CE - 110010325000201800515001SENTENCIA20230727091347

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicado: 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018) Accionante: Carolina López Calvache Demandado: Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública Temas: Nulidad de los artículo s 3.° del Decreto 2484 de l 2 de diciemb re de 2014 1 y 2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 2.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, como tribunal supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 3, decide en única instancia, la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad por la señora Carolina López Calvache, en contra de la Nación – Departamento Administrativo de la Función

Pública.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 4

2. L a señora Carolina López Calvache, quien actúa en nombre

en contra de la Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 4

2. L a señora Carolina López Calvache, quien actúa en nombre propio , interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en donde

1 ««[P]or el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005.» 2 «[P]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». 3 Ordinal 1.º del artículo 237 de la Constitución Política. 4 Folios. 29 y s.s. del cuaderno principal.Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

Dem andante: Carolina López Calvache

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2 se pretende la nulidad del artículo 3.° 5 del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014, proferido por el presidente de la República, con la firma del director del Departamento Administrativo de la Función Pública, «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005» .

3. Mediante providenci a de 22 de octubre de 2 0216 se entendió conformada la proposición jurídica por «unidad normativa» con el

Pública, «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005» .

3. Mediante providenci a de 22 de octubre de 2 0216 se entendió conformada la proposición jurídica por «unidad normativa» con el artículo 2.2.3.3 7 del Decreto 1083 de 2015 dictado por el presidente de la República, con la firma del director del Departamento Administrativo de la Func ión Pública «por medio del cual se expide

el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

4. Igualmente, se solicitó la suspensión provisional de los efectos del artículo 3.° del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014 8.

2.2. Hechos

5. Se indicó en la demanda que a través de l os numerales 2.° y 3.° del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, se revistió de facultades extraordinarias al presidente de la República por el término de seis (6) mese s, contados a partir de la fecha de promulgación de la misma , para expedir normas con fuerza de ley , que contuvieran el sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos aplicable a las entidades del orden territorial , así como el sistema de funci ones y requisitos que rige a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial .

5 «Artículo 3°. Programas específicos de educación para el tr abajo y el desarrollo humano. De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la

desarrollo humano. De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de pro gramas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006. »

6 Folios 47 y s.s. Cuaderno principal. 7 «ARTÍCULO 2.2.3.3 Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano . De acuerd o con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006».

8 Folio 1 del cuaderno de medidas cautelares.Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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6. En virtud de lo anterior el presidente de la República expidió el Decreto Ley 785 de 200 59, en cuyo artículo 13 estableció los requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

7. En relación con los requisitos para el desempeño de empleos

requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

7. En relación con los requisitos para el desempeño de empleos públicos del nivel territorial, en el artículo 5.° de la Ley 106 4 de 200 610, se estableció que «Los certificados de aptitud ocupacional, expedidos por las instituciones acreditadas como de "Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano", serán reconocidos como requisitos idóneos de formación para acceder a un empleo público en el nivel técnico que se señala en el Decreto 785 del 3 de marzo de 2005 y las disposiciones que lo modifiquen o adicionen».

8. En Concepto núm. 2 -2008 -31811, de 22 de enero de 2009, emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en relación con los requisitos de estudio para el desempeño de un empleo público, se estableció que «Igualmente debe considerarse que los requisitos de estudio deben oscilar entre los mínimos y máximos previstos en la disposición correspondiente».

9. Finalm ente, la norma demandada, art. 3.° del Decreto 2484 de 201 411, proferido por el presidente con la firma del director del Departamento Administrativo de la Función Pública dispuso: «De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de

2006».

2. 3. Normas violadas y concepto de violación

exigir la acreditación de programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006».

2. 3. Normas violadas y concepto de violación

10 . La parte actora consideró que con la expedición de l artículo 3.° del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014 12, dictado por el

9 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004 ». 10 «Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación» . 11 «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005» . 12 «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005 »Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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4 presente de la República, con la firma del director del Departamento Administrativo de la Función Pública, «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005» se incurrió en la violación de los artículos 1.°, 6.°, 84, 121, y 123 de la Constitución Política y 13 del Decreto

Decreto -ley 785 de 2005» se incurrió en la violación de los artículos 1.°, 6.°, 84, 121, y 123 de la Constitución Política y 13 del Decreto Ley 785 de 2005.

11. En el concepto de violación de formularon los siguientes cargos:

• Nulidad por violación del principio de legalidad.

12. Según la demanda, el artículo 3.° del Decreto 2484 de 201 4, desconoció el principio de legalidad, establecido en los artículos 1.° , 6 .° , 121, y 123 de la Constitución Política, por cuanto al reglamentar el Decreto Ley 785 de 2005, violó esta norma superior que precisamente reglamentaba, al incluir como requisito de estudios, la acreditación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que no estaba contenida en el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005.

13. Igualmente, según las sentencias C -513 de 1994 y C -037 de 2000, el principio de legalidad lleva implícita la noción de jera rquía normativa y de actuación, según el cual (i) las normas de superior jerarquía prevalecen sobre las de inferior jerarquía; (ii) la validez de las normas de inferior jerarquía depende del respeto de las normas de las cuales se derivan; y (iii) en cualqu ier caso las normas de inferior jerarquía deben interpretarse y aplicarse de la forma que mejor permitan el cumplimiento de las normas superiores.

• Nulidad por violación del artículo 84 de la Constitución

Política.

14. La norma demandada exigió requisitos de estudios para el

mejor permitan el cumplimiento de las normas superiores.

• Nulidad por violación del artículo 84 de la Constitución

Política.

14. La norma demandada exigió requisitos de estudios para el ejercicio de empleos, adicionales a los contenidos en el Decreto Ley 785 de 2005, disposición superio r que reglamentó, con lo cual se incurrió en el desconocimiento de la norma superior en su artículo 84.Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

Dem andante: Carolina López Calvache

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5 • Nulidad por exceso en la potestad reglamentaria por desconocimiento del artículo 13 de l Decreto Ley 785 de 200 5.

15. Se desconoció el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, al incluir como requisito de estudios, la acreditación de programas de educación para el tr abajo y el desarrollo humano, que no estaba contenida en el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, que estableció los límites mínimos y máximos de los requisitos de estudios y de experiencia , por nivel jerárquico y d e acuerdo con la categorización de la entidad territorial, a los cuales se deben sujetar las autoridades territoriales para fijar en los respectivos manuales específicos de funciones y requisitos de sus empleos ; que allí no se contempló como requisitos para el ejercicio de los

categorización de la entidad territorial, a los cuales se deben sujetar las autoridades territoriales para fijar en los respectivos manuales específicos de funciones y requisitos de sus empleos ; que allí no se contempló como requisitos para el ejercicio de los empleos del nivel territorial, la acreditación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo hu mano , que establece la Ley 1064 de 2006. En consecuencia, se incurrió en extralimitación de potestad reglamentaria.

16. Además, la Le y 1064 de 2006, previó como requisitos de estudios (Artículo 5), la acreditación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero solamente para los empleos de las entidades territoriales pertenecientes al nivel técnico.

2.4. Contestación de la demanda

17. El Departamento Administrativo de la Función Pública a través de apoderado 13 contestó la demanda de la referencia y se opuso a las pretensiones bajo los siguientes argumentos:

18. Sostuvo en primer lugar que el artículo 3.° del Decreto 2484 de 2014 corresponde en la actualidad al artículo 2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la función pública, razón por la cual esta última disposición debe ser integrada a la proposición jurídica demandada para los propósitos de la decisión que debe preferirse.

13 Folios 38 y s.s. del cuaderno principal.Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

Dem andante: Carolina López Calvache

13 Folios 38 y s.s. del cuaderno principal.Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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19. Luego explicó que en desarrollo de las facultades otorgadas por el artículo 53 de la Ley 909 de 2004, fueron expedidos por el Gobierno nacional el D ecreto Ley 770 de 2005 14 y el Decreto Ley 785 de 2005 15 y específicamente en virtud de los artículos 13 y 28 de este último, se autorizó al Gobierno Nacional para reglamentar los pormenores de la norma y específicamente en cuanto a los requisitos de estud ios y de experiencia empleó el esquema de mínimos y máximos.

20. Luego, el Congreso de la República expidió la Ley 1064 de 2006 16 que en sus artículos 1.° y 5.° prevé reemplazar la denominación de educación no formal contenida en la Ley General de Educación y en el Decreto reglamentario 114 de 1996, por educación para el trabajo y el desarrollo humano; adicionalmente estableció que los certificados de aptitud ocupacional expedidos por las instituciones acreditadas como de educación para el trabajo y el desarrollo humano serán reconocidos como requisitos idóneos de formación para acceder a un empleo público en el nivel técnico que se señala en el Decreto 785 de 3 de marzo de 2005 .

y el desarrollo humano serán reconocidos como requisitos idóneos de formación para acceder a un empleo público en el nivel técnico que se señala en el Decreto 785 de 3 de marzo de 2005 .

21. Por tanto , dicha norma busca que los certificados académicos de educación no formal, hoy denominad a educación para el trabajo y el desarrollo humano, puedan ser aceptados para acreditar formación académi ca y con ello acceder a empleos públicos del nivel territorial en los términos del artículo 5.° de la Ley 1064 de 2006, lo cual, lejos de vulnerar derechos constitucionales de los empleados provisionales y encargados, posibilita que éstos hagan valer una e ducación que anteriormente no era considerada para ningún propósito de acreditación en el sector público.

22. De acuerdo con lo señalado, concluyó que , no puede afirmarse que el gobierno nacional al expedir el Decreto 2484 de 2014 excedió sus facultades reglamentarias o violó el artículo 13 del Decreto 785

14 «Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.» 15 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.» 16 «Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación».Nulidad sim ple

16 «Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación».Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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7 de 2005 en tanto que la reglamentación contenida en la norma enjuiciada constituye un adecuado desarrollo del artículo 5.° de la Ley 1064 de 2006.

2.5. Trámite procesal

23. Mediante providencia de 23 de septiembre de 2019 17, se admitió la demanda conforme con el artículo 171 del CPACA y se ordenó la notificación al representante legal del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como al procurador delegado ante esta corp oración y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado.

24. Por auto de 2 de julio de 2021 18 se negó la solicitud de suspensión provisional de la norma acusada.

25. Mediante proveído de 22 de octubre de 2021 en aplicación del numeral 1.° del artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 se adoptaron

las siguientes decisiones:

• Se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem.

• Se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las

las siguientes decisiones:

• Se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem.

• Se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes de conformidad con lo señala do por el artículo 173 del

CGP.

• La fijación del litigio se estableció en los siguientes

términos:

«Deberá la Sala determinar si ¿el Departamento Administrativo de la Función Pública al expedir el artículo 3° del Decreto 2484 de 2014 y el artículo 2. 2.3.3. del Decreto 1083 de 2015, incurrió en exceso de facultad reglamentaria y desconoció el principio de legalidad, establecido en los artículos 1, 6, 84, 121, y 123 de la Constitución Política dado que, superó el marco del Decreto Ley 785 de [2]005, al incluir como requisito de estudios, la acreditación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que no estaba contenida en su artículo 13?. »

17 Folios 25 y s.s. cuaderno principal. 18 Folios 32 y siguientes del cuaderno de medidas cautelares.Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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• De igual forma , en caso de no presentarse recursos contra esa decisión u observ aciones sobre la fijación del litigio, ordenó

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• De igual forma , en caso de no presentarse recursos contra esa decisión u observ aciones sobre la fijación del litigio, ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto respectivamente.

2.6. Traslado para alegar de conclusión.

2.6.1. La apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública 19 reiteró, en su integridad, los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

2.6.2. Tanto la parte demandante como el agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal 20.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

26 . En virtud de lo señalado en el artículo 149 numeral 1.º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer en única instancia la demanda de nulidad promovida en contra de la Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública .

3.2. Problema jurídico

27 . Tal como se dejó establecido desde la fijación del litigio, pese a que la demandante formuló tres cargos de nulidad, estos pueden resolverse a través del análisis de un único problema jurídico consistente en:

19 Escrito visible en el índice 38 del aplicativo SAMAI. 20 Según informe secretarial que obra a folio 57 del cuaderno principal.Nulidad sim ple

resolverse a través del análisis de un único problema jurídico consistente en:

19 Escrito visible en el índice 38 del aplicativo SAMAI. 20 Según informe secretarial que obra a folio 57 del cuaderno principal.Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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9 28. ¿Con la expedición de los artículos 3.° del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014 21, y 2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 22, se incurrió en exceso de facultad reglamentaria y d esconocimiento del principio de legalidad, establecido en los artículos 1 .° , 6 .° , 84, 121, y 123 de la Constitución Política por super ar el marco del Decreto Ley 785 de 2005, al incluir como requisito de estudios, la acreditación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que no estaba contenida en su artículo 1 3? 29 . Por lo anterior , l a Sala se referirá al marco general de la carrera administrativa, generalidades del sistema jerárquico normativo colombiano, la potestad reglamentaria y finalmente se examinarán los argumentos esgrimidos en la demanda y la defensa a efectos de dar respuesta al problema jurídico planteado .

3.3. A claración previa.

colombiano, la potestad reglamentaria y finalmente se examinarán los argumentos esgrimidos en la demanda y la defensa a efectos de dar respuesta al problema jurídico planteado .

3.3. A claración previa.

30. En este cas o, las normas cuestionadas hacen parte de los Decretos 2484 del 2 de diciembre de 2014 23 y 1083 de 2015 proferidos por el presidente de la República, con la firma de la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que se encuentra legitimada por pasiva para comparecer al proceso.

31. En efecto, e l artículo 115 constitucional que establece en su inciso 3.º, que «Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento adminis trativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.»

32. Por su parte, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, en su inciso 2.º señala, que « La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro,

Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la

21 «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005». 22 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la

21 «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005». 22 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». 23 «Por el cual se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005».Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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10 Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho».

33. De acuerdo con lo expuesto, en tratándose de actos administrativos que han sido suscritos por el presidente de la República conjuntamente con directores de Departamento Administrativo o el ministro del respectivo ramo, es este último el llamado a representar judicialmente a la Nación.

3.4. A nálisis de la Sala

3. 4.1. Las normas acusadas.

34 . La accionante pretende la nulidad, en su integridad, del artículo 3.° del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014, suscrito por el presidente de la República, con la firma de la directora de l Departamento Administrativo de la Función Pública, «Por el cua l se

3.° del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014, suscrito por el presidente de la República, con la firma de la directora de l Departamento Administrativo de la Función Pública, «Por el cua l se reglamenta el Decreto -ley 785 de 2005», norma que dispone:

«Artículo 3°. Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006. »

35. Por su parte, el artículo 2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

de Función Pública», establece:

«ARTÍCULO 2.2.3.3 Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano . De ac uerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de programas específicos de educación par a el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006».Nulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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3. 4.2. Marco normativo

3.4.2.1. Generalidades de la carrera administrativa

36. El sistema de la carrera administrativa encuentra sus bases fundamentales en tres artículos de la Constitución Política de 1991 como son : (i) el artículo 123 superior que define lo que debe entenderse por servidores públicos, y en ese sentido señala que se trata de todas aquellas personas que prestan sus servicios al Estado en calidad d e miembros de las corporaciones públicas, al igual que los empleados y trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; (ii) el artículo 150, numeral 23 que autoriza al Congreso de la República para expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y, por último, (iii) el artículo 125 constitucional que

implanta el régimen de carrera administrativa para todos los empleos en los órganos y entidades del Estado colombiano y que particularmente est ablece:

«[…] los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera», con excepción de «los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley».

37 . Esta última disposición consagra la carrera administrativa como «principio constitucional «[…] de aplicación inmediata, que contiene una base axiológico -jurídica de interpretación, cuyo

que determine la ley».

37 . Esta última disposición consagra la carrera administrativa como «principio constitucional «[…] de aplicación inmediata, que contiene una base axiológico -jurídica de interpretación, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional y, por lo mis mo , una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de la Constitución , cuando se la desconoce en conjunto con otras garantías constitucionales, y en el caso presente, la carrera administrativa no constituye un referente aislado, pues sus relaciones con distintos contenidos constitucionales se despliegan en tres órdenes, relativos al cumplimiento de los fines del Estado, a la vigencia de algunos derechos fundamentales y al respeto del principio de igualdad, todo lo cual demuestra qu e en el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, la carrera administrativa constituye un eje definitorio de la identidad de la Constitución yNulidad sim ple Radicación : 11001 03 25 000 2018 00515 00 (1886 -2018)

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12 que su ausencia trastoca relevantes contenidos de la Carta adoptada en 1991» 24.

38 . La Sección Segunda de es ta Corporación 25 ha definido la carrera administrativa como un mecanismo o instrumento objetivo, eficaz, racional, eficiente y en modernización constante, para el acceso a los cargos públicos, en virtud del cual, las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro, responden al principio del «mérito», es decir, a la comprobación de las cualidades, talentos y capacidades de quienes pretendan ser servidores públicos, conforme a criterios objetivos previamente reglados, y no a razones puramente subjetivas, discrecionale s, irracionales o arbitrarias para descalificar al funcionario, tales como, la filiación política, su lugar de origen, el género, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión filosófica o su estilo de vida. Ello, con miras a garantizar la excelencia y el funcionamiento óptimo en la administración pública, para el logro de los fines esenciales y objetivos del Estado Constitucional de Derecho, como el servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad de los principios, valores, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

39. Po r otra parte, el artículo 209 de la Constitución establece que la función administrativa «está al servicio de los intereses

los principios, valores, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

39. Po r otra parte, el artículo 209 de la Constitución establece que la función administrativa «está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en l os principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad».

40. De acuerdo con esta preceptiva, la efectiva y eficiente prestación del servicio, orientada a la satisfacción de los intereses públicos, supone que la pr ovisión de cargos se realice con fundamento en el principio