CE - 65954REPARACION 0 20240812135140063

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

Actor: COLBANK S.A.-BANCA DE INVERSIÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – error judicial en decisión que declar ó la nulidad del trámite por falta de competencia / FALTA DE CERTEZA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO – No se probó que la decisión proferida por la Fiscalía hubiera causado daño a las demandantes.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Las empresas Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda ., suscribieron promesa de compraventa sobre 3 lotes de su propiedad, con los señores Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, personas que estaban actuando como intermediarias de DMG Holding S.A., razón por la cual dichos bienes inmuebles fueron vinculados a un proceso de extinción del derecho de dominio.

Durante el trámite del proceso, se profirió resolución en la que se declaró la improcedencia de dicha acción frente a los 3 lotes, decisión que fue apelada por los compradores y la agente liquidadora de DMG Holding S.A. La Fiscalía Primera

Durante el trámite del proceso, se profirió resolución en la que se declaró la improcedencia de dicha acción frente a los 3 lotes, decisión que fue apelada por los compradores y la agente liquidadora de DMG Holding S.A. La Fiscalía Primera delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, consideró que la acción de extinción del derecho de dominio no era la procedente para lograr la indemnización de las víctimas; declaró la nulidad de todo lo actuado; ordenó levantar las medidas cautelares impuestas y remitir los bienes vinculados a la actuación a laRadicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

Actor: COLBANK BANCA DE INVERSIÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

2 Superintendencia de Sociedades para que hicieran parte de la masa liquidatoria de DMG.

Aduce la parte demandante que la anterior decisión le causó los perjuicios que ahora reclama.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado, el 28 de febrero de 2017, las sociedades Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. incoar on demanda de reparación directa en contra de la Nación -Fiscalía General de la Nación, en la que solicitaron que se la declarara responsable de los perjuicios que les fueron causados con el error judicial cometido en la resolución del 9 de diciembre de 201 4, proferida por la Fiscalía Primera Delegada para la extinción del derecho de dominio ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá1.

cometido en la resolución del 9 de diciembre de 201 4, proferida por la Fiscalía Primera Delegada para la extinción del derecho de dominio ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá1.

Como sustento de la anterior pretensión se relataron los siguientes hechos:

El 3 de junio de 2008, las sociedade s Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. celebraron contrato de promesa de compraventa de los inmuebles distinguidos con las matrículas inmobiliarias 50N -412750, 50N-20324380 y 50N20341326, con los señores Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, negocio jurídico en el que recibieron como pago la suma de $23.000000.000. La firma de la escritura quedó concertada para el 15 de octubre de 2008; sin embargo, para esa fecha ninguna de las partes del contrato se hizo presente en la notaría 39 del círculo de Bogotá, “lo que evidencia un desistimiento tácito de las partes en torno a la celebración del contrato”.

La cláusula décima primera de la promesa de compraventa dispuso que la cesión de la posición contractual del promitente compra dor solo resultaba admisible si la

1 Se solicitó que se condenara a la Fiscalía General de la Nación a indemnizar y pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $1.562000.000 y por lucro cesante $10.309873.992. También pidió que le fueran reconocidos perjuicios morales los cuales serían “tasados a la sana crítica del fallador”, para lo cual debía tenerse en cuenta “el buen nombre

cesante $10.309873.992. También pidió que le fueran reconocidos perjuicios morales los cuales serían “tasados a la sana crítica del fallador”, para lo cual debía tenerse en cuenta “el buen nombre de los afectados y el detrimento emocional de los socios de las empresas demandantes” .Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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3 misma se perfeccionaba en favor de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera; sin embargo, los promitentes compradores cedieron los derechos y obligaciones derivados de la suscripción del contrato de compraventa a la sociedad DMG Holding S.A., que no cumplía con la condición estipulada; además, esa sociedad fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades, el 17 de noviembre de 2008, por captación ilegal de dineros y lavado de activos.

Mediante resolución del 21 de septiembre de 2010, la Fiscalía 26 de Extinción del Derecho de Dominio inició una acción de extinción del derecho de dominio de las propiedades de DMG grupo Holding S.A., trámite en el que fue decretada medida cautelar sobre los tre s inmuebles. Decisión contra la que los ahora demandantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El 12 de diciembre de 2012, la Fiscalía 26 declaró la improcedencia de la acción de extinción del derecho de dominio, en relación con los 3 inmuebles y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas, la devolución real y material

El 12 de diciembre de 2012, la Fiscalía 26 declaró la improcedencia de la acción de extinción del derecho de dominio, en relación con los 3 inmuebles y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas, la devolución real y material de los mismos y “en su lugar, ordenó la devolución del dinero que estas sociedades recibieron por concepto del contrato de promesa de compraventa”.

