CE - 110010306000202300186001AUTOQUERESUEL20230804125953

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00186-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación y Consejo de Estado – Sala Plena Asunto: Autoridad competente para resolver un recurso de apelación de fallo sancionatorio disciplinario dictado por un Tribunal Administrativo contra dos empleados judiciales

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en los documentos que obran en el expediente, los antecedentes del caso objeto de estudio son los siguientes:

1. El 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Quindío avocó conocimiento e inició indagación preliminar disciplinaria sobre algunos empleados de la Secretaría del mencionado tribunal, entre los que se encontraban la señora

Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza2.

2. Posteriormente, el 25 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo del Quindío abrió investigación disciplinaria contra los empleados Avendaño Hernández y Mesa

Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza2.

2. Posteriormente, el 25 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo del Quindío abrió investigación disciplinaria contra los empleados Avendaño Hernández y Mesa Mendoza. A dicionalmente, en la misma decisión, ordenó la acumulación de los

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente electrónico. SAMAI.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 2 de 23

procesos discipli narios que se estaban adelantando 3. Así, en la parte resolutiva indicó:

PRIMERO: ABRIR formalmente investigación disciplinaria en los procesos antes referenciados y por las conductas que se les endilgan, a los servidores judiciales DIOSELINA OLIVERIA AVENDAÑO HERNÁNDEZ en su calidad de Secretaria del Tribunal Administrativo del Quindío, así como al señor VICTOR MANUEL MESA MENDOZA en su condición de Es cribiente encargado de las Acciones de Tutela en dicha dependencia, conforme lo expuesto.

SEGUNDO: ORDENAR la acumulación de los procesos disciplinarios radicados bajo los números de radicación 63001-2333-000-2020-00380-00 y 63001-2333-000-202000408-00 que cursan en este estrado, según lo expuesto. Insértense las actuaciones y anotaciones a lugar, en la primera radicación referida4.

00408-00 que cursan en este estrado, según lo expuesto. Insértense las actuaciones y anotaciones a lugar, en la primera radicación referida4.

3. El 24 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Quindío emitió fallo disciplinario en contra de los mencionados servidores . En esta decisión ordenó lo

siguiente:

PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLES DISCIPLINARIAMENTE a la doctora DIOSELINA OLIVERIA AVENDAÑO HERNÁNDEZ ¸ en su condición de Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío, y al señor VICTOR MANUEL MESA MENDOZA en su condición de Escribiente asignado a la dependencia Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío, por incurrir en incumplimiento de sus deberes funcionales en el debido trámite y paso a Despacho de las accio nes de tutela radicadas bajo los números 63001333300220200013701 y 63001310300220200017200, faltas consagradas en los artículos 50 y 196 del Código Único Disciplinario, en consonancia con el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, conforme lo expuesto.

SEGUNDO. En consecuencia, SANCIONAR con amonestación escrita a los empleados judiciales DIOSELINA OLIVERIA AVENDAÑO HERNÁNDEZ ¸ en su condición de Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío, y al señor VICTOR MANUEL MESA MENDOZA en su condición de Escribiente asignado a la dependencia Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío, inscribiendo en su

3 Considerando que las diligencias disciplinarias previamente identificadas vienen siendo conocidas

MANUEL MESA MENDOZA en su condición de Escribiente asignado a la dependencia Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío, inscribiendo en su

3 Considerando que las diligencias disciplinarias previamente identificadas vienen siendo conocidas y tramitadas en este mismo Despacho Judicial, que son idénticos tanto el informante como los accionados, que ambas actuaciones versan sobre presuntas falenci as en el debido trámite Secretarial de unas Acciones de Tutela en lo que a la facilitación de su oportuna decisión concierne, que ambos procesos se encuentran en la misma etapa, esto es, habiéndose agotado en ambos la respectiva diligencia de indagación pr eliminar y estando ambos ad portas de resolver sobre la apertura formal de la investigación, se ordena la acumulación de las actuaciones disciplinarias identificadas bajo los radicados 63001-2333-000-2020-00380-00 y 63001-2333-000-2020-00408-00. 4 Expediente electrónico. SAMAI.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 3 de 23

hoja de vida la existencia del presente fallo disciplinario, y por la conducta reprochada, ello según las consideraciones referidas5.

4. El 9 de julio de 2021, el tribunal administrativo concedió el recurso de apelación interpuesto por la señora Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y el señor Víctor Manuel Mesa Mendoza contra el fallo disciplinario 6. En consecuencia, ordenó su remisión al Consejo de Estado7.

