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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00

Actora: María de los Ángeles Maya Castillo Demandados: Presidencia de la República y otros1

Asunto: Resuelve sobre la admisibilidad de la acción de tutela y la solicitud de una medida provisional

AUTO INTERLOCUTORIO

Este Despacho procede a resolver sobre la admisibilidad de la solicitud de tutela presentada por María de los Ángeles Maya Castillo y la solicitud de una medida provisional.

I. ANTECEDENTES

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el “[…] Presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de enrgia y gas y agua potables […] SUPERINTENDENTE DE SERVICIO PÚBLICOS DOMICILIARIOS, y superior jerárquico funcional de la empresa de servicios públicos domiciliarios […]

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE […] JEFE

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICO DOMICILIARIOS […] PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA […]”2, porque, a su juicio, frente

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital. 2 Transcripción literal del texto.2

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

a las quejas y denuncias que ha presentado “[…] ES EL DIA DE HOY Y NO HE RECIBIDO PRONUNCIAMIENTO alguno , donde la empresa de energía a cada momento me suspende el servicio de energía , donde ya la superservicicio debió solicitarle a la empresa de energía que se abstenga de suspender el servicio hasta tanto no culmine la investigación además solo faltan 6 días para realizarse el consejo comunal y no se han pronunciado por escrito ni la presidencia ni la superservicicio , si va asistir o no o quien viene en su remplazo […]” 3, lo cual vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la educación.

2. La actora solicitó, en el escrito de tutela, como medida provisional4:

“[…] que el juez constitucional para garantizar el mínimo vital de energía, a un servicio esencial a la educación a una vivienda digna, a la dignidad humana y a los mecanismo de participación ciudadana ordenar a la empresa que se abstenga de suspenderme el servicio de energía, de forma unilateral mientras no haya un fallo de finitimo, así mismo ordene al presidente y a al superintendente asistir al consejo comunal […]”.5

de participación ciudadana ordenar a la empresa que se abstenga de suspenderme el servicio de energía, de forma unilateral mientras no haya un fallo de finitimo, así mismo ordene al presidente y a al superintendente asistir al consejo comunal […]”.5

3. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de mayo de 20236, inadmitió la solicitud para que la actora indicara, con la mayor claridad posible y de manera precisa, las autoridades contra las cuales presentaba la solicitud de tutela, los hechos y las razones por las cuales consideraba que estas desconocieron sus derechos fundamentales y el objeto de su pretensión frente a cada una de ellas. Para el efecto, le concedió un término de tres (3) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicha providencia, so pena de rechazar de plano la solicitud de tutela.

4. La actora no presentó ni allegó documento alguno de subsanación ante la Secretaría General de esta Corporación durante el término mencionado supra7.

3 Transcripción literal del texto. 4 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Folio 27 del documento denominado “ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo en medio magnético 5 Transcripción literal del texto. 6 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado “AUTOQUEINADMITE(.pdf) NroActua 4”. Archivo aportado en forma digital 7 Cfr. índice núm. 7 de SAMAI, Documento denominado “ENVIODENOTIFICACION_ACUSES1100 103150(.pdf) NroActua 7”. Archivo aportado en forma digital.3

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NroActua 7”. Archivo aportado en forma digital.3

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

II. CONSIDERACIONES

5. Este Despacho procederá, en primer orden, a estudiar si hay lugar a admitir la acción de tutela interpuesta por la actora y, en segundo orden, a decidir la medida provisional solicitada.

Sobre la admisión de la acción de tutela

6. Visto el artículo 17 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, que establece sobre la corrección de la solicitud “[…] Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija […]. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano. [ …]”. (Resaltado por el

Despacho).

