CE - Auto interlocutorio 05001333303520160031401 de 2025

Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493)

Demandante: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A

LAS VICTIMAS Demandada: MILCIADES BECERRA MARMOLEJO Y OTRO Asunto: Resuelve conflicto negativo de competencia AUTO QUE RESUELVE CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA El despacho resuelve el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y el Juzgado Sesenta y Cinco

Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.

Il. ANTECEDENTES

1. El 20 de abril de 2016, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (en adelante UARIV) a través de apoderado judicial interpuso demanda contra los señores Milciades Becerra Marmolejo y Luz Esneda Hurtado Olaya con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Declarar judicialmente terminado el contrato de arrendamiento suscrito en EL MUNICIPIO de Cáceres Antioquia el 23 de agosto de 2014, entre el Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la

EL MUNICIPIO de Cáceres Antioquia el 23 de agosto de 2014, entre el Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas —UARIV como ARRENDADOR, y el señor MILCIADES BECERRA MARMOLEJO [...] como ARRENDATARIO y LUZ ESNEDA HURTADO OLAYA [...] COMO CODEUDORA SOLIDARIA, teniendo como causal LA FALTA DE PAGO DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, [...] [respecto del] INMUEBLE RURAL denominado HACIENDA MANDINGA, ubicada en la Vereda El Man del municipio de Cáceres Antioquia e identificada con folio de matrícula inmobiliaria No. 015-10484 [...] SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene el desalojo al Fondo para la Reparación a las Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación integral a la Victimas el inmueble referido. Archivo digital 4 del indice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas TERCERO: Que no se escuche a los demandados [...] durante el transcurso del proceso mientras no se consigne por [sic] la suma de ($126. 156.000) [...] por concepto de cánones de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015, Enero y Febrero de 2016 [...], incluyendo también, lo que sea penal, así como los servicios públicos que se adeuden hasta la entrega del inmueble [...].

CUARTO: Que de no efectuar la entrega dentro del término de ejecutoria de la

y Febrero de 2016 [...], incluyendo también, lo que sea penal, así como los servicios públicos que se adeuden hasta la entrega del inmueble [...].

CUARTO: Que de no efectuar la entrega dentro del término de ejecutoria de la sentencia, se comisione al funcionario competente para que practique la diligencia de lanzamiento [...]’.

2. A través de auto del 19 de mayo de 2018?, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín declaró la falta de competencia territorial para conocer en primera instancia del proceso y dispuso remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá. En sustento, advirtió que al tratarse de un proceso relativo a un contrato, específicamente, de un proceso especial de restitución de inmueble arrendado (artículo 384 y siguientes del CGP), la competencia territorial se determina conforme a la regla de prelación de competencia establecida en consideración a la calidad de las partes (artículo 29 del CGP), por lo que al estar involucrada una entidad pública debía conocer en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (artículo 28-10 ibidem).

3. Mediante auto de 26 de septiembre de 2016, el Juzgado Sesenta y Cinco

Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales formuló la UARIV contra los señores Milciades Becerra Marmolejo y Luz Esneda Hurtado Olaya.

4. Surtido el trámite de rigor, el 11 de octubre de 20224, el Juzgado Sesenta y Cinco

Administrativo del Circuito de Bogota D.C. profirió sentencia en la que dispuso: i) declarar no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada; ii) negar

