CE - 110010306000202300414001AUTOQUERESUELDEFINECON20230927162143

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00414-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare

y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal.

Asunto: autoridad competente para conocer de una solicitud de teletrabajo. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 12 de enero de 2016, el señor José David Gómez Muñoz se posesionó como juez promiscuo municipal de San Luis.

2. Mediante el Acuerdo PCSJA22-12024 del 14 de diciembre de 2022 2, el Consejo Superior de la Judicatura estableció la modalidad de «teletrabajo» en la Rama Judicial, precisando los requisitos de acceso al mismo y el procedimiento para su solicitud, trámite y formalización.

3. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJA23-12042 del 1.° de febrero de 2023, modificó algunas disposiciones del Acuerdo PCSJA22-12024,

y formalización.

3. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJA23-12042 del 1.° de febrero de 2023, modificó algunas disposiciones del Acuerdo PCSJA22-12024, relacionadas, entre otros, con las condiciones para acceder al teletrabajo.

4. El Anexo núm. 2 del Acuerdo PCSJA22-12024, modificado por el Acuerdo PCSJA2312042, comprende los tres formatos de solicitud , el cual, debe ser diligenciado por el trabajador; de anuencia, que debe estar suscrito por el nominador, y de formalización del teletrabajo, el cual debe diligenciarse tanto por el trabajador como por el nominador.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Por el cual se establece la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 2 de 35

5. El 25 de enero de 2023, con el fin de hacer más expedito el trámite, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial gestionó el desarrollo de una herramienta a través de la cual los servidores judiciales podrían realizar, a partir de ese mismo día, las solicitudes de teletrabajo y, de igual forma, los nominadores podrían verificar y dar la anuencia a las mismas a partir del 26 de enero de 2023, siempre y cuando se cumplieran las condiciones para acceder a esa modalidad de trabajo.

6. El 31 de marzo de 2023, el señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal

las condiciones para acceder a esa modalidad de trabajo.

6. El 31 de marzo de 2023, el señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal de San Luis, presentó solicitud de teletrabajo, mediante el diligenciamiento del formato correspondiente, a través, del aplicativo web habilitado por el Consejo Superior de la Judicatura, seleccionando como nominador al Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Yopal.

7. El 19 de mayo de 2023, por medio de Oficio administrativo Nº. 1193, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal resolvió negar su competencia para estudiar y decidir las solicitudes de teletrabajo presentadas por cinco jueces y empleados del distrito judicial de Yopal , entre ellas, la del señor José David Gómez M uñoz, juez promiscuo municipal de San Luis.

Para el efecto, el Tribunal argumentó que es el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare la entidad competente para resolver las solicitudes de teletrabajo presentadas por los servidores judiciales del distrito judicial de Yopal, debido a las condiciones técnicas y logísticas.

8. En el mismo Oficio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal resolvió remitir el asunto a «[…] la Sala de Consulta del Consejo Superior de la Judicatura y/o a la dependencia correspondiente […]» sic , para que resolviera el presunto conflicto de competencia y, en consecuencia, determinara la autoridad a cargo del trámite de la solicitud de teletrabajo de los jueces y empleados del distrito judicial de Yopal . Entre ellos, la del señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal de San Luis.

9. Mediante comunicación del 6 de junio de 2023, la Oficina de la Presidencia del

ellos, la del señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal de San Luis.

9. Mediante comunicación del 6 de junio de 2023, la Oficina de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura remitió a la Secretaría de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el Oficio PCSJO23-600, en el cual manifestó:

De manera atenta, y en atención al artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, me permito remitir el conflicto de la referencia, propuesto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, respecto de la competencia para resolver las solicitudes de teletrabajo presentadas por jueces de ese distrito.

