CE - Boletin 78

Publicación Quincenal BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO República de Colombia No 78 – Abril 8 de 2011 1. www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA l de 2006

Contenido: EEDDIITTOORRIIAALL Con enorme satisfacción saludamos la elección que la Sala Plena del Consejo de l de 2006

Estado realizó en cabeza del señor Consejero Gustavo Eduardo Gómez Alr adneg u2r0e0n6 para el cargo de Vicepresidente de la Corporación. La trayectoria, la experiencia, la erudición, la dedicación, los conocimientos y el compromiso institucional de los Editorial 1 cuales hace gala permanentemente el doctor Gómez Aranguren, garantizan el éxito Jurisprudencia del Consejo de Estado al que ha de obtener en el desempeño de sus nuevas responsabilidades y, Día naturalmente, ofrecemos y solicitamos para ello toda la colaboración que pueda requerir.  Acciones 1 – 14 Constitucionales De igual forma queremos informar a nuestros lectores que con ocasión de la  Sección Primera 14 – 18 expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Sección Segunda 18 - 26 Administrativo, el Consejo de Estado, en cabeza de su Sala Plena, ha adoptado la  Sección Tercera 27 – 37 importante y significativa labor de diseñar y preparar, con el apoyo de diferentes  Sección Cuarta 37 – 46 autoridades y entidades del orden nacional, departamental y municipal, la  Sección Quinta 46 – 48 celebración de varios eventos en distintos lugares de la geografía nacional, con el

 Sala de Consulta y 49 - 54 fin de presentar y divulgar los aspectos más relevantes contenidos en la nueva Servicio Civil codificación, cuya vigencia se encuentra prevista para el 2 de julio del próximo año.  Noticias 55 Destacadas Ciudades como Cúcuta, Cartagena, Popayán, Cartagena, Pasto, Yopal, Valledupar, Villavi cencio, Medellín e Ibagué, se encuentran incluidas como sedes de estas importantes jornadas académicas, las cuales se dirigen principalmente a los jueces, Magistrados de Tribunal y autoridades administrativas departamentales y locales de la región de influencia de la ciudad correspondiente y que contarán con la Notic ias destacadas participación activa y decisiva de los Consejeros de Estado. Estaremos informando oportunamente acerca del desarrollo y avance de estos

MM AAGGIISSTTRRAADDOO eventos.

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Mauricio Fajardo Gómez

AARRAANNGGUURREENN,, NNUUEEVVOO

Presidente VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE DDEELL CCOONNSS EE JJ OO DDEE EESSTTAADDOO JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas: AACCCCIIOONNEESS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS TTUUTTEELLAASS 1 . a) Procedencia de la tutela frente a los actos académicos La Sección Segunda amparo los derechos al debido proceso y a la buena fe

d el actor, a quien se le canceló su matricula universitaria antes de finalizar el proceso disciplinario que se le seguía por plagió, en consecuencia, ordeno su reintegro. Además ordenó modificar a la U niversidad del Tolima reformar en su integridad el procedimiento d isciplinario del Estatuto de los Estudiantes y adecuarlo al derecho disciplinario y sancionatorio concebido por el ordenamiento jurídico. PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 78 – 8 de abril de 2011 www.consejodeestado.gov.co Frente a los actos académicos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado inveteradamente que no son susceptibles de contradicción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, la acción de tutela se erige procedente para analizar la trasgresión de derechos fundamentales en torno a su contenido. Por lo anteriormente expresado, la Sala abordó el estudio del fondo del asunto planteado, teniendo en cuenta que los motivos de inconformidad expresados por el actor frente a la actuación de la Universidad del Tolima se circunscribían a la forma como se llevó a cabo el procedimiento que desencadenó su sanción disciplinaria por plagio, y al hecho de que fue cancelada su matricula universitaria, por razón del doble bajo rendimiento académico (BRA) que presentó, según afirma el tutelante, porque el docente encargado no pasó las notas correspondientes a su asignatura durante los semestres 2008/B y 2009/A. b) Los procedimientos disciplinarios deben adecuarse y obedecer a los principios del derecho disciplinario y sancionatorio.

