CE-SECCION SEGUNDA-11001-03-25-000-2011-00555-00(2142-11)

PROCESO DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO – No vulneración / INDEBIDA

VALORACIÓN PROBATORIA – No configuración / EXPEDICIÓN IRREGULAR

DE SALVO CONDUCTOS AMBIENTALES / AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE

LA CORPORACIÓN AUTONOMA

[O]bserva la Sala que las decisiones de primera y de segunda instancia se fundamentaron en las pruebas legalmente aportadas al plenario. En especial en el expediente núm. 228-2008 en la cual consta que el accionante expidió los salvoconductos forestales N° 0691854 del 9 de abril de 2008 y 0691861 del 10 de abril de 2008, al señor Jairo Bohórquez, respecto de especies distintas (vara de humo y polvillo) a las dispuestas en el informe No. 228 que él elaboró y que sirvió de sustento del precitado permiso (caracolí, cedro, roble, ceiba, teca). En ese sentido incumplió el manual de funciones previsto en el Acuerdo 03 de 1999, el Sistema de Gestión Corporativa y el Decreto 1791 de 1996 «por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal», en el entendido que los salvoconductos que suscribió no contenían la información registrada en el informe No. 228 que él suscribió, específicamente en lo relacionado con las especies objeto de estos. Así, en el informe No. 228 el señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN indicó la existencia de las especies forestales «caracolí, cedro, roble, ceiba, teca» y en los salvoconductos se señalaron unas especies distintas: «vara

de humo y polvillo» lo cual constituyó la irregularidad que determinó la imposición de la sanción producto de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el numeral 37 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002: «Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber legal, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales o el medio ambiente».(…) De lo que se concluye que la entidad de control disciplinario realizó un resumen de los hechos investigados, un análisis acucioso, integral e imparcial de las pruebas aportadas (art 129 C.DU), una valoración jurídica de los cargos, descargos y las alegaciones presentadas por el demandante, la fundamentación de la clasificación de la falta, realiza un análisis de culpabilidad y las razones de la sanción, así como la graduación de la misma, atendiendo el contenido mínimo del fallo trazado en el C.D.U, actuaciones que indefectiblemente condujeron a determinar de manera inequívoca la existencia de falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado.

NOTA DE RELATORIA: En cuanto al control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración, ver: C. de E., Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, Rad. 1220-2011.

Sobre les elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 23 de septiembre de 2015, Rad. 11001-03-25-000-2010-00162-00(1200-10).

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 18 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 187 / DECRETO 1791 DE 1996 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 48NUMERAL 37

PROCESO DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO – No vulneración /

DERECHO A DEFENSA Y CONTRADICCIÓN – No vulneración / EXPEDICIÓN

IRREGULAR DE SALVO CONDUCTOS AMBIENTALES / AUXILIAR

ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA

[E]stá probado que el disciplinado, fue notificado en debida forma de cada una de las providencias interlocutorias proferidas dentro de la investigación disciplinaria como se desprende de las constancias de notificación relacionadas en precedencia, fue escuchado en diligencia de versión libre, presentó escrito de descargos en el cual expuso las razones de defensa y solicitó la práctica de pruebas, allegó escrito de alegatos y formuló recursos de reposición y apelación contra la decisión de primera instancia, actuaciones que denotan el respecto de las garantías básicas del debido proceso y la materialización del derecho de contradicción y defensa en desarrollo de la actuación disciplinaria.En suma, en el caso bajo estudio, se encuentra garantizado no solo el debido proceso sino también el derecho de defensa del señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN, toda

vez que conoció los cargos en forma clara concisa y oportuna, en esa medida ejerció todos los medios de réplica y participó de manera activa en todo el proceso sin que lograra desvirtuar la legalidad de los actos acusados. Por lo anterior, para la Sala se hace evidente que el actuar de la CVS no vulneró el debido proceso, habida cuenta que la sanción impuesta al demandante fue consecuencia de que su conducta desconoció de manera evidente la normatividad que regula la expedición de salvoconductos forestales precitada a la que debió sujetarse como quedó explicado anteriormente porque no contenían las especies forestales del predio indicadas en el informe que el demandante realizó previo a ellos. PROCESO DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO – No vulneración / CALIFICACIÓN DE LA FALTA DISCIPLINADA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – No vulneración / CULPABILIDAD / EXPEDICIÓN

IRREGULAR DE SALVO CONDUCTOS AMBIENTALES / AUXILIAR

ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA

[E]l investigador disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o culpa, es decir, en forma consiente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad. (…) [E]l demandante desde el pliego de cargos conoció de forma clara la conducta constitutiva de falta disciplinaria por la que fue imputado, respecto de la cual tuvo la oportunidad de defenderse al presentar los descargos y los alegatos de conclusión, (ii) el cargo imputado no

cambió en ninguna de las decisiones disciplinarias demandadas, toda vez que, tanto en primera como en segunda instancia, la Corporación mantuvo que la falta del señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN se constituyó por la «expedición irregular de los salvoconductos», es decir, que fueron consistentes y no sorprendieron como parece interpretarlo, (iii) si bien en acápite final de la decisión de primera instancia quedó consignada la expresión «graves culposas», se trató de un lapsus cálami que no tiene la entidad de restar validez o eficacia a los actos administrativos demandados, pues como quedó probado la Corporación siempre fue clara en que su actuación configuraba una falta gravísima, y (iv) la decisión sancionatoria tanto de primera instancia en el acápite denominado “v. Fundamentación de la calificación de las faltas” (folio 79 del cuaderno principal, así como la decisión de segunda instancia al resolver los reparos de la apelación, ratificó la calificación de la falta gravísima en el folio 102 del cuaderno principal, razón por la cual, siempre se mantuvo la congruencia entre la calificación de la falta como gravísima y la sanción que le fue impuesta al demandante. Adicionalmente, se evidencia que en los actos administrativos demandados se determinó la culpabilidad del demandante al encontrar probada la intencionalidad en la comisión de la conducta constitutiva de la falta disciplinaria.(…) De acuerdo con ello, al cotejar el análisis hecho por la entidad investigativa respecto de la calificación y tipificación de la falta endilgada; encuentra la Sala que este, obedeció a un estudio razonado, concordante y objetivo de las circunstancias de

tiempo, modo y lugar que desenvolvieron el comportamiento del accionante, el cual se encuentra registrado en las decisiones arriba trascritas, conducta que para la Sala merece una especial irreprochabilidad, como quiera que al incluir información inconsistente respecto las especies objeto de estos previamente consignada en el informe No. 228 que había presentado permite y abre paso para que de forma irracional se exploten y se comercialicen los recursos naturales vitales hoy en día para la sobrevivencia del ecosistema y de la vida, por ello, el legislador confió su protección a las Corporaciones Autónomas Regionales. De tal manera que el desconocimiento de dicha tarea por parte de los funcionarios de esta entidad esté tipificada como falta gravísima al tenor del numeral 37 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, como en efecto lo analizó el ente de control y se comparte por esta Corporación. NOTA DE RELATORIA: Referente al lapsus cálami, ver: C. de E, Sentencia del 10 de octubre de 2013, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 42 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 44 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 48

PROCESO DISCIPLINARIO / SANCIÓN DE INHABILIDAD QUE IMPIDE EL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS / DERECHO AL TRABAJO – No vulnerado

[L]a sanción imputada en el presente asunto, es el resultado de una decisión administrativa sancionatoria, derivada de la irreprochabilidad disciplinaria

correccional, en donde el accionante tuvo la oportunidad de intervenir y controvertir los cargos endilgados, conforme lo disponen los principios consagrados en la Ley 734 de 2002, sin que lograra desvirtuar la legalidad de los actos sancionatorios. Si bien es cierto, la sanción impide el acceso a cargos públicos, también lo es, que no vulnera el derecho al trabajo, como quiera que dicha inhabilidad es el resultado de una limitación establecida por la ley con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el empleado público, más no por arbitrariedad del Estado de prohibirle el derecho al trabajo. NOTA DE RELATORIA: Referente a la sanción de inhabilidad, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-544 de 2005.

