CE - 110010324000202000291001AUTOQUERESUEL20230706120237

Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

Demandante: Universidad del Cauca

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad - Lesividad Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

Demandante: Universidad del Cauca

Demandado: Universidad del Cauca

Tercero con interés: Robert Alexander Camacho Chilito

AUTO QUE RESUELVE UNA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por la Universidad del Cauca, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La Universidad del Cauca, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en la modalidad de lesividad, promovió demanda en contra del Paz y Salvo académico de 30 de abril de 2019, la Resolución nro. R-383 de 15 de mayo de 2019 (parcial), el Acta de Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019 y el Diploma nro. 642 -19 de 14 de junio de 2019 expedidos por la misma institución.

Las pretensiones formuladas en la demanda son las siguientes:

«4.1. Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo académico

expedidos por la misma institución.

Las pretensiones formuladas en la demanda son las siguientes:

«4.1. Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo académico de fecha 30 de abril de 2019, con el cual el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca otorga paz y salvo académico a la parte demandada señor ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO, por haber cursado y aprobado todas la asignaturas y requisitos académicos que integran el Plan de Estudios del Programa de Derecho.

4.2. Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 383 de fecha 15 de mayo de 2019, en concreto del aparte que confiere al señor ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO, identificado con la cédula de N°1.058.972.571 expedida en Bolívar, el título de Abogado.

4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No 28 de fecha 14 de junio de 2019 y Diploma No 642 -19 de fecha 14 de junio de 2019, actos administrativos con los cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de Resolución No. 383Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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de fecha 15 de mayo de 2019 y otorga el título de Abogado, al señor identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.058.972.571 expedida en Bolívar.

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.058.972.571 expedida en Bolívar.

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado del señor ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.058.972.571 expedida en Bolívar, ya hubiese iniciado el trámite respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional de abogado».

I.2. La solicitud de medida cautelar

En escrito seguido de la demanda1, la apoderada judicial de la Universidad del Cauca solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados, con fundamento en los siguientes argumentos:

Inició por señalar que, atendiendo a la obligatoriedad de la presentación de exámenes preparatorios para optar al título de abogado otorgado por los programas de Derecho que se encontraba establecida en el ordenamiento hasta la entrada en vigencia de la Ley 552 de 1999, la Universidad del Cauca incluyó en sus planes de estudio o académicos, la exigencia de la presentación y aprobación de exámenes preparatorios como requisito de grado.

Adujo que, con la entrada en vigencia de la Ley 552 de 1999, se consideró que el Legislador había eliminado del listado de requisitos esenciales para otorgar el título de abogado el mencionado, pero que esa apreciación fue desvirtuada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1053 de 2001, en la que se dispuso: «”La expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente ley”, contenida en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999 debe ser

desvirtuada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1053 de 2001, en la que se dispuso: «”La expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente ley”, contenida en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999 debe ser excluida del ordenamiento jurídico, porque, aunque no impone los exámenes preparatorios, solo para algunos –debido a que este requisito fue derogado al dejar sin vigencia el artículo 149 de la Ley 446 de 1998, como quedó explicado (…) No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de Abogado (a), pueden exigir los exámenes preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de Abogado (a) de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69 constitucional.”».

Sostuvo que la anterior postura fue reiterada en sentencia SU -783 de 2003, en la que además se indicó que , en el evento en que un ente universitario, a través de su normativa interna, estableciera la presentación y aprobación de exámenes preparatorios como requisito para otorgar el título de abogado, el mismo resultaba esencial para acceder a ese derecho y su no observancia sería motivo suficiente para dejar sin efecto el grado o título que se hubiera conferido en tales condiciones.

1 Índice nro. 5 del expediente electrónico.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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Seguidamente indicó que, para la fecha de matrícula del señor Robert

1 Índice nro. 5 del expediente electrónico.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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Seguidamente indicó que, para la fecha de matrícula del señor Robert Alexander Camacho Chilito al programa de Derecho (20 15-1), l a Universidad del Cauca , a través de los Acuerdos académicos nro. 01 de 2010 (artículo 1º y ss), nro. 02 de 2011 (artículos 6º y 8º), y nro. 039 de 2018 (artículo 3º), había establecido como requisito de grado para obtener el título de abogado, la presentación y aprobación de los exámenes preparatorios en las áreas del derecho que se exigía (derecho públi co: derecho constitucional y derecho administrativo; derecho penal; derecho laboral; derecho privado: derecho de familia, derecho civil: bienes, obligaciones y contratos y derecho procesal civil).

De otra parte, destacó que, previa presentación de la docu mentación correspondiente y en cumplimiento de la Resolución nro. R-603 de 15 de julio de 2019 «Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado », en ceremonia de 15 de diciembre de 2017, se otorgó al señor Robert Alexander Camacho Chilito el título de abogado.

Manifestó que la Universidad, mediante Resolución nro. R -695 de 30 de julio de 2019, en respuesta a quejas por presuntas irregularidades en el registro de exámenes preparatorios, conformó un Equipo de Seguimiento y apoyo a los procedimientos académicos administrativos de registros de

julio de 2019, en respuesta a quejas por presuntas irregularidades en el registro de exámenes preparatorios, conformó un Equipo de Seguimiento y apoyo a los procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes preparatorios del Programa de Derecho de la Universidad; equipo que tendría a cargo la tarea de verificar el cumplimiento de requisitos de presentación y aprobació n de esos exámenes por parte de los estudiantes egresados.

Asimismo, afirmó que uno de los objetivos del Equipo de Seguimiento era el de «verificar a través de las diferentes fuentes de información las fases de inscripción, calificación y registro de exám enes preparatorios e identificar las situaciones irregulares presentadas ». Así como también verificar el cumplimiento del requisito de grado referido a la prueba de suficiencia del idioma extranjero.

Afirmó que, de la comparación realizada por parte del E quipo de Seguimiento entre los registros de exámenes preparatorios consignados en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico SIMCA (en adelante SIMCA), y las historias académicas, para el caso del señor Robert Alexander Camacho Chilito no se enc ontró soporte físico que permitiera verificar que aprobó los preparatorios de «Derecho De Familia, Penal, Bienes, Contratos y Obligaciones, Administrativo y Procesal Civil».

Explicó que la Universidad, para expedir los actos administrativos cuyos efectos se solicitan suspender provisionalmente, utilizó como sustento que el señor Robert Alexander Camacho Chilito había cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios p ara que se le confiriera el título de abogado.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

el señor Robert Alexander Camacho Chilito había cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios p ara que se le confiriera el título de abogado.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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Por lo que, a su juicio, la no aprobación de los exámenes preparatorios de «Derecho De Familia, Penal, Bienes, Contratos y Obligaciones, Administrativo y Procesal Civil », configuraba el incumplimiento del requisito de grado exigido para obtener el título de abogado, lo que generaba la nulidad de los actos.

En ese sentido, arguyó que, conforme a las sentencias C -1053 de 2001 y SU-873 de 2003, al no existir prueba de que el señor Robert Alexander Camacho Chilito superó los preparatorios referidos, ni prueba de su pago o acta de presentación y aprobación, resultaba procedente la suspensión que se solicitaba.

Finalmente, solicitó que, « De ser ordenada la medida cautelar solicitada, respetuosamente solicito se oficie al Consejo Superior de la Judicatura a efectos de que se suspendan los trámites de otorgamiento de tarjeta de profesional de Abogado al demandado si ya los hubiere iniciado, o la suspensión de la tarjeta profesional si ya se le hubiese otorgado por parte del Consejo Superior de la Judicatura».

I.3. Traslado de la solicitud

Por auto de 29 de octubre de 20212 se ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar formulada; durante el término concedido el tercero, a través de apoderada judicial , se opuso a la solicitud en los siguientes términos3.

de medida cautelar formulada; durante el término concedido el tercero, a través de apoderada judicial , se opuso a la solicitud en los siguientes términos3.

Inició por señalar que tanto el paz y salvo académico, como la resolución demandada, son actos de trámite, por lo que no tenían el carácter de acto administrativo, razón por la cual la solitud no era clara ni justificable jurídicamente.

Adujo que el Consejo de Estado, en el expediente nro. 1779, ha señalado que para considerar la validez de una medida cautelar era necesario que dichos actos no se hubieran ejecutado, como tampoco hayan dejado de cumplir efectos.

Puntualizó que se contradice la parte demandante al solicitar en las pretensiones la nulidad parcial de la resolución nro. 383 d e 2019, y en la solicitud de medida cautelar pedir la suspensión provisional de la totalidad de la resolución ; a su juicio, conforme al artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares deben tener relación directa y necesaria con la demanda, y en este caso e l demandante confundía reiteradamente el objeto pretendido.

Reiteró que no era posible que la demandante solicitara la suspensión de la resolución demandada, considerando que ésta beneficiaba solamente al señor Camacho Chilito, lo cual no era así, porque la resolución reconocía

2 Índice nro. 18 del expediente electrónico. 3 Índice nro. 36 del expediente electrónico.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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títulos profesionales a más de 50 personas. En ese sentido, considerar

3 Índice nro. 36 del expediente electrónico.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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títulos profesionales a más de 50 personas. En ese sentido, considerar suspender la resolución implicaría un riesgo mayor.

Señaló que el demandante manifestó que el señor Camacho Chilito inició sus estudios en el primer periodo académico de 2012, lo cual no era cierto. Afirmó que el señor Robert Alexander Camacho Chilito inició sus estudios en el primer periodo académico del año 2013 , por lo que el demandante no identificaba con claridad los hechos motivos de la solicitud.

Indicó que desconocía la resolución nro. R603 de 15 de julio de 2019, que tampoco fue aportada al expediente para que constituyera prueba en la solicitud. Adujo que probablemente esa resolución correspondía a la obtención del título profesional de otra persona, y de ser así, nuevamente el demandante estaba en otro error.

Precisó que erró el demandante al señalar que al señor Robert Alexander Camacho Chilito se le otorgó el título de abogado en ceremonia de 15 de diciembre de 2017, por cuanto la ceremonia de graduación se llevó a cabo el 14 de junio de 2019.

Sostuvo que no era posible jurídicamente que se decretara una medida de suspensión sin el cumplimiento de los requisitos procesales y más gravoso aún que la parte demandante, quien hace esta solicitud, no distinguiera los actos administrativos que pretende suspender, como tampoco al tercero con interés, afectando de esta manera la veracidad y claridad de su solicitud, lo cual era una exigencia jurídica.

aún que la parte demandante, quien hace esta solicitud, no distinguiera los actos administrativos que pretende suspender, como tampoco al tercero con interés, afectando de esta manera la veracidad y claridad de su solicitud, lo cual era una exigencia jurídica.

Manifestó que la parte demandante afirmó que, de la comparación que hizo el Equipo de Seguimiento de los soportes físicos que reposaban en la historia académica del señor Camacho Chilito, concluyó que este no aprobó todos los preparatorios; pero que toda esta relación de actuaciones y argumentos eran meros trámites administrativos, con los cuales la parte intentaba sanear actuaciones pasadas que por desorden administrativo no fueron atendidas en su oportunidad y ahora pretendían restablecerlas en atención a los lineamientos del Equipo de Seguimiento.

Afirmó que el señor Robert Alexander Camacho Chilito , el 26 de abril de 2019, solicitó estudio de su hoja de vida para grado y este fue aprobado sin ninguna anotación; destacó que este era el momento oportuno para que la Universidad revisara y conforme a ello otorgara el paz y salvo, pero no revisó la hoja de vida y ahora pretende declarar nulos los actos administrativos que no son irregulares por aplicación normativa, sino por desorden administrativo y por la omisión del ente en sus funciones.

Insistió en que no era responsabilidad del tercero que al momento que el Equipo de Seguimiento revisó la hoja de vida, ésta no tuviera todos los soportes físicos de la presentación de los preparatorios; adujo que era inexplicable que la parte demandante hiciera esas afirmaciones, cuando

Equipo de Seguimiento revisó la hoja de vida, ésta no tuviera todos los soportes físicos de la presentación de los preparatorios; adujo que era inexplicable que la parte demandante hiciera esas afirmaciones, cuando tenía conocimiento de que el archivo de la hoja de vida y sus soportes eraRadicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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función de la universidad. Asimismo, que al estudiante nunca se le entregaron dichos soportes.

Reiteró que a la universidad se le puso de presente la solicitud de estudio de hoja de vida, y ella debía hacer un estudio, verificando el cumplimiento de los requisitos y de los soportes físicos, y no la plataforma SIMCA, porque esta era una plataforma y no la hoja de vida del estudiante.

Argumentó que la sola manifestación de la existencia o no de los soportes físicos no daba motivo probatorio para considerar que el tercero no hubiera aprobado dichos exámenes, puesto que quien tenía acceso a estos soportes era la universidad y no el estudiante ; que los soportes nunca estuvieron en la hoja de vida porque la universidad omitió algunas de sus funciones y ahora con la vinculación del Equipo, con el fin de crear material probatorio valido y sustentable, aportaron unos documentos que no corresponden a los documentos de publicación de las notas, ya que en los documentos publicados no aparecía ni la firma ni el sello de la universidad; en ese sentido, así como en diferentes ocasio nes, la universidad omitió otros procedimientos.

Indicó que la publicación de notas de preparatorios no tenía ni siquiera la denominación de acta, solo la nota de cada estudiante a lapicero, al acceso

en ese sentido, así como en diferentes ocasio nes, la universidad omitió otros procedimientos.

Indicó que la publicación de notas de preparatorios no tenía ni siquiera la denominación de acta, solo la nota de cada estudiante a lapicero, al acceso y modificación de cualquier persona, para lo cual aportó documento según el cual, a su juicio, se evidenciaba el formato de publicación de notas en cartelera, las cuales seguidamente serian registradas en la plataforma SIMCA.

Adujo que el informe del Equipo de Seguimiento señalaba que la presentación de los preparatorios de laboral y constitucional se llevó a cabo el 4 de abril y 12 de febrero de 2018, respectivamente, y la fecha de publicación fue el 10 de septiembre y 18 de octubre de 2018, casi 6 meses para que se conocieran los resultados de los preparatorios y para que se registraran en la plataforma. A su juicio, no era posible que la publicación y registro de notas de un preparatorio durara para su trámite más de 6 meses.

Expuso que el demandante no identificó la causal de nulidad que alegaba y su argumento lo remite a la demanda, lo cual no era jurídicamente procedente, en virtud de que la medida debía estar debidamente sustentada; de no ser así, violaría el debido proceso.

Puntualizó que los dos poderes aportados al expediente pretenden la nulidad de actos administrativos que no tienen esa calidad, como lo era el paz y salvo y la resolución ; asimismo, que en las pretensiones de la demanda se solicitaba la nulidad parcial de la mencionada resolución ; sin embargo, en el poder conferido tanto para el primer como para el segundo

paz y salvo y la resolución ; asimismo, que en las pretensiones de la demanda se solicitaba la nulidad parcial de la mencionada resolución ; sin embargo, en el poder conferido tanto para el primer como para el segundo abogado tenía pretensiones diferentes, ya que el objetivo era la nulidad de la resolución en su totalidad además de las otras.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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Negó que el primer preparatorio presentado por el tercero fuera el de derecho constitucional; afirmó que el primer examen presentado y aprobado fue el de derecho laboral el 14 de febrero de 2018, es decir , 2 meses antes que el de derecho constitucional. Ahora bien, tampoco existía acta de presentación de ese ni de ningún examen. Los soportes son meros listados de notas, no actas.

Adicionalmente, manifestó que la universidad erraba al señalar que el señor Camacho Chilito optó por la presentación de trabajo de grado como requisito de grado, lo cual era otra falsedad y consecuencia del desorden administrativo.

Finalmente, concluyó que , si la parte pretendía sustentar su solicitud conforme a la demanda, ésta también contenía errores que no permitían tener claridad frente a los argumentos fácticos y jurídicos, y dicha actuación no sería jurídicamente válida ya que, conforme a las normas aplicables, era necesario que la medida solicitada gozara de fundamento jurídico.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Las medidas cautelares

De conformidad con lo establecido por el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender

jurídico.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Las medidas cautelares

De conformidad con lo establecido por el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

El CPACA definió un conjunto de requisi tos para la procedencia de la medida de suspensión provisional –tanto en el medio de control de nulidad como de nulidad y restablecimiento del derecho -, indicando en el inciso primero del artículo 231, lo siguiente:

«Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confron tación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».

En este sentido, la medida de suspensión provisional pretende evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide su constitucionalidad y legalidad y para su procedencia resulta necesario que , del análisis efectuado por el juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

procedencia resulta necesario que , del análisis efectuado por el juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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II.2. El caso concreto

El apoderado judicial de la Universidad del Cauca solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Paz y Salvo académico de 30 de abril de 2019, la Resolución nro. R-383 de 15 de mayo de 2019 (parcial), el Acta de Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019 y el Diploma nro. 642-19 de 14 de junio de 2019, a través de los cuales confirió el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito.

La parte demandante fundamentó la solicitud de medida cautelar en que los actos demandados vulneran, por una parte, los Acuerdos académicos nro. 02 de 2011 (artículos 6º y 8º), y nro. 039 de 2018 (artículo 3º), en los que se establece como requisito de grado para obtener el título de abogado, la presentación y aprobación de los exámenes preparatorios.

En sustento de lo anterior, explicó que, para el caso concreto , no se encontró soporte físico de que el señor Robert Alexander Camacho Chilito hubiese aprobado los preparatorios de «Derecho De Familia, Penal, Bienes, Contratos y Obligaciones, Administrativo y Procesal Civil », por lo que resultaba procedente la suspensión provisional deprecada ante el incumplimiento del requisito de grado aludido.

Contratos y Obligaciones, Administrativo y Procesal Civil », por lo que resultaba procedente la suspensión provisional deprecada ante el incumplimiento del requisito de grado aludido.

Por su parte, la persona con interés planteó en el escrito de oposición a la medida los siguientes argumentos, que se agrupan para una mejor comprensión y análisis, así: i) respecto de los actos demandados, que el paz y salvo académico y la resolución demandada son actos de trámite; que era necesario que los actos no se hubieran ejecutado, como que tampoco hubieran dejado de cumplir efectos; que se solicitaba la nulidad parcial de la resolución nro. 383 de 15 de mayo de 2019 y que la medida cautelar estaba dirigida a la suspensión provisional de la totalidad de la resolución; que desconocía la resolución nro. R603 de 15 de julio de 2019; ii) respecto de los hechos, que el tercero inició sus estudios en el primer periodo académico de 2013, no en el año 2012; que la ceremonia de graduación se llevó a cabo el 14 de junio de 2019 y no el 15 de diciembre de 2017 ; que el primer preparatorio presentado no fu e el de derecho constitucional, sino el de derecho laboral ; que el tercero no optó por la presentación de trabajo de grado ; iii) respecto del desorden administrativo, que la parte demandante con la presentación de la demanda y la solicitud de medida cautelar pretendía sanear actuaciones pasadas generadas por desorden administrativo, que no fueron atendidas en su oportunidad; que el momento en que el tercero solicitó el paz y salvo era la oportunidad para que la universidad revisara su hoja de vida y los

pasadas generadas por desorden administrativo, que no fueron atendidas en su oportunidad; que el momento en que el tercero solicitó el paz y salvo era la oportunidad para que la universidad revisara su hoja de vida y los respectivos soportes físicos, pero que no lo hizo; que era responsabilidad de la universidad conservar los soportes físicos de la presentación de los preparatorios y no del estudiante; que la existencia o no de los soportes físicos de la presentación de los preparatorios no daba para considerar que el estudiante no hubiera aprobado dichos exámenes ; finalmente, que el informe del Equipo de Seguimiento señalaba que la prese ntación de losRadicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

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preparatorios de laboral y constitucional se llevó a cabo el 4 de abril y 12 de febrero de 2018, respectivamente, y la fecha de publicación fue el 10 de septiembre y 18 de octubre de 2018, casi 6 meses para que se conocieran los resultados de los preparatorios y para que se registraran en la plataforma; iv) respecto del SIMCA, que la plataforma no era la hoja de vida del estudiante. Asimismo; v) respecto de los actos de publicación de notas , que los documentos de publicación de notas presentados por la universidad no correspondían a los que se publicaban, para lo cual aportó documento que, a su juicio, evidenciaba el formato de publicación en cartelera. vi) que el demandante no identificó la causal de nulidad que alegaba y su argumento lo remite a la demanda, lo cual no era jurídicamente procedente, en virtud de que la medida debía estar debidamente sustentada; de no ser así, violaría el debido proceso.

de nulidad que alegaba y su argumento lo remite a la demanda, lo cual no era jurídicamente procedente, en virtud de que la medida debía estar debidamente sustentada; de no ser así, violaría el debido proceso. vii) adicionalmente, frente a los poderes, señaló que los conferidos tenían pretensiones diferentes.

En este orden de ideas, corresponde al Despacho establecer si procede la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Paz y Salvo académico de 30 de abril de 2019, la Resolución nro. R -383 de 15 de mayo de 2019 (parcial), el Acta de Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019 y el Diploma nro. 642-19 de 14 de junio de 2019, a través de los cuales confirió el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito, por vulnerar prima facie los artículos 6º y 8º del Acuerdo nro. 02 de 2011 y el artículo 3º del Acuerdo nro. 039 de 2018, en los cuales se establece como requisito s de grado para obtener el título de abogado, la presentación y aprobación de los exámenes preparatorios.

La Universidad del Cauca , mediante el Acuerdo nro. 02 de 2011 , «Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales », adoptó como requisitos para optar al título de abogado, además de cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de estudios, el de presentación y aprobación de los preparatorios, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO SEXTO. - Adoptar el siguiente plan de estudio del

actividades curriculares del plan de estudios, el de presentación y aprobación de los preparatorios, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO SEXTO. - Adoptar el siguiente plan de estudio del

Programa de Derecho:

[…]

REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS

[…]

ARTÍCULO OCTAVO.- Para optar al título de abogado, además de cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán:

a) Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00291-00

Demandante: Universidad del Cauca

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b) Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la Judicatura.

c) Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.

d) Cursar y aprobar la actividad física formativa.

PARÁGRAFO.- Podrá ser homologada como trabajo de grado la participación evaluada satisfactoriamente en proyectos de investigación registrados en el Sistema de Investigaciones, que a juicio del Consejo de la Facultad, previa solicitud mot ivada del profesor coordinador del proyecto, tengan suficiente entidad académica o impacto social o institucional relevante».

Sobre la vigencia de la norma , el artículo 7º dispuso que la reforma curricular adoptada mediante el Acuerdo nro. 02 de 2011 regía para los estudiantes que se matricularan por primera vez o reingresaran al programa de Derecho en el segundo periodo académico de 20114.

La procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional

Hechos relevantes

estudiantes que se matricularan por primera vez o reingresaran al programa de Derecho en el segundo periodo académico de 20114.

La procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional

Hechos relevantes

Revisado el expediente encuentra el Despacho lo siguiente:

II.2.2.1.1. La Universidad del Cauca , mediante los artículos 6º y 8º del Acuerdo nro. 02 de 2011 , estableció como requisito para los estudiantes poder optar al título de abogado, además de cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de estudios, el de presentación y aprobación de l os exámenes