CE-SCA-EXP1950-N446
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- Título
- CE-SCA-EXP1950-N446
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 1950
ALCALDE / ALCALDE MUNICIPAL / EJÉRCITO NACIONAL / OFICIAL DEL EJÉRCITO NACIONAL / ACTO ADMINISTRATIVO/ RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO NACIONAL / SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES Ni la Constitución ni la ley han creado el cargo de Alcalde Militar; esta denominación la trae el Decreto número 744 de 31 de marzo de 1944, que amplía las disposiciones del Decreto número 1720 de 1943, pero sus funciones como Alcalde Municipal aunque el puesto esté desempeñado por un milititar del Ejercito siempre serán las contenidas en el artículo 144 del Código de Régimen Político y Municipal y demás leyes que lo adicionan. Cuando un militar, Oficial del Ejército, desempeña el cargo de Alcalde Municipal, sus funciones son esencialmente administrativas civiles, pero esto se opone a que, en determinados momentos y en virtud del mandato expreso de la ley, pueda ejercer funciones como auxiliar de la justicia ordinaria, pero en ningún caso en tiempo de paz puede asumir simultaneamente la autoridad política o civil y la judicial o militar. El hecho de que el Alcalde Municipal use las insignias y el uniforme propios de la institución Ejército Nacional no es motivo para pensar que bajo su mando quedan resumidas las funciones políticas civiles y las militares. Desde el momento en que el Gobernador,
usando de la potestad que le confieren, las leyes, nombra para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal a un militar, y éste acepta a denigración y toma posesión del cargo, automáticamente queda separado del ejercicio de sus funciones como militar, para asumir las correspondientes al cargo que va a desempeñar. De no se (sic) así, tales nombramientos serían inconstitucionales, porque (…) en tiempo de paz ninguna persona o corporación puede ejercer simultáneamente la autoridad política civil y la judicial o la militar, por prohibirlo expresamente la Constitución Nacional. (…) [N]o está demostrado en este expediente que los Generales (…) hubieran continuado con cargo alguno militar dentro del Ejército de Colombia después de entrar a desempeñar las carteras ministeriales a las que fueron llamados por el Gobierno, tales militares en ningún momento, luego de haber empezado a formar parte del Gabinete ministerial, ejercieron simultáneamente, con su oficio de Ministros, el de Generales del Ejército, puesto que, como lo manda la ley, la autoridad corresponde al cargo que se desempeña, y los mentados militares no desempeñaban entonces ningún cargo dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Al hacer este comentario se prescinde del Coronel (…) porque, es notorio que, cuando éste fue llamado al Ministerio, estaba retirado del Ejército. Aseveran los demandantes que el acto acusado viola el articulo 168 de la Constitución por cuanto autoriza a los miembros del Ejército que han sido nombrados como Ministros para actuar fuera de las finalidades a que sus atribuciones constitucionales conducen. Esta objeción sería
valedera siempre que los mencionados militares, Generales (…) después de posesionarse de sus Ministerios, hubieran continuado en el servicio activo del Ejército, porque entonces sí estarían actuando fuera de las finalidades a que sus atribuciones constitucionales conducen. Por esto, con toda razón observa 'el señor Fiscal del Consejo en relación con este mandato constitucional, la prohibición establecida para la fuerza armada en orden a deliberación, cobija la función militar en cuanto tal y se concreta a establecer uno de los principios básicos de la disciplina militar, la obediencia pasiva, que se deprende de la naturaleza misma de la institución. No puede prosperar, por lo tanto, la tacha de violación alegada del artículo 168 de la Constitución.