La Sala encontró que la investigación disciplinaria surtió el proceso delimitado en el Estatuto de los Estudiantes, de manera que no se observa trasgresión del derecho al debido proceso del tutelante. No obstante, llamó la atención de la Sala el contenido del Acuerdo sancionatorio al decir “Que el investigado no logró demostrar su inocencia sobre la falta que se le imputa, por lo tanto le asiste responsabilidad disciplinaria, debido a que no logró desvirtuar el cargo que le fue endilgado y se recomienda la imposición de una sanción acorde con lo estipulado en el estatuto estudiantil vigente”, frases contrarias al ordenamiento jurídico superior en tanto comportan la idea equivocada de que es el investigado quien debe probar su inocencia, cuando según los principios constitucionales de la buena fe y la presunción de inocencia (artículos 83 y 29, respectivamente, de la Constitución Política de 1991) corresponde al investigador, a través de las pruebas arrimadas, llegar al convencimiento de que la conducta desplegada transgrede, en este caso, el reglamento estudiantil y en consecuencia, la existencia de la responsabilidad disciplinaria correspondiente. Examinado en su integridad el Reglamento Académico de la Universidad del Tolima, contenido en el Acuerdo 006 de 1996, se evidenció que el régimen disciplinario aplicable se desarrolla de los artículos 28 a 31, en estos se delimitan: las medidas o sanciones disciplinarias por las faltas cometidas (artículo 28), los tipos de faltas (artículo 29), los términos procesales aplicables en el proceso disciplinario (artículo 30) y las autoridades que ayudarán a los estudiantes a una mayor comprensión del Estatuto y de los

trámites (artículo 31). Lo anterior, a juicio de la Sala, comprende un desarrollo inadecuado del procedimiento disciplinario que debe gobernar al amplio estudiantado de la Universidad accionada, donde no se delimitan presupuestos como autoridades competentes para adelantar la investigación, ante quién se deben interponer los recursos procedentes, el tema de los impedimentos y recusaciones, entre muchos otros. En ese orden de ideas, se deja al margen de la discrecionalidad la forma como debe desarrollarse el proceso aludido, hecho que traspasa los límites de la autonomía universitaria tal como está concebida constitucionalmente, régimen al que, indefectiblemente, debe atenerse la Institución. En consecuencia, la Sala consideró que las frases aludidas, contenidas en el Acuerdo 0325 de 10 de agosto de 2009, bien podían ser producto de una imprecisión gramatical, empero, era necesario requerir a la autoridad universitaria, para que suprimiera definitivamente dichos apartes de los acuerdos sancionatorios, y los adecuara a unas palabras que obedecieran al sentido de la Constitución Política y de la manera en que se lleva a cabo la investigación, teniendo en cuenta que es al ente investigador a quien corresponde demostrar que la conducta ocurrió y merece sanción. De otro lado, ordenó a las directivas de la Universidad del Tolima reformar en su integridad el procedimiento disciplinario contenido en el Acuerdo 006 de 1996, de manera que se adecue y obedezca a los principios del derecho disciplinario y sancionatorio concebido por nuestro ordenamiento jurídico. c) Vulneración del debido proceso por imposición de sanción sin que se hubiera finalizado la

investigación disciplinaria Según las pruebas del proceso, antes de que fuera proferido el Acuerdo que sancionó al actor (10 de agosto de 2009), el docente tomó la decisión de adjudicar una nota frente a la materia, dándola por BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 78 – 9 de abril de 2011 PÁGINA 3 www.consejodeestado.gov.co perdida en vista del serio cuestionamiento sobre la autoría del plagio que se investigaba, en otras palabras, prejuzgó y determinó que la nota merecida era 0.0, sin que se hubiera determinado aún el resultado de la investigación disciplinaria, a la que ya se aludió. Esto indicó que la actuación de cancelación de matrícula adelantada contra el actor, trasgredió su derecho al debido proceso, en tanto se adjudicó una nota dando por perdida una materia, sin saber aún el resultado de la investigación. Pues bien, la Sala no desconoció las normas de la Universidad frente al tema del bajo rendimiento y las sanciones al respecto, empero, no consideró que no era dable que antes de proferirse la sanción se impusiera el castigo, que desencadenó nada más y nada menos que en la cancelación de la matrícula, que según el Estatuto Estudiantil, puede ser hasta por cuatro (4) periodos académicos (artículo 28, parágrafo 1°). En consecuencia, dejo sin efectos la decisión del Consejo de Facultad de cancelar la matrícula del actor, y ordenar su reintegro. Sentencia de 14 de febrero de 2011, Exp. 73001-23-31-000-2010-00652-01(AC), MP. LUIS

