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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 23 de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00238-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

Judicial de Medellín y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín Asunto: Autoridad competente para conocer de una solicitud de teletrabajo

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, r espectivamente, de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

El asunto objeto de estudio, fue asignado a este despacho, producto de la individualización que se realizó en el trámite del conflicto radicado bajo el número 110010306000202300127, repartido al despacho del consejero Édgar González López2.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Por medio de Auto del 15 de junio de 2023, el Consejero Ponente ordenó conformar expedientes

Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Por medio de Auto del 15 de junio de 2023, el Consejero Ponente ordenó conformar expedientes independientes y asignar número de radicación a los conflictos relacionados con las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces del Distrito Judicial de Medellín y seguir conociendo del radicado con el número 11001 -03-06-000-2023-00127-00, relativo a la solicitud de teletrabajo del señor Adalberto Díaz Espinosa.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 2 de 34

1. El 4 de mayo de 2015, el señor Andrés Felipe Mejía Ruiz se posesionó como juez primero municipal de pequeñas causas laborales de Medellín.

2. Mediante el Acuerdo PCSJA22-12024 del 14 de diciembre de 20223, el Consejo Superior de la Judicatura estableció la modalidad de «teletrabajo» en la Rama Judicial, precisando los requisitos de acceso al mismo y el procedimiento para su solicitud, trámite y formalización.

3. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio de l Acuerdo PCSJA23-12042 del 1 ° de febrero de 2023, modificó algunas disposiciones del Acuerdo PCSJA22-12024, relacionadas, entre otros, con las condiciones para acceder al teletrabajo.

4. El Anexo núm. 2 del Acuerdo PCSJA22-12024, modificado por el Acuerdo PCSJA23-12042, comprende tres formatos: de solicitud, el cual debe ser diligenciado por el trabajador; de anuencia, que debe estar suscrito por el

4. El Anexo núm. 2 del Acuerdo PCSJA22-12024, modificado por el Acuerdo PCSJA23-12042, comprende tres formatos: de solicitud, el cual debe ser diligenciado por el trabajador; de anuencia, que debe estar suscrito por el nominador, y de formalización del teletrabajo, el cual debe diligenciarse tanto por el trabajador como por el nominador.

5. El 25 de enero de 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial gestionó el desarrollo de una herramienta web a través de la cual los servidores judiciales presentaran, a partir de ese mismo día, las solicitudes de teletrabajo y los nominadores verificaran y dieran su anuencia a partir día siguiente, siempre que se cumplieran las condiciones para acceder a esa modalidad de trabajo.

6. El 25 de enero de 2023, el señor Andrés Felipe Mejía Ruiz juez primero municipal de pequeñas causas laborales de Medellín presentó solicitud de teletrabajo, a través del aplicativo web habilitado para tales efectos , seleccionando como nominador al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín para su respectiva aplicación.

7. El Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Medellín recibió 153 solicitudes de teletrabajo4 presentadas por los jueces adscritos a ese distrito, a través del referido aplicativo web , dentro de las cuales está la solicitud de l juez Andrés

Felipe Mejía Ruiz.

3 Por el cual se establece la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial. 4 Así lo informó a la Sala en oficio del 23 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 3 de 34

4 Así lo informó a la Sala en oficio del 23 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 3 de 34

8. El 23 de febrero de 2023 , el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín remitió las solicitudes de teletrabajo a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, toda vez que, previa delegación efectuada por la Sala Plena de esa Corporación para absolver las citadas solicitudes, la Sala de Gobierno decidió declararse incompetente para pronunciarse al respecto.

9. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, mediante oficio del 3 de marzo de 2023, manifestó carecer de competencia para atender las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces del Distrito Judicial de Medellín. En consecuencia, promovió el conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) , el 6 de julio de 2023 se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, al Consejo Superior de la Judicatura y al señor Andrés Felipe Mejía Ruiz.

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, al Consejo Superior de la Judicatura y al señor Andrés Felipe Mejía Ruiz.