Administrativo del Circuito de Bogota D.C. profirió sentencia en la que dispuso: i) declarar no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada; ii) negar la solicitud de mejoras elevada por el extremo pasivo; iii) declarar terminado el contrato de arrendamiento No. FRV002 de 2014 suscrito entre la UARIV como arrendador y los señores Milciades Becerra Marmolejo como arrendatario y Luz Esneda Hurtado Olaya como codeudora solidaria, respecto del inmueble rural denominado Hacienda Mandinga, ubicado en la vereda El Man del municipio de Cáceres Antioquia, con folio de matrícula inmobiliaria No. 015-10484, por mora en el pago de los cánones de arrendamiento pactados en el contrato y; iv) ordenar al arrendatario entregar a la UARIV el inmueble arrendado, dentro del término de 15 días contados a partir de la 2 Archivo digital 6 del indice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 3 Archivo digital 9 del índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 4 Archivo digital 34 del índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación integral de las Victimas firmeza de esa providencia, precisando que, si en dicho plazo el demandado no hacía la entrega, se comisionaría para la práctica de la diligencia al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal de Cáceres Antioquia. Puntualmente, frente a la competencia, la sentencia señaló que aunque “en virtud de lo previsto en el artículo 28.7 del CGP, aplicable al evento por la remisión normativa

Promiscuo Municipal de Cáceres Antioquia. Puntualmente, frente a la competencia, la sentencia señaló que aunque “en virtud de lo previsto en el artículo 28.7 del CGP, aplicable al evento por la remisión normativa del artículo 306 del CPACA, el Juez competente era de manera privativa aquél en el que estaba ubicado el inmueble, es decir, para el caso, el Juez Administrativo de Medellín, lo cierto es que, por tratarse de falta de competencia territorial, la misma se prorrogó, pues ninguno de los extremos la alegó en tiempo, por lo que éste Despacho en la actualidad se encuentra legalmente habilitado para emitir la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 16 del CGP”.

5. Mediante memorial de 14 de octubre de 20225, la parte actora formuló recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue concedido por el Juzgado Sesenta y

Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. por medio de auto del 30 de . noviembre siguiente? y admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de marzo de 2023.

6. El 31 de mayo de 2024”, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso dejar sin valor y efecto el auto del 29 de marzo de 2023 e inadmitió el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022

por el Juzgado 65 Administrativo de Bogotá D.C. Lo anterior, en razón a que los procesos de restitución de inmuebles -cuya causal de restitución sea únicamente la mora en el pago de los cánones de arrendamientoson de única instancia (artículo 384-9 del CGP).

procesos de restitución de inmuebles -cuya causal de restitución sea únicamente la mora en el pago de los cánones de arrendamientoson de única instancia (artículo 384-9 del CGP).

7. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de súplica. Mediante proveído de 18 de julio de 2024°, el magistrado sustanciador confirmó la decisión adoptada el 31 de mayo de ese año y concedió el recurso de súplica. 5 Archivo digital 37 del indice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 8 Archivo digital 39 del indice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 7 Archivo digital 56 del índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 8 Archivo digital 57 a 59 del índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 8 Archivo digital 60 del indice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas

8. Encontrándose el proceso para resolver el recurso de súplica antes referido, la Sala Dual de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de providencia de 11 de diciembre de 2024"°, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto proferido el 26 de septiembre de 2016 por el

Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. que admitió la demanda y, en consecuencia, remitió el expediente al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, quien considera, es el competente para

Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. que admitió la demanda y, en consecuencia, remitió el expediente al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, quien considera, es el competente para conocer del litigio bajo examen. En sustento sostuvo que conforme lo dispuesto por el artículo 156-5 del CPACA [modificado por la Ley 2080 de 2021]1, la determinación de la competencia en razón al territorio en casos relacionados con un inmueble corresponde al juez del lugar de ubicación del bien. Competencia que por demás es privativa, en los términos del artículo 28-7 del CGP, por lo que no es prorrogable. Por consiguiente, señaló que la competencia en razón a la ubicación del bien, priva a cualquier otro operador judicial de conocer los asuntos relacionados con este. Además, en contrataste con lo manifestado por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, planteó que el artículo 28-10 del CGP no resulta aplicable en este caso, no solo porque la materia está regulada de forma expresa en el CPACA, y por eso se prefiere al ser norma especial, sino también porque la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, en casos como este, el numeral 7° prevalece!?. 10 Archivo digital 62 del indice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 11 "Artículo 156. Competencia por razón del territorio. [Artículo modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021] Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: [...] 5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la expropiación, la extinción del derecho

