CE - Auto interlocutorio 11001333502420230002401 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001333502420230002401 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Radicado: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
Demandante: María Osbey Vargas Artunduaga
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia Radicación: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
Demandante: María Osbey Vargas Artunduaga
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana
Tema: Admisibilidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Auto interlocutorio
ASUNTO
1. La señora María Osbey Vargas Artunduaga interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección «C».
2. Como fun damento del citado medio de impugnación, la parte demandante manifestó que el fallo recurrido desconoció la sentencia SUJ-019-CE-S2 núm.
Interno: 0901-18 del 12 de diciembre de 2019.
CONSIDERACIONES
manifestó que el fallo recurrido desconoció la sentencia SUJ-019-CE-S2 núm.
Interno: 0901-18 del 12 de diciembre de 2019.
CONSIDERACIONES
- Admisibilidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
3. El control relativo a la admisión del recurso exige estudiar la sustentación de este a efectos de determinar que cumpla las exigencias del artículo 262 del CPACA. Esta norma con templa su contenido mínimo y prevé que el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia debe incluir:
(i) la designación de las partes; (ii) la información de la sentencia recurrida; (iii) la relación concreta, breve y sucinta de los hechos objeto de debate; y (iv) la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada, junto con las razones que le sirven de fundamento.Radicado: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
Demandante: María Osbey Vargas Artunduaga
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4. En lo que se refiere al último de los requisitos anotados, cabe precisar que no todas las decisiones que profiere el Consejo de Estado, como máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, adquieren la naturaleza de sentencia de unificación, porque esa calidad se reservó para las providencias que de ma nera expresa señala el artículo 270 del CPACA.1
5. Tampoco basta con la indicación precisa de la providencia de unificación
unificación, porque esa calidad se reservó para las providencias que de ma nera expresa señala el artículo 270 del CPACA.1
5. Tampoco basta con la indicación precisa de la providencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada pues, como se anotó, el artículo 262 del CPACA exige que, se aduzcan «[…] las razones que le sirven de fundamento», requisito que supone para la par te recurrente realizar un ejercicio de comparación entre la ratio decidendi que utilizaron, de un lado, la sentencia de unificación y, de otro, la sentencia impugnada en sede extraordinaria.
6. De allí se desprende la necesidad de que las temáticas o con ceptos sobre las que versan las decisiones contrastadas sea la misma y, por supuesto, que esta identidad de materia no se predique simplemente respecto de los argumentos de paso u obiter dicta sino de las razones esenciales de la decisión u ratio decidendi .
De no satisfacerse esa exigencia, no será factible la admisión del recurso extraordinario.
7. De tal manera, que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no es una tercera instancia por medio del cual las partes discutan sus inconformidades respecto de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, en única o segunda instancia.
8. Su carácter extraordinario y excepcional implica que el cumplimiento de los presupuestos previstos para que se conceda y se admita deben analizarse con rigor, no por una interpretación vaga y abierta respecto de los requisitos de procedencia, sino porque en realidad, con su ejercicio, se pretende «[…] asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y,
sino porque en realidad, con su ejercicio, se pretende «[…] asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere el caso, reparar los agravios […]»2.
9. Como resultado del análisis de los requi sitos antes señalados , de conformidad con el artículo 265 del CPACA modificado por el artículo 74 de la Ley 2080 de 2021, el despacho instructor adoptará alguna de estas decisiones:
«Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.
1 Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sen tar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1995, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. 2 Artículo 256 del CPACA.Radicado: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
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3 Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.
El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente pese a haberse concedido.
PARÁGRAFO. El recurso se rec hazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al caso».
ANÁLISIS DEL DESPACHO
10. Se procede a determinar si el recurso extraordinario interpuesto reúne los requisitos necesarios para su admisión.
- Oportunidad en la interposición y sustentación
11. La sentencia del 10 de diciembre de 2025 se notificó el 1 1 de diciembre de 20253, el 17 de diciembre de 20254 la parte accionante radicó la sustentación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo que se concluye que el recurrente cumplió con la carga que les asistía dentro de la oportunidad que prevé el artículo 261 del CPACA, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021.
