CE - 110010325000201500557001AUTOQUERECHAZ20230714131206

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22 ) de junio de dos mil veintitrés (202 3)

Referencia: SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Radicación: 11001 03 25 000 20 15 00 557 00 (1529 -20 15)

Solicitante : JESÚS MARÍA LEM OS BUSTAMANTE

Convocada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Tema: TOPE PENSIONAL PARA MAGISTRADOS DE LAS

ALTAS CORTES . SE NIEGA EXTENSIÓN DE LA

JURISPRUDENCIA

AUTO INTERLOCUTORIO

I. ASUNTO

1. La Sala decide la solicitud de extensión de la jurisprudencia promovida por el señor Jesús María Lem os Bustamante .

II. ANTECEDENTES

2.1 Solicitud de extensión de jurisprudencia 1

2. El solicitante pretende que se le (i) extiendan los efectos de la sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014 , radicado interno

1 Folios 9 a 1 7.Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014 , radicado interno

1 Folios 9 a 1 7.Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

Número interno: 1529 -2015

Solicitante : Jesús María Lemos Bustamante

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2 1434 -201 42 y (ii) ordene a la UGPP cesar la reducción que afronta su mesada pensional con ocasión al tope máximo de 25 smlmv que ordenó la sentencia C -258 de 2013 y restituir las sumas que descont ó por ese concepto , debidamente indexadas .

3. Lo anterior, fundado en que en el referido fallo de unificación se indicó que los magistrados que se rijan por el Decreto 546 de 1971 no quedan sometidos a la se ntencia C -258 de 2013.

2.2 Hechos

4. El accionante relató que (i) trabajó al servicio del Estado desde el 16 de abril de 1972 hasta el 26 de octubre de 2008, esto es, por 36 años, 6 meses y 10 días ; (ii) por Resolución 17 5 de l 20 de enero de 200 4, la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL le reconoció una pensión de vejez , conforme a los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6º del Decreto 546 de 1971 . Decisión que fue confirmada por medio de

pensión de vejez , conforme a los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6º del Decreto 546 de 1971 . Decisión que fue confirmada por medio de la Resolución 15881 del 9 de agosto de 2004; (i ii) mediante Resolución 001116 del 7 de marzo de 2005, se revocó la decisión anterior para aplicar el régimen de congresistas , porque desde el año 2000 se desempeñó en propiedad como Consejero de Estado; (iv) a través de la Resolución PAP 25758 del 16 de noviembre de 2010, se elevó la cuantía de la pensión a $15.971.504.13; (v) a partir del 1º de julio de 2013, la UGPP redujo su mesada pensional al tope de 25 SMLMV, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C258 de 2013 , (v i) el 10 de febrero de 2015 , solicitó de l fondo accionado la extensión de los efect os de la sentencia de unificación invocada y (vi i) vía Resolución RDP 009191 del 9 de marzo de 2015, se negó lo pretendido .

2.3 Traslado

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2014, radicado 25000 -23 -42 -000 -2013 -00632 -01(1434 -14), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E).Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

Número interno: 1529 -2015

Solicitante : Jesús María Lemos Bustamante

835

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3

5. Por auto del 27 de agosto de 20 15, el despacho ordenó correr traslado de la extensión de la jurisprudencia por el término común de treinta (30) días a la UGPP , a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público .

2.4 Alegatos

6. Mediante providencia del 3 de diciembre de 202 0, el despacho ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presenten sus alegaciones por escrito en el término común de diez (10) días.

7. En esa oportunidad se pronunci aron:

8. La UGPP concluyó que «no debe extenderse los efectos jurídicos de la sentencia del Consejo de Estado No. 25000 - 23 -42 -000 -2013 -0063201(1434 -2014) del 12 de septiembre de 2014, en primer lugar, porque no se comparte el razonamiento planteado por el Consejo de Estado en la sentencia invocada, conforme al numeral 3° del inciso 5º del artículo 102 ibídem , y , en segundo lugar, porque la sentencia en cuestión no confirmó el reconocimiento de un derecho en cuanto se refiere al levantamiento de topes a la mesada pens ional, es decir, que no cumple una de las condiciones señaladas en el artículo 102 de la Ley 1437, para que sea susceptible de extensión de jurisprudencia».

confirmó el reconocimiento de un derecho en cuanto se refiere al levantamiento de topes a la mesada pens ional, es decir, que no cumple una de las condiciones señaladas en el artículo 102 de la Ley 1437, para que sea susceptible de extensión de jurisprudencia».

9. El convocante aseveró que su situación «es diferente a la que impidió la aplicación total del Decreto 546 de 1971 a la actora en la sentencia de unificación, pues él sí cumplía las previsiones establecidas en la parte motiva de la sentencia de unificación y, además, por tener no sólo causada sino reconocida su pensión antes de la fecha señalada en el Acto legislativo 1 de 2005 para la aplicación del tope de los 25

SMLMV […] ».

10. Añadió que, en todo caso, no se puede soslayar que la providencia «cuya extensión se solicita es una sentencia de unif icación, expedidaRadicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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4 como tal por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con posterioridad a la vigencia del CPACA y con acatamiento de las condiciones exigidas por los artículos 270 y siguientes del mismo código».

11. El agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

código».

11. El agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

12. La Corporación es competente para resolver la solicitud de extensión de la jurisprudencia planteada, de conformidad con el artículo 269 del CPACA.

3.2 Cuestión previa

13. Por proveído del 28 de julio de 2022, el suscrito ponente declaró fundados los impedimentos manifestados «por los magistrados William

Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez Vargas».

3.3 Problema jurídico

14. La Sala determinará si en el presente asunto es procedente extender los efectos de la sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado interno 1434 -2014.

15. Para resolver lo anterior, se analizará (i) el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, (ii) la sentencia de unificación de l 12 de septiembre de 201 4, (iii) el panorama de la jurisprudencia actual y (i v) el caso concreto.Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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5 3.3.1 El mecanismo de extensión de la jurisprudencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 3.3.1 El mecanismo de extensión de la jurisprudencia

16 . Este mecanismo se encuentra regulado en el artículo 102 del CPACA, normativa que (i) posibilita que los ciudadanos acudan ante la administración a fin de que se les reconozca una situación jurídica que ya fue resuelta mediante una se ntencia de unificación proferida por el Consejo de Estado y (ii) prescribe los requisitos que deben contener las solicitudes de extensión, así:

• Copia o referencia de una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado en la que se haya reconocido un derecho;

• Justificación razonada en la que se evidencie la identidad fáctica y jurídica entre la situación del solicitante y la del deman dante al que se le reconoció un derecho mediante la sentencia de unificación que se invoca y

• Pruebas que tenga el solicitante en su poder, que le permitan demostrar la relación descrita.

17 . A estas exigencias puede sumarse que la providencia objeto de extensión no esté en abierta controversia con actuales sentencias de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, ya que este mecanismo comporta la existencia de una jurisprudencia clara, pacífica y estable. « De manera tal que, ante un asunto de contornos fácticos y jurídicos idénticos, simplemente pueda extenderse »3.

18 . Ahora bien, para que la sentencia invocada sea objeto de extensión

asunto de contornos fácticos y jurídicos idénticos, simplemente pueda extenderse »3.

18 . Ahora bien, para que la sentencia invocada sea objeto de extensión de la jurisprudencia, requiere que (i) haya sido proferida por el Consejo de Estado, (ii) sea de unificación jurisprudencial, de conformidad con el artículo 270 del CPACA 4 y (iii) en ella se haya reconocido un derecho. Sobre el particular el citado artículo 102 ibidem dispone:

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 27 de mayo de 2021, radicado 11001 -03 -25 -000 -2017 -00609 -00 (2957 -17), C.P. W illiam Hernández Gómez. 4 «Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos e xtraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión» .Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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6 Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades . Las autoridades

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6 Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades . Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho , a quienes lo soliciten y acre diten los mismos supuestos fácticos y jurídicos (negrita con subrayas fuera del texto).

19 . Esta Corporación enfatizó que no solo son objeto de extensión las sentencias proferidas luego de la entrada en vigor del CPACA, pues también lo son las que se expidieron con anterioridad a dicha regulación, siempre y cuando hayan fijado un criterio de unificación 5.

3.3.2 La sentencia de unificación del 12 de septiembre de 201 4, con radicado interno 1434 -2014

20. En el fallo invocado el problema jurídico se centró en determinar si «la mesada pensional que el a quo reconoció a la señora GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ, en aplicación del artículo 6° del Decreto 546 de 1971, como Magistrada de una Alta Corte de Justicia, debe sujetarse al valor máximo de 25 s.m.l.m.v., según lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia C -258 de 2013 ».

21. La decisión , efectuó un recuento del régimen pensional de los funcionarios de la Rama Judicial y de los magistrados de Altas Corporaciones de Justicia . A continuación , se relacionan algunas de las

disposiciones y decisiones relevantes :

(i) Antes de la Constitución Política de 1991 . El régimen aplicable a

Corporaciones de Justicia . A continuación , se relacionan algunas de las disposiciones y decisiones relevantes :

(i) Antes de la Constitución Política de 1991 . El régimen aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial era el del Decreto 546 de 1971 , el cual , para la acceder a una pensión de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio, exigía (a) 55 años a los hombres y 50 años a las mujeres y (b) 20 años de servicios continuos o discont inuos, de los cuales, por

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 10 de diciembre de 2013, radicado 11001 -03 -06 -000 -2013 -00502 -00 (2177), C.P. W illiam Zambrano Cetina.Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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7 lo menos 10, debieron ser al servicio exclusivo de la Rama Judicial , del Ministerio Público o de ambos.

(ii) Después de la promulgación de la Ley 4ª de 1992 6. De esta norma se derivaron , por parte del Gobierno Nacional, los Decretos 1359 de 1993 7 y 104 de 1994 8, última normativa que , en su artículo 28, preceptuó que a los magistrado s de las Altas Cortes les asiste el derecho al

se derivaron , por parte del Gobierno Nacional, los Decretos 1359 de 1993 7 y 104 de 1994 8, última normativa que , en su artículo 28, preceptuó que a los magistrado s de las Altas Cortes les asiste el derecho al reconocimiento de la pensión con base en los mismo factores salariales y cuantías de los congresist as.

(iii) El Acto Legislativo 1 de 2005 . Esta adición al artículo 48 Superior puntualizó que el Estado debía garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y, para ello, ( a) en la liquidación pensional solo podrán tener se en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere cotizado , (b) desde su entrada en vigor, no habrá regímenes especiales, ni exceptuados, así como tampoco la posibilidad de percibir más de 13 mesadas al año y (c) a partir del 31 de julio de 2010 , no podrán causarse pensiones superiores a 25 smlmv .

(iv) La sentencia C -258 de 2013 . La Corte Constitucional en esta providencia estudió la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y excluyó de su análisis a los demás regímenes especiales existentes, entre ellos, el contemplado en el Decreto 546 de 1971. En es a medida , la decisión está restringid a a las pensiones de los congresionales con origen en la Ley 4ª de 1992 -artículo 17 - y por extensión legal, a las pensiones de los magistrados de las Altas Cortes de Justicia, según el Decreto 104 de 1994 -artículo 28 -.

origen en la Ley 4ª de 1992 -artículo 17 - y por extensión legal, a las pensiones de los magistrados de las Altas Cortes de Justicia, según el Decreto 104 de 1994 -artículo 28 -.

6 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otra s disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política». 7 «Por el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los Senadores y Representantes a la Cámara». 8 «por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y presupuestal de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones»Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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22. Con fundamento en lo anterior , estableció que el Decreto 1359 de 1993, que instituyó el régimen especial de los congresistas, debe entenderse «con las modificaciones introducidas por la Corte

8

22. Con fundamento en lo anterior , estableció que el Decreto 1359 de 1993, que instituyó el régimen especial de los congresistas, debe entenderse «con las modificaciones introducidas por la Corte Constitucional en la sentencia C -258 de 2013 », es decir, con la s limitaci ones (i) de que solo pueden tomarse « aquellos ingresos que hay an sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan el carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respetivas al sistema de pensiones» y (ii) de un tope de 25 smlmv, desde el 1º de julio de 2013.

23. Que la situación de los magistrados de las Altas Cortes siempre que esté regida por el Decreto 104 de 1994 , también está sujeta a las delimitaciones atrás esbozadas.

24. Precisó que no ocurre lo mismo respecto de los magistrados de las Alta s Cortes que tengan regulada su situación pensional por lo dispuesto por el Decreto 54 6 de 1971, esto es, quienes al amparo del régimen de transición se rijan por esa disposición, ya que no es reglamentaria de la Ley 4ª de 1992 y, en ese orden, no puede ent enderse con las restricciones establecidas en la sentencia C -258 de 2013 , pero si con los condicionamientos del Acto Legislativo 1 de 2005.

25. Por lo esbozado , unificó jurisprudencia, así:

Es así como, en la búsqueda del respeto por los regímenes de transición, al igual que en aras de la protección de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, quien laboró en calidad de

Es así como, en la búsqueda del respeto por los regímenes de transición, al igual que en aras de la protección de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, quien laboró en calidad de Magistrado de una Alta Corporación habiendo consolidado su stat us pensional al amparo del Decreto 546 de 1971 , le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión jubilatoria, sin sujeción a las restricciones establecidas por la Sentencia C258 de 2013, pero, con las limitaciones de que trata el Acto Legislativo 1 de 2005, concretadas en su financiación por parte del Estado, sobre la determinación de los valores efectivamente cotizados por el jubilado, que a su turno deben coincidir con los que determine la entidad pensional respectiva, para efecto del reconocimiento.

Y, los Magistrados de Altas Cortes , que obtienen el reconocimiento pensional según lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 104 de 1994 , por el contrario, encuentran sujetaRadicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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9 su mesada pensional a las condiciones determinadas por la Sentencia C -258 de 201 3, que fueron instituidas con el fin de salvaguardar la equidad y la sostenibilidad del sistema (negrita fuera del texto) .

26 . Al descender al caso concreto, determinó que la demandante (i) « al

salvaguardar la equidad y la sostenibilidad del sistema (negrita fuera del texto) .

26 . Al descender al caso concreto, determinó que la demandante (i) « al amparo del régimen de transición determinado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es destinataria del régimen especial que para los funcionarios de la Rama Judicial contempla el Decreto 546 de 1971», (ii) c umple con los presupuestos exigidos para acceder a una pensión «equivalente al 75% de la asignación mensua l más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio en su calidad de magistrada de una Alta Corporación de Justicia», (iii) no es sujeto de las restricciones determinadas por la sentencia C -258 de 2003 de la Corte Constitucional, «pero sí , los condicionamientos a los que hace referencia el Acto Legislativo 1 de 2005, a partir de su vigencia -25 de julio de 2005 -, en aras de la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema pensional».

27 . Lo último , en razón a que «la actora causó su derecho pensional con 10 años al servicio de la Rama Judicial que completó el 31 de julio de 2011 , dentro del marco del régimen del Decreto 546 de 1971, pero, este supuesto queda subsumido en el aludido parágrafo 1° del Acto Legislativ o 1 de 2005 para concluir, que por virtud del mismo, el valor de su mesada pensional no podrá ser superior a 25 smlmv, y en esa dimensión jurídica, el significado práctico del régimen que la cobija, se agota en el requisito de edad y tiempo de servicio».

de su mesada pensional no podrá ser superior a 25 smlmv, y en esa dimensión jurídica, el significado práctico del régimen que la cobija, se agota en el requisito de edad y tiempo de servicio».

3.3.3 El panorama de la jurisprudencia actual

28 . En este punto, resulta pertinente evidenciar que la Corte Constitucional , en la sentencia C -258 de 2013, señaló que resulta «desproporcionado y contrario a los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que inspiran el sistema general deRadicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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10 pensiones, la interpretación conforme a la cual las mesadas de quienes se encuentran en transición no están sujetas a tope» 9.

29 . Luego , en la sentencia SU -210 de 2017 10, puntualizó que la limitación del tope de los 25 smlmv para las pensiones reconocidas a los magi strados de las Altas Cortes y congresistas cobija las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales.

30 . Este pronunciamiento partió de l hecho de que las limitaciones al reconocimiento pensional han existido, de forma diversa, desde antes de la promulgación de la Ley 100 de 1993 , lo cual se unificó con la Ley

30 . Este pronunciamiento partió de l hecho de que las limitaciones al reconocimiento pensional han existido, de forma diversa, desde antes de la promulgación de la Ley 100 de 1993 , lo cual se unificó con la Ley 797 de 2003, se acogió en el Acto Legislativo 1 de 2005 y se replicó en la sentencia C -258 de 2013, con una orden imperativa y categórica que abarca los regímenes especiales :

Dicha dispersión en los montos se resolvió en el sistema actual regido por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que fijó el tope de las pensiones a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese mismo criterio fue el acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005, y con base en él, la Sentencia C -258 de 2013, en su parte resolutiva, previó textualmente “que a partir del 1° de julio de 2013 “ninguna pensión reconocida en aplicació n del régimen demandado podrá superar los 25 SMMLV.”

Dicha orden es imperativa y categórica, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó la Corte, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de l a expedición de la Ley 100 de 1993.

31. En la misma línea, en la providencia T -360 de 2018, señaló que

muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de l a expedición de la Ley 100 de 1993.

31. En la misma línea, en la providencia T -360 de 2018, señaló que «debido a que los topes pensionales han sido una constante en el ordenamiento jurídico, resultaría contradictorio que, por ejemplo, una autoridad judici al interprete que una mesada pensional por el hecho de ser especial, tiene una cuantía ilimitada», y recordó que «en caso de

9 Corte Constitucional , sentencia C -258 de l 7 de mayo de 2013, M. P. Jor ge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Corte Constitucional, sentencia SU -210 de l 4 de abril de 2017, M.P. José Antonio Cepeda AmarísRadicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

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11 que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señala do en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente» 11.

32. Respecto de este tema , la Corporación ha armonizado su jurispru dencia con la de la Corte Constitucional, así :

• Ahora bien y teniendo en cuenta que en principio la Corte Constitucional en la sentencia C -258 de 2013 dispuso que sus

jurispru dencia con la de la Corte Constitucional, así :

• Ahora bien y teniendo en cuenta que en principio la Corte Constitucional en la sentencia C -258 de 2013 dispuso que sus efectos no podrían trasladarse en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados diferentes al de los congresistas, conforme se analizó, dicho criter io fue replanteado en la sentencia SU -210 de 2017 en la que expresamente al pronunciarse sobre unos fallos de esta corporación, relacionados con la aplicación del tope pensional a un ex funcionario de la Rama Judicial, señaló que a partir del Acto Legislat ivo 01 de 2005, el parámetro de control constitucional cambió al señalar expresamente que la regla del límite del monto de las pensiones a los 25 SMLMV, aplica no solo para el sistema general de pensiones, sino también para el régimen especial de Congresis tas y Magistrados.

[…]

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que los efectos de dicho fallo de constitucionalidad resultan aplicables a la situación pensional de la actora, como quiera que si bien se acreditó que le fue reconocida pensión de ju bilación en aplicación de lo establecido por el Decreto 546 de 1971 como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dicha circunstancia no la exime de ello en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -210 de 20 17 en la que determinó que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales 12.

Corte Constitucional en la sentencia SU -210 de 20 17 en la que determinó que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales 12.

• Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones, ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa d e los recursos limitados en

11 Corte Constitucional, sentencia T -360 de l 31 de agosto de 2018, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de l 25 de febrero de 2021, radicado 25000 -23 -42 -000 -2015 -05374 -01(2583 -17), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

Número interno: 1529 -2015

Solicitante : Jesús María Lemos Bustamante

835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12 seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal 13.

33 . En este punto, es importante mostrar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -210 de 2017, dejó sin efecto la sentencia invocada para que esta Corporación emitiera un nuevo pronunciamiento, con

33 . En este punto, es importante mostrar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -210 de 2017, dejó sin efecto la sentencia invocada para que esta Corporación emitiera un nuevo pronunciamiento, con fundamento en lo que sigue:

Como se explicó en los fun damentos de esta decisión, a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, el parámetro de control constitucional cambió al señalar expresamente que la regla del límite del monto de las pensiones a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aplica no so lo para el sistema general de pensiones, sino también para el régimen especial de Congresistas y Magistrados. Por tal razón, no podía la Sección Segunda del Consejo de Estado desconocer dicho tope pues, sobre el particular, la Corte había tomado una decisi ón que había hecho tránsito a cosa juzgada constitucional en la materia, y, por tanto, era de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas.

3.2.4 El Caso concreto

34. El señor Jesús María Lemus Bustamante solicitó que se le extiendan los efectos de la sentencia de unificación del 12 de septiembre de 201 4, radicado interno 1434 -2014 , con el objeto de que se ordene a la UGPP cesar la reducción que afronta su mesada pensional con ocasión al tope máximo de 25 s mlmv que ordenó la sentencia C -258 de 2013 y restituir las sumas que descont ó por ese concepto , debidamente indexadas .

35. De acuerdo con el recuento efectuado en precedencia, la Sala estima que no hay lugar a extender los efectos del aludido fallo de

las sumas que descont ó por ese concepto , debidamente indexadas .

35. De acuerdo con el recuento efectuado en precedencia, la Sala estima que no hay lugar a extender los efectos del aludido fallo de

unificación, por las siguientes razones:

36. Si bien es cierto que en la sentencia de l 12 de septiembre de 2014 se indicó que los magistrados de las Altas Cortes que fueran beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, del Decreto 546 de 1971, no les era

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de l 12 de agosto de 2021, radicado 47001 -23 -31 -000 -2007 -00481 -01 (4005 -2014), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.Radicado: 11001 03 25 000 2015 00557 00

Número interno: 1529 -2015

Solicitante : Jesús María Lemos Bustamante

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