Según informe secretarial del 13 de julio de 2023, durante el término de fijación del edicto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

Manifestó que carece de competencia para conocer de las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces adscritos a ese distrito judicial por cuanto de conformidad con la Ley 1221 de 2008, quien debía dar anuencia a las solicitudes deRadicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 4 de 34

teletrabajo e ra el empleador de los funcionarios judiciales, esto es, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó.

Indicó que los Acuerdos PCSJA22-12024 de 14 de diciembre de 2022 y PCSJA2312042 de 1 de febrero de 2023 son «inconstitucionales e ilegales por violación de normas superiores», pues imponen al nominador la obligación de viabilizar las solicitudes de teletrabajo elevadas por los jueces mediante el formato de anuencia, cuando legalmente le corresponde al empleador.

normas superiores», pues imponen al nominador la obligación de viabilizar las solicitudes de teletrabajo elevadas por los jueces mediante el formato de anuencia, cuando legalmente le corresponde al empleador.

2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín

Solicitó que se declarara que la competencia frente a la anuencia de las solicitudes de teletrabajo presentadas por los funcionarios judiciales de Medellín era del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Afirmó que en la Rama Judicial las calidades de empleador y nominador, de forma general, no confluyen en el mismo sujeto, toda vez que las Direcciones Seccionales fungen como empleador en cada jurisdicción y únicamente son nominadoras de los servidores adscritos a su dependencia.

Señaló que, en ejercicio de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PCSJA22 -12024 del 14 de diciembre de 2022 y PCSJA2312042 del 1 de febrero de 2023, en los cuales se estableció que la obligación de dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo corresponde al nominador de cada servidor judicial.

En ese sentido, hizo referencia al numeral 7 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, el cual consagra que el nominador de los de jueces de la República es el respectivo Tribunal.

Por otra parte, indicó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al no dar cumplimiento a los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, desconoce la presunción de legalidad de dichos actos administrativos.

Por último, manifestó que quienes imparten justicia no solo actúan en ejercicio de la

dar cumplimiento a los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, desconoce la presunción de legalidad de dichos actos administrativos.

Por último, manifestó que quienes imparten justicia no solo actúan en ejercicio de la función jurisdiccional, sino que, como directores del Despacho, también están llamados a ejercer función administrativa, de conformidad con los lineamientos que imparte el Consejo Superior de la Judicatura, y que en ejercicio de esa función el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín debe viabilizar las solicitudes de teletrabajo presentadas por los funcionarios judiciales adscritos a ese distrito.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 5 de 34

3. Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Solicitó que se declar ara competente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín para definir las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces adscritos a ese distrito.

En primer lugar, indicó que, con fundamento en la Ley 1221 de 2008, reglamentada por los Decretos 884 de 2012 y 1227 de 2022, la Ley 2213 de 2022 y el Decreto Legislativo 806 de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996, expidió los Acuerdos PCSJA22-12024 de 2022 y PCSJA23 -12042 del 2023, por medio de los cuales e stableció la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.

Señaló que, para acceder al teletrabajo, el artículo 10 del acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura indica lo siguiente:

modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.

Señaló que, para acceder al teletrabajo, el artículo 10 del acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura indica lo siguiente:

• El servidor judicial interesado en teletrabajar debió presentar a su nominador el formato de solicitud, • Una vez el servidor judicial presenta la solicitud el nominador verificará el cumplimiento de las condiciones para acceder al teletrabajo y de encontrarla viable, emite la anuencia y la remite a las dependencias de talento humano, • Con la anuencia las dependencias de talento humano lo remiten al correo definido por la ARL para el trámite de la inspección del puesto de trabajo (IPT) y la emisión del concepto, • Con el concepto favorable el nominador y el servidor judicial suscribirán el formato de Acuerdo de Teletrabajo.

