CE - 20240035700RAMIROBEJ20240226163141

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2024-00357-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: RAMIRO BEJARANO GUZMÁN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA

DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN

RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO DISCIPLINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1 En adelante la COMISIÓN SECCIONAL. 2 En adelante la COMISIÓN NACIONAL.2

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I.- ANTECEDENTES

Actor: RAMIRO BEJARANO GUZMÁN

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor RAMIRO BEJARANO GUZMÁN , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL al haber proferido las providencias de 21 de enero de 2022 y 9 de noviembre de 2023 , respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000-2020-00149-01.

I.2.- Hechos

Indicó que en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá cursó un proceso civil promovido por ProUnida Ltda. y Coloca Ltda. contra la Federación Nacional de Cafeteros, BBVA Colombia S.A. y otros, al cual le fue asignado el número único de radicación 1983 -00507-00, siendo condenada la entidad bancaria al pago de una suma de dinero,3

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carecían de responsabilidad penal, sino que, de hecho, nunca sucedieron, pues fue precisamente en la orden de archivo de 19 de junio de 2020 que la Fiscalía General de la Nación determinó que las acusaciones carecían de fundamento fáctico y jurídico.

Refirió que el mencionado recurso extraordinario de casación interpuesto dentro del proceso civil, fue resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en providencia de 17 de noviembre de 2020 en favor del BBVA Colombia S.A.

Relató que , como resultado de lo expuesto, junto con el señor ULISES CANOSA SUÁREZ , presentaron queja disciplinaria en contra del abogado ABELARDO DE LA ESPRIELLA , por haber realizado acciones deliberadas tendientes a entorpecer el trámite del recurso extraordinario de casación y presionar a la contraparte para llegar a un acuerdo “consensuado” mediante amenazas penales.

Sostuvo que al proceso disciplinario le fue asignado el número único de radicación 2020 -00149-003 y fue conocido en primera instancia por la COMISIÓN SECCIONAL que, en providencia de 21 de enero

3 Proceso al cual fue vinculado el abogado CARLOS JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS en calidad de investigado, como miembro de la firma de abogados De La Aspriella Lawyers.5

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investigado, como miembro de la firma de abogados De La Aspriella Lawyers.5

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de 2022, ordenó la terminación anticipada del proceso en favor del abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, al considerar que no había intención de intimidación o amenaza en las acciones denunciadas.

Resaltó que en la acción disciplinaria se presentaron múltiples irregularidades, entre las cuales se encuentran haberse impedido al dependiente judicial el acceso a la audiencia pública de 21 de enero de 2022, ya que aparentemente se utilizó un enlace distinto al proporcionado por el despacho sustanciador, así como el hecho de que la grabación de la audiencia se entregó solo hasta el 25 de enero de 2022, dejando menos de 24 horas para analizarla y preparar el escrito de apelación.

Manifestó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la COMISIÓN NACIONAL que, en providencia de 9 de noviembre de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que el asunto reviste verdadera relevancia constitucional,6

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Argumentó que el asunto reviste verdadera relevancia constitucional,6

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en la medida en que las decisiones objeto de tutela constituyen una clara violación de sus derechos fundamentales, los cuales se originan en la materialización de un defecto fáctico de las autoridades judiciales accionadas al evaluar el material probatorio obrante en el expediente.

Aseguró que tanto la COMISIÓN SECCIONAL como la COMISIÓN NACIONAL, incurrieron en defecto fáctico al haber terminado anticipadamente la investigación disciplinaria tras omitir el valor probatorio que tenía, entre otros, la decisión de archivo de la denuncia penal puesta por el abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, con fines contrarios a la profesión del abogado.

Aseveró que en dicha prueba la Fiscalía General de la Nación calificó el razonamiento del abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, como un “ argumento sofistico que utiliza el denunciarse para esforzarse en demostrar que su cliente fue víctima de una dolosa componenda por parte de la demandada y el Tribunal Superior de Bogotá y eso no es correcto”.

Afirmó que la conducta del abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO fue tan evidente que la Fiscalía cuestionó “ la7

Superior de Bogotá y eso no es correcto”.