3 SAMAI, Archivo, 3_3_110010306000202300414003REPARTOYRADIC20230802163229.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 3 de 35

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) , el 2 de agosto de 2023 se fijó edicto4 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a l Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare , al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, al Consejo Superior de la Judicatura y al señor José David Gómez Muñoz.5

Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare , al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, al Consejo Superior de la Judicatura y al señor José David Gómez Muñoz.5

Según informe secretarial del 11 de agosto de 20236, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal

Mediante Oficio del 19 de mayo de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal presentó consideraciones en las que manifestó que carecía de competencia para conocer de las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces adscritos a ese distrito judicial. Específicamente, indicó lo siguiente:

Teniendo en cuenta que la dependencia administrativa competente para resolver dichas solicitudes sería el Consejo Seccional respectivo, atendiendo las condiciones técnicas, logísticas y demás para la aprobación del mismo, las cuales no pueden ser resueltas por esta instancia.

2. Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.

Por medio de Oficio del 30 de agosto de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, solicitó que se declarara que la competencia frente a la anuencia de las solicitudes de teletrabajo presentadas por los funcionarios judiciales era del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal.

4 Fijación por edicto núm. 413, documento «11_11_110010306000202300414001POREDICTO20230802163343», expediente digital. 5 Documento «9_9_11001030600020230041 4009REPARTOYRADIC20230802163229», expediente digital.

«11_11_110010306000202300414001POREDICTO20230802163343», expediente digital. 5 Documento «9_9_11001030600020230041 4009REPARTOYRADIC20230802163229», expediente digital. 6 Documento «12_12_11001030600020230041 4001ALDESPACHOPOR20230811151757», expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 4 de 35

En el mismo oficio, argumentó que, conforme a los Acuerdos PCSJA22-12024 y PCSJA23-12042 emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales carecen de la competencia necesaria para gestionar y resolver las solicitudes de teletrabajo presentadas por los servidores judiciales.

Asimismo, señaló que, de conformidad con la normativa vigente, corresponde a los nominadores de los servidores judiciales evaluar y aprobar sus solicitudes de teletrabajo.

Para el caso especifico, expuso que según el numeral séptimo, del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, la autoridad nominadora de los jueces del Distrito Judicial de Yopal es el Tribunal Superior del distrito Judicial de Yopal.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»7 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado

Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»7 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

7 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y P RINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 5 de 35

especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 5 de 35

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, las dos autoridades involucradas en el presente trámite, esto es, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal , han negado su competencia para emitir anuencia a la solicitud de teletrabajo presentada por el señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal de San Luis.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia s

teletrabajo presentada por el señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal de San Luis.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia s administrativas sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto negativo de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional. Lo anterior teniendo en cuenta que, tanto el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare , como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal forman parte de la Rama Judicial y constituyen una expresión del ejercicio desconcentrado de sus funciones.

Es importante destacar que dentro del organigrama de la Rama Judicial y de acuerdo con los artículos 98 y 131 de la Ley 270 de 1996, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal hace parte de la Jurisdicción Ordinaria, cuyo órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia, la cual funge como nominador y superior jerárquico de aquel. Por su parte, el superior del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare es el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, las entidades concernidas no tienen un superior jerárquico que deba conocer el conflicto de competencias.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 6 de 35

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la solicitud de teletrabajo presentada por el señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal de San Luis , esto es, verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a esa

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la solicitud de teletrabajo presentada por el señor José David Gómez Muñoz, juez promiscuo municipal de San Luis , esto es, verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a esa modalidad de trabajo y emitir, a través del formato establecido para ello, la respectiva anuencia.

Se concluye, por tanto, que la Sala es competente para dirimir el conflicto negati vo de competencias administrativas planteado , en la medida en que se cumple con los tres elementos que habilitan su competencia.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»8.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que,

en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autorida d competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por

8 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 7 de 35

tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para estudiar y decidir la solicitud de teletrabajo presentada por el señor José David Gómez Muñoz , juez promiscuo municipal de San Luis , esto es, para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a esa modalidad de trabajo y emitir, a través del formato establecido para ello, la respectiva anuencia.

Sobre el particular, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal afirmó que , en consideración a las condiciones técnicas y logísticas para la aprobación de las solicitudes de teletrabajo la dependencia administrativa competente para resolver dichas solicitudes sería el Consejo Seccional respectivo.

Por su parte , el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare manifestó que, según lo establecido en los Acuerdos PCSJA22-12024 del 14 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12042 del 1.° de febrero de 2023 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, se estable ció que la responsabilidad de dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo corresponde al nominador de cada servidor judicial. En ese sentido, hizo referencia al numeral 7 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, el cual establece que el nominador de los cargos de jueces de la República es el respectivo tribunal.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. El ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración.

nominador de los cargos de jueces de la República es el respectivo tribunal.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. El ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración. ii) Noción de empleador en la Rama Judicial. Reiteración. iii) Superiores funcionales y administrativos en la estructura jerárquica de la Rama Judicial. Reiteración. iv) Regulación del teletrabajo en Colombia. Reiteración v) La implementación del teletrabajo en la Rama Judicial. Reiteración. vi) Caso concreto.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 8 de 35

5. Consideraciones de fondo

5.1. Ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración9

En diferentes oportunidades, la Sala se ha pronunciado sobre la autonomía constitucional de la Rama Judicial, indicando que ésta no solo apunta a la forma como los órganos, dependencias y funcionarios que la integran cumplen su función primordial de administrar justicia, sino que también alude a la forma en que se organiza internamente y gestiona sus recursos humanos, físi cos, técnicos y financieros, para lograr de manera eficiente su objetivo constitucional y misional.

Frente al particular se ha señalado lo siguiente:

Por tal razón el artículo 228 de la Constitución, además de señalar que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes, establece que “su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. Por el mismo motivo la Carta Política dio existencia a un Consejo Superior de la Judicatura, con una Sala Administrativa (artículo 254), entre cuyas funciones se encuentran las de “administrar la carrera judicial”; “crear, fusionar y

será desconcentrado y autónomo”. Por el mismo motivo la Carta Política dio existencia a un Consejo Superior de la Judicatura, con una Sala Administrativa (artículo 254), entre cuyas funciones se encuentran las de “administrar la carrera judicial”; “crear, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia”, y “dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacion ados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (artículos 256 y 257).

La distinción entre la función jurisdiccional propia del cuerpo de jueces que integran la Rama Judicial, y las funciones administrativas atinentes a la capacidad de autogestión o gobernanza interna de la Rama, se encuentra ampliamente desarrollada en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, cuyo título IV se denomina justamente “De la administración, gestión y control de la Rama Judicial.” Dicho título establece y regula las funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, así como también las funciones, actividades y tareas administrativas a cargo de las diferentes corporaciones y despachos judiciales.

El título VI (“Disposiciones generales”) de la Ley Estatutaria regula otros asuntos de carácter administrativo que conciernen no solo a los órganos de administración general de la Rama Judicial sino que involucran a todas las corporaciones y funcionarios judiciales. Se trata de asuntos tales como: nombramiento de funcionarios y empleados judiciales, verificación de requisitos para el desempeño de los cargos, provisión de los

de la Rama Judicial sino que involucran a todas las corporaciones y funcionarios judiciales. Se trata de asuntos tales como: nombramiento de funcionarios y empleados judiciales, verificación de requisitos para el desempeño de los cargos, provisión de los empleos, traslados, comisiones de servicios, provisión de vacancias temporales, licencias, permisos, autorización a invitaciones de gobiernos extranjeros, suspensión en

9 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 19 de julio de 2023, Rad. núm. 11001-03-06-000-2023-00127-00; del 23 de febrero de 2022, Rad. núm. 11001 -03-06-000-2021-0018300; del 28 de abril de 2020, Rad. núm. 11001-03-06-000-2019-00203-00 y del 2 de octubre de 2014, Rad. núm. 11001-03-06-000-2014-00121-00.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 9 de 35

el empleo, vacaciones, retiro del servicio y carrera judicial, temas todos que conciernen directamente a la organización interna y al adecuado funcionamiento de la Rama.10

De manera que, con el propósito de lograr el eficiente funcionamiento de la administración de justicia, en ejercicio de las funciones administrativas, las Altas Cortes, los Tribunales y los jueces actúan como superiores jerárquicos de los magistrados de los tribunales, de los jueces y de los empleados que laboran en los diferentes despachos judiciales, respecti vamente, de conformidad con la estructura jerárquica de la Rama Judicial.

tribunales, de los jueces y de los empleados que laboran en los diferentes despachos judiciales, respecti vamente, de conformidad con la estructura jerárquica de la Rama Judicial.

5.1.1. Funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura. Reiteración11

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia , Ley 270 de 1996 , consagró las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, como órgano administrativo de la Rama Judicial, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala […]

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados.

Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley. […]

12. Dictar los reglamentos relacionados con la organizació n y funciones internas asignadas a los distintos cargos.

13. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

[…]

16. Dictar los reglamentos sobre seguridad y b ienestar social de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de acuerdo con las leyes que en la materia expida el Congreso de la República.

17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley.

[…]

22. Reglamentar la carrera judicial.

De conformidad con la disposición citada, dentro de las principales funciones que debe cumplir el Consejo Superior de la Judicatura, se encuentran las de trazar las políticas

presente ley. […]

22. Reglamentar la carrera judicial.

De conformidad con la disposición citada, dentro de las principales funciones que debe cumplir el Consejo Superior de la Judicatura, se encuentran las de trazar las políticas que debe ejecutar la Dirección Ejecutiva de Admi nistración Judicial y reglamentar las

10 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 9 de diciembre de 2016, Rad. núm. 11001-03-06-000-2016-00161-00. 11 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 19 de julio de 2023, Rad. núm. 11001-03-06-000-2023-00127-00 y del 23 de febrero de 2022, Rad. núm. 11001 -03-06-000-2021-0018300.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 10 de 35

funciones administrativas que la ley asigna a los consejos seccionales. Adicionalmente, debe administrar la carrera judicial y reglamentarla, por medio de acuerdos, con sujeción a la normativa de carácter superior. 5.2. Noción de empleador en la Rama Judicial. Reiteración12

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto del 29 de marzo de 200613, explicó el concepto de empleador de la Rama Judicial, así:

En el Derecho del Trabajo, la doctrina, desde hace mucho tiempo, tiene entendido como ‘patrono’ la persona natural o jurídica que contrata trabajadores, sobre los que ejerce la subordinación en la prestación personal de servicios por una remuneración.

La denominación ‘empleador’ fue incorporada a la legis lación por el artículo 107 de la

‘patrono’ la persona natural o jurídica que contrata trabajadores, sobre los que ejerce la subordinación en la prestación personal de servicios por una remuneración.

La denominación ‘empleador’ fue incorporada a la legis lación por el artículo 107 de la ley 50 de 1990 que dispuso: “La denominación “patrono” utilizada en las disposiciones de trabajo vigentes se entiende reemplazada por el término “empleador”.

Esta noción de empleador suele aplicarse a personas particulares y cuando se trata del servicio oficial se distingue entre el vínculo laboral establecido mediante relación contractual, en cuyo uno de sus extremos se halla el denominado ‘trabajador oficial’ y en el otro el ‘Estado patrono’ , de quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública que conforman la función pública, para asegurar la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad (art. 1º ley 909 de 2003).

Dentro de nuestro sistema jurídico “La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades co nsagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional (art. 1º ley 270 de 1996).

Dada la trascendencia de la noción ‘Estado’ como un marco convencional dentro del que se desarrollan las relaciones de poder en una sociedad, la normatividad administrativa no utiliza el término ‘empleador’, ni precisa quién es él, sino que se dirige a regular el ‘sistema de empleo público’.

del que se desarrollan las relaciones de poder en una sociedad, la normatividad administrativa no utiliza el término ‘empleador’, ni precisa quién es él, sino que se dirige a regular el ‘sistema de empleo público’.

Mientras tanto la Constitución de 1991 determina en su artículo 123 que: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.

12 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 19 de julio de 2023, Rad. núm. 1100103-06-000-2023-00127-00. 13 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 29 de marzo de 2006. Radicación núm. 1715. Conjuez Ponente: Marcel Silva Romero.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00414-00 Página 11 de 35

Dentro de estas definiciones constitucionales y legales, quienes laboran en la r ama judicial son empleados del Estado, tal como lo reitera la ley 909 de 2004 al referirse expresamente a quienes prestan sus servicios en la Rama Judicial del Poder Público Por ende el empleador 14 es el Estado, quien por definición constitucional, legal y por simple