- Designación de las partes
12. Las partes objeto del recurso son las mismas que intervinieron en el proceso de
el artículo 261 del CPACA, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021.
- Designación de las partes
12. Las partes objeto del recurso son las mismas que intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en sede de instancia, esto es, la señora María Osbey Vargas Artunduaga y la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana.
- Providencia impugnada
13. La recurrente manifestó que la sentencia objeto del presente trámite es la proferida el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «C», mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
14. La parte actora pretendía, entre otros aspectos, la reliquidación de su pensión con la inclusión de la prima de servicio, la prima de actividad, el subsidio familiar, la prima de alimentación y el auxilio de transporte previstos en el Decreto 1214 de
1990.
3 Visible en índice 00014 de la plataforma SAMAI (Tribunales). 4 Visible en índice 00015 de la plataforma SAMAI (Tribunales).Radicado: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
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15. El Tribunal estableció que la demandante ingresó como empleada civil de la
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15. El Tribunal estableció que la demandante ingresó como empleada civil de la Fuerza Aérea Colombiana el 1.º de junio de 1988 y, por tanto, era b eneficiaria del régimen prestacional contenido en el título VI del Decreto 1214 de 1990.
16. Asimismo, consideró que, en principio, le asistía el derecho a que su mesada pensional fuera calculada con los haberes señalados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, siempre que los hubiera devengado.
17. Sin embargo, concluyó que la demandante no demostró haber devengado la prima de servicios, la prima de actividad, el subsidio familiar y el auxilio de transporte durante su vinculación con la entidad, raz ón por la cual no era posible ordenar su inclusión en la liquidación pensional.
- Relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio
18. Al desarrollar el contexto fáctico en el que la parte demandante fundamentó el
recurso interpuesto, expuso que:
19. La señora María Osbey Vargas Artunduaga ingresó a la Fuerza Aérea Colombiana el 1.º de junio de 1988, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
20. Señaló que pretende el reconocimiento de las partidas previstas en los artículos 38, 39, 46, 49, 54, 98 y 102 del Decreto 1214 de 1990, al considerar que dicho régimen le resulta aplicable por la fecha de su vinculación
38, 39, 46, 49, 54, 98 y 102 del Decreto 1214 de 1990, al considerar que dicho régimen le resulta aplicable por la fecha de su vinculación
- Indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento
21. Se expresó que la providencia del 10 de diciembre de 2025 desconoció la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-019-CE-S2 núm. Interno: 090118 del 12 de diciembre de 2019.
22. Advierte el despacho que la decisión presuntamente desconocida fue adoptada por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido en vigencia del CPACA, que en la parte resolutiva dispuso lo siguiente:
«Primero: Sentar jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporó a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar. Con este fin, se establece lo siguiente:
Entre la vigencia del Decreto 1301 de 1994 y de la Ley 352 de 1997, aplican las siguientes reglas:Radicado: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
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1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden nacional.
Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997 los empleados públicos que antes prestaban sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, dejaron de pertenecer al sector descentralizado, y para ellos aplican las siguientes reglas:
prestaban sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, dejaron de pertenecer al sector descentralizado, y para ellos aplican las siguientes reglas:
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Ord en Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinc ulado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997). (…)».
23. Ahora bien, el recurrente en su escrito pretende:
«Dar cumplimiento al precedente jurisprudencial y como consecuencia REVOCAR LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA y acceder a las pretensiones de la demanda dando aplicación de la normatividad y los precedentes antes citados y en especial la Sentencia de unificación del
«Dar cumplimiento al precedente jurisprudencial y como consecuencia REVOCAR LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA y acceder a las pretensiones de la demanda dando aplicación de la normatividad y los precedentes antes citados y en especial la Sentencia de unificación del Consejo de Estado No. 25000-23-42—000-2016-04235-01-(0901-18) SUJ-Radicado: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
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6 019-CE-S2 fechada el 12 de diciembre de 2019 que es de obligatorio cumplimiento.»
