CE - 110010306000202300132001AUTOQUERESUELDECLARACO20230918111403

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2023

Número único: 11001 03 06 000 2023 00132 00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Agencia Nacional de Tierras, Instituto Geográfico Agustín

Codazzi y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Asunto: Autoridad competente para conocer de solicitud de corrección de área y linderos de un predio baldío.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 , y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación recibida se exponen a continuación , los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 18 de julio de 2019, la señora Martha Luz Ortiz Olmos solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Montería (en adelante IGAC) «rectificación de área por imprecisa determinación» del predio rural ubicado en el municipio de Buenavista

(Córdoba), identificado con folio de matrícula número 142-256902 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montelíbano (Córdoba).

2. El 2 de marzo de 2022, el IGAC dispuso «abstenerse de continuar el trámite

Registro de Instrumentos Públicos de Montelíbano (Córdoba).

2. El 2 de marzo de 2022, el IGAC dispuso «abstenerse de continuar el trámite objeto de solicitud» y manifestó que dicho asunto debía ser asumido por la Agencia Nacional de Tierras (en adelante ANT), bajo el argumento siguiente:

No procede la rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales […] sobre predios cuyo origen jurídico corresponda a una resolución de adjudicación proferida por el Incora, el Incoder o la ANT, cuando los errores que determinan la diferencia sean propios de estos actos administrativos; en tal sentido la rectificación no puede ser vista como un trámite catastral y su corrección le corresponderá a la Agencia Nacional de Tierras3.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 2, folio 3. 3 Archivo digital SAMAI, archivo 12.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 2 de 22

3. El 17 de octubre de 2022, la ANT negó competencia para atender la solicitud de la señora Ortiz Olmos, porque, a su juicio, ni la Ley 1955 de 20194 ni los Decretos 2363 de 2015 5 y 148 de 2020 6, le atribuyen la función de rectificar, clarificar o certificar «áreas y linderos cuando la misma no se origine o provenga de mecanismos de acceso a tierras»7.

2363 de 2015 5 y 148 de 2020 6, le atribuyen la función de rectificar, clarificar o certificar «áreas y linderos cuando la misma no se origine o provenga de mecanismos de acceso a tierras»7.

4. El 9 de febrero de 2023, la señora Ortiz Olmos solicitó al IGAC proponer ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conflicto de competencia administrativa con la ANT , dada la manifestación de ambas autoridades en el sentido de no ser competentes para atender su solicitud de rectificación de área por imprecisa determinación8.

5. El 10 de marzo de 2023, el IGAC promovió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil conflicto negativo de competencia administrativa con lo ANT, en los términos solicitados por la señora Ortiz Olmos9.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos10.

Consta que se informó sobre el presente asunto al IGAC, a la ANT, al municipio de Buenavista (Córdoba), al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , al Juzgado Tercero Administrativo de Montería , a la señora Martha Luz Ortiz Olmos y a su apoderado, doctor Luis Fernando Ortiz Olmos11.

También consta que durante la fijación del edicto el IGAC – Dirección Territorial de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron alegatos ,

apoderado, doctor Luis Fernando Ortiz Olmos11.

También consta que durante la fijación del edicto el IGAC – Dirección Territorial de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron alegatos , mientras que las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio12.

4 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad». 5 «Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, se fija su objeto y estructura» . 6 «Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística». 7 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 2, folios 9 y 10. 8 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 2, folios 1 - 6. 9 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 2. 10 Archivo digital SAMAI, archivo 9. 11 Archivo digital SAMAI, archivo 10. 12 Archivo digital SAMAI, archivo 10, Nro Actua 8.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 3 de 22

Vencido el término otorgado para alegar, la ANT presentó un escrito «de contestación», de dieciocho folios13.

El 4 de mayo de 2023, la consejera ponente dictó auto mediante el cual dispuso14:

Vencido el término otorgado para alegar, la ANT presentó un escrito «de contestación», de dieciocho folios13.

El 4 de mayo de 2023, la consejera ponente dictó auto mediante el cual dispuso14:

1. Solicitar «al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que […] indique si fue la autoridad que adjudicó el inmueble identificado con folio de matrícula 142 -25690, caso afirmativo, remita copia íntegra del acto administrativo correspondiente con sus antecedentes».