Afirmó que la conducta del abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO fue tan evidente que la Fiscalía cuestionó “ la7

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distracción de su función delegada por el legislador en el artículo 250 de la Constitución Política (investigar las conductas que revistan las características de punibles), afirmándose la ocurrencia de hechos que no han existido”. Y le recordó al denunciante que “los hechos puestos en conocimiento son atípicos, (…) porque frente a autos interlocutorios que no tienen la característica de sentencia no se tipifica el delito de Fraude Procesal”.

Alegó que el defecto fáctico se materializó en la falta de apoyo probatorio de las autoridades para terminar anticipadamente la investigación, pues i) se realizó una valoración defectuosa de la decisión de archivo penal, en conjunto con los demás actos intimidatorios del denunciante; ii) se dio por no probado el hecho de que el abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO presionó indebidamente a la contraparte en el proceso civil amenazándolos con denuncias penales sin sustento legal para ello y; iii) al dejar de decretar las pruebas determinantes para esclarecer la verdad de los demás hechos, las cuales no dejaban duda de que bajo ninguna circunstancia procedía la terminación anticipada.

1. al dejar de decretar las pruebas determinantes para esclarecer la verdad de los demás hechos, las cuales no dejaban duda de que bajo ninguna circunstancia procedía la terminación anticipada.

I.4.- Pretensiones8

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Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] solicito respetuosamente que se revoque la decisión de cierre anticipado del trámite disciplinario en contra del señor Abelardo De La Espriella por ser contraria al derecho fundamental al debido proceso, a los deberes ciudadanos de colaboración con la justicia, a los fines de la administración de justicia y a los fines constitucionales que protege el régimen de disciplina de la profesión jurídica. Es imperativo que se reanude la investigación, llevándola a cabo con el rigor y la exhaustividad que el caso merece, hasta llegar a una conclusión justa y equitativa, que en mi opinión debería ser una condena disciplinaria […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL indicó que el proceso disciplinario contra abogados está regido por la Ley 1123 de 2007 y dadas las facultades que la norma otorga a quien formula la queja, no podía el actor esperar que se permitiera el acceso a las audiencias a personas distintas a las mencionadas en el artículo 65 ibidem, de

dadas las facultades que la norma otorga a quien formula la queja, no podía el actor esperar que se permitiera el acceso a las audiencias a personas distintas a las mencionadas en el artículo 65 ibidem, de tal forma que a la misma solo podían conectarse personas a quienes se les compartió, esto es, a los intervinientes, el representante del Ministerio Público, los quejosos, su apoderado principal y el suplente, de tal forma que si alguno de ellos compartía el enlace electrónico a un tercero, este no tendría acceso, de ahí que no le asista razón al accionante.9

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Finalmente, aseveró que no se advierte irregularidad alguna en cuanto a los vinculados dentro del proceso disciplinario y, además, la decisión de primera instancia abarcó la totalidad de los hechos denunciados por los quejosos y los analizó de cara a los numerosos elementos probatorios arrimados al expediente y a la luz de los principios del derecho disciplinario, los cuales llevaron a concluir que las conductas reprochadas no revestían alguna falta disciplinaria.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL destacó que las inconformidades expuestas por el actor fueron las mismas objeto de pronunciamiento en el marco de la actuación disciplinaria, por lo que lo pretendido con esta solicitud de amparo es emplear la acción de tutela como una instancia adicional de revisión de decisiones proferidas por el cuerpo

expuestas por el actor fueron las mismas objeto de pronunciamiento en el marco de la actuación disciplinaria, por lo que lo pretendido con esta solicitud de amparo es emplear la acción de tutela como una instancia adicional de revisión de decisiones proferidas por el cuerpo colegiado de cierre de la jurisdicción disciplinaria.

Adujo que para resolver los argumentos expuestos en el escrito de apelación realizó una valoración de las pruebas aportadas, para lo cual concluyó que no era posible reprochar un comportamiento antiético al profesional del derecho por hacer uso de una acción que le permite el ordenamiento jurídico, pues de hacerlo se obstaculizaría el deber de dar cumplimiento efectivo a la gestión encomendada por su cliente, que consideraba la existencia de posibles conductas10

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punibles, siendo la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar el mérito de la denuncia.

Aunado a lo anterior , afirmó que erró el actor al postular una defectuosa valoración probatoria y ausencia de fundamento de la decisión, pues de las pruebas obrantes en el proceso se encontró demostrada la inexistencia de irregularidades disciplinarias por el abogado investigado.