2080 de 2021] Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: [...] 5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la expropiación, la extinción del derecho de dominio, la adjudicación de baldíos, la clarificación y el deslinde de la propiedad y otros asuntos similares relacionados directamente con un bien inmueble, por el lugar de ubicación del bien”. 12 “Con respecto a la competencia privativa, esta Corporación, entre otros, en auto CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. 2012-00974-00, en el que reiteró lo dicho en proveído CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n° 00772-00, expuso en lo concerniente que: (...) ‘fejf fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos (...)». 5. Ahora bien, el nuevo Estatuto Procesal no tuvo como propósito variar la tradición legislativa en la materia a tener en cuenta, como elemento material para asignar competencia en estos tipos de procesos, el lugar de ubicación de los bienes, y siguió la misma línea del Código de Procedimiento Civil en cuanto que la competencia es privativa, es decir, excluye a cualquier otra, lo cual, históricamente, de una competencia preventiva prevista en la Ley 105 de 1931 (Código Judicial) se pasó a una privativa en la Codificación Procesal Civil, misma que se continúa en el Código General del Proceso. Siendo así,

de una competencia preventiva prevista en la Ley 105 de 1931 (Código Judicial) se pasó a una privativa en la Codificación Procesal Civil, misma que se continúa en el Código General del Proceso. Siendo así, como efectivamente lo es, es esta disposición especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos allí dispuestos, para nuestro caso, imposición de servidumbres. 5.1. Si bien el numeral 10, artículo 28 del CGP, prescribe que «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectivaRadicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas En ese orden, concluyó que al determinar la norma que el juez competente de manera privativa para conocer sobre los procesos en los que se encuentre relacionado un bien, es aquel donde se encuentra localizado este, se avizora en este caso un vicio del procedimiento que debe ser saneado, declarando la respectiva nulidad.

9. Recibido el proceso por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellin, mediante providencia de 13 de febrero de 20251, estimó que el competente para conocer del presente asunto es el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del

Circuito de Bogotá D.C. y propuso conflicto negativo de competencia ante el Consejo entidad», la articulación e interpretación de los numerales 7° y 10° en pro de la realización de la finalistica de la ley procesal de asegurar la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial,

entidad», la articulación e interpretación de los numerales 7° y 10° en pro de la realización de la finalistica de la ley procesal de asegurar la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, y la obligación constitucional de garantizar al demandado el acceso a la administración de justicia, libre de barreras que afecten su núcleo esencial, y por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, no es de recibo la aplicación del artículo 29 del CGP, ya que este regula lo atinente a la prevalencia del factor subjetivo frente a los otros factores, y el canon 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. Siendo así, la posible contradicción entre los numerales 7° y 10° del artículo 28, ibidem, es más aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermenéutica del ordenamiento jurídico. 5.2. En efecto, para el caso de la imposición de servidumbres debe preferirse la aplicación del numeral 7° frente al 10° del artículo 28 del CGP, por las siguientes razones: 5.2.1. No fue propósito del legislador del año 2012 generar un cambio a la tradición legislativa del país en esta precisa materia; de haberlo tenido en cuenta le basta cambiar la expresión competencia privativa del Código de Procedimiento Civil por la de competencia preventiva, tal como estaba regulado en el Código Judicial, lo cual implicaría un inexplicable retroceso, que es contrario a la tendencia actual en el campo procesal de eliminar privilegios a favor de uno de los litigantes (Estado, entidades territoriales, entidades descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública) frente a otro, que se coloca en una posición de desventaja, a fin de permitir garantizar un debido proceso y

entidades territoriales, entidades descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública) frente a otro, que se coloca en una posición de desventaja, a fin de permitir garantizar un debido proceso y darle contenido material al derecho de igualdad en orden de hacerlo más real que formal, con lo cual se cumple lo previsto en el artículo 4° del Título Preliminar del C.G.P., que le impone al juez la obligación de lograr la igualdad de las partes. 5.2.2. Asimismo, se garantiza la vigencia de un orden justo (Preámbulo de la Constitución), igualmente, el derecho de acceso a la administración de justicia al demandado, de defensa y contradicción, ya que, si el actor calificado tiene su domicilio en un lugar distante al de la pasiva, es muy factible que por razones económicas o de otra indole, este no pueda ejercer cabalmente sus derechos sustantivos, situación que no puede ser privilegiada por una interpretación judicial que no consulte los fines del Estado Social de derecho. 5.2.3. De otro lado, debido a que en el trámite referido a la imposición, variación o extinción de servidumbres, es de obligatorio cumplimiento la práctica de una inspección judicial sobre los inmuebles materia de la demanda, la entrega anticipada del bien o sector del mismo afectado con la servidumbre, entre otras actuaciones, es recomendable que las mismas se practiquen por el juzgador cognoscente del lugar de ubicación de los inmuebles, lo que rendiría tributo al principio de inmediación, además, de abaratar costos económicos a las partes. 6. Si bien inicialmente en el proyecto de Código General de Proceso presentado a consideración del Congreso, se previó que la competencia en donde se ejercen derechos reales venía determinada por un fuero concurrente entre el juez del lugar de ubicación de los bienes y

presentado a consideración del Congreso, se previó que la competencia en donde se ejercen derechos reales venía determinada por un fuero concurrente entre el juez del lugar de ubicación de los bienes y el domicilio del demandado, ese aspecto fue modificado en el «INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2011» en la Cámara de Representantes, en el sentido de pasar de competencia preventiva a privativa, para lo cual se dijo: «Teniendo en cuenta que los procesos que versan sobre derechos reales pueden ser tramitados con menor esfuerzo y mayor eficacia en el lugar en donde se encuentran los bienes sobre los cuales recaen aquellos, no se ve razón para que puedan ser tramitados en otro lugar, lo que implica que la competencia debe ser privativa del juez de aquel lugar y no concurrente con el del domicilio del demandado como está planteado en el proyecto [...]’. Providencia de 26 de febrero de 2019. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Expediente: 11001-02-03-000-2019-00033 -00. M.P. Margarita Cabello Blanco. 13 Archivo digital 71 del índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas de Estado. Adujo que por virtud de lo consagrado en los artículos 16 y 139 del CGP y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional -como lo sería el factor territoriales prorrogable, por lo que el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. debía continuar

del subjetivo o funcional -como lo sería el factor territoriales prorrogable, por lo que el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. debía continuar conociendo del proceso, ya que esa situación no fue advertida o discutida oportunamente en las etapas procesales pertinentes.

10. Recibido el expediente en el Consejo de Estado y asignado por reparto a este despacho, por medio de auto del 14 de marzo de 2025, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos, término dentro del cual se pronunció la parte actora, manifestando que se acogía a lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el auto de 11 de diciembre de 2024 que declaró la nulidad de lo actuado!$,

Il. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones que en materia de competencia se encontraban vigentes para la fecha de presentación de la demanda20 de abril de 2016-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA sin las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 202118, así como las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 de! primero de los estatutos mencionados. Por su parte, en lo que concierne al trámite para resolver el conflicto de competencia, al presente asunto le resultan aplicables las normas procesales del CPACA modificado, pues dicho conflicto se suscitó el 13 de febrero de 2025, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021. 14 Índice 4 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 15 Índice 8 del aplicativo SAMAI de! Consejo de Estado.

febrero de 2025, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021. 14 Índice 4 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 15 Índice 8 del aplicativo SAMAI de! Consejo de Estado. 16 Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 -reforma al CPACA-, se establece que “[LJa presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados, tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley” (se destaca). Por lo anterior, para la fecha de radicación de la demanda -3 de marzo de 2023-, la Ley 2080 de 2021 era aplicable en su integridad.Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas

2. Competencia del Magistrado Ponente para la expedición de la providencia Conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 de la Ley 270 de 19961”, en armonía con lo establecido en el segundo inciso del artículo 158 del CPACA'S, modificado por el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021, al Consejo de Estado le corresponde dirimir los conflictos de competencia suscitados entre jueces administrativos de diferentes distritos judiciales, tal como ocurre en este caso.

Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-3 del CPACA'®, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, le corresponde al magistrado ponente proferir el presente auto, por cuanto la providencia interlocutoria que resuelve el conflicto de

artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, le corresponde al magistrado ponente proferir el presente auto, por cuanto la providencia interlocutoria que resuelve el conflicto de competencias no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 125-2 ibidem?9. 17 “Parágrafo. Los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, entre Secciones de distintos Tribunales Administrativos, entre los Tribunales y Jueces de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa pertenecientes a distintos distritos ¡judiciales administrativos y entre Jueces Administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo Tribunal Administrativo serán decididos por el correspondiente Tribunal en pleno”. 18“Artículo 158. Conflictos de competencia. <Artículo modificado por el artículo 33 de la Ley 2080 de

2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento: // Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto”.

judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto”. 19 “Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” (énfasis y aclaración añadida). 20 “Articulo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: // a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; // b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; // c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; //d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; //e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia, // f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; // g) Las

decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia, // f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; // g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; // h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)” (énfasis y aclaración añadida).Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas

3. Problema jurídico Corresponde al despacho definir a cuál de los juzgados en conflicto le concierne conocer de la demanda promovida por la UARIV.

4. Caso concreto 4.1. El artículo 104-2 del CPACA dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”. En consonancia, el artículo 141 ibídem, establece que el medio de control de controversias contractuales resulta procedente cuando se pretendan debatir diferencias suscitadas entre la entidad pública contratante y el contratista, entre otros asuntos, sobre: i) el incumplimiento en el evento de que las partes de la relación negocial incurran en conductas que configuren el desconocimiento de las prestaciones a su cargo o el cumplimiento tardío de las mismas, ii) la condena al pago de perjuicios para la parte responsable del daño

el evento de que las partes de la relación negocial incurran en conductas que configuren el desconocimiento de las prestaciones a su cargo o el cumplimiento tardío de las mismas, ii) la condena al pago de perjuicios para la parte responsable del daño y; iii) otras declaraciones y condenas que necesariamente deben estar relacionas con el contrato celebrado, dada la naturaleza de la acción, dentro de las cuales es posible solicitar la restitución del inmueble arrendado. Por su parte, la Corte Constitucional?? al resolver un conflicto de competencia entre distintas jurisdicciones (jueces civiles y administrativos) respecto al conocimiento de una demanda de restitución de inmueble arrendado con ocasión del incumplimiento de un contrato de arrendamiento en el que era parte una entidad pública, precisó que el conocimiento del litigio recaía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por las siguientes razones: i) Noes posible que, so pretexto de la regulación detallada que establece el artículo 384 del CGP, se desconozca la competencia que en materias contractuales fue fijada en cabeza de los jueces administrativos por disposición expresa del legislador. 21 Corte Constitucional, Sala Plena, auto 312 de 17 de junio de 2021, referencia: expediente CJU-089, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicación: 05001-33-33-035-2016-00314-01 (72493) Demandante: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas ii) Aun cuando el legislador no haya detallado en el CPACA todo el procedimiento que concierne a las pretensiones que versen sobre restitución de inmueble, esa situación no justifica el desconocimiento de la competencia de los jueces administrativos y mucho menos supone la ausencia de una norma procesal

que concierne a las pretensiones que versen sobre restitución de inmueble, esa situación no justifica el desconocimiento de la competencia de los jueces administrativos y mucho menos supone la ausencia de una norma procesal aplicable, pues para ello el legislador habilitó que los jueces administrativos puedan aplicar, de manera subsidiaria, los procedimientos del CGP en los precisos términos del artículo 1% de dicha codificación, esto es, cuando en el curso del proceso encuentren que una situación procesal relacionada con la restitución del inmueble no esté regulada expresamente e