Contra la anterior decisión fue interpuesto recurso de apelación; el cual fue desatado el 9 de diciembre de 2014, por la Fiscal 1 Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró la nulidad de lo actuado, inclusive de la resolución del 21 de septiembre de 2010, y ordenó poner a disposición de la Superintendencia de Sociedades todos los bienes, incluyendo los lotes enunciados, con el fin de que hicieran parte del inventario de dicha liquidación.

Según la demanda, la anterior decisión se traduce en una “verdadera vía de hecho, pues excede las atribuciones que le ha otorgado la ley, como Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, ya que actúa como si fuera juez de la República o Magistrada de la Sala Penal, toda vez que sin tener competencia ni facultades para ello, en forma arbitraria y caprichosa asume decisiones ” y dispone un procedimiento que no está autorizado, “como es la entrega de bienes inmuebles de terceros para que ingresen al patrimonio de una sociedad en liquidación que no es propietaria de los mismos”.Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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propietaria de los mismos”.Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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4 Agregó que el daño se generó, porque “contra toda lógica jurídica, la demandada abusando de su autoridad y extralimitándose en sus funciones y competencias, le ordenó a la Superintendencia de Sociedades que repa rara a las víctimas de la sociedad DMG, con bienes de un tercero que nunca fue vinculado al proceso de liquidación”.

2. Trámite de primera instancia

La demanda fue inadmitida mediante auto del 23 de marzo de 2017, con el fin de que la parte demandante explicara con exactitud la providencia contentiva del presunto error judicial y realizara una estimación razonada de los perjuicios solicitados (fls. 17-18, c. 1).

A través de escrito radicado el 17 de abril de 2017, la parte actora subsanó la demanda2 (fls. 21-26 c. 1), en dicha oportunidad precisó que “la fijación del litigio se traduce única y exclusivamente en el error judicial” contenido en la providencia proferida por la Fiscalía Primera Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

En providencia del 26 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda (fls. 36-38, c. 1).

La Fiscalía General de la Naci ón, en forma oportuna contestó la demanda, solicitó

En providencia del 26 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda (fls. 36-38, c. 1).

La Fiscalía General de la Naci ón, en forma oportuna contestó la demanda, solicitó que se negaran las pretensiones porque la Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá había actuado en derecho al proferir la resolución del 9 de diciembre de 2014, dado que subsanó la irregul aridad originada en el trámite de extinción del derecho de dominio, pero no decidió sobre la extinción del derecho de propiedad de los predios de las demandantes.

Agregó que los demandantes contaban con la posibilidad de oponerse en el proceso de liquidación que fue adelantado de conformidad con el Decreto Ley 1910 de 2009, con el fin de que fueran excluidos de la masa liquidataria los bienes de su propiedad.

2 Específicamente afirmó que el error judicial alegado se encontraba contenido en la resolución del 9 de diciembre de 2014, porque si no procedía la acción de extinción del derecho de dominio en relación con los bienes de propiedad de las demandantes, se deb ió ordenar la entrega a sus legítimos dueños, porque la demandada no tenía facultades para disponer de bienes de terceros, “so pretexto de reparar a unas víctimas de otra jurisdicción, como lo era la Superintendencia de Sociedades”.Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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5 En dicha oportunidad planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa al no encontrar probada la propiedad de los bienes distinguidos con las matrículas inmobiliarias 50N-412750, 50N-20324380 y 50N-20341326 (fls. 51-64 c. 1).

En la aud iencia inicial celebrada el 4 de diciembre de 2017, el tribunal declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, al encontrar que junto con la demanda habían sido allegados los certificados de libertad de los predios tantas veces enunciados, con los que se probaba la condición de propietarias de las demandantes.

En relación con la fijación del litigio dispuso que se debía “establecer si hubo o no error judicial en las actuaciones adelantadas en el proceso de extinción de dominio y como consecuencia si hubo o no daño antijurídico” ; tuvo como pruebas los documentos allegados al proceso y decretó las pruebas solicitadas por la parte demandante3 (fls. 89-95 c. 1).

El 8 de febrero de 2018, se realizó la audiencia de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión (fls. 124-127 c. 1).

Las partes presentaron alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó silencio (fls. 130-149 c. 1).

3. Sentencia de primera instancia

Las partes presentaron alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó silencio (fls. 130-149 c. 1).

