CE - Boletin 106

Publicación Quincenal

BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO

1. República de Colombia No 106 - Julio 23 de 2012

Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA www.consejodeestado.gov.co l de 2006

Contenido: EEDDIITTOORRl dIIAeA 2LL0 0 6 l de 2006

En esta oportunidad queremos resaltar la importante participación del Editorial 1 Consejo de Estado en el debate que se llevó a cabo en el Congreso de la Jurisprudencia del República sobre la situación actual de la justicia en Colombia, en el Consejo de Estado al marco del evento “La Justicia para la Justicia”. Día  Acciones 1 – 8 El Presidente del Consejo de Estado estuvo presente en el evento, con Constitucionales el fin de analizar los principales obstáculos que afronta la Justicia en  Sección Primera 8 – 11 Colombia y plantear diferentes alternativas que permitan dar solución a  Sección Segunda 11 - 16  Sección Tercera 16 – 28 estos problemas.  Sección Cuarta 28 – 33  Sección Quinta 34 - 35 Gustavo Eduardo Gómez Aranguren  Sala de Consulta 35 - 36 Presidente  Noticias Destacadas 37 Noticias destacadas JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA SSAALL AA PPLLEENNAA DDEELL En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo

CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO

de Estado en las últimas semanas:

SSEELLEECCCCIIOONNÓÓ TTEERRNNAA

DDEE CCAANNDDIIDDAATTOOSS

PPAA RRAA LLAA CCOORRTTEE SSAALLAA PPLLEENNAA

CCOONN SSTTIITTUUCCIIOONNAALL

1. El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del Representante a la Cámara Issa Eljadue Gutiérrez, elegido para el periodo 2010-2014, por la violación del régimen de conflicto de intereses y tráfico de influencias, previstas en los artículos 179 numeral 5 y 183 numeral 1º de la Constitución Política Síntesis del caso: El 14 de marzo de 2010, el señor Issa Eljadue Gutiérrez fue elegido Representante a la Cámara por la Circunscripción Electoral de Magdalena para el período 2010 – 2014.

PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 106 – 23 de julio de 2012 www.consejodeestado.gov.co El señor Issa Eljaude es hermano del señor Antonio Eljadue Gutiérrez, quien se desempeñó como Alcalde del Municipio de Pijiño del Carmen, desde el 1° de enero de 2008. Éste último, en ejercicio de su calidad de autoridad municipal ejerció como autoridad civil en el Departamento de Magdalena, siendo integrante de la Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, Corpamag, y miembro del Consejo Directivo, cargo que ejerció desde el 26 de febrero de 2009 hasta el 21 de febrero de 2010. a. La inhabilidad contemplada en el artículo 179 numeral 5º de la Constitución Política no tiene

término aplicable Extracto: “[L]a inhabilidad prevista en el artículo 179-5 que configura la pérdida de investidura, estipulada en el artículo 183-1 de la Carta Política, no tiene término y sólo es predicable el día de la votación. Es decir, no hay norma que defina con exactitud desde cuando opera la prohibición del Congresista relacionada con el vínculo que puede tener con un familiar, razón por la cual se entiende que la misma se configura, si se acredita que el pariente del Congresista demandado, ejerció autoridad civil o política el día de las elecciones. (…) esta causal opera antes de la elección del Congresista, pues el propósito del constituyente es que no sea elegido quien se encuentra incurso en alguna de ellas. (…) al configurarse todos los supuestos de la prohibición prevista en el artículo 179 numeral 5 de la Constitución Política, que fueron analizados uno por uno en esta providencia y, al incurrir el demandado en la causal de pérdida de investidura contemplada en el art. 183 numeral 1° ibídem, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda.” b. La causal contemplada en el artículo 183 numeral 1º de la Constitución Política garantiza el principio de libertad e igualdad electoral Extracto: “[E]l principio de la confianza legítima no es aplicable al asunto sub lite, pues la finalidad constitucional de la causal contemplada en el artículo 183-1 Superior, no es otra que hacer efectivo el principio de libertad e igualdad electoral, siendo evidente que según lo afirmado por la Sala Plena de esta Corporación un candidato, pariente de quien ejerce autoridad civil o política, en la misma

circunscripción electoral donde se inscribe, goza de una ventaja mayor respecto de los demás competidores. Sentencia de 17 de julio de 2012. Exp. (acumulados) 11001-03-15-000-2011-00438-00(PI) y 11001-03-15-000-2011-00357-00(PI). MP. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ. Acción de Pérdida de Investidura

2. Se negó la solicitud de pérdida de investidura del Senador de la República Fuad Emilio Rapag Matar porque el demandante no demostró que se haya incumplido la condición exigida en el artículo 172 de la Constitución Política para ejercer dicho cargo, esto es ser colombiano por nacimiento El ciudadano Miguel Ángel Quintero Meza solicitó que se decretara la pérdida de la investidura de congresista del senador, señor FUAD EMILIO RAPAG MATAR, por considerar que está inhabilitado para desempeñar dicho cargo por cuanto no es colombiano por nacimiento, como lo dispone el artículo 172 de la Constitución Política.