RAFAEL VERGARA QUINTERO 2. a) Vulneración del derecho a la personalidad jurídica por omisión en inscripción de escritura pública que incluye el apellido materno en registro civil La Sección Segunda amparó el derecho a la personalidad jurídica del actor vulnerado por la Registraduría Municipal del Municipio de Santander al negar la inscripción de la Escritura Pública que corrige en el registro civil del solicitante un error en el sexo e incluye el apellido materno. En cuanto a la solicitud de inclusión del apellido materno del accionante, destacó que el artículo 3 de la Ley 92 de 1938 y el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, sólo exigían que se registrara el apellido paterno, situación que cambió en virtud del artículo 4 del Decreto 999 de 1988 que reformó la segunda de las normas citadas, y que brindó la posibilidad a las personas que estuvieran inscritas con un solo apellido a que se adicionara el segundo, siguiendo el trámite establecido en el inciso 1 artículo 94 del Decreto 1260 de1970, modificado por el 6 Decreto 999 de 1988 que reza: “Articulo

94. El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal.” De conformidad con las normas antes señaladas, cuando se registró el nacimiento del actor, en principio no se incurrió en un error al identificar al mismo sólo con el apellido de su padre, pero también lo es, que el peticionario en virtud del artículo 4 del Decreto 999

de 1988, tiene derecho a ser identificado con el apellido materno, motivo por el cual cuando la Registraduría Municipal de Jesús María tuvo conocimiento de la solicitud del demandante sobre el particular, debió tramitar la misma de acuerdo al procedimiento previsto, y no reusarse a adelantar éste invocando un error frente al lugar de nacimiento, que como antes se expuso carece de fundamento, máxime cuando el peticionario dispuso la inclusión de su segundo apellido mediante la escritura pública N 1659 del 1 de julio de 2009, ante la Notaría 42 del Círculo de Bogotá, esto es, cumpliendo con la exigencia arriba descrita. En ese orden ideas, la mencionada registraduría desconoció el derecho a la personalidad jurídica del actor, particularmente a que el mismo sea reconocido ante la sociedad no sólo por sus nombres y el apellido de su padre, sino también por el apellido de su señora madre, al negarse a inscribir la referida escritura pública. b) La corrección del sexo en registro civil de nacimiento puede hacerse mediante escritura pública si fue un simple error En lo que respecta a la corrección del sexo señalado en el registro civil de nacimiento, el Tribunal consideró que tal modificación requiere de la intervención del juez familia por tratarse de la alteración de un aspecto esencial del estado civil del accionante, motivo por el cual la acción de tutela en virtud de su naturaleza subsidiaria se torna improcedente. Frente al argumento expuesto por el A quo, la Sala consideró pertinente aclarar de la lectura sistemática de los artículos 87 a 97 del “Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas”, que el legislador (extaordinario) previó 3 formas de corregir y/o modificar las inscripciones existentes en el mencionado registro, las cuales a

PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 78 – 8 de abril de 2011 www.consejodeestado.gov.co saber son: 1) Ante los funcionarios encargados de llevar éste, 2) mediante el otorgamiento de una escritura pública, 3) o a través de una decisión judicial producto de un proceso de la misma naturaleza. Por intermedio de los funcionarios encargados de llevar el registro, el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970 señala, que la persona interesada debe elevar una solicitud por escrito cuando se trata de corregir “errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio”. Asimismo dicha norma establece que el mecanismo adecuado es la escritura pública, frente a errores de inscripción distintos a los antes señalados, sin especificar en qué casos puede presentarse tal situación. En el presente caso, por las razones que a continuación se exponen, el hecho que en el registro civil del accionante se haya indicado como sexo el femenino en lugar al masculino, constituye un simple error que puede corregirse mediante una escritura pública, como la que otorgó el actor el 1° de julio de 2009 ante el Notario 42 del Círculo de Bogotá. En ese orden de ideas, si bien la inexistencia de un documento antecedente al registro impide que se corrijan los errores existentes en el registro civil ante el funcionario que lleva el mismo, tal circunstancia no imposibilita que el yerro se enmiende a través de una escritura pública, toda vez que el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970, expresamente