2. Solicitar «a la Agencia Nacional de Tierras certificar: i) si el inmueble identificado con folio de matrícula 142 -25690 estuvo bajo su administración, la del INCORA o del INCODER; ii) si antes de ser adjudicado tuvo la calidad de baldío; y, iii) si ha sido incluido en planes de ordenamiento social de la propiedad rural».

Según informes secretariales del 1715 y del 2516 de mayo de 2023, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. ( Fiduagraria), respectivamente, respondieron la solicitud efectuada por la consejera ponente.

Posteriormente, el 30 de junio de 2023, la Secretaría de la Sala informó al Despacho ponente que, en la misma fecha, la Agencia Nacional de Tierras se pronunció en respuesta al citado Auto del 4 de mayo de 2023.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicó no haber recibido la petición de la señora Martha Luz Ortiz Olmos, de la cual se origina el conflicto de competencia.

1. Del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicó no haber recibido la petición de la señora Martha Luz Ortiz Olmos, de la cual se origina el conflicto de competencia.

En todo caso, explicó que las funciones del ministerio consisten, principalmente, en «formular, coordinar y adoptar políticas, planes, programas y proyectos del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, las cuales son ejecutadas a través de sus entidades vinculadas y adscritas, entre las que se encuentra la Agencia Nacional de Tierras – ANT».

Agregó que, según el Decreto 2363 de 2015, la ANT es una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden

13 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 10. 14 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 12. 15 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 19. 16 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 22.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 4 de 22

Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Y precisó que, aunque el ministerio es la cabeza del sector al cual se encuentra adscrita la ANT, carece de competencia para autorizar o aprobar los actos específicos que, conforme a la ley, expide dicha Agencia, dado que ésta cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa.

Por último, en respuesta al Auto del 4 de mayo de 2023, indicó que no tiene en su

específicos que, conforme a la ley, expide dicha Agencia, dado que ésta cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa.

Por último, en respuesta al Auto del 4 de mayo de 2023, indicó que no tiene en su poder el acto administrativo de adjudicación , ni el expediente del predio sobre el cual recae la solicitud de la señora Ortiz Olmos, porque dicha documentación fue enviada al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (en adelante INCORA), entidad que fue reemplazada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante INCODER), el cual actualmente se encuentra en liquidación por parte de Fiduagraria S.A.17

2. De la Agencia Nacional de Tierras

La ANT manifestó que, en virtud de la calidad de máxima autoridad de las tierras de la Nación que le asigna el Decreto 2363 de 2015 , le compete: i) administrar los baldíos de la Nación; ii) adelantar los procesos generales y especiales de titulación y las transferencias a las que haya lugar y iii) hacer «el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia […] y aquellos que fueron ejecutados por el Incoder o por el Incora».

En cuanto a la administración y titulación de baldíos, señaló que es el sucesor del INCORA y del INCODER.

Sobre el inmueble respecto del cual recae la petición de rectificación de linderos, y que originó el conflicto, la ANT indicó que el mismo fue adjudicado mediante Resolución 529 del 19 de noviembre de 1959 entonces expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , de modo tal , que la competencia en discusión corresponde a dicho ministerio, o al municipio donde se encuentra el inmueble (si

Resolución 529 del 19 de noviembre de 1959 entonces expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , de modo tal , que la competencia en discusión corresponde a dicho ministerio, o al municipio donde se encuentra el inmueble (si está habilitado como gestor catastral), o al IGAC.

Finalmente, en el escrito del 30 de junio de 2023, reiteró su falta de competencia para atender la solicitud de rectificación de linderos solicitada por la señora Ortiz Olmos, por lo siguiente motivos adicionales:

• El inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 142 -25690 tenía la calidad de baldío, pero nunca estuvo bajo su administración, ni la del INCORA, ni la del INCODER, porque fue adjudicado en 1959, momento para el cual, ninguna de las mencionadas entidades había sido creada.

17 Archivo digital SAMAI, archivo 30.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 5 de 22

Allega copia de la consulta 456488438 efectuada el 26 de junio de 2023 en la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, cuya anotación número 1 establece, igualmente, que el predio en mención está inscrito, y en 1959 fue adjudicado como baldío por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• No es posible que el referido inmueble haya sido incluido en los planes de ordenamiento social de la propiedad rural que gestiona la ANT, dado que, después de adjudicado en 1959 , «no ha sido regresado al dominio de la

Nación».