En consecuencia, resulta claro que , quien debe verificar el cumplimiento de las condiciones para acceder al teletrabajo y formalizarlo es el nominador, no la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ni sus seccionales, a menos que se trate de una solicitud elevada por el personal vinculado a esas dependencias administrativas.

Afirmó que, en el trámite de las solicitudes de teletrabajo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales únicamente tienen la obligación de recepcionar las anuencias emitidas por los nominadores y dar traslado a la ARL, para lo de su competencia.

Adicionalmente, manifestó que de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 270 de 1996, la autoridad nominadora de los Jueces del Distrito Judicial de Medellín es el Tribunal Superior de ese distrito judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 6 de 34

1996, la autoridad nominadora de los Jueces del Distrito Judicial de Medellín es el Tribunal Superior de ese distrito judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 6 de 34

Por último, señaló que los Acuerdos PCSJA22-12024 de 2022 y PCSJA23 -12042 del 2023 fueron expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de las facultades que le fueron asignadas por la Constitución Política, de conformidad con la Ley 270 de 1996.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»5 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada.

La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio

relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas

5 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL.

Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 7 de 34

en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo

dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, l as dos autoridades involucradas, esto es, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, han negado su competencia para emitir anuencia a la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Andrés Felipe Mejía Ruiz, juez primero municipal de pequeñas causas laborales de Medellín.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia s administrativas sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto negativo de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional. Lo anterior teniendo en cuenta que , tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial forman parte de la Rama Judicial y constituyen una expresión del ejercicio desconcentrado de sus funciones.

Es importante destacar que dentro del organigrama de la Rama Judicial y de acuerdo con los artículos 98 y 131 de la Ley 270 de 1996 , el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín hace parte de la Jurisdicción Ordinaria, cuyo órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia, la cual funge como nominador y superior

Distrito Judicial de Medellín hace parte de la Jurisdicción Ordinaria, cuyo órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia, la cual funge como nominador y superior jerárquico de aquel. Por su parte, el superior jerárquico de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el Consejo Superior de la Judicatura . Por lo tanto, las entidades concerni das no tienen un superior jerárquico que deba conocer el conflicto de competencias.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 8 de 34

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para otorgar la a nuencia de la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Andrés Felipe Mejía Ruiz, juez primero municipal de pequeñas causas laborales de Medellín , a través del formato establecido para ello, la respectiva anuencia.

Se concluye, por tanto, que la Sala es competente para dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas planteado, en la medida en que se cumple con los tres elementos que habilitan su competencia.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»6.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la

6 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 9 de 34

6 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 9 de 34

solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para estudiar y decidir la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Andrés Felipe Mejía Ruiz juez primero municipal de pequeñas causas laborales de Medellín, esto es, para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a esa modalidad de trabajo y emitir, a través del formato establecido para ello, la respectiva anuencia.

Sobre el particular, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín afirmó que de conformidad con la Ley 1221 de 2008, quien debe dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo es el empleador de los funcionarios judiciales, a su juicio, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó, y que los Acuerdos sobre teletrabajo en la Rama Judicial, expedidos por el Consejo Superior

de teletrabajo es el empleador de los funcionarios judiciales, a su juicio, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó, y que los Acuerdos sobre teletrabajo en la Rama Judicial, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, son inconstitucionales e ilegales, toda vez que imponen al nominador la obligación de viabilizar las solicitudes de teletrabajo elevadas por los jueces mediante el formato de anuencia, cuando legalmente le corresponde al empleador.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín manifestó que en los Acuerdos PCSJA22 -12024 del 14 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12042 del 1° de febrero de 2023 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, se estableció que la obligación de dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo corresponde al nominador de cada servidor judicial. En ese sentido, hizo referencia al numeral 7 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, el cual consagra que el nominador de los cargos de jueces de la República es el respectivo Tribunal.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. El ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 10 de 34

1. Noción de empleador en la Rama Judicial. iii) Superiores funcionales y administrativos en la estructura jerárquica de la Rama Judicial. Reiteración. iv) Regulación del teletrabajo en Colombia. Reiteración. v) La implementación del teletrabajo en la Rama Judicial. Reiteración vi) Caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