Extracto: Habiendo nacido el demandado en el extranjero como el mismo lo afirma en la contestación de la demanda, y se indica en su cédula de ciudadanía, en el presenta caso, la calidad de nacional colombiano por nacimiento requiere la demostración del cumplimiento de dos condiciones: a) ser hijo de padre o madre colombiano y b) que luego se domicilie en Colombia o que se registre en una oficina consular de la República. En cuanto a los requisitos para ser colombiano por nacimiento, en el presente caso encuentra la Sala que el demandante se limitó a afirmar que el demandado era nacional palestino en tanto había nacido allí, lugar donde, según el actor “se registró

y seguro le dio pasaporte para desplazarse por el mundo e ingresar a Colombia”. Señala también el BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 106 – 25 de julio de 2012 PÁGINA 3 www.consejodeestado.gov.co demandante que “nunca se ha acreditado la permanencia o domicilio en el país del Senador Rapag Matar”. Adicionalmente, no menciona el atacante lo relativo a la nacionalidad del padre o madre del demandado, requisito para que, unido al domicilio, permita a una persona ser considerado como nacional colombiano por nacimiento. Ahora, si cuando el demandante niega la calidad de colombiano por nacimiento del Senador Rapag Matar lo que en verdad está haciendo es afirmar que esa persona tiene otra nacionalidad, no es hija de padre o madre colombiano y tiene fijada su residencia en un lugar diferente a Colombia, pues por el requerimiento de la determinación de los cargos no le son admisibles afirmaciones etéreas, de manera que es claro que frente a dicha aseveración le incumbe la carga de la prueba (Artículo 177 Código de Procedimiento Civil), que se satisface demostrando el hecho subsumido en la negación definida, esto es que el ciudadano tiene una nacionalidad correspondiente a un Estado que existe y puede otorgarla diferente a Colombia, que sus padres no son colombianos y que tiene su domicilio en un país diferente a Colombia. No podría por tanto limitarse a hacer afirmaciones vagas, pues lo que correspondería sería demostrar, los hechos anteriormente señalados. En el caso que ocupa la atención de la Sala, la afirmación del actor sobre la nacionalidad palestina del demandado, no solo no fue probada sino que no resulta posible dado que Palestina no es, a la fecha, un Estado. Tampoco demostró el actor que los padres del Senador

Rapag Matar no fueran colombianos o que el demandado estuviera domiciliado en país diferente a Colombia. Adicionalmente, como lo sugiere el Ministerio Público, la circunstancia del domicilio del demandado, sí se deriva de la dirección que aparece en la tarjeta alfabética: Fundación Magdalena, lugar éste donde también fue expedida su cédula de ciudadanía. Igualmente constituyen indicios sobre el domicilio en Colombia del Senador FUAD EMILIO RAPAG MATAR los registros de nacimiento de tres hijos del demandado que obran en el proceso: Shadia Rapag Martínez nacida en Fundación en 1975; Fuad Josef Rapag Martínez nacido en Fundación en 1976 y Dahud Rapag Martínez nacido en Barranquilla el 10 de octubre de 1980. Adicionalmente, su desempeño como Alcalde de Fundación, Diputado a la Asamblea del Magdalena y Congresista, da cuenta igualmente de que el demandado se encuentra radicado en el país de tiempo atrás. Así las cosas, advierte la Sala que el demandante no demostró que el Senador FUAD EMILIO RAPAG MATAR no cumple los requisitos para ser nacional colombiano por nacimiento, en cuanto no probó que no fuese hijo de colombiano y además, como se encuentra demostrado, ha tenido su domicilio en el país. Sentencia del 12 de junio de 2012. Exp. 11001-03-15-000-2011-00829-00 (PI), MP. MARCO ANTONIO VELILLA. Pérdida de Investidura.

AACCCCIIOONNEESS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS

TTUUTTEELLAASS

1. Se vulnera el debido proceso por configurarse un defecto procedimental, al declarar la nulidad de la actuación sin causal que fundamente esa decisión.