• No es posible que el referido inmueble haya sido incluido en los planes de ordenamiento social de la propiedad rural que gestiona la ANT, dado que, después de adjudicado en 1959 , «no ha sido regresado al dominio de la

Nación».

3. Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Dirección Territorial de Córdoba

El IGAC se limitó a reiterar lo manifestado en su pronunciamiento del 2 de marzo de 2023, según el cual, la rectificación no constituye trámite catastral, por tratarse de errores en los actos administrativos adjudicados mediante r esolución proferida por el Incora, el Incoder o la ANT . En tal sentido, la corrección le corresponderá a la Agencia Nacional de Tierras.

4. De Fiduagraria S.A.18

Fiduagraria S.A. manifestó que no encontró documentación relacionada con el predio rural identificado con folio de matrícula 142 -25690, ubicado en el municipio de Buenavista (Córdoba).

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1. La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en los conflictos de competencias administrativas.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 19, prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona

18 Archivo digital SAMAI, archivo 37.

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona

18 Archivo digital SAMAI, archivo 37. 19 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 6 de 22

interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territor iales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]

En el mismo sentido, el artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada,

Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

[…]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; El caso materia de análisis, es de naturaleza administrativa y versa sobre un asunto particular y concreto: la «rectificación de área por imprecisa determinación» solicitada por la señora Martha Luz Ortiz Olmos, respecto del predio rural identificado con folio de matrícula 142-25690, ubicado en el municipio de Buenavista

(Córdoba).

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; En el caso objeto de estudio, la ANT , el IGAC y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural han negado tener la competencia para conocer y tramitar la actuación que corresponda , con ocasión de la solicitud de la señora Martha Luz

Ortiz Olmos.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no esténRadicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 7 de 22

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no esténRadicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 7 de 22

sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente asunto involucra a tres autoridades del orden nacional:

1. La ANT, que, según el artículo 1°20 del Decreto Ley 2363 de 2015, es una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

2. El IGAC, que, según el Decreto 2113 de 1992 21, es un establecimiento público22 dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que como todos los ministerios son entidades del orden nacional. Al respecto, la Carta Política, en el artículo 115, inciso segundo, prevé que el Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.

Por su parte, la Ley 489 de 1994, en el artículo 38, dispone que la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional está integrada, en el sector central, entre otros, por los ministerios.

Se concluye, por lo tanto, que en el presente caso existe un conflicto negativo de competencia administrativa, y que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado está habilitada para resolverlo.

2. Términos legales

Se concluye, por lo tanto, que en el presente caso existe un conflicto negativo de competencia administrativa, y que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado está habilitada para resolverlo.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»23.

20 Artículo 1° Creación y naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Tierras –ANT-. Créase la Agencia Nacional de Tierras, ANT, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los temas de su competencia. 21 «Por el cual se reestructura el Instituto Colombiano Geográfico "Agustín Codazzi» . 22 La Ley 489 de 1998 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones», en su artículo 68, prevé que los establecimientos públicos, como lo es el IGAC, son entidades descentralizadas del orden nacional. 23 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria

como lo es el IGAC, son entidades descentralizadas del orden nacional. 23 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 8 de 22

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.

Debe agregarse que la decisión de la Sala, sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del caso y problema jurídico

La ANT, el IGAC y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural han negado la competencia para atender la petición presentada por la señora Martha Luz Ortiz Olmos, referida a la rectificación d e área por imprecisa determinación, del bien inmueble identificado con folio de matrícula 142-25690 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montelibano (Córdoba), ubicado en el municipio de Buenavista (Córdoba), el cual fue adjudicado como baldío por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 19 de noviembre de 1959.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 9 de 22

Agricultura y Desarrollo Rural el 19 de noviembre de 1959.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 9 de 22

La ANT afirma que la competencia en discusión recae en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al ser la autoridad que adjudicó el predio ; o en el municipio de Buenavista (Córdoba) si está habilitado como gestor catastral; o en el IGAC.

