CE - 110010306000202300137001AUTOQUERESUELDEFINECON20230808104353
Detalles
- Título
- CE - 110010306000202300137001AUTOQUERESUELDEFINECON20230808104353
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero Ponente: Oscar Darío Amaya Navas
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de 2023
Radicación: 11001-03-06-000-2023-000137-00
Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta Asunto: Autoridad competente para conocer y tramitar una queja disciplinaria en contra de un auxiliar de la justicia
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante Auto del 27 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación , por las presuntas faltas disciplinarias en las que pudo incurrir la señora Luz Mabel López Romero, en su calidad de auxiliar de justicia, por omitir la petición de rendición de cuentas sobre la administración del inmueble entregado , como secuestre, dentro del proceso identificado con el radicado 2001-00169 de ese despacho.
Romero, en su calidad de auxiliar de justicia, por omitir la petición de rendición de cuentas sobre la administración del inmueble entregado , como secuestre, dentro del proceso identificado con el radicado 2001-00169 de ese despacho.
2. El 24 de noviembre de 2022, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta remitió, por competencia el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta
3. El 16 de febrero de 2023 , por Auto núm. 134, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta ordenó remitir por competencia el asunto a la Procuraduría Regional del Meta.
1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 2 de 22
4. Mediante Auto del 10 de marzo de 2023, la Procuraduría Regional del Meta negó su competencia para conocer del asunto y, en consecuencia, promovió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 20 de abril de 2023 , se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas
por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 20 de abril de 2023 , se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.2
Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría Regional de Instrucción de l Meta; a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; a la señora Luz Mabel López Romero y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio.3
Según informe secretarial del 02 de mayo de 2023 , durante el término de fijación del edicto, presentó alegatos de conclusión la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta. Las demás autoridades y el particular interesado guardaron silencio.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES
1. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.
En escrito del 2 de mayo de 2023 , la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta sustentó su falta de competencia para conocer del asunto , con los siguientes argumentos:
En primer lugar, señaló que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 no se encontraba derogado y, en consecuencia, esa autoridad carece de competencia para conocer casos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia, puesto que no son servidores públicos sino particulares que desarrollan oficios públicos de manera ocasional.
derogado y, en consecuencia, esa autoridad carece de competencia para conocer casos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia, puesto que no son servidores públicos sino particulares que desarrollan oficios públicos de manera ocasional.
2 Carpeta 1, POREDICTO_10EDICTO, Folio 1, Fijación por edicto núm. 130, expediente digital. 3 Carpeta 12, ED_12INFORMECOMUNICAC, Folio 1, expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 3 de 22
Por otro lado, indicó que en la Sentencia del 10 de agosto de 2022 4, emitida por esa autoridad judicial, se «incurrió en el llamado defecto material o sustantivo , que ocurre cuando se aplica una norma indiscutiblemente inaplicable al caso; esto es, se decide con base en normas inexistentes al caso»5 pues considera que el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, derogó expresamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.
2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 16 de febrero de 2023 6, mediante el cual remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.
En el mencionado proveído, la comisión manifestó que, en virtud de lo dispuesto en l a jurisprudencia7, en relación con la transición normativa entre la Ley 734 de 2002 y la Ley
Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.
En el mencionado proveído, la comisión manifestó que, en virtud de lo dispuesto en l a jurisprudencia7, en relación con la transición normativa entre la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019, en el artículo transitorio 263, se dispone que en los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia verbal, será la Comisión quien c ontinúe dicho trámite hasta su finalización . Siendo entonces este caso concreto la excepción, pues está en su etapa inicial y, al no existir pliego de cargos, la Comisión carece de competencia para conocer la acción disciplinaria en contra de la señora Luz Mabel López Romero.
Agregó que, de conformidad con los artículos 2, 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra de la señora Luz Mabel López Romero, es de la Procuraduría Regional del Meta.
Lo anterior, por cuanto de conformidad con las citadas disposiciones, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, razón por la cual, la Ley 1952 de 2019 , los incluyó en el régimen disciplinario de lo s particulares disciplinables conforme a dicha normativa. En este sentido, precisó que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 atribuyó competencia a la Procuraduría General de la Nación para investigar a los particulares disciplinables conforme a este código y, por ende, derogó tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que otorgaba competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los
conforme a este código y, por ende, derogó tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que otorgaba competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los
4 Sentencia 73001110200020190057701 del 10 de agosto de 2022 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, M.P: Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo 5 Carpeta 13, ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENC IONES_ALEGATOSCONFLICTOD, Folio 5, expediente digital. 6 Carpeta 5, Documento 004, Remitexcompetencia Auxiliar, expediente digital. 7 Sentencia del 19 de agosto de 2021. Magistrada Ponente Magda Victoria Acosta Walteros. Radicación 110011102000201605631Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 4 de 22
auxiliares de la justicia al Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019
Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:
Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia
para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia
Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.
El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.
No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta no tienen un superior común.
1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil
La Parte Primera del Có digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»8 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:
8 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las
por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:
8 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que seRadicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 5 de 22
Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Cons ejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:
10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el
10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).
Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;
La Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta han negado su competencia para conocer y tramitar la queja disciplinaria presentada en contra de la Señora Luz Mabel López Romero, en su calidad de auxiliar de justicia.
establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no p revisto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 6 de 22
- Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.
Como se evide ncia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se ven
administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.
Como se evide ncia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Regional de Instrucción del Meta y, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de su Seccional del Meta.
- Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.
El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la investigación disciplinaria en contra de la Señora Luz Mabel López Romero , por las presuntas irregularidades en que pud o incurrir como auxiliar de justicia , por omitir la petición de rendición de cuentas sobre la administración del inmueble entregado, en su calidad de secuestre, dentro del proceso identificado con el radicado 2001 -00169, adelantado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio.
Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.
Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.
En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Meta, esta entidad ejerce
funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.
En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Meta, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.9
La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (La CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.
9 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama JudicialRadicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 7 de 22
Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala.
2. Términos legales
El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»10.
En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma c itada para el examen y
Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»10.
En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma c itada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.
El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.
Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.
3. Aclaración previa
El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.
consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.
Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.
10 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 8 de 22
Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.
4. Síntesis del conflicto y Problema jurídico En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para asumir el conocimiento sobre la compulsa de copias presentada en contra de la señora Luz Mabel López Romero , para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pud o incurrir como auxiliar de justicia, dentro del proceso con radicado 2001-00169, que cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio.
Sobre el particular, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta , considera que la queja debe ser conocida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019.
Sobre el particular, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta , considera que la queja debe ser conocida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019.
Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, manifiesta que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, no tiene competencia para adelantar la indagación o investigación disciplinaria. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, especialmente de su artículo 92 ibidem, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:
- Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración11 ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a los auxiliares de la justicia. iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable vi) Caso concreto
5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado
5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia12
11 En el mismo sentido Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 07 de junio
5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia12
11 En el mismo sentido Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 07 de junio de 2023. Exp. 11001-03-06-000-2023-00059-00 12 En el mismo sentido Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2021-00025-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 9 de 22
El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201213, que señala:
Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o acti vidad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.
Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. (Resaltado fuera de texto original).
Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado expresamente que los auxiliares de la
podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. (Resaltado fuera de texto original).
Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:
[L]os cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil.
5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia15
El artículo 256 de la Constitución Política en su versión originaria, consagró como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:
Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: […]
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de lo s abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.
7. Las demás que señale la ley.
13 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
señale la ley.
7. Las demás que señale la ley.
13 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 14 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 1100103-06-000-2021-00025-00(C)Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 10 de 22
En armonía con el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de l a Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia16, así:
Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.
En vigencia de las anteriores normas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia, según lo indicado por el citado artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el numeral 7 del artículo 256 de la Constitución Política, correspondían al Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales17.
el citado artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el numeral 7 del artículo 256 de la Constitución Política, correspondían al Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales17.
Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió de manera tácita la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual además se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial. Al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -373 de 2016, declaró exequible el artículo 19 del acto legislativo en mención, el cual quedó incorporado a la Constitución Política como artículo 257A. Frente a lo anterior, la Sala , en el Concepto 2415 del 20 de agosto de 2019, señaló:
16 La Sala de Consulta y Servici o Civil del Consejo de Estado en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00(C)) al evaluar si la asignación de competencias a la jurisdicción disciplinaria debía realizarse únicamente en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, o si era posible a través de una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada
del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisis». 17Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-0002019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-0020000(C). «En todo caso, es necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia. Debe recordarse, que los denominados “auxiliares de la justicia” no ejercen la función jurisdiccional , sino que, como su nombre lo indica, prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia». (Resaltado extra texto).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 11 de 22
técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia». (Resaltado extra texto).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00137-000 Página 11 de 22
[L]a Sentencia C -373-16 declaró exequible el artículo 19 del AL 02/15, el cual quedó incorporado como artículo 257A de la Constitución Política. De tal manera que,
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