5. La Sala Plena del Consejo de Estado, a través de providencia del 22 de noviembre de 2021, emitida dentro del proceso con número único 63001-23-33-000remisión al Consejo de Estado7.

5. La Sala Plena del Consejo de Estado, a través de providencia del 22 de noviembre de 2021, emitida dentro del proceso con número único 63001-23-33-0002020-00380-01, ordenó la remisión inmediata del expediente a la Procuraduría General de la Nación para que continuará con el trámite. Lo anter ior, al considerar que no era competente para decidir el recurso de apelación, al no ser el superior funcional del Tribunal que emitió el fallo disciplinario8.

6. La Procuraduría General de la Nación rechazó su competencia y solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil resolver el conflicto de competencias9.

5 Expediente electrónico. SAMAI. 6 Expediente electrónico. SAMAI. 7 «Así las cosas, se evidencia que el recurso de apelación fue interpuesto y sustentado en debida forma y oportunamente por los disciplinados Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza, todo lo cual conduce a estimar acreditados los requisitos exigidos para disponer su concesión ante el Consejo de Estado y en el efecto suspensivo, Corporación que funge como superior (en el ámbito administrativo) de este Tribunal como nominador 11 de los empleados disciplinados, tal y como al efecto lo señaló en su momento la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura […] Lo anterior, atendiendo también la diferencia existente entre el superior funci onal y el administrativo al interior de la Rama Judicial, trazada por el Consejo de Estado en un análisis de la Ley 270 de 1996, y contenida en el concepto del 7 de diciembre de 2015, de la Sala de Consulta y Servicio Civil,

al interior de la Rama Judicial, trazada por el Consejo de Estado en un análisis de la Ley 270 de 1996, y contenida en el concepto del 7 de diciembre de 2015, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia del Consejero Álvaro Namén Vargas. Por las razones indicadas, se concederá el recurso incoado contra la decisión de primera instancia, disponiendo la remisión de las diligencias al referido superior. […] PRIMERO: CONCEDER en el efecto suspensivo y para ante el Consejo de E stado, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la doctora Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y a nombre propio por el señor Víctor Manuel Mesa Mendoza, en contra del fallo disciplinario proferido el día 24 de junio de 2021 por la Sala Plena de este Tribunal, mediante la cual se impuso una sanción disciplinaria. 8 Si se tiene en cuenta el criterio de la Sala Plena de esta Corporación, el superior funcional de los disciplinados es la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Quind ío, autoridad que, en efecto, adelantó la primera instancia; por consiguiente, como la Sala Plena del Consejo de Estado no es superior jerárquico o funcional de dicho tribunal, le corresponde resolver la alzada a la Procuraduría General de la Nación en aplicación del artículo 76 de la Ley 734 de 2002. […] En consecuencia, se RESUELVE: PRIMERO: REMITIR inmediatamente el expediente la Procuraduría General de la Nación para que continúe el trámite del proceso disciplinario de la referencia». Expediente electrónico. SAMAI. 9 Expediente electrónico. SAMAI.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 4 de 23

continúe el trámite del proceso disciplinario de la referencia». Expediente electrónico. SAMAI. 9 Expediente electrónico. SAMAI.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 4 de 23

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y la s personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

En el expediente consta que se comunicó el edicto a las autoridades interesadas y a los particulares involucrados, así: a la Presidencia y a la Secretaría General del Consejo de Estado, a la Procuraduría General de la Nación, a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío, a la señora Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y al señor Víctor Manuel Mesa Mendoza.

Según el informe secretarial del 31 de mayo de 2023, la doctora Olga Liliana Suarez Colmenares, procuradora delegada disciplinaria de juzgamiento 1, de la Procuraduría General de la Nación, presentó consideraciones, al igual que el doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas, en calidad de presidente del Consejo de Estado. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. La Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación, a través de procuradora delegada

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. La Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación, a través de procuradora delegada disciplinaria de juzgamiento 1, mediante escrito de 25 de mayo de 2023, señaló que el asunto objeto de estudio no era de su competencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, p or ende no resultan aplicables las competencias contenida s en el Acto Legislativo 02 de 2015, que adicionó a la Constitución Política el articulo 257 A , por medio del cual se asignó a este nuevo órgano la función jurisdiccional disciplinaria respecto de empleados judiciales.