3. Sentencia de primera instancia

El 11 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la decisión adoptada el 9 de diciembre de 2014 se fundamentó en la reglamentación vigente para la época de los hechos, bajo un juicio exhaustivo, jurídico y procesal en aras de garantizar el debido proceso y el objeto de la Litis, que consistía en otorgar la reparación de las víctimas de las conductas delictivas cometidas por el grupo empresarial DMG Holding S.A.

3 Específicamente ord enó librar oficios a la Fiscalía General de la Nación, para que remitiera las actuaciones de la acción de extinción del derecho de dominio, y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, para que remitiera el concepto jurídico del 21 de sep tiembre de 2016.Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

6 Agregó que la Fiscalía consideró que el escenario adecuado para indemnizar a las víctimas de DMG, era el proceso de liquidación judicial a cargo de la Superintendencia de Sociedades, que debía resolver la situación jurídica de los bienes que la demandada había identificado como adquiridos con el diner o de la

víctimas de DMG, era el proceso de liquidación judicial a cargo de la Superintendencia de Sociedades, que debía resolver la situación jurídica de los bienes que la demandada había identificado como adquiridos con el diner o de la captación ilegal, lo cual hizo el 5 de febrero de 2016, decisión que no fue objetada por las demandantes.

Concluyó que la demandada actuó en derecho sin transgredir o extralimitarse en sus funciones y competencias, adoptando una postura conforme a la ley y decretos que regulaban la materia, por tanto, no encontró acreditados los elementos constitutivos de error judicial, porque aplicó en debida forma la norma que correspondía al caso concreto (fls. 151-164 c. 3).

4. Recurso de apelación y su concesión

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, con el fin de que la decisión de primera instancia fuera revocada y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda.

Adujo que la resolución de 9 de diciembre de 2014 era constitutiva de error judicial al haber dispuesto del derecho de dominio de unos bienes que no eran de propiedad de la sociedad intervenida, a pesar de que ya se había decidido sobre la improcedencia de dicha acción frente a los mismos, con lo cual excedió las facultades que le otorgan la constitución y la ley.

Insistió en que la declaración de nulidad de la acción de extinción del derecho de dominio y la orden de poner los bienes a disposición de la liquidación judicial, integrándolos a la masa de bienes que conforman el inventario de la liquidación, sin ningún soporte legal o lógico que permit a sustentar jurídicamente esa decisión,

dominio y la orden de poner los bienes a disposición de la liquidación judicial, integrándolos a la masa de bienes que conforman el inventario de la liquidación, sin ningún soporte legal o lógico que permit a sustentar jurídicamente esa decisión, demuestra el defecto sustantivo como resultado de ese error grave.

Agregó que la decisión impugnada no valoró el concepto jurídico emitido por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá que concluyó que existió un error al registrar en dos de los folios de matrícula inmobiliaria de los bienes de propiedad de las demandantes, unas extinciones del derecho de dominio que no contaban con los soportes jurídicos para ello “y además, que el auto 400 -001732Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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7 del 05/02/2016 con el cual se pretendía cambiar la titularidad del dominio de esos bienes a favor de la sociedad DMG era jurídicamente inadmisible, pues no contaba con los presupuestos legales para ello, y mucho menos era un título traslaticio de dominio, po r lo que esa resolución de 9 de diciembre de 2014 dictada por la demanda (sic), tampoco constituía título traslaticio de dominio”.

Añadió que la decisión impugnada desconocía la sentencia C-145/09 que estudió la constitucionalidad del Decreto 4334 de 2008 , la cual sí fue tenida en cuenta por el Juzgado 8 Penal del Circuito de Bogotá al reconocer a las demandantes como

constitucionalidad del Decreto 4334 de 2008 , la cual sí fue tenida en cuenta por el Juzgado 8 Penal del Circuito de Bogotá al reconocer a las demandantes como víctimas en el proceso penal que se tramita en contra de los señores Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, por los del itos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Ese reconocimiento de víctimas es una prueba sobreviniente que deberá ser tenida en cuenta en segunda instancia”.

Solicitó revocar la decisión de condenar en costas, porque de conformidad con el numeral 8 del artículo 365 del CGP sólo habrá lugar a imponerlas cuando se causen y en la medida de su comprobación, requisito que no fue objeto de motivación y sustento. Refirió que las costas no se originan ni tienen el propósito de s er una indemnización de perjuicios causados por la demandante, ni pueden asumirse como una sanción en su contra (fls. 171-179 c. 3).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación, mediante auto del 31 de enero de 2020 (fl. 181, c. 3).

5. Trámite de segunda instancia

Mediante providencia del 20 de octubre de 2020 se admitió el recurso interpuesto (fl. 194 c. 1). El 20 de septiembre de 2021 se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia (fls. 245-247 c. 3), providencia que fue confirmada el 27 de julio de 2022 (índice 71, Samai).