Sostuvo que aun cuando el actor reprocha que supuestamente no se tuvieron en cuenta pruebas obrantes en el proceso, lo que en realidad propone es un falso juicio de identidad en cuanto al mérito que se

abogado investigado.

Sostuvo que aun cuando el actor reprocha que supuestamente no se tuvieron en cuenta pruebas obrantes en el proceso, lo que en realidad propone es un falso juicio de identidad en cuanto al mérito que se otorgó al material probatorio, lo cual pone en evidencia el desatino de la pretensión de amparo, puesto que erige a la tutela como una instancia adicional de temas propios y debatidos en el proceso disciplinario.

Por último, resaltó que en la decisión cuestionada aparece delimitado el marco fáctico, la actuación procesal y el sustento probatorio que cimentó la decisión de terminación del procedimiento, postura que fue asumida por la mayoría de la Sala sin que los salvamentos de voto se tornen vinculantes, por lo que solicitó denegar el amparo.11

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I.5.3.- El señor CARLOS JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS, vinculado en calidad de tercero con interés en el proceso, sostuvo que el presente asunto no reviste ninguna relevancia de índole constitucional, dado que la situación alegada ya ha sido resuelta en el marco del derecho disciplinario aplicable al caso.

Adujo que el interés constitucional del presente caso en realidad versa sobre la opinión subjetiva de lo que el accionante considera debe ser el resultado del proceso, a pesar de que el mérito de l

disciplinario aplicable al caso.

Adujo que el interés constitucional del presente caso en realidad versa sobre la opinión subjetiva de lo que el accionante considera debe ser el resultado del proceso, a pesar de que el mérito de l proceso disciplinario haya sido desestimado en todas las instancias y por los órganos competentes para ello.

Manifestó que no existe ningún defecto fáctico por falta de valoración probatoria, puesto que las autoridades judiciales accionadas si revisaron todo el acervo probatorio que el actor trae a colación, sin embargo, encontraron que el mismo no prueba una intención dañina, contraria a la legalidad y la ética por parte de los investigados.

Así las cosas, refirió que no es viable conceder el amparo solicitado, pues no es posible tratar este mecanismo constitucional como una tercera instancia o un recurso más, máxime cuando no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.12

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Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción por no cumplir los requisitos generales de procedibilidad o, en su lugar, se deniegue el amparo solicitado.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela en tre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a13

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el mo mento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

observar al efecto los parámetros fijados hasta el mo mento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que14

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no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez

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no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente15

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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo16

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probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efectos las sentencias de 21 de enero de 2022 y 9 de noviembre de 2023, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 2020-00149-01, en el cual se ordenó la terminación anticipada del procedimiento en favor

de los abogados ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO17

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y CARLOS JAVIERN SPANCHEZ CORTÉS.

La controversia tiene origen en la queja formulada por el actor y el señor ULISES CANOSA SUAREZ contra el abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, proceso al cual fue vinculado

La controversia tiene origen en la queja formulada por el actor y el señor ULISES CANOSA SUAREZ contra el abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, proceso al cual fue vinculado el señor CARLOS JAVIERN SPANCHEZ CORTÉS como investigado, por haber realizado presuntamente acciones tendientes a entorpecer el trámite del recurso extraordinario de casación que se estaba surtiendo y por realizar presión a la contraparte dentro de un proceso civil para llegar a un acuerdo “consensuado” mediante amenazas penales.

El actor estima que al proferir las sentencias cuestionadas las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico al haber terminado anticipadamente la investigación disciplinaria tras omitir el valor probatorio que tenía, entre otros, la decisión de archivo de la denuncia penal puesta por el abogado ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, con fines contrarios a la profesión del abogado.

La Sala advierte que el estudio del presente asunto recaerá sobre la sentencia de segunda instancia de 9 de noviembre de 2023 , dado18

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que fue a través de esta providencia que la COMISIÓN NACIONAL confirmó la decisión del a quo y concluyó el proceso disciplinario origen de la controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

que fue a través de esta providencia que la COMISIÓN NACIONAL confirmó la decisión del a quo y concluyó el proceso disciplinario origen de la controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto fáctico aludido, al haber proferido la sentencia de 9 de noviembre de 2023 dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 2020-00149-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción19

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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisió