CE - 20240011901BARRERAMU 20240522145504

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Radicación número: 76001-23-33-000-2024-00119-01 Solicitante: DOUGLAS ENRIQUE LORDUY MONTAÑEZ Autoridad: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE BUGA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario. La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido el 1° de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó el amparo. ANTECEDENTES 1. Solicitud de tutela El 1° de noviembre de 2023, Douglas Enrique Lorduy Montañez, a través de apoderada judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que alegó vulnerado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga al no correrle traslado en debida forma de las excepciones propuestas por la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá-UCEVA en la demanda de controversias contractuales1 que interpuso contra la referida autoridad. En virtud del amparo, se solicita ordenar a la autoridad judicial accionada «realizar la fijación del traslado de las excepciones propuestas» en el micrositio web del despacho, «sin perjuicio de las anotaciones del SIGJ Samai». 1 Identificada con rad. n°. 76-111-33-33-004-2023-00020-00.2 Expediente nº.

del traslado de las excepciones propuestas» en el micrositio web del despacho, «sin perjuicio de las anotaciones del SIGJ Samai». 1 Identificada con rad. n°. 76-111-33-33-004-2023-00020-00.2 Expediente nº. 76001-23-33-000-2024-00119-01 Solicitante: Douglas Enrique Lorduy Montañez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

2. Hechos relevantes El solicitante formuló demanda de controversias contractuales contra la UCEVA para que se declare la existencia e incumplimiento del contrato n.° 099 del 21 de mayo de 2015, pactado para la defensa jurídica de la UCEVA frente al cobro colectivo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y de la adenda n.° 01 del 19 de julio de 2016 que fijó una comisión de éxito correspondiente al 10% de la suma que se le reconociera a favor de la UCEVA a título de condena. Se reclama el pago de $229.819.278,05 como indemnización. El asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, que en auto del 3 de agosto de 2023 admitió la demanda y ordenó su notificación. La UCEVA contestó y formuló excepciones de mérito. En el informe secretarial al despacho, se afirmó que se había surtido el traslado de esas excepciones al demandante en el aplicativo Samai el 24 de enero de 2024 y que el término de tres días para descorrer el traslado trascurrió hasta el 29 de enero siguiente sin pronunciamiento alguno. El 2 de febrero de 2024, el solicitante pidió que se rectifique la anotación en Samai y se efectúe el traslado en debida forma, pues aquel no se incorporó a las pestañas de traslados especiales o de estados electrónicos del micrositio web del Juzgado Cuarto Administrativo de Buga. La secretaría del Juzgado desestimó esa solicitud, en atención a que el estado electrónico se cargó en el aplicativo Samai de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3. Fundamentos de la solicitud El solicitante afirma que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues no garantizó el traslado en debida forma de las excepciones formuladas por la UCEVA. Sostiene que la UCEVA incumplió el deber legal

Administrativo. 3. Fundamentos de la solicitud El solicitante afirma que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues no garantizó el traslado en debida forma de las excepciones formuladas por la UCEVA. Sostiene que la UCEVA incumplió el deber legal de remitir copia de su contestación a la contraparte, conforme al artículo 78.14 CGP. Además, el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga incumplió el trámite previsto en los artículos 175.2 y 201A CPACA al no emplear el portal web de la Rama Judicial previsto en el artículo 29 del Acuerdo PCSJA20-11567. Agregó que, si bien el Acuerdo PCSJA23-12068 establece el uso obligatorio de Samai como sistema3 Expediente nº. 76001-23-33-000-2024-00119-01 Solicitante: Douglas Enrique Lorduy Montañez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

integrado de gestión judicial, «nunca lo establece como el mecanismo sustituto del micro sitio web para la fijación de estados y traslados con efectos procesales». 4. Trámite procesal El 19 de febrero de 2024 se admitió la tutela y se ordenó su notificación a la autoridad judicial accionada, así como a la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá-UCEVA, en calidad de tercero con interés. En el escrito de contestación, el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, al oponerse al amparo, indicó que el traslado se agotó de manera virtual por la secretaría del Despacho el 24 de enero de 2024, mediante el aplicativo Samai y en cumplimiento del artículo 201A CPACA. Sostuvo que como en Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 se estableció al aplicativo Samai como obligatorio para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, estimó que el traslado atendió los parámetros legales y reglamentarios vigentes. Por demás, refirió que el solicitante había sido informado que la consulta de la providencia debía llevarse a cabo en el aplicativo Samai, inclusive, desde la notificación del auto admisorio. Por ello, afirmó que la solicitud de tutela pretende exculpar la negligencia o descuido del solicitante y, en esa medida, pidió que se niegue la solicitud. La UCEVA pidió su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la remisión de su escrito de contestación a la parte demandante en el proceso ordinario era una facultad potestativa. Mediante sentencia del 1°

de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó el amparo. Afirmó que, conforme al Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023, el aplicativo Samai es la sede electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia. Advirtió que la UCEVA incumplió el deber de parte previsto en el artículo 78.14 CGP y el artículo 186 CPACA, de modo que exhortó a aquel interviniente para que en lo sucesivo cumpla esas previsiones. Sin embargo, advirtió que la secretaría del juzgado corrió traslado de las excepciones el 24 de enero de 2024, en actuación visible en el índice 09 del expediente ordinario en4 Expediente nº. 76001-23-33-000-2024-00119-01 Solicitante: Douglas Enrique Lorduy Montañez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Samai. Agregó que la fijación de traslados no implica el envío de un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, de modo que la actuación secretarial satisface lo previsto en los artículos 201 y 201A CPACA. El solicitante impugnó. Esgrimió que la sentencia impugnada no se pronunció sobre el argumento esgrimido en la solicitud, es decir, que la secretaría del juzgado no fijó el traslado en el micrositio de la Rama Judicial habilitado para tal fin. El 26 de febrero de 2024 se concedió la impugnación. CONSIDERACIONES 5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 1° de marzo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó el amparo. 6. Análisis de la Sala El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación. Subsidiariedad El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa5 Expediente nº. 76001-23-33-000-2024-00119-01 Solicitante: Douglas Enrique Lorduy Montañez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados2. La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable3. Caso concreto El solicitante pide el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado porque la secretaría del Juzgado Cuarto Administrativo de Buga incurrió en una irregularidad al omitir la fijación de un traslado en el micrositio de la Rama Judicial habilitado para aquel despacho. Como el proceso de controversias contractuales se encuentra en curso, no es posible que el juez de tutela interfiera en la actuación, pues esta se encuentra vigente y bajo la dirección del juez natural del asunto. En efecto, la autoridad judicial tiene a su cargo la dirección del proceso y las medidas autorizadas por la ley procesal para sanear o precaver los vicios de procedimiento, conforme a los numerales 1 y 6 del artículo 42 CGP, y está facultado para ejercer control de legalidad agotada cada etapa del proceso, conforme al artículo 207 CPACA. El pronunciamiento del juez de tutela configuraría un desplazamiento del juez competente y emitiría un prejuzgamiento sobre asuntos que le corresponden, según la legislación procesal, de modo que la solicitud de tutela es improcedente En virtud de lo anterior, si bien la sentencia impugnada estimó satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y negó la solicitud de amparo, la Sala considera que la solicitud de tutela es improcedente, pues no satisface el requisito de subsidiariedad. Aunque ambas decisiones desestiman las pretensiones de la solicitud, son incompatibles en fundamento, ya que la falta de

2 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger. 3 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.6 Expediente nº. 76001-23-33-000-2024-00119-01 Solicitante: Douglas Enrique Lorduy Montañez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

alguno de los requisitos generales de procedibilidad conlleva a la improcedencia del amparo e impide al operador judicial estudiar el asunto de fondo. Así las cosas, la Sala habrá de modificar la sentencia del 1° de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó el amparo. En su lugar, declarará improcedente la solicitud de tutela. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: MODIFICAR la sentencia del 1° de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Douglas Enrique Lorduy Montañez contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE WILLIAM BARRERA MUÑOZ