El 6 de octubre de 2022 se corrió traslado para alegar (índice 76, Samai). Dentro

de 2022 (índice 71, Samai).

El 6 de octubre de 2022 se corrió traslado para alegar (índice 76, Samai). Dentro del término legal las partes presentaron sus correspondientes alegatos de conclusión, en los que reiteraban lo expuesto durante todo el trámite procesal (índices 81,82, Samai).Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales ad ministrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación».

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA -vigente a la fecha de presentación de la demandadispuso que los tribunales administrativos conocerían en primera instancia, entre otros asuntos, « de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 4, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 4, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 11 de diciembre de 2019.

2. Ejercicio oportuno de la acción

La caducidad es la sanción que establece la ley por el ejercicio tardío del derec ho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.

Para eventos como el que aquí se analiza, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 2, literal i, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, según

4 La pretensión mayor corresponde a lo solicitado por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante el cual ascendió a la suma de $10.300’000.000 y para la fecha de presentación de la demanda -28 de febrero de 2017500 SMLMV equivalían a $410428.500.Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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9 el cual, «cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

9 el cual, «cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que prueba la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».

La parte demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios que le fueron ocasionados con la resolución del 9 de diciembre de 2014 proferida por la Fiscalía 1 delegada para la Extinción del Derecho de Dominio ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la cual cobró ejecutoria el 17 de diciembre de 2014 (Fl. 187 vto.

C. 2).

En tal sentido el plazo para demandar se extendió hasta el 18 de diciembre de 2016. La parte demandante presentó solici tud de conciliación extrajudicial el 23 de noviembre de 2016 (cuando faltaban 26 días para que se cumpliera el término de caducidad), la cual fue declarada fallida el 15 de febrero de 2017 (fl. 123 c. 2), como la demanda fue instaurada el 28 de febrero sig uiente, es claro que se presentó de manera oportuna (fl. 1 c. 1).

3. Legitimación en la causa

Al presente asunto acudieron como demandantes las empresas Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. con el fin de que le fueran resarcidos los perjuicios

3. Legitimación en la causa

Al presente asunto acudieron como demandantes las empresas Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. con el fin de que le fueran resarcidos los perjuicios materiales que aseguraron haber sufrido con la expedición de la resolución del 9 de diciembre de 2014, en la cual la Fiscalía Primera delegada ante el Tribunal Superior de Distrito declaró la nulidad de todo lo actuado en un proceso de extinción del derecho de dominio, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que habían sido decretadas en el mismo y puso a disposición de la liquidación judicial de DMG Holding S.A., a cargo de la Superintendencia de Sociedades, los bienes que habían sido vinculados a dicho proceso, para que conformaran el inventario de esa liquidación, entre los cuales se enco ntraban los lotes de su propiedad distinguidos con las matrículas inmobiliarias 50N-4127505, 50N-203243806 y 50N-203413267.

5 Según la anotación 9 Colbank S.A., compró el inmueble el 4 de junio de 2007 con la escritura 1367 de la notaría 39 del círculo de Bogotá (fl. 76 c. 2). 6 Según la anotación 2 Colbank S.A., compró 50% del inmueble el 11 de enero de 2007 con la escritura 051 de la notaría 39 del círculo de Bogotá (fl. 76 c. 2). 7 Según la anotación 9 Colbank S.A., compró el inmueble el 24 de noviembre de 2008 con la escritura

escritura 051 de la notaría 39 del círculo de Bogotá (fl. 76 c. 2). 7 Según la anotación 9 Colbank S.A., compró el inmueble el 24 de noviembre de 2008 con la escritura 3180 de la notaría 39 del círculo de Bogotá (fl. 80 c. 2).Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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10 Para la Sala las demandantes se encuentran legitimadas en la causa, dado que está probado que al proceso de extinción del derec ho de dominio fueron vinculados los predios distinguidos con las matrículas inmobiliarias antes enunciadas y de conformidad con los certificados de libertad de los mismos, para la época de los hechos, las actoras figuraban como propietarias de dichos inmuebless.

La Nación-Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que fue un agente suyo que profirió la resolución del 9 de diciembre de 2014 acusada de error judicial.

4. objeto del recurso de apelación

El recurso de apelac ión formulado por la parte demandante se encaminó a cuestionar la negativa de las pretensiones de la demanda, para lo cual insistió que la decisión del 9 de diciembre de 2014 es constitutiva de error judicial porque dispuso sobre el derecho de dominio de unos bienes que no eran de propiedad de la empresa intervenida sino de unos terceros ajenos a la actividad ilícita, al

la decisión del 9 de diciembre de 2014 es constitutiva de error judicial porque dispuso sobre el derecho de dominio de unos bienes que no eran de propiedad de la empresa intervenida sino de unos terceros ajenos a la actividad ilícita, al remitirlos para que hicieran parte de la masa liquidatoria a pesar de que había resuelto sobre la improcedencia del trámite de extinción del derecho de dominio.

También cuestionó la falta de valoración del concepto jurídico emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y de la sentencia C -145 de 2008, dictada por la Corte Constitucional.

Además, solicitó tener en cuenta una serie de pruebas sobrevinientes. Cabe advertir que tales pruebas no fueron incorporadas al proceso por no cumplir con los requisitos legales, tal como quedó explicado en los antecedentes de esta providencia, razón por cual la Sala no se ocupará de su valoración.

Y finalmente solicitó que no se condenara en costas porque no se causaron.

En dichos términos se procederá a verificar si procede la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada como consecuencia de la expedición de la resolución proferida el 9 de diciembre de 2014, por ser esta constitutiva de error judicial y si había lugar a que el a quo condenara en costas a la ahora impugnante.Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00330-01 (65954)

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Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

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5. El caso concreto

5.1. Lo probado

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

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5. El caso concreto

5.1. Lo probado

De las pruebas recaudadas se encuentran probados los siguientes hechos:

El 20 de agosto de 2008 las sociedades demandantes suscribieron promesa de compraventa con los señores Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, cuyo objeto consis tía en la venta de tres 8 inmuebles por la suma de $23.000000.000 (fls. 84-90 c. 2).

El 20 de agosto de 2008, las partes del contrato suscribieron el otrosí 1, mediante el cual modificaron la cláusula cuarta en lo referente al precio y la forma de pago (fls. 80-90 c. 2).

El 1 de septiembre de 2008 fue suscrito el otrosí 2, con el que modificaron la cláusula cuarta9, referida al pago de la última cuota y a la fecha de suscripción de la escritura -15 de octubre de 2008- (fls. 91-92 c. 2).

En consideración a la información suministrada en la presentación voluntaria de los señores Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes copropietarios de la sociedad Guval, ante la Sección de Investigaciones del CTI el 2 de diciembre de 2008 , quienes pusieron de presente su relación con DMG 10, se

8 “PRIMER INMUEBLE: el 50% del bien ubicado en la calle 194 n.° 45 -81 de esta ciudad, denominado San Antonio, con una extensión de 14.100 m2 identificado en el folio de matrícula 50N8 “PRIMER INMUEBLE: el 50% del bien ubicado en la calle 194 n.° 45 -81 de esta ciudad, denominado San Antonio, con una extensión de 14.100 m2 identificado en el folio de matrícula 50N20324380…SEGUNDO INMUEBLE: bien ubicado en la AK 45 n.° 191 -51 de esta ciud ad, denominado Bihar B, con una extensión de 18.094,10 m 2, identificado en el folio de matrícula inmobiliaria 50-412750…TERCER INMUEBLE: bien ubicado en la AK 45 n.° 191-31 de esta ciudad, denominado Las Mercedes, con una extensión de 27.791,55 m2, identificado en el folio de matrícula inmobiliaria 50-20341326”. 9 “A través del presente OTROSÍ las partes proceden a modificar exclusivamente la cláusula cuarta, numeral e) (sic) de la promesa, y la cláusula referente a la firma de la escritura pública, sin modificar los demás apartes de la misma, el cual queda de la siguiente forma: “4. PRECIO Y FORMA DE PAGO. 4.1. El precio de la compraventa prometida es la suma de ve intitrés mil millones de pesos moneda legal colombiana ($23.000000.000 M/L)./ Forma de pago. e) La suma de cinco mil millones de pesos moneda legal colombiana ($5.000000.000 M/L) que los promitentes compradores pagarán el quince (15) de octubre de 2008 -en cheque de gerencia-”. 10 Específicamente manifestaron: “... que tenían información de negocios que involucran aproximadamente 600 bienes por una cuantía que oscila en los 60 mil millones de pesos, de los

el quince (15) de octubre de 2008 -en cheque de gerencia-”. 10 Específicamente manifestaron: “... que tenían información de negocios que involucran aproximadamente 600 bienes por una cuantía que oscila en los 60 mil millones de pesos, de los cuales recibieron un buen porcentaje, y que actuaron como comisionistas como lo fue para la compra de un lote negociado en 23 mil millone