CE - Concepto sin reserva 11001030600020210002200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación interna: 2462

Número único: 110010306000202100022 00

Referencia: Democracia representativa. Doble militancia. Régimen de bancadas. Efectos de la renuncia que haga un miembro de una corporación de elección popular, a su partido o movimiento político El Gobierno Nacional, por conducto del ministro del Interior, consulta a la Sala sobre «el procedimiento a seguir en el caso de los miembros de corporaciones públicas de elección popular que se retiran de los partidos políticos que los avalaron voluntariamente, sin renunciar a su curul», |. ANTECEDENTES En primer lugar, el funcionario consultante informa que esta consulta se origina en las inquietudes que han planteado algunas organizaciones políticas? sobre la situación en la que quedarían los miembros de las corporaciones públicas de elección popular que se retiren voluntariamente de los partidos o movimientos políticos que los inscribieron y avalaron, sin renunciar a su curul.

El ministro cita el artículo 107 de la Carta Política, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2009, y concluye, de esta norma, que en Colombia está prohibida la participación simultánea de las personas en más de un partido o movimiento político con personería jurídica, con el objeto de que los elegidos, como representantes de una agrupación política, no defrauden la confianza que depositaron en ellos sus electores. ' En este sentido, se anexa una petición recibida del Partido Social de Unidad Nacional, o

elegidos, como representantes de una agrupación política, no defrauden la confianza que depositaron en ellos sus electores. ' En este sentido, se anexa una petición recibida del Partido Social de Unidad Nacional, o Partido de la U.Radicación interna: 2462 Página 2 de 58 Cita también el artículo 2 de la Ley 1475 de 20112, del cual destaca el inciso segundo, que se refiere a: /) el deber que tienen los elegidos a corporaciones públicas de pertenecer a la agrupación politica que los avaló, y ii) el momento en el que debe producirse la renuncia al cargo, en caso de querer presentarse a la siguiente elección, por un partido o movimiento diferente. En este sentido, trascribe las definiciones que sobre doble militancia ha efectuado la Sección Quinta del Consejo de Estado, según se trate de: /) ciudadanos; ji) participantes en consultas; iii) miembros de una corporación pública; iv) miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización (en modalidad de apoyo), y v) directivos de organizaciones políticas. Y hace referencia al deber que la Ley 1475 de 2011 impone a los partidos y movimientos políticos de establecer en sus estatutos: a) El régimen de pertenencia al partido o movimiento político, en el que se señalen reglas de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros; b) La regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de elección popular; c) El régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la doble militancia, así como para separar del cargo a sus directivos, cuandoquiera que no desempeñen sus funciones conforme a la

elección popular; c) El régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la doble militancia, así como para separar del cargo a sus directivos, cuandoquiera que no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos; y d) Las reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos. Precisa que el artículo 263 de la Constitución Política dispone que la asignación de curules en las corporaciones públicas se hace con base en la votación obtenida por cada partido político, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, y no por la alcanzada individualmente por cada candidato, y afirma que, con base en lo explicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-303 de 2010, en Colombia no se vota por una persona específica, sino por una colectividad, que se considera como la real depositaria de la voluntad popular. «Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones».Radicación interna: 2462 Página 3 de 58 Para el consultante, de la premisa señalada en el párrafo precedente, surgió una tesis jurisprudencial del Consejo de Estado, de la que cita el siguiente extracto: Así, no existe la menor duda que las curules en las corporaciones públicas de elección popular son conquistadas por las organizaciones políticas y que si bien las personas naturales que las ocupan cumplen un papel preponderante en esos logros electorales, ello no basta para señalar que son estos y no aquellas quienes tienen un derecho intangible frente a esos escaños [...].