7. Atendiendo a que la Corte Constitucional, en sentencia C-483 de 15 de mayo de 20089, consideró que el juez constitucional puede continuar con el trámite de la solicitud de tutela si considera que cuenta con la capacidad jurídica para establecer los hechos que originaron la presentación de la solicitud, con fundamento en los principios de oficiosidad e informalidad de la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Al margen de los presupuestos anteriores es necesar io destacar que, de acuerdo con el apartado final del primer inciso del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el rechazo de la solicitud de tutela, no reviste un carácter obligatorio, sino facultativo para el juez que conoce de la acción. Sobre este partic ular el citado apartado dispone

rechazo de la solicitud de tutela, no reviste un carácter obligatorio, sino facultativo para el juez que conoce de la acción. Sobre este partic ular el citado apartado dispone expresamente que: “… [s]i no las corrige, la solicitud podrá ser rechazada de plano.”

Por lo tanto, aún cuando en un caso concreto concurran las condiciones enunciadas previamente, el rechazo de la acción de tutela no es un imperativo para el juez constitucional. Sobre la base de los principios de oficiosidad y de informalidad, el juez cuenta con amplias atribuciones -facultades y poderespara asumir un papel activo en el proceso en busca del conocimiento y claridad sobre l os hechos materia de la actuación judicial. Así, si él considera que durante el trámite cuenta con la capacidad jurídica para establecer los hechos que originaron la presentación de la solicitud de amparo, debe dejar de lado la opción del rechazo de la misma y continuar el procedimiento, de tal forma, que la actuación concluya con una decisión de fondo, en la que se protejan los derechos fundamentales del accionante que han sido vulnerados, o en caso de la denegatoria del amparo, con el señalamiento de las razones que llevaron al fallador a negar la protección de los mismos […]”.

[…]

8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 9 Corte Constitucional. Sentencia C 483 de 15 de mayo de 2008. MP: Rodrigo Escobar Gil4

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

“[…] De no existir claridad en el juez con respecto a la situación de hecho que motiva la

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

“[…] De no existir claridad en el juez con respecto a la situación de hecho que motiva la presentación de la solicitud, difícilmente podrá emitir una orden que conlleve a una protección adecuada y efectiva de los derechos fundamentales amenazados o violados. En otras palabras, sólo en la medida en que el juez llegue al entendimiento de las causas que originaron la solicitud de protección de los derechos fundamentales y de la situación de hecho en la que se enmarca, podrá emitir órdenes adecuadas para proteger de manera efectiva los derechos fundamentales amenazados o violados en el caso concreto. De otra forma, las decisiones que se tomen en el curso del proceso de tutela corren el riesgo de resultar innocuas o sin trascendencia en relación con la protección judicial requerida. […]”. (Resaltado por el Despacho).

8. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante Auto 227 de 22 de agosto de 200610,

consideró que:

“[…] En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió rechazar la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Pastor Naranjo, dado que, a pesar de haberle solicitado la ampliación y aclaración de los hechos que motivaron la instauración de la acción, el actor no allegó dicho escrito aclaratorio en el término concedido para ello […]”.

[…]

“[…] De esta manera, resulta claro que la acción de tutela de la referencia no fue decidida de fondo en las instancias judiciales por las autoridades a quienes correspondía pronunciarse al respecto, lo que configura, sin lugar a dudas, una flagrante

[…]

“[…] De esta manera, resulta claro que la acción de tutela de la referencia no fue decidida de fondo en las instancias judiciales por las autoridades a quienes correspondía pronunciarse al respecto, lo que configura, sin lugar a dudas, una flagrante vulneración de los derechos a la protección judicial efectiva, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor Pastor Naranjo, quie n no ha obtenido una respuesta de fondo del aparato de justicia frente a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional.

Podría, sin embargo, alegarse -como lo hacen los jueces constitucionales - que el actor no cumplió con un deber procesal, cual era el de aclarar los hechos que dieron lugar a su acción de tutela. No obstante, esta Sala considera que, si bien las partes deben prestar colaboración con el aparato de administración de justicia para el normal desarrollo de los procesos, no puede perderse de vista que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que se caracteriza por la informalidad, lo cual hace viable, incluso, su prese ntación verbal ante cualquier juez de la República. Así, el juez constitucional, en aras de garantizar los derechos de los ciudadanos, debe desplegar las actividades necesarias tendentes a establecer la verdad de los hechos, mediante el decreto de todas aquellas pruebas que sean requeridas.

Adicionalmente, y contrario a lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala encuentra que la demanda de tutela presentada por el señor Naranjo no cumple el primero de los supuestos exigidos por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 para que la autoridad judicial procediera válidamente a rechazarla, pues,

Naranjo no cumple el primero de los supuestos exigidos por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 para que la autoridad judicial procediera válidamente a rechazarla, pues, a partir del escrito sí podía determinarse el hecho o la razón que motivó su solicitud de tutela. En efecto, se observa que, si bien la demanda de tutela fue redactada en términos sucintos, ésta permite determinar que el actor fundamenta su solicitud en la falta de respuesta por parte de la institución demandada, frente a sus reiteradas solicitudes de pago de prima de actualización, nivelación de su salario, así como el reconocimiento de la bonificación a que cree tener derecho. […]”. (Resaltado por el Despacho)

10 Corte Constitucional Auto 227 de 22 de agosto de 2008, MP Dr. Humberto Sierra Porto.5

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

9. De igual forma, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-313 de 31 de julio

de 201811, consideró que:

“[…] [D]e conformidad con la jurisprudencia constitucional, el rechazo de la tutela, que regula el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991[45] 12, es una consecuencia excepcional, que procede cuando el juez (i) no pueda determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de prote cción; (ii) haya solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o corregirla en un término de tres (3) días; (iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto y (iv) llegue al

aclararla o corregirla en un término de tres (3) días; (iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto y (iv) llegue al convencimiento que ni siquiera haciendo uso de sus amplios poderes y facultades podrá determinar los hechos o razones que motivan la solicitud de amparo13 […]”.

10. De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que en el escrito de tutela la actora pretende que: i) “[…] el señor magistrado ordene al […] presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios, asistan a este consejo comunal […]”14; ii) “[…] orden al superintendente de servicio público […] manifieste los siguientes […] con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de petición […] conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad […] ORDENEN A ESTA SUPERINTENDENCIA PORUQE NO FALLAN SUS RECURSO DE APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021 […]”15; y iii) “[…] el director de la comisión de regulación de enrgia y gas […] DE IGUAL FORMA INVESTIGUEN LAS ALTAS TARIFA QUE VIENEN cobrando la empresa […]”16: este Despacho procederá a admitir la acción de tutela contra el Presidente de la República, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios , el Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible, la Jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario

el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios , el Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible, la Jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas , por cuanto considera que, respecto de estas autoridades, se pueden establecer los hechos y las razones que originaron la presentación de la solicitud, con fundamento en los principios de oficiosidad e informalidad de la acción de tutela.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-313 de 31 de julio de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. 12 “[...] [45] Este artículo dispone: “Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano…”. [...]”. 13 “[...] [46] Cfr., Corte Constitucional. Auto 227 de 2006 y Sentencias C-483 de 2008 y T-518 de 2009. [...]”. 14 Transcripción literal del texto. Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado ” ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2”. Archivo aportado en forma digital. 15 Transcripción literal del texto. 16 Transcripción literal del texto.6

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15 Transcripción literal del texto. 16 Transcripción literal del texto.6

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11. Vistos: i) el numeral 12.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201517, modificado por el artículo 1.° del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202118, sobre reglas de reparto de la solicitud de tutela; ii) el artículo 14 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199119, sobre el contenido de la solicitud de amparo; y iii) el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 201920.

12. Atendiendo a que esta Sección es competente para conocer de la presente tutela, d ebido a que la misma está dirigida contra el Presidente de la República, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, el Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible, la Jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliari os y el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas , y que la solicitud presentada por la actora cumple con los requisitos establecidos en la normativa citada supra, este Despacho procederá a admitir la tutela, notificar a los demandados, vincular a los terceros con interés legítimo21 y tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela.

Sobre la solicitud de medidas provisionales

admitir la tutela, notificar a los demandados, vincular a los terceros con interés legítimo21 y tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela.

Sobre la solicitud de medidas provisionales

13. Visto el artículo 7.° del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 22 que respecto a las medidas provisionales para proteger un derecho establece “[…] desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que l o amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público […]”.

14. Para efectos de resolver la medida provisional solicitada por la actora , el Despacho abordará el estudio en el siguiente orden: i) marco normativo y jurisprudencial de las medidas provisionales en el trámite de las acciones de tutela; ii)

17 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 18 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 19 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 20 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

19 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 20 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 21 Al Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y a Afinia S.A.S., toda vez que la actora las mencionó dentro de su escrito de tutela y podrían llegar a tener un interés legítimo. 22 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.7

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la solicitud de m edida provisional presentada por la actora; iii) el caso concreto y el análisis de la solicitud y iv) las conclusiones.

Marco normativo y jurisprudencial de las medidas provisionales en el trámite de las acciones de tutela

15. Las medidas provisionales son i nstrumentos creados por el Legislador que buscan amparar un derecho en litigio de forma previa, garantizando que la duración del proceso no influya en la efectividad de la decisión final y que se establezca un marco de protección previo sobre el derecho e interés objeto del proceso.

16. Visto el inciso 4 del artículo 7.º del Decreto número 2591 de 19 de noviembre de 1991, el juez podrá dictar cualquier medida de conservación encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecu encia de los hechos realizados.

17. En relación con el alcance de las competencias del juez de tutela para decretar medidas provisionales, la Corte Constitucional ha precisado que estas resultan

derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecu encia de los hechos realizados.

17. En relación con el alcance de las competencias del juez de tutela para decretar medidas provisionales, la Corte Constitucional ha precisado que estas resultan procedentes: i) cuando son necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación del mismo, o ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, su suspensión sea necesaria para precaver que la violación se torne más gravosa23.

18. En ese sentido, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto de 15 de diciembre de 2005, en relación con el alcance de las competencias del juez de tutela para decretar medidas provisionales orientadas a la suspensión de actos que amenacen o vulneren derechos fundamentales, consideró lo siguiente:

“[…] 4. Que en virtud del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela puede tomar aquellas medidas provisionales necesarias para proteger un derecho fundamental, entre ellas la de suspender “la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”, cuando el funcionario judicial “expresamente lo considere necesario y urgente”. Según ha explicado esta Corporación, mediante las medidas provisionales se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación, o que habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa. Al respecto se

23 Al respecto, ver entre otros, los Autos A -040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A -049 de 1995 (MP:

constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa. Al respecto se

23 Al respecto, ver entre otros, los Autos A -040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A -049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A -041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A -031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz). SU-1219 de 2001.8

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pueden consultar, entre otros, los Autos A -040a de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y A-049 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) […]”.

19. De conformidad con lo anterior, los presupuestos de necesidad y urgencia deben formularse de manera clara y precisa en la demanda, demostrando el alto grado de afectación del derecho fundamental o la inminencia de la ocurrencia del agravio.

La solicitud de medida provisional presentada por la actora

20. La actora solicitó, en el escrito de tutela, como medida provisional, “[…] ordenar a la empresa que se abstenga de suspenderme el servicio de energía , de forma unilateral mientras no haya un fallo de finitimo, así mismo ordene al presidente y a al superintendente asistir al consejo comunal […]”.24.

El caso concreto y el análisis de la solicitud

21. Corresponde al Despacho establecer si la medida provisional solicitada por la actora es necesaria y urgente para evitar que la amenaza contra los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la administración de justicia,

21. Corresponde al Despacho establecer si la medida provisional solicitada por la actora es necesaria y urgente para evitar que la amenaza contra los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la educación se convierta en una violación o que la violación se torne más gravosa.

22. En ese orden, se procede al análisis de los dos elementos antes mencionados:

22.1. El Despacho considera que, en este caso, la actora realiza la manifestación que se indicó en el numeral 20 supra sin que se encuentre acreditada en el escrito de tutela y que le permita al Despacho establecer la forma como se puede consumar un perjuicio irremediable que configure los presupuestos de neces idad y urgencia en relación con los derechos fundamentales invocados, esto es, no se evidencia que la vulneración aducida representara un peligro inminente para sus derechos fundamentales, en consideración al término con que cuenta la Sala para proferir la sentencia de primera instancia.

24 Transcripción literal del texto.9

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22.2. Este Despacho advierte que en este momento procesal no se acreditan los supuestos que permitan evidenciar la configuración de un perjuicio que necesite la intervención del juez de tutela de manera inmediata, en la m edida que no resulta palmaria la vulneración alegada ni se puede colegir del material probatorio la posible ocurrencia de un perjuicio ni que este pueda calificarse como irremediable.

intervención del juez de tutela de manera inmediata, en la m edida que no resulta palmaria la vulneración alegada ni se puede colegir del material probatorio la posible ocurrencia de un perjuicio ni que este pueda calificarse como irremediable.

22.3. En este sentido, se evidencia que la actora no aporta argumentos específicos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos de necesidad y urgencia, establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el procedimiento preferente y sumario que caracteriza este tipo de acciones permite al Despacho concluir que el plazo entre la admisión de la solicitud de tutela y la sentencia que decida de fondo la solicitud de tutela no constituye una carga desproporcionada para los derechos fundamentales invocados, que amerite una orden de protección provisional en este caso en concreto.

Sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

23. Vistos: i) la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 25; ii) el Acuerdo PCSJA20 -11567 de 5 de junio de 2020 26, expedido por la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en especial, sus artículos 21, 26 y 28, sobre uso de las tecnologías, atención al usuario por medios electrónicos y uso de medios tecnológicos en las actuaciones judiciales; y iii) los avisos de 29 de abril de 202027 y 1 de julio de 202028 expedidos por la Presidenta de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

24. Y, de conformidad con las disposiciones citadas supra, este Despacho considera que: i) en las actuaciones judiciales en este tipo de asuntos se seguirá privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que garanticen el

24. Y, de conformidad con las disposiciones citadas supra, este Despacho considera que: i) en las actuaciones judiciales en este tipo de asuntos se seguirá privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que garanticen el principio de publicidad y los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso; y ii) los in formes, los documentos, los memoriales y las demás comunicaciones que se dirijan al Despacho sustanciador con destino al expediente del

25 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA VIGENCIA PERMANENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 806

DE 2020 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 26 “Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los t érminos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”. 27 Sobre la utilización de medios tecnológicos en todas las actuaciones judiciales. 28 Sobre las reglas para acceder a la prestación del servicio público de administración de justicia.10

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, deberán ser enviados al siguiente buzón electrónico “[…] secgeneral@consejodeestado.gov.co […]”.

Conclusión

Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, deberán ser enviados al siguiente buzón electrónico “[…] secgeneral@consejodeestado.gov.co […]”.

Conclusión

25. El Despacho, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, procederá a admitir la tutela presentada por la actora y negar la medida provisional solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

III. RESUELVE:

PRIMERO: Admitir la solicitud de tutela presentada por María de los Ángeles Maya Castillo contra el Presidente de la República, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, el Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible, la Jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

SEGUNDO: Notificar , por el medio más expedito y eficaz, a l Presidente de la República, al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios , al Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible, a la Jef a de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quienes podrán rendir informes y allegar los documentos que preten dan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

TERCERO: Negar la medida provisional solicitada por la actora, por las razones

los documentos que preten dan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

TERCERO: Negar la medida provisional solicitada por la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: Vincular a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y a Afinia S.A.S., en calidad de terceros con interés legítimo.11

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

QUINTO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz , al Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y al Representante Legal de Afinia S.A.S., qu