24. Reiteró que por haber ingresado a la Fuerza Aérea Colombiana antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación le son aplicables los artículos 98 y 102 del Decreto 1214 de 1990. Asimismo, trajo a colación distintas providencias que consideró aplicables a su caso, en t anto reconocieron las partidas computables previstas en dicha normativa5.
25. Bajo ese contexto, el despacho rechazará el recurso incoado, pues si bien cumple con los requisitos establecidos en los numerales 1.º, 2.º y 3.º del artículo 262 del CPACA, toda vez que se señalaron las partes, la sentencia impugnada y la relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio, no sucede lo mismo con el contenido en el numeral 4.º.
262 del CPACA, toda vez que se señalaron las partes, la sentencia impugnada y la relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio, no sucede lo mismo con el contenido en el numeral 4.º.
26. En cuanto a la carga argumentativa que supone el numeral 4° del artículo ibidem, esto es, el efectuar «[l]a indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento», se observa que la recurrente incumplió con esta, pues pese a que indicó que el fallo del Tribunal contrarió la sentencia SUJ -019-CE-S2 del 12 de diciembre de 2019, no adelantó el estudio comparativo que permitiera establecer el desconocimiento de las reglas allí fijadas.
27. Su argumentación se limitó a señalar que, por su fecha de vinculación, es beneficiaria del régimen prestacional previsto en el Decreto 1214 de 1990, conforme con el precedente invocado. Aspecto que fue reconocido por el Tribunal en la providencia impugnada, al concluir que la demandante es beneficiaria del régimen prestacional contenido en el título VI del citado decreto y que, en principio, le asiste el derecho a que su mesada pensional sea calculada con las partidas señaladas en el artículo 102, siempre que las hubiera devengado.
28. Sin embargo, la negativa de las pretensiones obedeció a que la parte actora no demostró haber devengado la prima de servicios, la prima de actividad, el subsidio familiar y el auxilio de transporte durante su vinculación con la entidad, circunstancia que impedía ordenar su inclusión en la liquidación pensional.
29. De modo que los argumentos del recurso no controvierten el fundamento de la
familiar y el auxilio de transporte durante su vinculación con la entidad, circunstancia que impedía ordenar su inclusión en la liquidación pensional.
29. De modo que los argumentos del recurso no controvierten el fundamento de la sentencia recurrida ni evidencian el desconocimiento de la providencia de unificación, sino que reiteran la aplicación del Decreto 1214 de 1990, aspecto que fue reconocido por el ad quem.
5 Identificadas así: Consejo de Estado, radicados núm: 25000 -23-25-000-2005-07643-01 (04662010), 25000-23-42-000-2013-00667-01 (4661-2015), 11001-03-15-000-2017-02995-01, 25000-2342-000-2012-00905-01-(2853-13) y 1100103-15-000-2017-00473-00, entre otras.Radicado: 11001-33-35-024-2023-00024-01 (1266-2026)
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30. Así las cosas, la inconformidad de la actora, referida al desconocimiento de las pautas previstas en la sentencia SUJ -019-CE-S2 del 12 de diciembre de 2019, carece de sustento, puesto que, revisado el contenido del fallo atacado, la decisión obedeció a la aplicación de dicha jurisprudencia atendiendo a los supuestos fácticos probados.
31. En este punto se reitera que el recurso extraordinario de unificación de
obedeció a la aplicación de dicha jurisprudencia atendiendo a los supuestos fácticos probados.
31. En este punto se reitera que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no tiene la finalidad de discutir inconformidades respecto de las decisiones adoptadas por el fallador de única o segunda instancia, ya que no constituye una tercera instancia.
32. Así las cosas, en virtud d el artículo 265 del CPACA, el despacho rechazará el recurso.
33. Sin embargo, no se condenará en costas a la recurrente, con base en el numeral 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso 6, toda vez que no están causadas ni comprobadas, ya que la entidad no ha realizado actuación alguna en el trámite del presente medio de impugnación.
Por lo expuesto, se
RESUELVE
Primero: Rechazar de plano el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la señora María Osbey Vargas Artunduaga contra la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «C».
Segundo: Sin condena en costas en este trámite.
Cuarto: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero de estado en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero de estado en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
6 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».