bien las personas naturales que las ocupan cumplen un papel preponderante en esos logros electorales, ello no basta para señalar que son estos y no aquellas quienes tienen un derecho intangible frente a esos escaños [...]. Empero -aclara la Salael funcionario consultante no aporta dato alguno para identificar el fallo que contiene la tesis transcrita. Por otra parte, señala que, de conformidad con el artículo 108 de la Carta Política y el artículo 2 de la Ley 974 de 2005, los miembros de las agrupaciones políticas deben actuar como bancada, según las disposiciones adoptadas en su interior, y acatar la filosofía de la colectividad. De no ser así, pueden ser sancionados, de la forma prevista en los estatutos correspondientes. Asevera que, del artículo 4 de la Ley 974 de 2005, se colige que si un miembro de una corporación pública se retira voluntariamente del partido o movimiento político o ciudadano en cuyo nombre resultó eligió, se configura el incumplimiento del deber de constituir bancada, conducta que es susceptible de ser sancionada con la expulsión de la colectividad, entre otras consecuencias. Sin embargo, señala que no es clara la suerte que corren los miembros de una corporación pública de elección popular cuando son expulsados de un grupo político, porque la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el Concepto n.° 2231 del 10 de septiembre de 2015, sostuvo que «ni la Constitución ni la ley -que han sido especialmente cuidadosas en regular las causas que producen la separación de un cargo de elección popularhan previsto expresamente consecuencias específicas para ello, como por ejemplo, la perdida de investidura».

Constitución ni la ley -que han sido especialmente cuidadosas en regular las causas que producen la separación de un cargo de elección popularhan previsto expresamente consecuencias específicas para ello, como por ejemplo, la perdida de investidura». Finalmente, informa que varios congresistas han renunciado a las agrupaciones políticas por las cuales fueron elegidos, sin que las mesas directivas del Congreso, ni los respectivos partidos y movimientos políticos, sepan exactamente cómo proceder. En atención a los argumentos, los hechos y las consideraciones expuestas, el ministro del Interior formula a la Sala las siguientesRadicación interna: 2462 Página 4 de 58

PREGUNTAS: 1. ¿Cuáles son los efectos reales y jurídicos que produce la renuncia de un militante en ejercicio de su cargo en corporación pública, frente a su curul y al partido o movimiento político del cual deciden separarse? 2. ¿Cuál sería la limitación de derechos políticos de un miembro de corporación pública que renuncia a la militancia del partido o movimiento político que lo avaló, sin renunciar a la curul, y quién sería el encargado de imponer y ejecutar la eventual sanción? 3. ¿Puede un miembro de corporación pública en uso de su credencial permanecer ostentando su curul, sin tener vínculo activo con su militancia a la organización política que le otorgó el aval?

4. Si un miembro de corporación pública en ejercicio renuncia a la militancia del partido o movimiento político que avaló su credencial, ¿debe renunciar a su curul?

5. Si un miembro de corporación pública renuncia a la militancia del partido o movimiento político que lo avaló, ¿puede presentarse a la próxima elección por otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos a ese

curul?

5. Si un miembro de corporación pública renuncia a la militancia del partido o movimiento político que lo avaló, ¿puede presentarse a la próxima elección por otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos a ese mismo cargo, sin haber renunciado a su curul? ¿Es necesario que ese corporado renuncie a su curul y ella ser debidamente aceptada, doce (12) meses antes del primer día de inscripciones?

6. Si un miembro de corporación pública renuncia a la militancia del partido o movimiento político que lo avaló, sin renunciar a la curul, pero posteriormente, decide regresar al mismo partido o movimiento político, ¿puede presentarse a la próxima elección a ese mismo cargo, sin limitación alguna? 7. ¿Cuál es la consecuencia o sanción del miembro de corporación pública de elección popular que incurra en doble militancia por no pertenecer al partido o movimiento político que lo inscribió mientras ostenten [sic] la investidura o cargo?

Il. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico de la consulta ¿Es posible que un miembro de una corporación pública elegido por voto popular (Congreso de la República, asamblea departamental, concejo municipal o distrital, o junta administradora local) renuncie a la militancia del partido o movimiento político que lo avaló, sin renunciar a la curul, y, en tal virtud, continúe formando parte de la respectiva corporación?Radicación interna: 2462 Página 5 de 58

Como una cuestión derivada de lo anterior, deben establecerse las consecuencias jurídicas a las que se enfrentaría quien decida renunciar O retirarse de la agrupación política por la cual fue elegido, sin renunciar al cargo

Como una cuestión derivada de lo anterior, deben establecerse las consecuencias jurídicas a las que se enfrentaría quien decida renunciar O retirarse de la agrupación política por la cual fue elegido, sin renunciar al cargo o curul que ocupa en una corporación de elección popular. Para solucionar tales problemas jurídicos, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: i) la democracia participativa. y los partidos políticos: precisiones generales; ii) el derecho de constituir partidos y movimientos políticos, afiliarse y retirarse de ellos libremente; iii) la prohibición de la doble militancia política y los grupos significativos de ciudadanos, iv) el régimen de bancadas y la representación a través de agrupaciones políticas, y v) síntesis de la cuestión. 1.1. Democracia participativa y partidos políticos — precisiones generales Según el preámbulo de la Constitución Política de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente concibió esta norma «dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo [...]» [resaltado propio). El artículo 1° de la Carta define a Colombia como: [...] un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. [Se destaca]. La Corte Constitucional ha entendido que nuestro sistema político, del que forman parte inescindible los partidos y movimientos políticos, debe ser calificado como una democracia participativa, y ha considerado que esta

interés general. [Se destaca]. La Corte Constitucional ha entendido que nuestro sistema político, del que forman parte inescindible los partidos y movimientos políticos, debe ser calificado como una democracia participativa, y ha considerado que esta supone esferas de acción y participación del ciudadano que van más allá de lo institucional y electoral, pero que también inciden claramente en la forma como se realizan dichas actividades: 3.1.3. Con la Constitución de 1991 se inició constitucionalmente el tránsito de la democracia representativa a la participativa. Esta nueva concepción de nuestra democracia implica un cambio trascendental del sistema político, cuya primera y más clara manifestación se encuentra en la manera como se comprende al ciudadano como tal. En la democracia representativa liberal clásica, se tenía una visión del ciudadano según la cual su papel se limitaba a elegir a quienes sí tenían el conocimiento y las capacidades suficientes para hacerse cargo de los asuntos del Estado. En palabras de Montesquieu: "El pueblo es admirable para elegir aquellos a quienes debe confiar una parte de su autoridad, pero ¿sabráRadicación interna: 2462 Página 6 de 58 conducir un asunto, conocer los lugares, las ocasiones, los momentos y aprovecharse de ellos? No, no lo sabrá. La gran ventaja de los representantes es que son capaces de discutir los asuntos. El pueblo en modo alguno lo es, lo que constituye uno de los graves inconvenientes de la democracia. El pueblo no debe entrar en el Gobierno más que para elegir a sus representantes, lo que está muy a su alcance" [...]. En la democracia participativa, hay una concepción por completo contraria a la que expresa Montesquieu acerca del ciudadano y de su papel en la vida pública.

debe entrar en el Gobierno más que para elegir a sus representantes, lo que está muy a su alcance" [...]. En la democracia participativa, hay una concepción por completo contraria a la que expresa Montesquieu acerca del ciudadano y de su papel en la vida pública. En este sistema, en lugar de desconfiarse del ciudadano, éste goza de plena confianza, lo cual se manifiesta en el derecho que se le otorga de participar en los procesos decisorios públicos que habrán de afectarlo, pues se entiende que es el ciudadano quien en realidad sabe cuáles son sus necesidades y, en esa medida, cuáles las prioridades en la distribución de recursos escasos y, además, tiene mayor interés en obtener los resultados perseguidos. 3.1.4. El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la Carta. Es una extensión del concepto de ciudadanía y un replanteamiento de su papel en una esfera pública que rebasa lo meramente electoral y estatal. El ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán en el rumbo de su vida. Esto se manifiesta en varios artículos de la Carta sobre participación en escenarios diferentes al electoral, a los cuales se hará referencia posteriormente. Pero aún en éste, el tradicional de la democracia liberal, los ciudadanos no votan sólo para elegir, sino también para decidir. [Se resalta). La democracia participativa, según la Corte Constitucional, «constituye una alternativa entre la democracia directa y la representativa, que se fundamenta

votan sólo para elegir, sino también para decidir. [Se resalta). La democracia participativa, según la Corte Constitucional, «constituye una alternativa entre la democracia directa y la representativa, que se fundamenta en la noción de soberanía popular por oposición a la de soberanía nacional que sirve de soporte al modelo de democracia representativa». Así, bajo el modelo de democracia participativa los elegidos representan la voluntad del pueblo y reciben un mandato imperativo. A su turno, también ha establecido la Corte que «en la democracia representativa, los funcionarios públicos elegidos democráticamente representan a la nación entera y no a sus electores individualmente considerados, por lo cual el mandato que reciben no les impone obligaciones frente a los electores y que tal mandato se denomina representativo »!?. : Corte Constitucional, Sentencia T-637 del 15 de junio de 2001, expediente T-422696. Corte Constitucional, Sentencia C-179 del 12 de marzo de 2002, expediente P.E.-014.Radicación interna: 2462 - Página 7 de 58 Por otra parte, el Tribunal Constitucional también ha tenido ocasión para referirse a la democracia deliberativa, como el conjunto de principios y garantías con base en los cuales debe ejercerse la actividad legislativa y, en general, las funciones y actividades de los cuerpos colegiados de elección popular: De lo expuesto se infiere que el principio de publicidad en la actividad legislativa tiene dos escenarios principales de actuación. El primero encaminado a racionalizar el ejercicio de las funciones a cargo del Congreso y el segundo dirigido a brindar las condiciones necesarias que permitan activar la participación y el control ciudadano. En el primero, lo que debe ser objeto de análisis de constitucionalidad dentro de

racionalizar el ejercicio de las funciones a cargo del Congreso y el segundo dirigido a brindar las condiciones necesarias que permitan activar la participación y el control ciudadano. En el primero, lo que debe ser objeto de análisis de constitucionalidad dentro de un Estado democrático, es la verificación del cumplimiento de todas las garantías constitucionales involucradas en el debate parlamentario y, en este sentido, el marco de protección se encamina a permitir que tanto las mayorías como las minorías tengan la posibilidad de conocer los textos sometidos a su consideración. En este escenario, el principio de publicidad demanda que los congresistas tengan la oportunidad de saber cuál es el contenido de una iniciativa y de las proposiciones que se someten a su aprobación, pues de ello depende la capacidad material para intervenir en una discusión y, por lo tanto, para que pueda existir válidamente una democracia deliberativa, en donde se torne efectiva la garantía institucional de representación de los asociados»”. [Se resalta]. Ahora bien, en la actualidad, resulta complejo concebir un Estado democrático sin la existencia de grupos a través de los cuales se articulen y canalicen los intereses de la sociedad. A estos grupos, cuya consolidación está íntimamente relacionada con el sistema de democracia participativa y con postulados de naturaleza política, tales como la soberanía popular, el sufragio universal y el parlamentarismo, se les conoce, en general, como partidos políticos. Los partidos suelen ser definidos, desde una óptica meramente política, como aquellas asociaciones, grupos o estructuras a través de las cuales los ciudadanos se organizan para participar en la gestión del poder público, a partir de unas ideas, intereses o doctrina común. Sin embargo, cualquier definición que se haga sobre este tipo de agrupaciones

aquellas asociaciones, grupos o estructuras a través de las cuales los ciudadanos se organizan para participar en la gestión del poder público, a partir de unas ideas, intereses o doctrina común. Sin embargo, cualquier definición que se haga sobre este tipo de agrupaciones no deja de ser una aproximación teórica circunstancial, influenciada indefectiblemente por un contexto espacial y temporal, en el que tienen relevancia realidades de tipo social, cultural e ideológico, entre otras. De allí que connotados estudiosos sobre la materia, como Maurice Duverger, hayan Corte Constitucional, Sentencia C-084 del 29 de agosto de 2018, expedientes D-11938 y D11940 (acumulados).Radicación interna: 2462 | Página 8 de 58 evitado lanzar una definición concreta sobre los partidos, para centrarse, más bien, en establecer sus características, formas, origen y estructura. El autor Francés simplemente los describió como «una comunidad de una estructura particular, caracterizada principalmente por las relaciones internas entre los miembros»®. Debido a la sencillez de los términos, es común encontrarse con alusiones” a la definición de Sartori®, quien señaló que partido es «cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos»?. En Colombia, la Ley (estatutaria) 130 de 1994, en el artículo 2, los define como «instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los

como «instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación». Lo cierto es que, más allá de lo dicho, los partidos políticos, entendidos en un sentido amplio, son, quiérase o no, una manifestación de la vida en sociedad y del carácter social del individuo, quien, debido a su naturaleza, necesita, por un lado, vivir con otras personas, y por el otro, pertenecer a una comunidad (el zoon politikón de Aristóteles), a través de la cual se relaciona con la polis”. En reconocimiento de lo fundamental que resultan este tipo de agrupaciones, la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre de 2001 señala, con claridad, en el artículo 5, la importancia de fortalecer la existencia de los partidos y movimientos políticos, como un asunto prioritario para el funcionamiento de la democracia, en los siguientes términos: Artículo 5. El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al 6 Duverger, Maurice. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica. Pág. 37. 7 Como, por ejemplo, Pilar Gangas, en su ensayo denominado Los Partidos Políticos. https://dialnet. unirioja.es/servlet/autor?codigo=223750 ® SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial. Pág. 91. Tercera

https://dialnet. unirioja.es/servlet/autor?codigo=223750 ® SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial. Pág. 91. Tercera reimpresión, 2012. 2 En el Viejo Continente, el Reglamento (CE) n.° 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el artículo 2, los denomina como una «asociación de ciudadanos que persigue objetivos políticos, y que está reconocida por el ordenamiento jurídico, o bien establecida de conformidad con éste, de al menos un Estado miembro». ‘© «Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones». 1 En griego, se denomina polis a la ciudad, entendida esta el lugar en donde se asienta una población o un espacio urbano y no meramente como la división política de un país.Radicación interna: 2462 Página 9 de 58 establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. Colombia no ha sido ajena a todo lo dicho, puesto que la Constitución Política de 1991 reconoce la importancia que para el correcto funcionamiento de la democracia participativa (a la cual se refiere desde el preámbulo) tiene la existencia de los partidos. Por tal razón, varias normas de la Carta buscan que se garantice su pluralidad y se otorguen todas las libertades, garantías e instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan constituirlos y participar, a través de ellos, en la conformación del poder político. En esta dirección, la Corte Constitucional, en ejercicio del control previo

instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan constituirlos y participar, a través de ellos, en la conformación del poder político. En esta dirección, la Corte Constitucional, en ejercicio del control previo efectuado al proyecto de ley que se convirtió en la Ley 130 de 1994, manifestó: 1.7 En la realidad política los partidos surgen como organizaciones cuya mediación entre los ciudadanos y el poder político contribuye a consolidar y actualizar la democracia. Gracias a la legislación electoral y a la acción de los partidos, se logra periódicamente encauzar y dar cuerpo a la voluntad del pueblo. Las funciones de los partidos, dejando de lado desviaciones y patologías que desvirtúan su objeto, suelen describirse, así: (1) movilizar a los ciudadanos con miras a su integración en el proceso político y a la reducción de la abstención electoral de modo que el sistema en su conjunto pueda aspirar a conservar su legitimidad y respetar el primado del principio mayoritario; (2) convertir las orientaciones, actitudes y demandas de la población, expresas o latentes, en programas permanentes o coyunturales de acción política que se presentan como alternativas para ser incorporadas formalmente por las instancias públicas o que se destinan a alimentar la oposición frente al poder establecido; (3) contribuir a la formación de una cultura política y al ejercicio responsable del sufragio, mediante la información al público relativa a los asuntos que revisten mayor trascendencia social; (4) ofrecer a los electores las listas de personas entre las que pueden elegir a las personas llamadas a integrar y renovar los órganos estatales; (5) garantizar a los electores que en proporción a sus resultados electorales y dependiendo de éstos, su capacidad organizativa podrá realizar los programas y propuestas presentadas.