PROCESO DISCIPLINARIO / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD – No vulneración

[N]o hay lugar a considerar que se vulneró el principio de favorabilidad imperante en el inciso 2º del artículo 29 de la Carta Política y 14 de la Ley 734 de 2002; como quiera que al señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN se sancionó conforme a las normas vigentes a la época de los hechos, Acuerdo 03 de 1999, Decreto 1791 de 1996 y Resolución 001 de 2008, disposiciones por medio de las cuales se establece el régimen y procedimiento para la expedición de salvoconductos de aprovechamiento forestal. De lo que se concluye que en el caso bajo examen, no hay lugar a la aplicación de otra ley que consagre una especial favorabilidad al actor, como quiera que los hechos materia de investigación sucedieron estando

vigentes las disposiciones anteriormente citadas, resultando descartado de plano cualquier tipo de oposición o de enfrentamiento de normas, de ahí que no pueda el actor invocar la aplicación del principio de favorabilidad; en otras palabras no hay otra disposición que ofrezca mejores garantías o condiciones para el ejercicio de sus derechos frente a la existencia de la falta o de la sanción imputada, bajo estas circunstancias no hay lugar a vulneración al principio de favorabilidad.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 14 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 – INCISO 2

PROCESO DISCIPLINARIO / DESVIACIÓN DE PODER – No vulneración / CARGA DE LA PRUEBA La [desviación de poder], se configura cuando el acto administrativo persigue un fin espurio, innoble o dañino, distinto a los que ha fijado el ordenamiento jurídico, como es el de interés general o el mejoramiento del servicio, fines que dicho sea de paso, se presumen. De tal suerte que en su actuar el funcionario desvía los fines de las competencias otorgadas, disfrazando la actuación con un manto de legalidad, el cual encubre la motivación subjetiva y arbitraria que conlleva a la expedición del acto.(…) Ahora bien, cuando se arguye esta causal de nulidad, es una obligación de quien afirma la existencia de la misma llevar al Juez Administrativo, los medios que conduzcan a desvirtuar la citada presunción, siendo entonces, el análisis de las probanzas arrimadas al proceso, las que permiten determinar sí, efectivamente los hechos que se alegan como

constitutivos de la causal de nulidad, están presentes en la expedición del acto acusado, de forma tal, que desvirtúen la legalidad que resguarda a todo acto administrativo. Bajo el anterior criterio jurisprudencial y normativo, en el caso concreto, los actos demandados no están expedidos con falsa motivación o desviación de poder, como quiera que tienen una causa que los justifica, la cual obedece a criterios de legalidad, de certeza probatoria y de responsabilidad de los hechos en cabeza del actor, en otras palabras los actos obedecen a una realidad fáctica y jurídica vigente aplicable a los hechos materia de investigación, por lo tanto no se apartan de la realidad jurídica. En esta medida los citados actos administrativos cumplen el fin perseguido por el ordenamiento jurídico, pues al quedar demostrado que el accionante con su proceder infringió disposiciones normativas (Decreto 1791 de 1996 y el Acuerdo 03 de 1999) no le quedaba otro camino a la CVS, más que hacer uso del poder constitucional y legal para imponer la sanción disciplinaria correspondiente como quedó anotado anteriormente, la cual es el resultado de una decisión administrativa, derivada de la irreprochabilidad disciplinaria correccional, en donde el investigado tuvo la oportunidad de intervenir y controvertir los hechos endilgados; más no por arbitrariedad del Estado, por tanto, los actos reprochados no buscan una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, como equivocadamente lo afirma el señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN en la demanda. NOTA DE RELATORIA: Frente a la desviación de poder, ver: Corte Constitucional, Sentencia C – 456 de

1998, M.P Antonio Barrera Carbonell.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 84

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES DE COLOMBIA –

COMPETENCIA / IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE /

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PROTEGER,

MANTENER Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

[L]as Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia son la primera autoridad ambiental a nivel regional, son entes corporativos de carácter público, creados por ley, integradas por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por la ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente acorde a la Ley 99 de 1993. De allí que tratándose de los servidores públicos que tengan dentro del ámbito de sus funciones la protección del medio ambiente, las CAR tengan la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias por la comisión de faltas que lo afecten, competencia que resulta relevante tratándose, por ejemplo, de especies forestales protegidas que se encuentre en peligro de extinción. Esta potestad disciplinaria adquiere mayor importancia en el contexto actual en el que la sociedad enfrenta el cambio climático, definido en el artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como «un cambio

de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables», el cual encuentra su causa, entre otras actividades, en la deforestación.(…) [L]a Sala de Decisión hace un llamado a los servidores públicos encargados, según sus funciones y competencias, de proteger, mantener y preservar el medio ambiente, a reafirmar sus compromisos con la tierra y sus recursos naturales que nos proveen las condiciones necesarias para subsistir, de lo contrario, el hombre, parte integrante del entorno, se encontrara afectado en sus garantías mínimas de supervivencia. Así, esta Corporación está comprometida con la defensa, desde lo judicial, de la sostenibilidad ambiental lo cual conlleva en sí mismo la protección de las garantías constitucionales del ser humano previstas en nuestra carta política, de tal manera que ante asuntos como el sub examine no se podrá desestimar la relevancia de esta responsabilidad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la importancia de proteger el medio ambiente, ver: Corte Constitucional, sentencia T-411de 1992.

FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 79 / LEY 99 DE 1993

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-0325-000-2011-00555-00(2142-11)

Actor: JHON JAIRO DIAZ CALDERÓN

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL

SINÚ Y SAN JORGE

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Disciplinario

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / DECRETO 01 DE 1984

ASUNTO La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, procede a dictar sentencia de única instancia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

El señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN actuando por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo demandó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas: 1.1. Pretensiones2 (i) La nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Resolución No. 13271 de 8 de mayo de 2009, a través de la cual el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge lo declaró responsable por la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 48 numeral 373 de la Ley 734 de 2002 y le impuso la sanción de destitución en inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de 12 años. b) Resolución No. 13367 de 5 de junio de 2009, mediante la cual 1 Folios 1 a 17.

2 Folios 3 a 5 del expediente. 3 Aunque la entidad consignó el numeral 7, en la exposición de la falta, se refirió a la prevista en el numeral 37, el cual fue citado en la decisión disciplinaria de primera instancia. el Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge confirmó la sanción de destitución impuesta al demandante y modificó el término de la inhabilidad para ejercer cargos públicos de 12 a 10 años. (ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada a lo siguiente: a) Reincorporarlo al mismo cargo que desempeñaba al momento de su retiro o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad. b) Pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir, desde su destitución, hasta cuando se produzca su reintegro al cargo. c) Reajustar las sumas adeudadas teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor (IPC), desde la fecha en que se hizo exigible cada una de ellas, hasta el momento en que se produzca su pago efectivo. d) Cumplir la sentencia de conformidad con lo previsto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. 1.2. Fundamentos fácticos4 Como fundamentos fácticos expuso lo siguiente: (i) El señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN laboró al servicio de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge en el cargo de auxiliar administrativo, grado 13, desde el 22 de noviembre de 2005 hasta el 24 de junio de 2009 por la destitución impuesta.

(ii) La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge mediante auto No. 1841 del 24 de octubre de 2008, inició una investigación disciplinaria contra varios empleados, incluido el demandante, por presuntas irregularidades en la expedición de 4 Folios 1 a 3 del expediente. autorizaciones para aprovechamientos forestales y permisos de movilización de productos forestales. (iii) A través de auto No. 1966 del 29 de diciembre de 2008, el Secretario General de la entidad formuló pliego de cargos contra el señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN, con motivo del cual presentó los respectivos descargos. (iv) Mediante Resolución No. 13271 del 8 de mayo de 2009, el Jefe de Control Interno Disciplinario de la CVS, declaró responsable disciplinariamente al demandante y lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 12 años. (v) Contra el acto administrativo anterior el señor JHON JAIRO DÍAZ CALDERÓN interpuso recursos de reposición y apelación. (vi) El Director General de la CVS, a través de Resolución No. 13367 del 5 de junio de 2009, confirmó la sanción de destitución, modificó el término de la inhabilidad para ejercer cargos públicos de 12 a 10 años y declaró improcedente el recurso de reposición. 1.3. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes: De orden constitucional: preámbulo y artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29 y

209 de la Constitución Política.

De orden legal: el artículo 44 de la Ley 734 de 2002.

Como motivo de censura, la parte demandante, en síntesis, planteó los siguientes cargos contra los actos administrativos demandados: a) Infracción de norma superior. Sostuvo que la entidad demandada en los actos administrativos reprochados vulneró las normas de rango constitucional y legal referidas, por cuanto al calificar la falta disciplinaria endilgada la consideró como grave culposa, sin embargo, le impuso la sanción de destitución cuando de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, solo procede para las faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo o culpa grave. En ese sentido, advirtió que tratándose de una falta calificada como grave culposa la sanción procedente es la de suspensión en el ejercicio del cargo y no la de destitución. Destacó, además, que sus derechos fundamentales a la dignidad humana, trabajo e igualdad fueron transgredidos, porque no se tuvo en cuenta en la investigación lo favorable de su desempeño laboral, el tiempo de servicio que prestó y su condición económica y de prejubilable. De igual manera, resaltó que se desconoció el principio de favorabilidad, toda vez que fue sancionado con fundamento en el Acuerdo No. 03 de 1999, que le otorgaba funciones de autoridad al auxiliar administrativo, pero que fue derogado por el Acuerdo No. 94 del 12 de agosto de 2008 expedido por el Consejo Directivo de la CVS, el cual le quita esa competencia al cargo. b) Desviación de poder. Manifestó que los actos acusados «tienen

la apariencia de legalidad, es decir, que el propósito de destituir al funcionario se mantiene oculto y solo se vislumbra cuando se demuestra la contradicción entre la evaluación de la conducta y la sanción impuesta, es decir, el propósito era el de sacar a como diera lugar de la planta de personal al empleado […]»5 Lo anterior, pues advirtió que la conducta se evaluó como falta grave culposa, pero finalmente se sancionó con destitución e inhabilidad, de modo que, en su criterio, los actos acusados persiguieron fines distintos a los de la actuación disciplinaria como el de «iniciar investigaciones disciplinarias y sancionar con destitución a los investigados para crear vacantes»6. 5 Folio 10 del expediente. 6 Ídem. c) Falsa motivación. Afirmó que no existió causa o motivo para expedir los actos administrativos demandados cuando los antecedentes de hecho y de derecho no dan para tomar la decisión de destitución, es decir, no existieron razones de orden jurídico o legal para proferirlos cuando los antecedentes demostraron y así lo calificó el funcionario de primera y segunda instancia, que su conducta se tipificaba como grave culposa y que para este tipo de conducta la sanción es la suspensión. Agregó que «la conducta expresada en los motivos de los actos administrativos que aquí se acusan son la prueba de que estos daban para la suspensión mas no para la destitución». d) Violación del debido proceso. Señaló que la entidad calificó la falta como grave culposa luego de valorar «la oportunidad de la ocurrencia»7 y considerar que «la puesta en peligro se da en un