prevé que la corrección pertinente se realizará por vía notarial cuando no pueda verificarse la existencia del error mediante la comparación con documentos antecedentes, a contrario sensu, permite la corrección del mismo cuando se verifica con otros documentos como ocurre en esta oportunidad. Consideró la Sala que no es necesario que el actor inicie un proceso de jurisdicción voluntaria para que se corrija el mencionado error, se reitera, en atención que el mismo obedeció a una simple imprecisión al momento de sentar el registro civil, la cual puede ser corregida mediante una escritura pública de conformidad con el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970. Adicionalmente estimó que resultaba desproporcionado para el demandante, que se le exigiera iniciar y finalizar un proceso de jurisdicción voluntaria, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que dieron lugar al referido yerro, que de los documentos aportados a este trámite puede inferirse que el sexo del actor es masculino, y que ha interpuesto la presente acción de tutela a fin de prevenir que en el reconocimiento de su derecho a la pensión tenga inconvenientes por las imprecisiones antes señaladas. En virtud de lo anterior, en efecto es desproporcionado que se inste al accionante a sus 62 años de edad, a probar dentro de un proceso judicial cuál es su sexo, y eventualmente, que no ha intentado modificar el mismo. En ese orden de ideas, en amparo del derecho a la personalidad jurídica, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduría Municipal de Jesús María, que adelantaran todas las gestiones pertinentes para que se inscribiera en el registro civil de nacimiento del accionante, la escritura pública N° 1659 del 1° de julio de 2009, otorgada ante la

Notaría 42 de Bogotá, mediante la cual se identificó correctamente el sexo de aquél. Sentencia de 10 de marzo de 2011, Exp. 25000-23-15-000-2010-03696-01(AC), MP. GERARDO ARENAS MONSALVE 3. a) Vulneración del derecho a la salud y al habeas data por omisión de la Empresa Prestadora de Salud en actualizar base de datos del sistema de salud Mediante el ejercicio de la presente acción, la actora pretendía que se ordenara a las entidades accionadas, adelantar las gestiones pertinentes para su desafiliación a la EPS SOLSALUD y así proceder a la afiliación a la EPS SALUD CÓNDOR. Frente a la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección al derecho al Habeas Data la Corte Constitucional ha sostenido la Corte Constitucional: “siguiendo el lenguaje del numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, ha exigido, como requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección del derecho fundamental al hábeas data, que el peticionario haya elevado solicitud a la entidad correspondiente, para efectos de corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él”. En el caso propuesto se tiene que por medio de comunicado del 22 de octubre de 2010, la funcionaria competente de la Secretaría de Salud de Manizales remitió a la EPS SOLSALUD la solicitud para la iniciación del respectivo procedimiento para lograr la desafiliación de la accionante y de su grupo BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 78 – 9 de abril de 2011 PÁGINA 5

www.consejodeestado.gov.co familiar. A la fecha de la sentencia dicha entidad no se había pronunciado en ese sentido. Con base en lo anterior, y, comoquiera que pese a los requerimientos de la funcionaria de la Secretaría de Salud de Manizales la información de la accionante contenida en la base de datos que administra Fosyga no habia sido actualizada por las entidades accionadas, se concluyó que con dicha omisión se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante y de su grupo familiar. Sentencia de 27 de enero de 2011, Exp. 17001-23-31-000-2010-00431-01(AC), MP. WILLIAM

GIRALDO GIRALDO

4. Vulneración del debido proceso y del derecho a la igualdad por defecto fáctico y por desconocimiento de la unificación jurisprudencial sobre los estudios técnicos exigidos en los procesos de reestructuración La Sección Cuarta tuteló los derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad y dejó sin efectos la providencia de 13 de abril de 2010, del Tribunal Administrativo de Antioquia que desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a los estudios técnicos exigidos en los procesos de reestructuración de las entidades administrativas.

Para la modificación de las plantas de personal se deben realizar estudios técnicos que justifiquen dicha reestructuración, pero, además, dichos estudios deben basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen uno o varios de los aspectos consagrados en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado que la configuración del defecto fáctico se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez

ordinario es arbitraria y abusiva. Esto es, cuando el funcionario judicial i) deja de valorar una prueba determinante para la resolución del caso; ii) excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o iii) la valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales. En esa medida, lo que corresponde al juez constitucional es evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso. En virtud de esta garantía constitucional de autonomía y competencia de los operadores judiciales, la Corte Constitucional ha concluido que sólo ante una valoración probatoria ostensiblemente incorrecta, se configura el defecto fáctico. (…) Ahora bien, en un caso similar, la Sala amparó los derechos fundamentales de la señora María Ilduara Miranda Espinoza, quien trabajaba para el departamento de Antioquia como Auxiliar 565-2-3 de la Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano de Medellín y cuyo cargo fue suprimido en circunstancias similares a las mencionadas por el accionante en este proceso. Al respecto, se observó que en este caso se incurrió en el mismo error fáctico, toda vez observados los documentos denominados “estudios técnicos” no se sujetaron a los parámetros establecidos en la Ley 443 de 1998, pues en ellos sólo se indicaron las causas que motivaron la modificación de la planta de personal, la supresión, creación o fusión de dependencias, la redistribución de funciones, las cargas de trabajo y la racionalización del gasto de la Administración Departamental, sin exponer los criterios técnicos de deben fundamentar dichos procesos de reestructuración. Consecuencialmente, los denominados “estudios técnicos” no podían considerarse