Agregó que frente a esta competencia, se estableció la regla referida a que las actuaciones de los empleados judiciales ocurridas antes de la entrada en funcionamiento del nuevo órgano debe n adelantarse por las autoridades que al momento de su ocurrencia fueren competentes.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 5 de 23

2. Teniendo en cuenta pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil de los años 2017 y 2020, los procesos adelantados contra empleados judiciales deben surtirse al interior de la Rama Judicial, por parte del funcionario o corporación judicial que ostente el carácter de superior jerárquico administrativo del funcionario investigador.

3. Por su parte, la competencia de la Procuraduría General de la Nación solamente tiene lugar en aquellos casos en los cuales haya asumido el conocimiento de los

que ostente el carácter de superior jerárquico administrativo del funcionario investigador.

3. Por su parte, la competencia de la Procuraduría General de la Nación solamente tiene lugar en aquellos casos en los cuales haya asumido el conocimiento de los mismos en ejercicio del poder disciplinario preferente.

4. Dentro de este marco, surtida la primera instancia por la Sala Plena del Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío y no habiéndose ejercido el poder disciplinario preferente por la Procuraduría, compete la segunda instancia a la Sala

Plena del Consejo de Estado.

3.2. El Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado presentó a la Sala las siguientes

consideraciones:

1. Los hechos objeto de investigación disciplinaria ocurrieron durante la vigencia de la Ley 734 de 2002 y previo a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial . Por lo tanto, en el caso concreto, no son aplicables las disposiciones de la Ley 1952 de 2019, ni las competencias disciplinarias sobre funcionarios y empleados judiciales que le fueron asignadas a la referida comisión por el Acto Legislativo 02 de 2015, que adicionó el artículo 257A a la Constitución

Política.

2. Como se indicó en el Auto del 22 de septiembre de 2021, en sesión del 2 de abril de 2019, la Sala Plena del Consejo de Estado fijó su posición mayoritaria sobre la competencia para conocer los procesos disciplinarios contra empleados de la Rama Judicial, en el sentido de indicar que, conforme con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, corresponde al superior funcional del investigado tramitar el asunto en primera instancia.

Judicial, en el sentido de indicar que, conforme con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, corresponde al superior funcional del investigado tramitar el asunto en primera instancia.

3. Posteriormente, en sesión del 23 de julio de 2022, se precisó que, de conformidad con artículo 761 de la Ley 734 de 2002, toda entidad u organismo del Estado deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel para preservar la garantía de la doble instancia en esos asuntos disciplinarios; no obstante, que en el caso de las entidades en las que no sea posible su existencia, la segunda instancia será ejercida por la Procuraduría General de la Nación.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 6 de 23

4. En virtud de que la estructura organizacional de la Rama Judicial no prevé la existencia de oficinas de control interno disciplinario ni de superio res jerárquicos entre los distintos rangos de jueces que hacen parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo -jueces administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado-, la Sala Plena consideró pertinente aplicar el inciso tercero del artículo 76 de la Ley 734 de 2002 respecto de los procesos disciplinarios contra empleados de la Rama Judicial y, en consecuencia, estimó que su conocimiento en segunda instancia corresponde a la Procuraduría General de la Nación.

Teniendo en cuenta tales criterios, debe señalarse que, si bien el superior funcional de los señores Olivera Avendaño y Mesa Mendoza es la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Quindío, autoridad que adelantó la primera instancia; lo cierto es que la Sala Plena del Consejo de Estado no es superior jerárquico o funcional de

de los señores Olivera Avendaño y Mesa Mendoza es la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Quindío, autoridad que adelantó la primera instancia; lo cierto es que la Sala Plena del Consejo de Estado no es superior jerárquico o funcional de dicho tribunal, por lo que corresponde a la Procuraduría General de la Nación tramitar el recurso de alzada, en aplicación del artículo 76 de la Ley 734 de 2002.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia de la Sala

4.1.1. Vigencia de la Ley 1952 de 2019, reformada por la Ley 2094 de 2021

Mediante la Ley 1952 de 2019 se expidió el «Código General Disciplinario», el cual derogó expresamente la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), entre otras normas. Su artículo 263, modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, fijó las reglas procedimentales de las leyes disciplinarias aplicables en el período de transición, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley. (…)

Por su parte, el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, en su versión original, estableció, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Que «(l)a presente ley entrará a regir cuatro (4) mese s después de su sanción y

Por su parte, el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, en su versión original, estableció, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Que «(l)a presente ley entrará a regir cuatro (4) mese s después de su sanción y publicación (…)», lo cual tuvo lugar el 28 de enero de 2019.

1. Que los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 7 de 23

235 y 254, relativos al procedimiento reflejado en este código, entrarán en vigencia dieciocho (18) meses después de su promulgación.

Sin embargo, el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019 10 prorrogó la entrada en vigencia del Código General Disciplinario hasta el 1 de julio de 2021.

Posteriormente, fue expedida la Ley 2094 del 29 de junio de 2021 11, cuyo artículo 73 dispuso una nueva prórroga a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 265. VIGENCIA Y DEROG ATORIA. <Artículo modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su

disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.

(…)

Parágrafo 1o . El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación.12

En consecuencia, la entrada en vigencia plena de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094 de 2021, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se concretó la derogatoria de Ley 734 de 2002, salvo su artículo 30, que aún continúa vigente hasta el 28 de diciembre de 202313.

De otra parte, el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 normativo dispone:

ARTÍCULO 71. Modifícase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019; el cual quedará así: Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002 . En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley. (Resalta la Sala)

10 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad». 11 «Por medio de la cual se reforma la ley (sic) 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones».

10 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad». 11 «Por medio de la cual se reforma la ley (sic) 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». 12 Es importante precisar que, en reciente fallo expedido en el año 2023, la Corte Constitucional profirió sentencia dentro del expediente D-14503: Potestad Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Según Nota de Prensa 01 del 16 de febrero de 2023, la Corte precisó que las funciones disciplinarias que ejerce la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. (A la fecha no ha sido publicado el texto de la sentencia). 13 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 24 de febrero de 2023. Radicación número11001-03-06-000-2023-00004-00.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 8 de 23

Lo dispuesto en el citado artículo conlleva a que las modificaciones introducidas por el nuevo Código General Disciplinario serán aplicables en aquellos procesos que a 29 de marzo de 2022 no contaban con pliego de cargos o en los que no se hubiera instalado la audiencia del proceso verbal. Así como también resulta aplic ables a procesos disciplinarios que al 29 de marzo de 2022 no se hubieren iniciado.

A la luz de las normas anteriores , encuentra la Sala que, como quiera que en el presente caso , al 29 de marzo de 2022, ya se había emitido fallo de primera

A la luz de las normas anteriores , encuentra la Sala que, como quiera que en el presente caso , al 29 de marzo de 2022, ya se había emitido fallo de primera instancia (24 de junio de 2021), no resultan aplicables las reglas contenidas en las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, sino las consagradas en la Ley 734 de 2002.

4.1.2. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 82 de la Ley 734 de 2002 establece lo siguiente:

ARTÍCULO 82. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior com ún inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, la citada disposición no resulta aplicable debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Sala Plena del Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, no tienen un superior común.

4.1.3. La competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil

Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, no tienen un superior común.

4.1.3. La competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 9 de 23

ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto i nvolucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por

Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén compre ndidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. (...)

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta:

El asunto discutido es particular y concreto, pues se trata de el recurso de apelación interpuesto contra el fallo disciplinario del 24 de junio de 2021 , por el Tribunal Administrativo del Quindío contra Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza, secretaria y escribiente, respectivamente, del mencionado tribunal.

Adicionalmente, el asunto es de naturaleza administrativa en tanto que la Sala Plena del Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación ejercen, en materia disciplinaria, funciones de esta naturaleza. Al respecto, es importante precisar que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación ejercía funciones disciplinarias de carácter jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia CAl respecto, es importante precisar que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación ejercía funciones disciplinarias de carácter jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C030/23, declaró inexequ ible dicha naturaleza . Por lo tanto, en la actualidad, lasRadicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 10 de 23

funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son administrativas. ii) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Como se desprende de los antecedentes del caso, así como de las consideraciones presentadas, la Sala Plena del Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación rechazan su competencia para resolver el recurso de apelación.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente caso, tanto el Consejo de Estado como la Procuraduría General de la Nación son del orden nacional.

Por consiguiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil está habilitada para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias administrativas propuesto, por estar reunidos los requisitos del artículo 39 del CPACA.

4.2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «(m)ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «(m)ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

14 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001-03-06-000-2023-00186-00 Página 11 de 23

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4.3 Aclaración previa

que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4.3 Aclaración previa

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto.