CE - 110010315000202205676001AUTOQUERESUEL20230324103704

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

Demandante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

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1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05676-00

Demandante: YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN

Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

AUTO

La Sala procede a resolver (i) la recusación formulada contra los magistrados Milton Chaves García y Myriam Stella Gutiérrez Argüello de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; (ii) la solicitud de nulidad promovida por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia -AICOdentro de la acción de tutela de la referencia en la que se dictó la sentencia de 9 de febrero de 2023 ; (iii) el desistimiento a las solicitudes de aclaración y adición presentadas por el señor Carlos Leonardo Hernández del auto de 2 de marzo de 2023 , proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, así como (iv) el recurso de apelación propuesto contra esta última providencia. El mencionado auto resolvió lo siguiente:

Carlos Leonardo Hernández del auto de 2 de marzo de 2023 , proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, así como (iv) el recurso de apelación propuesto contra esta última providencia. El mencionado auto resolvió lo siguiente:

“Primero.- NIÉGASE la solicitud de nulidad presentada por el señor Carlos Leonardo Hernández, en relación con la causal contenida en el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso y por la supuesta indebida aplicación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021.

Segundo.- DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa del señor Carlos Leonardo Hernández, respecto de la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del Código General del Proceso.

Tercero.- NIÉGANSE las solicitudes de aclaración de la sentencia de tutela de 9 de febrero de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, presentadas por el departamento de Santander y el señor Javier Orlando Acevedo Beltrán.

Cuarto.- Surtido el trámite de notificación de esta providencia en la Secretaría General, DEVUÉLVASE el expediente de tutela al despacho para proveer sobre las impugnaciones presentadas”.

I. FUNDAMENTO DE LAS SOLICITUDES

1. Escrito de recusación

El Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-, por intermedio de su representante legal, recusó a los magistrados Milton Chaves García y Myriam Stella Gutiérrez Argüello bajo la causal establecida en el artículo 141 del Código

El Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-, por intermedio de su representante legal, recusó a los magistrados Milton Chaves García y Myriam Stella Gutiérrez Argüello bajo la causal establecida en el artículo 141 del Código General del Proceso (CGP) y el artículo 56 numeral 6 de la Ley 904 de 2006.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

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2 Al respecto, señaló que los citados consejeros suscribieron la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida dentro del trámite de la acción de tutela promovida por el señor Carlos Alberto Román Ochoa c ontra la Sección Quinta del Consejo de Estado (rad. No. 11001031500020200510200), por lo que, a su juicio , ya habrían tenido conocimiento previo del asunto planteado en la solicitud promovida por la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban . Al respecto, el peticionario expresó lo siguiente:

“No obstante, es menester avizorar por el suscrito en calidad de representante legal del PARTIDO AICO que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no puede conocer (y nunca debió conocer) del asunto dentro del trámite de l a t utela, dado que conoció dentro del proceso de radicado 11001031500020200510200 la existencia de pretensiones iguales a las solicitadas por la accionante dentro del trámite

nunca debió conocer) del asunto dentro del trámite de l a t utela, dado que conoció dentro del proceso de radicado 11001031500020200510200 la existencia de pretensiones iguales a las solicitadas por la accionante dentro del trámite constitucional, así como los hechos jurídicamente relevantes en el estudio dentro de la tutela”.

En ese orden de ideas, manifestó que los referidos consejeros no pueden integrar la sala de decisión que resuelva e l incidente de desacato formulado por la actora el 7 de marzo de 2023, por lo que solicitó “en aras de garantizar el debido proceso y de generar una nueva nulidad dentro del proceso (…) la remisión del expediente a alguna de las Secciones del Consejo de Estado que le siguen en turno y que no hayan conocido del trámite de nulidad electoral o de la acción de tutela dentro del actual proceso”.

2. Solicitud de nulidad del trámite constitucional

El Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-, por intermedio de su representante legal , formuló solicitud de nulidad contra la sentencia de 9 de febrero de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Al respecto, relató que el 24 de julio de 2019 se suscribió el acuerdo de coalición con los partidos Alianza Verde, Unidad Nacional, Conservador, Cambio Radical, Liberal, Alianza Social Independiente -ASIy el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, para la postulación del señor Carlos Alberto Román Ochoa como candidato a la alcaldía de l municipio de Girón para el periodo constitucional 20202023.

De acuerdo con ello, explicó que conforme con lo establecido en el artículo 29 de

candidato a la alcaldía de l municipio de Girón para el periodo constitucional 20202023.

De acuerdo con ello, explicó que conforme con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, cuando se presentan faltas absolutas del alcalde municipal y restare menos de dieciocho meses para completar el periodo constitucional, el Gobernador deberá designar de conformidad con la terna que el partido movimiento o coalición presenten para tal efecto, dentro de los diez días siguientes.

Indicó que el 26 de octubre de 2022 , el Gobernador de Santander “tomando como base la sentencia SU -213 de 2022 de la Corte Constitucional” , solicitó la terna a los miembros de la coalición y, dentro del término legal, el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICOpresentó el candidato para tal efecto ; lo propio hicieron los partidos conservador y liberal. Afirmó que la actora conocía de esa circunstancia y, sin embarg o, presentó la acción de tutela sin solicitar la vinculación de los integrantes de la coalición que apoyó la candidatura de l señor Carlos Alberto Román Ochoa.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

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3 Informó que a los miembros de la coalición de la cual fue integrante el Movimiento AICO les asiste interés en el resultado del proceso en razón a l as siguientes

consideraciones:

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3 Informó que a los miembros de la coalición de la cual fue integrante el Movimiento AICO les asiste interés en el resultado del proceso en razón a l as siguientes

consideraciones:

“8. El Honorable Conocedor del interés que le asiste a los partidos antes mencionados pues (como puede visualizarse en el SAMAI), fue conocedor de una acción de nulidad electoral que cursa en el Tribunal Administrativo de Santander contra el señor JAVIER ORLANDO ACEVEDO (actual alcalde de Girón) y donde en dicha acción se dilucidó cuales partidos habían hecho parte de la coalición y cuyo proceso incluso fue mencionado en la s entencia de primera instancia de esta Corporación, lo cual es un claro indicativo del interés directo que le asiste a los partidos en esta acción de Tutela.

9. Con el fin de afianzar más la demostración del interés que nos asiste en esta acción de tutela, debemos recordar que fue por remisión del propio Consejo de Estado al Tribunal Administrativo de Santander la Sentencia de Unificación 213 de 2022 para su ejecución. Y fue por el ello que el TAS ordenó al gobernador de Santander obedecer y cumplir lo resu elto por la honorable Corte Constitucional la precitada Sentencia de Unificacióndesprendiéndose de ello el requerimiento a los partidos coaligados para que presentaran la terna de candidatos a cubrir la falta absoluta del alcalde saliente - y por tanto ga rantizándonos el derecho legal de postular los ternados conforme a lo establece el artículo 29 de la ley 1475 de 2011.

10. Por tal razón el día 26 de octubre del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en

por tanto ga rantizándonos el derecho legal de postular los ternados conforme a lo establece el artículo 29 de la ley 1475 de 2011.

10. Por tal razón el día 26 de octubre del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, el señor Gobernador de Santander solicitó a los Partidos y Movimientos Políticos que conformaron la coalición que inscribió al señor CARLOS ALBERTO ROMÁN OCHOA como candidato a la Alcaldía de Girón (20202023) que presentaran la Terna de candidatos para de ellos de signar a quien debiera cubrir el restante periodo constitucional en razón a la falta absoluta generada por el señor ROMÁN OCHOA como consecuencia de la SU antes mencionada.

11. Concordante con lo que precede, recordemos que el día 10 de noviembre de 2022 se allegaron dos postulaciones por parte de los partidos políticos, y el día 15 de noviembre de esa misma anualidad (de forma extemporánea) el Partido ALIANZA VERDE presentó tres nombres adicionales quedando así una ‘terna de cinco’-. Por ello, el Gobernador de Santander produjo la Resolución 27040 del 29 de noviembre de 2022 donde se Designa al señor JAVIER ORLANDO ACEVEDO. Razón por la cual aún cursan algunas Acciones de Tutela y donde vincularon a los Partidos Coaligados y a los ternados. Por lo tanto, e n l a acción de Tutela promovida por YULIA MORAIMA RODRIGUEZ se deben vincular a todas las personas que se vean afectadas o que tengan interés directo por las resultas de la decisión pues todo se encuentra relacionado (tal como ya se explicó)-.

RODRIGUEZ se deben vincular a todas las personas que se vean afectadas o que tengan interés directo por las resultas de la decisión pues todo se encuentra relacionado (tal como ya se explicó)-.

12. En cons ecuencia, al no vincularse a los Partidos y Movimientos que hicieron parte de la Coalición que eligió al Alcalde saliente y que a su vez presentaron a los ternados para ocupar la falta absoluta del mismo SE CONFIGURA CLARAMENTE UNA CAUSAL DE NULIDAD ABSOLU TA de todo lo actuado, incluso desde el auto admisorio a la luz del decreto 2591 de 1991, en esencia por no garantizársenos el derecho a la defensa”.

Así las cosas , apoyado en algunos autos de la Corte Constitucional relacionados con la conformación del contradictorio en el trámite de tutela, solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del trámite de la acción de tutela y se vincule al trámite constitucional al Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-, porque, a su juicio, se trata de un litisconsorte necesario.

Con todo, expresó que se “omitió integrar adecuadamente el contradictorio al no vincular a los Partidos y Movimientos Políticos que inscribieron a Carlos Alberto Román Ochoa en las elecciones regionales del 27 de octubr e de 2019 (dentro de ellos AICO) para ocupar el cargo de Alcalde de Girón Santander y que posteriormente ternaron candidatos para ocupar dicho cargo el día 10 deRadicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

Demandante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

posteriormente ternaron candidatos para ocupar dicho cargo el día 10 deRadicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

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4 noviembre de 2022 -al igual que a los candidatos a dicha terna cuyos nombres fueron postulados en esa misma fecha para efectos de garantizar el debido proceso”.

De igual modo, pidió que se suspenda la ejecución del fallo de primera instancia hasta que se decida la solicitud de nulidad.

3. Desistimiento de las s olicitudes de aclaración y adición del auto de 2 de marzo de 2023, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estadopresentadas por el señor Carlos Leonardo Hernández -, y recurso de apelación contra esa decisión

3.1. El señor Carlos Leonardo Hernández, vinculado al trámite constitucional como tercero con interés , formuló solicitud de aclaración y adición del auto de 2 de marzo de 2023, en la que pidió que se absolvieran los siguientes interrogantes:

“¿Se aclare cuál fue la decisión judicial o administrativa que afectó la salida o prec ipitó la entrega del cargo como alcaldesa de la señora YULIA MORAIMA RODRIGUEZ ESTEBAN como alcaldesa de Girón?

¿De acuerdo a lo anterior se aclare a partir de qué momento se empieza a computar el término judicial para que la señora YULIA MORAIMA incoara la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?

¿De acuerdo a lo anterior se aclare a partir de qué momento se empieza a computar el término judicial para que la señora YULIA MORAIMA incoara la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?

¿Se aclare cuál es la regla procesal que permita a los jueces en Sentencia de Tutela otorgar un término reglado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 a partir de la notificación de dicha sentencia, sobre todo cuando los hechos (reconocidos por la accionante) ocurrieron en octubre del año 2021?

(…)

Se aclare cuáles son los pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional respecto de la competencia para asumir el conocimiento de las acciones d e t utela respecto de las reglas del reparto a la luz del Decreto 333 de 2021 que permite al Consejo de Estado conocer a prevención esta acción constitucional, sobre todo cuando es claro que el único demandado es el gobernador de Santander”.

De igual modo, solicitó que se adicionara la sentencia en el sentido de emitir un “pronunciamiento de fondo sobre esta causal invocada en el sentido que ya la Sentencia de Unificación hizo tránsito a cosa juzgada y en ella se deja clara su posición que se rechaza la petición de la actora de ser reconocida como alcaldesa de Girón en razón a las reglas constitucionales y legales relativas a la forma como se deben cubrir las faltas absolutas de los alcaldes”.

El 10 de marzo de 2023 , el señor Carlos Leonardo Hernández prese ntó escrito de desistimiento de la mencionada solicitud de aclaración y adición.

3.2. El mismo día promovió recurso de apelación contra el auto de 2 de marzo de

El 10 de marzo de 2023 , el señor Carlos Leonardo Hernández prese ntó escrito de desistimiento de la mencionada solicitud de aclaración y adición.

3.2. El mismo día promovió recurso de apelación contra el auto de 2 de marzo de 2023, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en lo relativo a la decisión de n egar la solicitud de nulidad de lo actuado respecto de la causal contenida en el numeral 2° del artículo 133 del Código General del Proceso , la supuesta indebida aplicación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021 y la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por activa en relación con la causal del numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso . Al respecto, expresó los siguientes argumentos:Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

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5 • Insistió en que la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban entregó el cargo antes de la ejecutoria de la sentencia de tutela que amparó los derechos fundamentales del señor Carlos Alberto Román Ochoa por lo que , afirmó, se entiende que ella hizo entrega del cargo de alcaldesa “en el mes de agosto de 2021”, y a partir de ese momento comenzó a correr el término de caducidad de cuatro meses para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derec ho. Por lo tanto, a su juicio, cuando se profirió la

agosto de 2021”, y a partir de ese momento comenzó a correr el término de caducidad de cuatro meses para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derec ho. Por lo tanto, a su juicio, cuando se profirió la sentencia de 9 de febrero de 2023 ya había operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el juez de tutela no podía revivirlo.

• De igual modo, manifestó su desacuerdo con la decisión de negar la nulidad por falta de competencia del Consejo de Estado para asumir el conocimiento de la acció n d e t utela por cuanto, reiteró, al dirigirse la demanda contra una autoridad del orden nacional correspondía conocer a los jueces municipales, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021. Al respecto, citó in extenso la providencia de 15 de febrero de 2023 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que , en el trámite de segunda instancia de una acción de tutela contra la Gobernación de Santander, declaró la nulidad de lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desde el auto admisorio, por falta de competencia.

4. Trámite procesal

El 8 de marzo de 2023, mediante fijación en lista, la Secretaría General de esta Corporación corrió traslado de la solicitud de nulidad promovida por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-.

5. Intervenciones

Dentro del término de fijación en lista no se presentaron intervenciones respecto

Corporación corrió traslado de la solicitud de nulidad promovida por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-.

5. Intervenciones

Dentro del término de fijación en lista no se presentaron intervenciones respecto de la solicitud de nulidad formulada por el Movimiento Autoridades Indíg enas de Colombia -AICO-.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el literal C, artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 (reglamento interno) y el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, la Sección Cu arta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. La solicitud de nulidad de la sentencia en el trámite de tutela

El artículo 4 del Decreto 306 de 1992 señala que , para interpretar las disposiciones sobre el trámite de la acción de tutela previstas en el Decreto 2591 de 1991 y en lo que no sea contrario a éste, se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, actualmente del Código General del Proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

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6 El Código General del Proceso señala en su artículo 133, de forma taxativa, las

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6 El Código General del Proceso señala en su artículo 133, de forma taxativa, las causales de nulidad que se pueden presentar en el trámite de un proceso judicial.

De manera específica dispone:

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El p roceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, reviv e un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que d eban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.

De esta manera, al ser compatible con el trámite de tutela es posible efectuar el análisis de las solicitudes de nulidad propuestas, a partir de los supuestos normativos establecidos por el legislador en el Código General del Proceso.

3. Estudio y solución del caso concreto

3.1. La recusación presentada contra los magistrados Milton Chaves García y Myriam Stella Gutiérrez Argüello se declarará improcedente

El Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-, por intermedio de su representante legal, presentó recusación contra los magistrados Milton Chaves

y Myriam Stella Gutiérrez Argüello se declarará improcedente

El Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-, por intermedio de su representante legal, presentó recusación contra los magistrados Milton Chaves García y Myriam Stella Gutiérrez Argüello , en virtud de la causal establecida en elRadicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

Demandante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 artículo 1411 del Código General del Proceso y el artículo 56 numeral 6 2 de la Ley 904 de 2006. Lo anteri or, bajo el argumento de que conformaron la sala de decisión que profirió la sentencia de 20 de mayo de 2021 dentro del trámite de la acción de tutela promovida por el señor Carlos Alberto Román Ochoa contra la Sección Quinta del Consejo de Estado (rad. No. 11001-03-15-000-2020-05102-00 y acumulados 11001 -03-15-000-2020-05238-00 y 11001 -02-15-000-2020-0519500)3.

Sobre este particular, la Sala anticipa que declarará improcedente la recusación propuesta, en tanto de conformidad con lo previsto en el artícul o 39 del Decreto 2591 de 1991, en el trámite de tutela en ningún caso será procedente esa figura, lo que ha refrendado la Corte Constitucional. La precitada disposición señala:

“ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente la recusación . El juez

lo que ha refrendado la Corte Constitucional. La precitada disposición señala:

“ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente la recusación . El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medida s procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso”. (Negrillas fuera del texto original)

Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que la finalidad que persigue el legislador estatutario al no establecer en el trámi te de la acción de tutela la figura de la recusación responde a la necesidad de materializar el principio de celeridad , lo que se concreta en que se trata de un trámite sumario y expedito de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución . En Auto No. 483 de 20224, la Sala Plena de la Corte Constitucional expresó:

“13. Así mismo, esta Corte ha explicado que la ausencia de la figura de la recusación obedece a la necesidad de asegurar que su trámite respete el principio de celeridad, ‘que no admite dilaciones en la protección de los derechos fundamentales, por ritualidades procesales ’ y se resuelva en un término sumario y prioritario. Como compensación, el juez de tutela tiene la obligación de declararse impedido cuando

1 ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el juez, su cónyuge,

compensación, el juez de tutela tiene la obligación de declararse impedido cuando

1 ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, com pañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. 4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes. 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o m andatario del juez o administrador de sus negocios. 6. Exist ir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. 7. Haber formulad o a lguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia s e refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación. 8. Haber formulado el

de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia s e refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación. 8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia pe nal o disciplinaria contra una de las partes o su representa nte o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal. 9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de l as partes, su representante o apoderado. 10. Ser el juez, su cón yuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, sal vo cuando se trate de persona de derecho público, establecim iento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público. 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de l as partes o su representante o apoderado en sociedad de pers onas.

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. 13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso. 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o al guno de sus parientes en segundo grado

permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso. 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o al guno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar. 2 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere partici pado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. 3 En esa ocasión se aceptó el impedimento manifestado por la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto. 4 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-00

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8 concurran en él las ca usales en el artículo 56 Código de Procedimiento Penal, para asegurar la independencia e imparcialidad judicial”.

Lo anterior es suficiente para declarar la improcedencia de la recusación promovida por el movimiento AICO.

En todo caso, resulta importante precisar que el objeto de las dos acciones de tutela es completamente diferente. En la solicitud de amparo constitucional con

Lo anteri