de Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué por el ingreso tardío de un recurso de apelación de tutela al despacho encargado de la elaboración del respectivo proyecto de sentencia.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que la posición mayoritaria de la Sala en recientes decisiones 4 ha sido la de considerar que el asunto es de naturaleza administrativa cuando al menos una de las autoridades en conflicto ejerce funciones administrativas. En ese sentido, en el pres ente caso se tiene que el asunto es de naturaleza administrativa en tanto que la Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué, ejercen funciones disciplinarias de carácter administrativo ; en tanto que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, ejerce funciones jurisdiccionales. Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidid o por la Sala.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»5.

4 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 7 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00233-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14

de junio de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00004-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 2 de junio de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00026-00, entre otras. 5 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 7 de 19

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 13 7 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimien to y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de

a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la respectiva actuación disciplinaria en contra de empleados judiciales indeterminados de la secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué . Lo anterior por cuanto, presuntamente pudieron incurrir en una falta disciplinaria, dado el ingreso tardío de un recurso de apelación de tutela al despacho encargado de proyectar su resolución, pues el proceso llegó para reparto en mayo del

de Ibagué . Lo anterior por cuanto, presuntamente pudieron incurrir en una falta disciplinaria, dado el ingreso tardío de un recurso de apelación de tutela al despacho encargado de proyectar su resolución, pues el proceso llegó para reparto en mayo del 2020 y solo se pasó al despacho el 3 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 8 de 19

Sobre el particular, la Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué consideró que la competencia recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, por considerar que la falta fue de ejecución continuada y únicamente cesó el 3 de febrero de 2021, fecha en la cual se cumplió con el deber omitido . En esa medida señala que, para la fecha de consumación de la falta, la competencia para investigar y sancionar a empleados judiciales recaía en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima considera que el asunto no es de su competencia, en tanto que sostiene que los hechos que pueden ser objeto de investig ación disciplinaria son anteriores al 13 de enero de 2021. En esa medida concluyó que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, la competencia para investigar y sancionar a empleados judiciales recaí en el superior jerárquico, es decir, en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, para el presente caso.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria de la Administración. Ley 1952 de 2019, modificada

la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, para el presente caso.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria de la Administración. Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. Reiteración. ii) Los factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración. iii) Los servidores de la Rama Judicial. Distinción entre funcionario y empleado judicial. Reiteración. iv) La autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales. Reiteración. v) Falta disciplinaria por omisión que se mantiene en el tiempo. Reiteración. vi) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria de la administración. Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. Reiteración6

La Sala ha sostenido que «la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos se justifica por la necesidad de garantizar que estos, en el ejercicio de sus funciones, den cumplimiento a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que deben guiar la función administrativa»7.

6 Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022,

rad. 11001 03 06 000 2022 00080 00. Consejo de Estado, Sala d e Consulta y Servicio Civil. Decisión del 14 de junio de 2022, rad. 1 1001-03-06-000-2022-00069-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 2 de junio de 2022, rad. 11001-03-06-000-2022-00055-00. 7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1787 del 27 de octubre de 2006 y Decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación núm. 110010306000201700200 00).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 9 de 19

La Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) en su artículo 23, dispuso que con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

En este contexto, se concibe, entonces, el control disciplinario como un presupuesto imperioso de la Administración Pública, no solo para garantizar el buen nombre y la eficiencia de esta8, sino también para lograr que la función pública se ejecute en beneficio de la comunidad, y se protejan los derechos y libertades de los asociados9.

imperioso de la Administración Pública, no solo para garantizar el buen nombre y la eficiencia de esta8, sino también para lograr que la función pública se ejecute en beneficio de la comunidad, y se protejan los derechos y libertades de los asociados9.

Sobre la titularidad de la pote stad disciplinaria, los artículos 1° y 2° de la Ley 1952 de 201910 disponen, lo siguiente:

Artículo 1. Reconocimiento de la dignidad humana. Quien Intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad humana.

Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria. (Modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021) 11. Funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás esta blecidas en la ley.

Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría a General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, en los términos establecidos en esta Ley.

Para los servidores públicos de elección popular, la ejecuc ión de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.

administrativo, en los términos establecidos en esta Ley.

Para los servidores públicos de elección popular, la ejecuc ión de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1787. 9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046 del 3 de marzo de 2011. 10 «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario ». 11 Los apartes tachados corresponden a lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-30 de 2023, según comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023, sobre la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación q ue le habían sido atribuidas por la Ley 2094 de 2021.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00121-00 Página 10 de 19

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales , corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comi siones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comi siones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente.12

[…]. [Enfatiza la Sala].

La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de el ección popular y de sus propios servidores, salvo los que tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constit