integrar y renovar los órganos estatales; (5) garantizar a los electores que en proporción a sus resultados electorales y dependiendo de éstos, su capacidad organizativa podrá realizar los programas y propuestas presentadas. 1.8 En estricto rigor la definición de partido que consagra el artículo 2 recoge, en lo esencial, las funciones sumariamente descritas, como quiera que la anterior relación de funciones, equivale a postular que en aquél se refleja el pluralismo político y, por su conducto, se promueve y encauza la participación de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas??. 12 Sentencia C-089 del 3 de marzo de1994, expediente P.E.- 004.Radicación interna: 2462 Página 10 de 58 En suma, los partidos políticos constituyen un instrumento esencial para que los principios sobre los cuales se fundamentan las democracias modernas se hagan realidad, porque, en la medida en que la representación no puede llevarse a cabo de forma directa, como ocurría en sociedades menos avanzadas o más pequeñas, es, a través de ellos, que el pueblo formalmente se organiza para decidir sobre los destinos de la Nación, encauzar sus necesidades y acceder a cargos de elección popular, mediante los cuales se lleva a cabo la gestión pública. En otros términos, desde una perspectiva finalista, los partidos políticos están llamados a ser la voz del pueblo, porque son las asociaciones que permiten discutir y decidir, en gran medida, los asuntos públicos. 1.2. El derecho de constituir partidos y movimientos políticos, afiliarse y retirarse libremente de ellos

son las asociaciones que permiten discutir y decidir, en gran medida, los asuntos públicos. 1.2. El derecho de constituir partidos y movimientos políticos, afiliarse y retirarse libremente de ellos 1.2.1. La Constitución Política establece que todo ciudadano tiene el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para lo cual cuenta, entre otras facultades, con la libertad de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, o de formar parte de ellos. En este sentido, el artículo 40 dispone que una de las manifestaciones de este derecho fundamental consiste en la facultad de constituir libremente, y sin limitación alguna, partidos, movimientos y otras agrupaciones políticas, y de formar parte de ellos, así: Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. [...] [Se destaca].

Asimismo, el originario artículo 10719 superior, que pertenece al Título IV de la Carta (De la participación democrática y de los partidos políticos), refirmaba lo 13 Este artículo ha sido objeto de dos reformas, la primera, a través del Acto Legislativo 01 de 2003, que estableció, entre otras, la denominada prohibición de la doble militancia, y la segunda, por el Acto Legislativo 01 de 2009, que endureció el régimen de responsabilidad de

los partidos frente al elector.Radicación interna: 2462 Página 11 de 58 establecido en el numeral 3° del artículo 40 transcrito, en el sentido de que los colombianos tienen derecho a fundar, organizar y desarrollar agrupaciones de naturaleza política, así como también la libertad de afiliarse o retirarse de ellas, en los siguientes términos: Artículo 107. Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. Es importante señalar que la disposición transcrita fue objeto de reforma por el Acto Legislativo 01 de 2003, «/pjor el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones», con la que se implementó un cambio en la manera como se ejercía la representación ciudadana en los cargos de poder, y la forma de materializar el derecho a elegir y ser elegido. Sin embargo, la inserción de la garantía de co