como tales, pues no incluyeron el análisis de los procesos técnicos misionales y de apoyo, la evaluación de las funciones asignadas a los empleados, la evaluación de las cargas laborales, la revisión de la estructura de la entidad, el estudio de la planta actual en la que se analizan los perfiles de los empleos, los cargos existentes, los cargos suprimidos y, como consecuencia de ello, la propuesta de la nueva planta de personal. Adicionalmente, la Sección Segunda de ésta Corporación, en sentencia de unificación de de 11 de marzo de 2010, consideró que los documentos tenidos como estudios técnicos para el proceso de reestructuración administrativa del Departamento de Antioquia no pueden ser tenidos como tales, pues, no contienen los ítems establecidos en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998. Ante la unificación expuesta, la Sala, para garantizar el derecho fundamental a la igualdad, reconocerá la ausencia de estudio técnico dentro del proceso de reestructuración adelantado por el Departamento de Antioquia, no solo por dicho pronunciamiento, sino porque, se reitera, así se encuentra acreditado en el expediente de tutela de la referencia. PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 78 – 8 de abril de 2011 www.consejodeestado.gov.co Sentencia de 20 de enero de 2011, Exp. 11001-03-15-000-2010-01011-01(AC), MP. CARMEN

TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ

5. Vulneración del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas por falta de condiciones mínimas en casa de descanso de guardianes del Inpec en Valledupar La Sección Cuarta amparó el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas de los guardianes del

Inpec de Valledupar, por falta de condiciones mínimas de alojamiento en casa asignada para su descanso. La Sala señaló que el derecho que tiene el trabajador al descanso, originado en la relación laboral, es de carácter fundamental según lo considerado por la Corte Constitucional, el disfrute de ese derecho busca recobrar las fuerzas pérdidas, cuando se ha laborado un periodo largo de tiempo, y proteger la salud física y mental. Además lograr un adecuado descanso garantiza el desarrollo de las actividades encomendadas en forma más eficiente, para el caso en concreto la función de vigilar a los internos del penal, entre otras. Del anterior recuento probatorio se advierte sin duda alguna que la casa que el INPEC tiene destinada para el descanso del personal de vigilancia y custodia del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar no cumple con las condiciones mínimas necesarias para un adecuado descanso, como lo son, en primer lugar, una cama en buen estado con un colchón cómodo en condiciones de higiene que prevengan la producción de ácaros. Es importante además que la locación en la que se pretende descansar esté en condiciones agradables, así como los lugares contiguos a la misma de manera que no exista riesgo alguno para la vida y salud de quien descansa. En este sentido se indicó que es obligación del Estado brindar las condiciones necesarias para que la labor que desempeñan sus empleados sea prestada en condiciones dignas y justas [art. 25 CP]. Bajo ese entendido el descanso, como derecho fundamental que nace de la relación de trabajo debe igualmente ser garantizado [art. 53 ib]. Un adecuado descanso beneficia

tanto al trabajador como al empleador pues su goce repercute en alto grado en el eficiente y eficaz desarrollo de las funciones encomendadas. Sentencia de 25 de noviembre de 2010, Exp. 20001-23-31-000-2010-00310-01(AC), MP. MARTHA

TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

6. Vulneración del debido proceso en proceso de cobro coactivo por indebida notificación del acto que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago La Sección Quinta confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare que amparó el derecho al debido proceso de la BP Exploration Colombia en un procedimiento de cobro coactivo que le adelanta CORPORINOQUIA. La protección obedeció a que la accionada le notificó indebidamente a la tutelante el acto (Resolución 4000081-41-10-236 del 24 de agosto de 2010) que decidió las excepciones que ésta presentó contra el mandamiento de pago del 29 de julio de 2010, pues, al efecto, no siguió las reglas del Estatuto Tributario, aplicable a dicho procedimiento por remisión de la Ley 1066 de 2006, sino la notificación por estado prevista por el Código de Procedimiento Civil.

También, porque, por un lado, la accionada no levantó las medidas cautelares decretadas en el procedimiento, a pesar de que la actora presentó las garantías necesarias para ello y, por otro lado, porque excedió las facultades de disposición que tenía sobre los bienes, de propiedad de la tutelante, objeto de la medida de embargo.

La Sala sostuvo: “La notificación de las decisiones de las autoridades administrativas es un elemento

esencial del derecho fundamental al debido proceso, porque permite a los administrados conocerlas y consecuentemente controvertirlas. De allí que la forma cómo la Administración practica la notificación debe adecuarse con su finalidad, a saber, que el administrado conozca efectivamente los actos administrativos. Si el mecanismo de notificación del que hace uso la Administración no es el adecuado, verbi gracia el previsto por la ley, lo que subyace a esta irregularidad no es el BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 78 – 9 de abril de 2011 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co incumplimiento de una simple formalidad, sino la privación al administrado de ejercer su derecho de defensa. En otras palabras, se priva al interesado del medio que tiene para instrumentalizar su derecho al debido proceso. Sobre el punto, concretamente la actora reclama que CORPORINOQUIA notificó la Resolución 4000081-41-10-236 del 24 de agosto de 2010 por estado, cuando correspondía notificarla según las reglas del artículo 565 del Estatuto Tributario, norma aplicable al caso por remisión expresa del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, que ordena a las entidades públicas del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, que tengan jurisdicción coactiva seguir para el efecto el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. La Sala coincidió con el a quo en que, efectivamente, el artículo 565 del Estatuto Tributario es la norma que debió aplicar la accionada para notificar a la tutelante de la Resolución 4000081-41-10-236 del 24 de agosto de 2010, pues así lo dispone el artículo 5 de la

Ley 1066 de 2006. Ésta norma no puede interpretarse y aplicarse parcialmente, como lo sugiere CORPORINOQUIA, comoquiera que el enunciado normativo es contundente en su remisión al procedimiento del Estatuto Tributario, más no a un fragmento de éste. En efecto, nótese que el mandato “deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario” no permite inferir, ni siquiera con un gran esfuerzo interpretativo, que la expresión procedimiento se limita a un título del estatuto o excluye la aplicación de alguna norma de éste. Por demás, una interpretación sistemática del aludido artículo 5 con el resto de las previsiones de la Ley 1066 no permite concluir que la remisión al procedimiento del Estatuto Tributario tiene alguna excepción, específicamente en materia de notificaciones. La Resolución 200.15.07-125 de CORPORINOQUIA “Reglamento Interno de Recaudo de Cartera” en su numeral 10, que trata sobre el trámite de las excepciones al mandamiento de pago no prevé remisión alguna al Código de Procedimiento Civil, normativa que establece la notificación por estado (artículo 321 del C. de. P.C); por el contrario, las reglas sobre la materia tienen referencia directa al Estatuto Tributario. En ese orden de ideas, la Sala no advirtió que del reglamento de la accionada se pueda llegar a la conclusión que la notificación del acto que resuelve las excepciones contra el mandamiento de pago se debe hacer por estado. Lo que sí es evidente es que dicho trámite [excepciones al mandamiento de pago] tiene fundamento en las normas del Estatuto Tributario. En conclusión, la notificación del acto que resolvió las excepciones

contra el mandamiento de pago para el presente caso se debió ceñir a las previsiones del artículo 565 del Estatuto Tributario y, por contera, no podía hacerse por estado, como lo hizo la accionada, habida cuenta de que el aludido artículo no prevé esa forma de notificación. b) Vulneración del debido proceso al no accederse a levantamiento de medidas cautelares en proceso de cobro activo y por el exceso de la entidad en las facultades conferidas sobre los recursos embargados En cuanto a la decisión de no aceptar la caución ofrecida por BP Exploration para el levantamiento del embargo de los dineros de la cuenta bancaria y el traslado de esos recursos de dicha cuenta a un depósito judicial constituido a favor de CORPORINOQUIA, no hay duda que la conducta de la entidad accionada fue contraria a la previsión del artículo 837-1 del Estatuto Tributario. De la simple constatación del aludido artículo se evidencia que si la ejecutada ofrece caución que garantice el pago del 100% en discusión la e