FUENTE FORMAL: DECRETO 744 DE 1944 / DECRET0 1720 DE 1943 – ARTÍCULO 144 / LEY 102 DE 1944 – ARTÍCULO 17 / CONSTITUCIÓN NACIONAL -ARTÍCULO 168 / CÓDIGO DE RÉGIMEN POLÍTICO Y MUNICIPAL –
ARTÍCULO 144
MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / MINISTRO / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA /
ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO NACIONAL /
SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES /
MINISTRO / FUNCIONES DEL MINISTRO / CIUDADANO / DERECHOS CIVILES
Y POLÍTICOS En las demandas (…) se sostiene que los militares en servicio activo no reúnen las condiciones constitucionales para el desempeño del cargo de ministros, porque para ser Ministro, según mandato del artículo 133 de la Constitución, se requieren las mismas calidades que para ser Representante, y por prescribir el artículo 100 de la misma. Carta: para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal, y tener más de veinticinco años de edad. En respaldo de esta argumentación se dice: El concepto de ciudadanía lo constituye en esencia el ejercicio de los derechos políticos que se traducen en la facultad de elegir y ser elegido. En consecuencia, la expresión (…) [ser ciudadano en ejercicio] que emplea el constituyente al señalar uno de los requisitos para ser ministro, no puede interpretarse en forma distinta a la de tener el ejercicio de los derechos políticos y entre éstos la facultad de sufragar FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 1 DE 1945 – ARTÍCULO 3 / CONSTITUCIÓN NACIONAL – ARTÍCULO 133 / CONSTITUCIÓN NACIONAL –
ARTÍCULO 100
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Corte Suprema de Justicia, fallo del 16 de septiembre de 1932
NORMA DEMANDADA: DECRETO 1483 DE 1949 (21 de mayo) PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA (No anulada)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: JOSÉ URBANO MUNERA
Bogotá, veintisiete (27) de junio de mil novecientos cincuenta (1950)
Radicación número: CE-SCA-EXP1950-N446
Actor: JOSÉ ANTONIO CURREA MORA, JORGE DAVILA HERNÁNDEZ Y
JAIME RAFAEL PEDRAZA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD (APELACIÓN SENTENCIA) Los señores José Antonio Currea Mora, Jorge Dávila Hernández y Jaime Rafael Pedraza, invocando su condición de ciudadanos colombianos, presentaron sendas demandas ante esta corporación en los días 25 y 31 de mayo de 1949 y 1° de junio del mismo año, por las que se pide nulidad del Decreto número 1483 de 21 de mayo de 1949, suscrito por el señor Presidente de la República, y mediante el cual se nombró a los militares señores Coronel Régulo Gaitán y General Miguel San Juán y General Rafael Sánchez Amaya. Ministros de Gobierno, Justicia y guerra respectivamente.
La acumulación de los tres juicios ocasionados por las referidas demandas fue decretada en forma legal, y por esto se van a decidir en un solo fallo. Consideran los demandantes que el acto acusado viola el artículo 133 de la Constitución, porque un Oficial del Ejército, en servicio activo, no puede ser elegido Representante a la Cámara; el artículo 61 ibídem, por preceptuar esta disposición que ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política o civil y la Judicial o militar; el artículo, 168 de
la misma carta desvía a miembros del Ejército de las funciones que privativamente les corresponden según esta disposición; y finalmente mandatos del Código Judicial, Penal y Militar (Ley 3a DE 1945) en el sentido de que los militares en ejercicio no pueden intervenir en la política militante. Fue negada la suspensión provisional del acto acusado, sin que tuviera éxito el recurso de súplica interpuesto contra los respectivos autos. El señor Fiscal 1° del Consejo al emitir su concepto acerca de la cuestión controvertida, y después de estudiarla a fondo, es de parecer que se nieguen las súplicas de las demandas. El artículo 61 de la Constitución Nacional –dice este alto funcionarioestablece lo siguiente: ‘Ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política o civil y la Judicial o la militar'. A continuación el señor Fiscal comenta esta disposición y su alcance. No se establece, dice, en el artículo citado ninguna inhabilidad particular, derivada del carácter que tenga un determinado funcionario, sino el ejercicio de atribuciones que competen separadamente a autoridades distintas en tiempo de paz. Se prohíbe, pues, el ejercicio simultáneo, la posibilidad de que en una misma persona o corporación se concentren poderes y facultades que el constituyente quiere que se ejerzan por autoridades distintas; se exige que no residan en unas mismas manos los poderes inherentes a la autoridad política, civil, judicial o militar. Observa luego que en este mismo sentido se pronuncian los expositores de Derecho Constitucional, doctores Tulio Enrique Tascón y Francisco de Paula
Pérez. Agrega finalmente: Existe, sin embargo, un valioso antecedente judicial con. relación al problema planteado en la demanda de si un militar en servicio activo, por el hecho de posesionarse de un cargo administrativo que lleva anexa autoridad civil, viene a ejercer simultáneamente la autoridad civil y la militar» Constituye tal antecedente la sentencia de fecha 12 de marzo de 1947, pronunciada por la Corte Suprema de Justicia, en la cual claramente fijó el concepto de que, en ese caso, el militar quedaba automáticamente separado de sus funciones como tal para asumir exclusivamente las correspondientes a las del cargo administrativo, en forma que no se producía incompatibilidad constitucional alguna.
La doctrina enunciada: Ni la Constitución ni la ley han creado el cargo de Alcalde Militar; esta denominación la trae el Decreto número 744 de 31 de marzo de 1944, que amplía las disposiciones del Decreto número 1720 de 1943, pero sus funciones como Alcalde Municipal aunque el puesto esté desempeñado por un milititar del Ejercito siempre serán las contenidas en el artículo 144 del Código de Régimen Político y Municipal y demás leyes que lo adicionan.
Cuando un militar, Oficial del Ejército, desempeña el cargo de Alcalde Municipal, sus funciones son esencialmente administrativas civiles, pero esto se opone a que, en determinados momentos y en virtud del mandato expreso de la ley, pueda ejercer funciones como auxiliar de la justicia ordinaria, pero en ningún caso en tiempo de paz puede asumir simultaneamente la autoridad política o civil y la judicial o militar. El hecho de que el Alcalde Municipal use las insignias y el
uniforme propios de la institución —Ejército Nacional— no es motivo para pensar que bajo su mando quedan resumidas las funciones políticas civiles y las militares. Desde el momento en que el Gobernador, usando de la potestad que le confieren, las leyes, nombra para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal a un militar, y éste acepta a denigración y toma posesión del cargo, automáticamente queda separado del ejercicio de sus funciones como militar, para asumir las correspondientes al cargo que va a desempeñar. De no se así, tales nombramientos serían inconstitucionales, porque como se deja expuesto, en tiempo de paz ninguna persona o corporación puede ejercer simultáneamente la autoridad política civil y la judicial o la militar, por prohibirlo expresamente la Constitución Nacional. En el concepto que se está comentando se cita, con manifiesta oportunidad, el artículo 17 de la Ley 102 de 1944, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre organización y mando en las Fuerzas Milita res, que reza así: La autoridad corresponde al cargo que desempeña y no puede cederse, ni traspasarse, ni renunciarse, ni abandonarse temporal o definitivamente sino con orden de autoridad superior o por disposición reglamentaria para casos previstos. Natural, obligadamente, si como lo dice este precepto la autoridad corresponde al cargo que se desempeña, y no está demostrado en este expediente que los Generales San Juan y Sánchez Amaya hubieran continuado con cargo alguno militar dentro del Ejército de Colombia después de entrar a desempeñar las carteras ministeriales a las que fueron llamados por el Gobierno, tales militares en ningún
momento, luego de haber empezado a formar parte del Gabinete ministerial, ejercieron simultáneamente, con su oficio de Ministros, el de Generales del Ejército, puesto que, como lo manda la ley, la autoridad corresponde al cargo que se desempeña, y los mentados militares no desempeñaban entonces ningún cargo dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Al hacer este comentario se prescinde del Coronel Gaitán porque, es notorio que, cuando éste fue llamado al Ministerio, estaba retirado del Ejército. Aseveran los demandantes que el acto acusado viola el articulo 168 de la Constitución por cuanto autoriza a los miembros del Ejército que han sido nombrados como Ministros para actuar fuera de las finalidades a que sus atribuciones constitucionales conducen. Esta objeción sería valedera siempre que los mencionados militares, Generales Sanjuán 'y Sánchez Amaya, después de posesionarse de sus Ministerios, hubieran continuado en el servicio activo del Ejército, porque entonces sí estarían actuando fuera de las finalidades a que sus atribuciones constitucionales conducen. Por esto, con toda razón observa 'el señor Fiscal del Consejo en relación con este mandato constitucional, la prohibición establecida para la fuerza armada en orden a deliberación, cobija la función militar en cuanto tal y se concreta a establecer uno de los principios básicos de la disciplina militar, la obediencia pasiva, que se deprende de la naturaleza misma de la institución. No puede prosperar, por lo tanto, la tacha de violación alegada del artículo 168 de la Constitución. En las demandas mencionadas se sostiene que los militares en servicio activo no
reúnen las condiciones constitucionales para el desempeño del cargo de Ministros, porque para ser Ministro, según mandato del artículo 133 de la Constitución, se requieren las mismas calidades que para ser Representante, y por prescribir el artículo 100 de la misma. Carta: para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal, y tener más de veinticinco años de edad''. En respaldo de esta argumentación se dice: El concepto de ciudadanía lo constituye en esencia el ejercicio de los derechos políticos que se traducen en la facultad de elegir y ser elegido. En consecuencia la expresión 'ser ciudadano en ejercicio' que emplea el constituyente al señalar uno de los requisitos para ser Ministro, no puede interpretarse en forma distinta a la de tener el ejercicio de los derechos políticos y entre éstos la facultad de sufragar. No obstante afirmación tan rotunda de los señores demandan! es, la honorable Corte Suprema de Justicia, en fallo de 16 de septiembre de 1932, sostiene lo siguiente, que prohíba el Consejo por hallar lógico, democrático y equitativo que no se confunda la función del sufragio con la ciudadanía misma: El derecho de elegir es apenas un atributo de la ciudadanía, pero no es la ciudadanía misma, Para elegir o ser elegido se requiere ser ciudadano, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución; pero para ser ciudadano no se necesita el ejercicio de la facultad constitucional del sufragio. Esta doctrina aparece relieve da aun mejor en el artículo 3º del Acto legislativo número 1° de 1945, que le concedió a la mujer mayor de veintiún años la calidad
de ciudadano, privándola sin embargo de la función del sufragio y de la facultad de ser elegida popularmente. Por las razones expuestas, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el parecer de su Fiscal y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, niega las súplicas de la demanda. Cópiese, notifíquese y archívese.