CE - 110010324000202200350001AUTOQUERESUEL20230810065309

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: NULIDAD Expediente: 11001-03-24-000-2022-00350-00

Demandante: GUSTAVO BOLÍVAR MORENO

Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA Tema: Decreto No. 1033 de 18 de junio de 2022 – Modificación de la composición del Consejo de Seguridad Nacional

Auto que resuelve medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante, consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto No. 1033 de 18 de junio de 2022 «Por el cual se modifica el Decreto 741 del 2 de julio de 2021, en lo relacionado con la composición del Consejo de Seguridad Nacional »; acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, por los ministros del Interior y de Defensa Nacional , y por los directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. El ciudadano Gustavo Bolívar Moreno, actuando en nombre propio y obrando en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. El ciudadano Gustavo Bolívar Moreno, actuando en nombre propio y obrando en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de los decretos números 1033 de 18 de junio de 2022 y 1064 de 24 de junio de 2022 1, expedidos por el Gobierno Nacional.

2. Este Despacho, mediante auto de 31 de octubre de 2022, admitió la demanda, pero únicamente en relación con el Decreto No. 1033 de 18 de junio de 2022, toda vez que no era procedente la acumulación de esta pretensión de anulación con la del Decreto No. 1064 de 24 de junio de 2022.

1 «Por el cual se modifica algunos artículos del Libro 2, Parte 4, Título 1, Capitulo 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, en lo que hace referencia a los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad d e personas, grupos y comunidades».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

Demandantes: Gustavo Bolívar Moreno

Demandado: Gobierno Nacional

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3. Ello en razón a que los actos acusados regulaban materia distintas y no conexas, teniendo en cuenta que el primero de estos -Decreto No. 1033 de 2022 - reglamentó lo concerniente a la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional,

teniendo en cuenta que el primero de estos -Decreto No. 1033 de 2022 - reglamentó lo concerniente a la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional, mientras que el segundo -Decreto No. 1064 de 2022 - reguló lo atinente a la protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.

4. Significa lo anterior que no se encontraron acreditados los supuestos de que trata el artículo 165 del Código General del Proceso -en adelante CGP - para la acumulación de pretensiones.

5. Por lo anterior, se ordenó desglosar las piezas procesales pertinentes, con miras a conformar un expediente separado, en relación con la pretensión de nulidad instaurada en contra del Decreto No. 1064 de 24 de junio de 2022, expedido por el Gobierno Nacional, asignándosele un nuevo número de radicación y un nuevo reparto.

I.2. La solicitud de medida cautelar

6. La parte demandante, en el mismo escrito de la demanda, solicitó la suspensión provisional del Decreto No. 1033 de 18 de junio de 2022, con sustento en los

siguientes argumentos:

7. El acto demandado debe suspenderse porque puede producir «[…] riesgos inminentes ante la salida del presidente Ivan (sic) Duque de su cargo el próximo 7 de agosto (…) una vez esto ocurra no podrá modificarse el contenido de los mismos a menos que el gobierno entrante decida hacerlo, lo cual es un supuesto indeterminado […]».

8. Otro de los argumentos de la cautela deprecada se encuentra relacionado con que la inclusión del jefe de gabinete del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dentro de los miembros que integran el Consejo de

indeterminado […]».

8. Otro de los argumentos de la cautela deprecada se encuentra relacionado con que la inclusión del jefe de gabinete del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dentro de los miembros que integran el Consejo de Seguridad Nacional se llevó a cabo de manera injustificada, lo cual implica un gasto representativo para la Nación, toda vez que se le debe asignar un esquema de seguridad estatal a cada uno de sus integrantes.

9. Como apoyo de este último argumento , destacó que , conforme lo dispone el artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015, quienes hayan sido miembros del Consejo de Seguridad Nacional tienen derecho a un esquema de seguridad estatal que «[…] según la revista SEMANA para el 2019 tan solo un esquema básico representaría para el estado colombiano un aproximado de 20 millones de pesos al mes […]».

10. En ese mismo sentido, reprochó que al citado funcionario se le garantice un esquema de seguridad , sin tener en cuenta que existen «[…] líderes sociales y personas en situaciones reales y comprobables de riesgo en territorios en los cualesRadicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

Demandantes: Gustavo Bolívar Moreno

Demandado: Gobierno Nacional

3 la violencia pone en riesgo su vida e integridad física […]» a los cuales no se les ha dado el mismo tratamiento de tener un esquema de seguridad estatal que los proteja, lo cual vulnera el derecho a la igualdad.

11. Por otro lado, expuso que hubo una expedición irregular del acto enjuiciado, toda vez que «[…] el Gobierno nacional en cabeza de Iván Duque expidió estos

proteja, lo cual vulnera el derecho a la igualdad.

11. Por otro lado, expuso que hubo una expedición irregular del acto enjuiciado, toda vez que «[…] el Gobierno nacional en cabeza de Iván Duque expidió estos decretos (…) otorgando estos beneficios de manera injustificada a los funcionarios más cercanos a su gobierno siendo estos el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, el Director del Departamen to Administrativo Víctor Manuel Muñoz Rodríguez y la Jefe de Gabinete del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República María Paula Correa de manera indeterminada, y teniendo en cuenta que con anterioridad a la expedición del decreto 1033 con la vigencia de los decretos anteriores a ese como lo son: el decreto 741 de 2021, el decreto 4748 de 2010 y el decreto 2134 de 1992 no se había incluido al jefe de gabinete de departamento administrativo en ninguno de ellos y en el decreto en mención ta mpoco se expone la motivación de hacerlo por lo cual se presenta una posible situación de irregularidad […]». (negrillas fuera del texto)

12. Conforme se advierte, para el demandante , el decreto enjuiciado se profirió con el propósito de favorecer a unos ministros y directores de departamentos administrativos del Gobierno Nacional, en el sentido de asignarles un esquema de seguridad estatal por el simple hecho de pertenecer al Consejo de Seguridad

Nacional.

13. Además, considera que el acto acusado se expidió sin exponer la justificación o motivo por el cual se incluyó al jefe de l Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la conformación del Consejo de Seguridad Nacional; «[…] puesto que el Decreto no contempla el estado de necesidad de esta medida,

motivo por el cual se incluyó al jefe de l Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la conformación del Consejo de Seguridad Nacional; «[…] puesto que el Decreto no contempla el estado de necesidad de esta medida, ni cuenta con la fundamentación fáctica y jurídica necesaria, es por esto que acto administrativo en mención debe ser declarado nulo, al no cumplir con los requisitos de procedimiento dispuestos por la Ley y la jurisprudencia […]».

I.3. Traslado de la solicitud cautelar

I.3.1. Presidente de la República

14. El apoderado judicial del Presidente de la República se opuso a la prosperidad de la medida cautelar solicitada, en tanto que no existe vicio alguno de forma o de fondo que permita desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el decreto acusado. Consideró que los argumentos esbozados por el accionante para sustentar su petición cautelar corresponden a «[…] interpretaciones subjetivas sin sustento normativo alguno que respalde su aserto y no se acompasan con la realidad ni las circunstancias jurídicas en las que el acto acusado fue expedido […]».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

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Demandado: Gobierno Nacional

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15. Expuso que el acto en cuestión fue proferido con pleno apego de los requisitos formales y sustanciales establecidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, destacó que este acto administrativo se expidió con sustento en la facultad constitucional asignada al primer mandatario en el artículo 189 -numeral 16 -, así como en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 489 de 19982.

destacó que este acto administrativo se expidió con sustento en la facultad constitucional asignada al primer mandatario en el artículo 189 -numeral 16 -, así como en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 489 de 19982.

16. Luego de hacer el recuento histórico de la existencia y creación del Consejo de Seguridad Nacional, puso de presente que, a través del Decreto No. 741 del 2 de julio de 20213, se modificó su estructura con el fin de darle una visión más amplia , pues, tradicionalmente, su conformación estaba restringida a los organismos de seguridad y a los ministerios responsables del orden público y las relaciones internacionales, pero en el ci tado decreto se estableció que e l citado consejo contaría con la presencia de los ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y del Departamento Nacional de Planeación.

17. Agregó que con la expedición del Decreto No. 1033 de 18 de junio de 2022 -acto demandadose redefinió la composición del Consejo de Seguridad Nacional, decisión que es potestativa del primer mandatario de la Nación y que ha sido adoptada en otras oportunidades, atendiendo las necesidades que en materia de seguridad nacional se han venido presentado en los distintos periodos presidenciales.

18. Señaló que ese Consejo de Seguridad Nacional reúne a funcionarios cercanos al primer mandatario, y es el Presidente de la República quien tiene la libertad de definir su composición, a lo que agregó que pertenecer a dicho consejo no comporta erogaciones económicas directas, ni funciones distintas a las de asesoría al jefe de

al primer mandatario, y es el Presidente de la República quien tiene la libertad de definir su composición, a lo que agregó que pertenecer a dicho consejo no comporta erogaciones económicas directas, ni funciones distintas a las de asesoría al jefe de Estado en materias de gran trascendencia.

19. En armonía con lo anterior, resaltó que: «[…] este decreto fue proferido por el presidente de la Republica en ejercicio del principio de necesidad, que se presenta cuando la ley define de manera general y amplia una determinada situación jurídica, o cuando el propio legislador le confía al Ejecutivo el detalle operativo necesario para su cabal implementación. Y el primer mandatario tiene la plena libertad de modificar nuevamente la composición del Consejo de Seguridad Nacional, según lo estime conveniente. Es un tema en el que la justicia debería permanecer al margen en cuanto se trata de un órgano de asesoría del jefe de Estado, que debe rodearse de los funcionarios de su entera confianza, acorde con las circunstancia s de cada momento, sin que exista una regla superior que condicione o limite esa atribución

[…]».

2 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en l os numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 3 «Por el cual se establece la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

Demandantes: Gustavo Bolívar Moreno

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otras disposiciones».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

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20. Asimismo, resaltó que no era cierto, como lo afirma el demandante, que la integración de una persona más al Consejo de Seguridad Nacional comporte gastos inusitados para el erario, máxime si se tiene en cuenta que, con la última recomposición -Decreto No. 741 del 2 de julio de 2021 -, varios de sus integrantes fueron desvinculados, y sumó a ello que esta designación no se traduce en salarios o cualquier erogación semejante.

21. Finalmente, arguyó que el perjuicio irremediable alegado no fue justificado o probado, debido a que : «[…] la discusión que plantea el demandante no tiene un soporte fáctico o jurídico concreto y se asienta más en una discusión ideológica subjetiva que en la defensa objetiva del ordenamiento jurídico […]».

I.3.2. Ministerio del Interior

22. El apoderado judicial del Ministerio del Interior también se opuso a la prosperidad de la cautela solicitada, comoquiera que dicho escrito no cumple con la carga argumentativa mínima fijada por el ordenamiento jurídico para su procedencia.

23. Al margen de ello, y en términos muy similares a los expuestos por el apoderado judicial del primer mandatario de la Nación, indicó que el Gobierno Nacional puede conformar el Consejo de Seguridad Nacional discrecionalmente y cada Presidente de la República lo puede ajustar libremente a sus necesidades, en virtud de las facultades que le confieren el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política

conformar el Consejo de Seguridad Nacional discrecionalmente y cada Presidente de la República lo puede ajustar libremente a sus necesidades, en virtud de las facultades que le confieren el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

24. Adicionalmente, afirmó que el actor no demostró la existencia de incompatibilidad entre alguna norma superior y el Decreto 1033 de 2022 ; por el contrario, se considera que la norma analizada respetó el principio de legalidad y del derecho al debido proceso, previstos en el artículo 29 de la Carta Política, de modo que la pretensión de suspensión provisional del decreto examinado debe ser denegada.

I.3.3. Los demás sujetos procesales

25. Cabe poner de relieve que las demás entidades públicas que intervienen como demandadas en el proceso de la referencia, aunque fueron notificadas en debida forma del auto que corrió traslado de la medida cautelar 4, decidieron guardar silencio.

4 Cfr. Índice 16 del expediente digital.Radicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

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II. CONSIDERACIONES

II.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

26. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez , siendo muestra de ello el contenido del artículo 229 de la referida codificación, norma que

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez , siendo muestra de ello el contenido del artículo 229 de la referida codificación, norma que le confiere una amplia facultad a la autoridad judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de “proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

27. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada-, y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

28. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas

(numeral 1 prime ra parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante , y iv) de suspensión (numerales 2 y 3 ), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de supresión temporal de los efectos de una decisión administrativa.5

29. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, se destaca lo dispuesto en el artículo 231 ibidem, precepto según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar

29. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, se destaca lo dispuesto en el artículo 231 ibidem, precepto según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”. (resaltado fuera del texto)

II.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

30. En el marco de las diversas medidas cautelares contempladas en el nuevo proceso contencioso administrativo 6 se encuentra la figura de la suspensión

5 Artículo 230 del CPACA.

6 El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “ vulnerante o amenazante ”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir u n perjuicio o la agravación de susRadicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

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7 provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de

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7 provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 2317 y siguientes del CPACA.

31. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».8

32. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, la Sección Primera de esta Corporación recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden acreditados en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas9. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202110, precisó lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n

superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulnera ción del ordenamiento jurídico superior para acceder a la

efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

7 «[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y s u confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariame nte, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariame nte, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]».

8 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020.

Expediente: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

10 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2021. Expediente: 5400123-33-000-2018-00285-01. CP. Oswaldo Giraldo López.Radicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

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8 suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]11 (negrillas fuera del texto original).

IV.3. Caso concreto

33. Analizados los argumentos expuestos por el demandante , esta autoridad encuentra que son cinco los reparos centrales en los que se fundamenta el escrito

texto original).

IV.3. Caso concreto

33. Analizados los argumentos expuestos por el demandante , esta autoridad encuentra que son cinco los reparos centrales en los que se fundamenta el escrito cautelar, a saber: (i) que el acto demandado se expidió de forma irregular y con falsa motivación, por cuanto no se expuso la justificación con sustento en la cual se incluyó al jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la conformación del Consejo de Seguridad Nacional; (ii) que la citada inclusión implica un gasto representativo para la Nación; (iii) que el decreto enjuiciado se profirió con el propósito de favorecer a unos ministros y directores de departamentos administrativos del Gobierno Nacional, en el sentido de asignarles un esquema de seguridad estatal; (iv) que esta última situación vulnera el derecho a la igualdad de los demás ciudadanos que reúnen las condiciones para que le sea asignado un esquema de seguridad estatal y no han podido acceder al mismo , y (v) que existe un perjuicio irremediable, en razón a que el entonces presidente Iván Du que Márquez saldría del cargo el 7 de agosto de 2022 y, por ende, el acto demand ado no podría ser modificado.

34. Por su parte, los apoderados del Presidente de la República y del Ministerio del Interior se oponen al decreto de la medida cautelar de suspensión, en primer lugar, porque la cautela carece de la carga argumentativa requerida para su decreto y, en segundo término, porque el primer mandatario de la Nación, conforme lo establecen los artículos 189 -numeral 16de la Constitución Política y 54 de la Ley 489 de 1998 ,

segundo término, porque el primer mandatario de la Nación, conforme lo establecen los artículos 189 -numeral 16de la Constitución Política y 54 de la Ley 489 de 1998 , tiene la competencia para designar, discrecionalmente, a los funcionarios del Gobierno Nacional que integraran el Consejo de Seguridad Nacional.

35. Para efectos de resolver, el Despacho estima oportuno mencionar que el Presidente de la República, en virtud de lo previsto por el artículo 20 transitorio de la

Constitución Política12, expidió el Decreto No. 2.134 de 199213, en el cual se dispuso lo siguiente:

[…] ARTICULO 1º. FUSIÓN. - Fusiónense el Consejo Nacional de Seguridad a que hace referencia el artículo 22 de la Ley 52 de 1990; el Consejo Superior

11 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”. 12 «Artículo transitorio 20. El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la

la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece. 13 «Por el cual se fusionan el consejo nacional de seguridad, el consejo superior de la defensa nacional y la comisión creada por el decreto 813 de 1989».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00350-00

Demandantes: Gustavo Bolívar Moreno

Demandado: Gobierno Nacional

9 de la Defensa Nacional creado por el Decreto 3398 de 1965, el cual fue adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, y la Comisión Asesora y Coordinadora de las acciones contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares , creada mediante Decreto 813 de 1989, el cual fue adoptado como legislación permanente por el Decreto 2254 de 1991, en un organismo de asesoría y coordinación que se denominará Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, adscrito a la Presidencia de la República.

ARTICULO 2º. COMPOSICIÓN. - El Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional estará integrado por:

1. El Presidente de la República;

a la Presidencia de la República.

ARTICULO 2º. COMPOSICIÓN. - El Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional estará integrado por:

1. El Presidente de la República;

2. El Ministro de Gobierno;

3. El Ministro de Defensa Nacional;

4. El Comandante General de las Fuerzas Militares;

5. El Director General de la Policía Nacional;

6. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República;

7. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad, y

8. El Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional o el funcionario que haga sus veces […].

36. Tal como se advierte, la creación de lo que hoy se denomina «Consejo de Seguridad Nacional»14, surgió de la potestad constitucional asignada al Presidente de la República en el artículo 20 transitorio de la Carta Política . En consecuencia, dicho decreto constitucional autónomo 15, es el primer marco jurídico de referencia que se tiene en relación con la estructura e integración del referido consejo.

37. También es menester precisar que la estructura y composición d el Consejo de Seguridad Nacional ha s