El Ministerio de Agricultura indica i) que no tiene injerencia sobre los actos que le corresponde expedir a la ANT ; ii) que no tiene en su poder la documentación del inmueble objeto de la petición y iii) que no conoce dicha petición, puesto que fue presentada ante otra autoridad.

Finalmente, según el IGAC, al estar los errores, contenidos en actos administrativos de adjudicación que hayan sido expedidos por el INCORA, el INCODER o la ANT, «no procede la rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales […] y su corrección le corresponderá a la Agencia Nacional de Tierras».

Visto lo anterior, el problema jurídico de este asunto consiste en definir, a la luz de la normativa aplicable, cuál es la autoridad competente para conocer de la solicitud de rectificación de área, del inmueble identificado con folio de matrícula 142-25690, adjudicado como baldío por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 19 de noviembre de 1959.

Para resolver el conflicto, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Liquidación y supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

(INCORA) y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER); y funciones

noviembre de 1959.

Para resolver el conflicto, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Liquidación y supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

(INCORA) y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER); y funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Reiteración;

1. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), creación y funciones.

Reiteración;

1. La función del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural respecto de la adjudicación de baldíos;

1. Naturaleza jurídica de los bienes baldíos en el ordenamiento jurídico colombiano; y,

1. El caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al caso.

5.1. Liquidación y supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER); y funciones de la Agencia Nacional de Tierras. Reiteración24

24 Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 5 de octubre de 20 22 radicado núm. 110010306 00020220018300 M.P. María del Pilar Bahamón Falla.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 10 de 22

La Ley 135 de 1961 25 creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (en adelante Incora) como un establecimiento público, con autonomía administrativa y patrimonio propio26, y le asignó las siguientes funciones:

• Administrar las tierras baldías de propiedad nacional. • Ejercitar las acciones y tomar las medidas que correspondieran en los casos de indebida apropiación de tierras baldías o incumplimiento de las

patrimonio propio26, y le asignó las siguientes funciones:

• Administrar las tierras baldías de propiedad nacional. • Ejercitar las acciones y tomar las medidas que correspondieran en los casos de indebida apropiación de tierras baldías o incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas. • Adelantar las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado. • Administrar el Fondo Nacional Agrario. • Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, al objeto de identificar las que pertenecen al Estado. • Facilitar el saneamiento de la titulación privada y cooperar en la formación de los catastros fiscales.

Posteriormente, la Ley 160 de 1994 27 introdujo una reforma al I NCORA y dispuso que esta autoridad, además de las funciones previstas en la citada Ley 135 de 1961, tendría, entre otras, la de administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación.

En este sentido, el artículo 12 de la Ley 160 de 1994 dispuso:

Artículo 12. Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria:

[…]

13. Administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva.

15. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada.

[…]. [Resalta la Sala].

25 «Sobre reforma social agraria».

el objeto de identificar las que pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada.

[…]. [Resalta la Sala].

25 «Sobre reforma social agraria». 26 Artículo 2. Créase el Instituto Colombiano la Reforma Agraria, como, establecimiento público, o sea como una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio, propio. El Instituto cumplirá las funciones que le encomienda la presente Ley, tendrá duración d definida y su domicilio será la ciudad de Bogotá. 27 «Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2023 00132 00 Página 11 de 22

El INCORA ejerció las funciones que le asignaron las Leyes 135 de 1961 y 160 de 1994 hasta el 21 de mayo de 2003, toda vez que el gobierno Nacional, mediante el Decreto 1292 de 200328, ordenó su liquidación, en los siguientes términos:

Artículo 1º. Supresión y liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora. Suprímese el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 135 de 1961 y reformado por la Ley 160 de 1994, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural […].

A raíz de la supresión y liquidación del I NCORA, el gobierno Nacional creo, mediante el Decreto 1300 de 2003 29 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,

Rural […].

A raíz de la supresión y liquidación del I NCORA, el gobierno Nacional creo, mediante el Decreto 1300 de 2003 29 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y le asignó, entre otras, la función general de «regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación al establecer zonas de reserva campesina, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural».

Posteriormente, fue expedido el Decreto 3759 de 200930, el cual asignó al INCODER funciones