Al decidir la acción de tutela interpuesta contra el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la violación del derecho al debido proceso, la Sala concedió el amparo ante la configuración de un defecto procedimental, al estimar que tales despachos erraron al dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo a partir de febrero de 2002 y al negar el mandamiento de pago, pues ignoraron que las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Superior Laboral de Bogotá se encontraban ejecutoriadas y fueron adoptadas en ejercicio de las competencias otorgadas por el legislador, que si bien fueron modificadas, esta modificación se produjo con la Ley 446 de 1998 y sólo se hizo aplicable con la expedición de la Ley 954 de 2005, mientras entraban en funcionamiento los juzgados administrativos, es decir, luego de proferida la sentencia que decidió las excepciones y PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 106 – 23 de julio de 2012 www.consejodeestado.gov.co ordenó continuar con la ejecución. En efecto, las autoridades accionadas desconocieron que ya se había librado mandamiento de pago a favor del actor, y que las excepciones propuestas por la parte demandada fueron estudiadas tanto por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá como por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, lo que implica que al momento en que el Juzgado

Veintidós Administrativo de Bogotá avocó el conocimiento del asunto, debía continuar con la etapa procesal correspondiente, esto es, la liquidación del crédito. Agrega la Sala que en las decisiones adoptadas tampoco se indica la causal de nulidad que fundamenta la decisión, pues sus argumentos se enfocan en estudiar los documentos allegados por la entidad ejecutada que demuestran el cumplimiento de la sentencia de 13 de agosto de 1998, análisis propio que se debe efectuar al momento de proferirse sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, si es el caso, o decida terminar el proceso ejecutivo por pago total de la obligación. Sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 11001-03-15-000-2012-00538-00(AC), MP. GERARDO

ARENAS MONSALVE

2. La Comisión de Regulación de Comunicaciones puede actuar en representación de la Nación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento contra actos emitidos por ella, aunque carezca de personería jurídica.

Mediante acción de tutela la CRC busca ser vinculada como parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento N° 2010-00344-01, que promovió la ETB ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de dejar sin efectos las Resoluciones N° 2228 de 2009 y 2346 de 2010, que emitió para resolver un conflicto de interconexión entre la ETB y COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. ESP. Al respecto, la Sala determinó que el citado Tribunal vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la Nación, al no vincular a la Comisión al proceso contencioso en el que se controvierte la legalidad de dos actos

administrativos que profirió, pues para el efecto es irrelevante que carece de personería jurídica, conforme a lo señalado en el 149, inciso 2º del C.C.A., conforme al cual dentro de las personas que pueden representar a la Nación en un proceso judicial se encuentra el funcionario de mayor jerarquía de la entidad que expidió el acto o produjo el hecho, lo que quiere decir que aparte de los servidores públicos que se indican en el mismo artículo, pueden existir otros que válidamente pueden acudir a un proceso judicial en representación de la Nación, particularmente cuando pertenecen a la entidad que produjo los actos o hechos que dan lugar a la controversia judicial. En el presente caso, los actos demandados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fueron proferidos por la CRC, lo que quiere decir que el funcionario de mayor jerarquía de ésta debe acudir al referido proceso en representación de la Nación. Por ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, incurrió en un defecto sustantivo, al no considerar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 149 del C.C.A., al decidir las solicitudes que se le realizaron en el sentido de vincular a la CRC. Sentencia de 28 de mayo de 2012. Exp. 11001-03-15-000-2012-00631-00(AC), MP. GERARDO

ARENAS MONSALVE

3. Ejército Nacional vulnera el derecho de petición cuando incumple el término para resolver petición sobre reconocimiento de pensión por invalidez o indemnización.

El accionante interpone tutela, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, a la cual estima tener derecho dado que desde la emisión del acta No. 42108 de 9 de marzo de 2011,