Rama Judicial. Reiteración. iv) Regulación del teletrabajo en Colombia. Reiteración. v) La implementación del teletrabajo en la Rama Judicial. Reiteración vi) Caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración7

En diferentes oportunidades, la Sala se ha pronunciado sobre la autonomía constitucional de la Rama Judicial, indicando que ésta no solo apunta a la forma como los órganos, dependencias y funcionarios que la integran cumplen su función primordial de administrar justicia, sino que también alude a la forma en que se organiza internamente y gestiona sus recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, para lograr de manera eficiente su objetivo constitucional y misional.

Frente al particular se ha señalado lo siguiente:

Por tal razón el artículo 228 de la Constitución, además de señalar que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes, establece que “su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. Por el mismo motivo la Carta Política dio existenc ia a un Consejo Superior de la Judicatura, con una Sala Administrativa (artículo 254), entre cuyas funciones se encuentran las de “administrar la carrera judicial”; “crear, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia”, y “dictar los reglam entos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (artículos 256 y 257).

organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (artículos 256 y 257).

La distinción entre la función jurisdiccional propia del cuerpo de jueces que integran la Rama Judicial, y las funciones administrativas atinentes a la capacidad de autogestión o gobernanza interna de la Rama, se encuentra ampliamente desarrollada en la Le y Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, cuyo título IV se denomina justamente “De la administración, gestión y control de la Rama Judicial.” Dicho título establece y regula las funciones administrativas del Consejo Superior de la J udicatura, así como también las

7 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 23 de febrero de 2022, Rad. núm. 11001-03-06-000-2021-00183-00; del 28 de abril de 2020, Rad. núm. 11001 -03-06-000-201900203-00 y del 2 de octubre de 2014, Rad. núm. 11001-03-06-000-2014-00121-00.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00238-00 Página 11 de 34

funciones, actividades y tareas administrativas a cargo de las diferentes corporaciones y despachos judiciales.

El título VI (“Disposiciones generales”) de la Ley Estatutaria regula otros asuntos de carácter administrativo que conciernen no solo a los órganos de administración general de la Rama Judicial sino que involucran a todas las corporaciones y

El título VI (“Disposiciones generales”) de la Ley Estatutaria regula otros asuntos de carácter administrativo que conciernen no solo a los órganos de administración general de la Rama Judicial sino que involucran a todas las corporaciones y funcionarios j udiciales. Se trata de asuntos tales como: nombramiento de funcionarios y empleados judiciales, verificación de requisitos para el desempeño de los cargos, provisión de los empleos, traslados, comisiones de servicios, provisión de vacancias temporales, licencias, permisos, autorización a invitaciones de gobiernos extranjeros, suspensión en el empleo, vacaciones, retiro del servicio y carrera judicial, temas todos que conciernen directamente a la organización interna y al adecuado funcionamiento de la Rama.8

De manera que, con el propósito de lograr el eficiente funcionamiento de la administración de justicia, en ejercicio de las funciones administrativas, las Altas Cortes, los Tribunales y los jueces actúan como superiores jerárquicos de los magistrados de los tribunales, de los jueces y de los empleados que laboran en los diferentes despachos judiciales, respectivamente, de conformidad con la estructura jerárquica de la Rama Judicial.

5.1.1. Funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura. Reiteración9

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia , Ley 270 de 1996 , consagra las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, como órgano administrativo de la Rama Judicial, de la siguiente manera:

Artículo 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala: […]

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y

Rama Judicial, de la siguiente manera:

Artículo 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala: […]

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

[…]

12. Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.

13. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

8 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 9 de diciembre de 2016, Rad. núm. 11001-03-06-000-2016-00161-00. 9 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del del 23 de febrero de 2022, Rad. núm. 11001-03-06-000-2021-00183-00.Radicación: 11001-03-06-000-2023