que determinó una pérdida de su capacidad laboral del 82.06%, debieron realizarse los trámites correspondientes para que se le otorgara la pensión, por cuanto renunció expresamente a que dicho acto fuera objeto de revisión por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y solicitó dar inicio a los referidos trámites. La Sala dispuso la protección del derecho de petición del actor, al considerar que las peticiones relacionadas con el reconocimiento de una pensión, como la que hizo el actor deben resolverse en el término de 4 meses, es decir, que el demandante a más tardar debió BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 106 – 25 de julio de 2012 PÁGINA 5 www.consejodeestado.gov.co obtener una respuesta de fondo a su petición el 22 de julio de 2011, sin embargo, de las pruebas aportadas al proceso no se advierte que el actor haya recibido una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente sobre su solitud de reconocimiento de la pensión de invalidez. Igualmente, la Sala aclaró que la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de pensión de invalidez, por cuanto sin la finalización del trámite administrativo correspondiente para el reconocimiento de las prestaciones a que tiene derecho el accionante, no puede el juez de tutela ordenar el reconocimiento inmediato de la pensión de invalidez que solicita, so pena de desconocer que el llamado a pronunciarse en primer lugar sobre tal aspecto es la parte accionada, y por consiguiente, que existe un trámite administrativo establecido para tal efecto que el juez constitucional tampoco puede pretermitir.

Sentencia del 31 de mayo de 2012, Exp. 19001-23-31-000-2012-00010-01(AC) MP. GERARDO

ARENAS MONSALVE

4. No existe razón legal que justifique la exclusión de la lista de elegibles de quien ha sido designado miembro suplente en la Junta de Calificación de Invalidez.

Al confirmar la decisión de primera instancia que concedió el amparo solicitado por quien perteneciendo a la lista de elegibles para integrar la Junta de Calificación de Invalidez, fue designada como miembro suplente, cargo que no aceptó, y en tal virtud excluida de la lista de elegibles, la Sala determinó que es posible que quien es designado como SUPLENTE, jamás pueda acceder al ejercicio del cargo o función pública, si el miembro PRINCIPAL a quien está llamado a reemplazar no llega a faltar temporal o definitivamente. Por lo tanto, la designación de una persona como miembro SUPLENTE no implica el ejercicio efectivo del cargo para el cual concursó, de tal suerte que dicha designación no satisface per se la finalidad del concurso público, cual es, el acceso a la conformación, ejercicio y control del poder público, en esa medida, no existe razón legal que justifique la exclusión de la lista de elegibles de quien ha sido designado miembro suplente en la Junta de Calificación de Invalidez. En la misma providencia, la Sala aclaró que la conducta de la accionante de declinar la designación como suplente, en la citada entidad pública de la seguridad social, y pretender continuar en la correspondiente lista de elegibles, tampoco encuentra respaldo legal, pues, ello abriría la puerta para que ninguno de los miembros de la lista de elegibles aceptara tal designación, haciendo inane la norma que le permite al Ministerio del Trabajo integrar las Juntas

de Calificación de Invalidez con dicha lista. Por lo tanto, lo procedente es que el designado suplente, acepte su nominación, sin que ello implique la exclusión de la lista de elegibles, pues ello sólo será posible cuando se haya garantizado el acceso efectivo del suplente al ejercicio de las funciones públicas que motivaron su participación en el concurso. Sentencia del 7 de junio de 2012, Exp. 25000-23-27-000-2012-00255-01(AC), MP. MARÍA

ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

5. Anotación en boletín de responsables fiscales no es una pena imprescriptible pues permanecerá hasta el momento en que la obligación sea satisfecha. Improcedencia de la figura de la prescripción de la acción.

Al resolver la acción impetrada por un ciudadano con el fin de ser excluido del boletín de responsables fiscales al estimar que su permanencia vulnera el debido proceso porque la acción de cobro en su sentir ha prescrito, la Sala encontró que las decisiones mediante las cuales se negó la solicitud de declaratoria de prescripción de la acción de cobro, emitidas por la Contraloría General de la República no configuran la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor, por cuanto fueron proferidas de conformidad con las normas sustanciales y procedimentales establecidas para el efecto. También advirtió que no es de recibo el argumento esgrimido por el peticionario en el sentido que dicha anotación constituye una sanción imprescriptible, toda vez que del mismo texto del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 se extrae con claridad que aquélla permanecerá hasta el momento en que la obligación sea satisfecha. Es decir, la anotación en el

PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 106 – 23 de julio de 2012 www.consejodeestado.gov.co boletín que emite la Contraloría General de la República es una medida que depende completamente de la conducta del responsable fiscal, quien puede lograr su exclusión del boletín a través del pago de las sumas de dinero que adeuda al Estado. Por ello, es evidente que la mencionada anotación no representa una pena intemporal, ni mucho menos una sanción imprescriptible que desconozca la prohibición consagrada en el inciso tercero del artículo 28 constitucional. Indicó la Sala que la inclusión en el boletín de responsables fiscales no vulnera el derecho al acceso y desempeño de funciones y cargos públicos, pues éste no es un derecho absoluto y está sometido a límites que procuran la realización del interés general y a los principios de la función administrativa, que deben ser garantizados con el establecimiento de rigurosas reglas de ingreso a la función pública. Para la Sala, el actor pretende utilizar la propia culpa en su favor, en la medida en que alega que el transcurso del tiempo sin que hubiera cancelado la deuda fiscal le permite solicitar la exclusión del boletín emitido por la entidad demandada, argumentación que denota una intención injustificada de sustraerse de las obligaciones que tiene frente al Estado. Sentencia de 21 de junio de 2012. Exp. 25000-23-24-000-2012-00362-01 (AC), MP. GERARDO

ARENAS MONSALVE

6. El ejercicio del servicio militar no es por sí solo un motivo que evidencie la imposibilidad para solicitar personalmente el amparo, por lo que el agente oficioso que interpone la tutela debe

expresar y acreditar las razones de dicha imposibilidad. Al conocer la impugnación presentada por la parte demandada contra el fallo de primera instancia que amparó el derecho al debido proceso presuntamente afectado por la forma de vinculación al servicio militar del hijo de la accionante, el Consejo de Estado decidió rechazar por improcedente la acción dado que quien interpuso la acción no es el titular de los derechos fundamentales invocados, pues la modalidad en que presta el servicio militar obligatorio en principio únicamente le atañe a su hijo mayor de edad. En este orden, la accionante debía cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional, para ejercer legítimamente una acción de tutela a nombre de su hijo, situación que no ocurrió en el presente caso, pues el escrito de tutela no incluía la manifestación expresa de actuar como agente oficioso y que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa. Tampoco se acreditó la imposibilidad física o mental del titular de los derechos fundamentales para efectuar su propia defensa, solamente afirmó la ciudadana que su hijo se encuentra prestando el servicio militar obligatorio, situación que para la Sala, no es razón suficiente para justificar la agencia de derechos ajenos, pues el ejercicio del servicio militar no es por sí solo un motivo que evidencie la imposibilidad para solicitar personalmente el amparo. Sentencia de 28 de junio de 2012. Exp. 52001-23-31-000-2012-00139-01(AC), MP. GERARDO

ARENAS MONSALVE

AACCCCIIÓÓNN PPOOPPUULLAARR

1. Se vulneran los derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, por demolición interna de inmueble que es bien de interés cultural en Salento.

El demandante aduce que se vulneraron los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y el patrimonio cultural de la Nación, a la moralidad administrativa y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, con la demolición interna del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 5-28/34 del Municipio de Salento, Quindío, por cuanto dicho inmueble tiene el carácter de Bien de Interés Cultural (BIC). Al respecto, la Sala indicó, en primer lugar, que no obra en el expediente prueba alguna que demuestre que para la demolición interna del inmueble ubicado BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 106 – 25 de julio de 2012 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co en la Carrera 6 No. 5-28/34 se hubiera concedido autorización, ni de que éste amenazara ruina, lo cual permite concluir que se vulneró el derecho colectivo a la a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Lo anterior, aunado al hecho probado de que el inmueble mencionado tiene el carecer de Bien de Interés Cultural, demuestra igualmente la vulneración del derecho colectivo a la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, en

cuanto a la desaparición de un inmueble que representaba la identidad cultural de la Nación, como testigo del proceso de colonización Antioqueña, lo cual es atribuible a la Administración Municipal, comoquiera que le permitió al propietario del inmueble tal demolición sin respaldo legal, esto es, sin la correspondiente licencia de demolición. Dicho en otras palabras, el Municipio de Salento, con sus conductas omisivas y negligentes, incumplió su obligación legal de proteger el Patrimonio Cultural en su jurisdicción y dio paso a la desaparición de un Bien de Interés Cultural. Sentencia de 7 de junio de 2012. Exp. 63001-23-31-000-2010 00342-01(AP), MP. MARÍA

ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

AACCCCIIOONNEESS DDEE CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO

1. Se ordena a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia a cónyuge y compañera permanente del causante que mediante conciliación terminaron el proceso laboral, al haberse cumplido la condición fijada en el acto administrativo que dejó en suspenso la asignación pensional.

La accionante quien fuera la cónyuge del causante, solicita se revoque la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento, pues erró al señalar que tenía otros instrumentos judiciales para hacer efectiva la Resolución N.° 20280 de 2006, proferida por Cajanal que dejó en suspenso la asignación pensional del 50% restante de esta prestación social que en vida disfrutaba el mencionado causante, entre tanto la justicia dirimiera el

reclamo que sobre la misma también había elevado la señora Sibis del Carmen Perea. Al revocar la decisión impugnada la Sala consideró que la aceptación del desistimiento de esa demanda en virtud del acuerdo alcanzado entre las dos aspirantes al porcentaje no asignado de la pensión de gracia disputada, significa, que el Juez Quinto Laboral del Circuito de Medellín entendió resuelto el debate entre la cónyuge y la compañera del causante sobre la sustitución pensional. Ello equivale a haberse cumplido lo que dispuso por Cajanal en el artículo segundo de la Resolución 20280 de 2006. En este entendido, para la Sala sí es viable la acción de cumplimiento para reclamar al organismo público demandado que dé aplicación a lo que dispuso en su propio acto, y para que tome en consideración la filosofía que inspira la institución de la conciliación entre las partes como medio alternativo para la solución de sus conflictos, por lo cual ordenó a la accionada efectuar el reconocimiento y pago de la asignación pensional del 50% restante de esta prestación social que en vida disfrutaba el mencionado causante, teniendo en cuenta el acuerdo conciliatorio. Sentencia de 4 de junio de 2012, Exp. 05001-23-31-000-2011-00827-01(ACU), MP. SUSANA

BUITRAGO VALENCIA

2. Se declara nulidad por falta de competencia para decidir acciones de cumplimiento reguladas por la Ley 388 de 1997

En el caso bajo estudio, los demandantes solicitan que se ordene el cumplimiento del artículo 106 de la Ley 388 de 1997 que prevé la obligación de reconstrucción de inmuebles de conservación

declarado como patrimonio cultural, calidad que según los demandantes goza el bien de su propiedad. De manera conexa, solicitan el cumplimiento de otras disposiciones. De esta forma, según dan cuenta los propios demandantes, pretenden que se declare el estado de ruina del inmueble de su propiedad, consecuentemente, se ordene su demolición y posterior reconstrucción a cargo de los PÁGINA 8 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 106 – 23 de julio de 2012 www.consejodeestado.gov.co demandados según las previsiones del artículo 106 de la Ley 388 de 1997. De conformidad con las normas y los antecedentes jurisprudenciales transcritos, la Sala concluye que la jurisdicción competente para tramitar la demanda objeto de estudio es la ordinaria y no la contencioso administrativa, por cuanto, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 116 de la Ley 388 de 1997, la competencia para asuntos como el sub examine está asignada a los Jueces Civiles del Circuito. Sentencia del 9 de mayo de 2012, Exp. 25000-23-24-000-2011-00804-01(ACU), MP. MAURICIO

TORRES CUERVO.

SSEECCCCIIÓÓNN PPRRIIMMEERRAA

1. El Instituto de Seguros Sociales está facultado para ejercer el cobro coactivo respecto de los empleadores obligados a realizar los aportes de ley y no respecto de las entidades financieras o bancarias que, como terceros, viabilizan hacer el pago El Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda tendiente a que mediante sentencia, se decretara

la nulidad de la Resolución No. 3632 de 15 de agosto de 2002 por la cual el Presidente del Instituto de Seguros Sociales establece la obligación a cargo del Banco y a favor del Instituto de Seguros Sociales de pagar $912.888.649 más los intereses moratorios a la tasa legal vigente para los aportes de seguridad social a que haya lugar, hasta la fecha en que se realice el pago y de la Resolución 4585 de 19 de noviembre de 2002, mediante la cual se confirmó la anterior.

Extracto: De tiempo atrás esta Corporación ha indicado que en materia de seguridad social la jurisdicción coactiva solo ha sido otorgada a las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, de forma tal que para el año 2002, período en el que se expidieron los actos acusados, el ISS por disposición del artículo 57 de la Ley 100 de 1993, el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 34 del Decreto 692 de 1994, y desde el 1º de julio de 1995, era la única entidad autorizada para administrar el régimen de prima media con prestación definida. De este modo, es incuestionable su potestad de cobro coactivo. Sin embargo, dicha potestad fue estatuida frente a las obligaciones insolutas en cabeza de quien estuviere obligado jurídicamente a hacer los aportes parafiscales correspondientes, y no de terceros, como se puede deducir del artículo 23 de la misma Ley. Por su parte, del contenido del Decreto 2633 de 1994, reglamentario del artículo 57 de la ley 100 de 1993, se deriva que esa facultad de cobro coactivo se ejerce respecto de los empleadores obligados a realizar los aportes de ley, sin que su regulació