menor grado»8, por lo tanto, al haberse calificado así la falta, no era procedente imponer al disciplinado la sanción de destitución, la cual solo procede contra faltas gravísimas dolosas, o realizadas con culpa gravísima. Adicionalmente, indicó que la entidad impuso la sanción por la comisión de una disciplinaria gravísima, sin embargo, no analizó la culpabilidad del demandante, lo cual desconoce las normas que rigen la materia, así como el derecho al debido proceso. Agregó que, el solo hecho de que se encuentre configurada una conducta catalogada como falta gravísima no da lugar a imponer la sanción de destitución, pues la responsabilidad objetiva se encuentra proscrita, en consecuencia, se debe demostrar la existencia de una culpa grave o de dolo, sin embargo, en los actos sancionatorios no se hizo alusión a este aspecto. En tal medida, consideró que existe «disconformidad» entre la calificación de la falta y la sanción. Además, sostuvo que la sanción 7 Folio 14 del expediente. 8 Ídem. viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad, integrantes del debido proceso. De igual forma, consideró vulnerado el derecho al debido proceso al haberse notificado la decisión disciplinaria de segunda instancia a través de estado fijado el 24 de junio 2009, pese a que el artículo 101 de la Ley 734 de 2002 establece que la notificación debe ser personal y, el artículo 107 ibídem señala que, cuando no se pueda hacer la notificación personal, se deberá notificar por edicto. Sostuvo que, en virtud de estas normas, se debió citar para ser

notificado personalmente y, si luego de 8 días no comparecía, se debería proceder con la notificación por edicto, el cual se debía fijar por el término de 3 días.

2. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Junto con la demanda, se radicó solicitud de suspensión provisional de los actos demandados, la cual fue negada a través de auto de 7 de febrero de 20139, decisión contra la cual no se interpusieron recursos.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA10

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, por conducto de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que, mediante auto No. 1841 de 24 de octubre de 2008, se ordenó abrir investigación disciplinaria contra varias personas, incluyendo al demandante, teniendo en cuenta que, en virtud de un proceso de auditoría, se rindió informe a través de Actas de 28 de julio y de 1º de agosto de 2008 en las cuales se advirtieron irregularidades relacionadas con el reconocimiento de permisos de aprovechamiento forestal, sin el cumplimiento de requisitos, y sin cumplirse el procedimiento de expedición de permisos y 9 Folios 238 a 242. 10 Folios 179 a 188. salvoconductos para la movilización de los productos forestales. Sostuvo que en el proceso disciplinario se ordenó la práctica de pruebas y se garantizó la comparecencia del disciplinado para ejercer su derecho de defensa y rendir versión libre, además, se brindó la oportunidad de formular alegatos de conclusión, de la cual no hizo uso el demandante quien también tuvo la oportunidad de

rendir versión libre. Mencionó que, mediante auto No. 1966 de 29 de diciembre de 2008 se formuló pliego de cargos contra el demandante por el incumplimiento del procedimiento para la expedición de permisos de aprovechamiento forestal y para la expedición de salvoconductos, así como la violación del Acuerdo No. 03 de 1999 y, por su parte, el investigado rindió descargos el 20 de enero de 2009. Agregó que, mediante Resolución No. 13.091 de 16 de marzo de 2009 se declaró responsable al demandante por la conducta investigada y se le impuso sanción de destitución, sin embargo, mediante Resolución No. 13.159 se decretó la nulidad del proceso disciplinario, a partir de la expedición de la Resolución No. 13.091 de 16 de marzo de 2009 y se les corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Posteriormente, se expidió la Resolución No. 13.271 de 8 de mayo de 2009, a través de la cual se endilgó al demandante la sanción de destitución, la cual fue recurrida y confirmada mediante la Resolución No. 13.367 de 5 de junio de 2009, notificada por edicto fijado el 23 de junio de 2009 y desfijado el 25 de junio del mismo año. Indicó que en el proceso disciplinario se evidenció que el demandante era una de las personas encargadas de estudiar, analizar y otorgar permisos y salvoconductos en materia forestal, sin embargo, actuó en contra de los fines de la Corporación e incumplió sus deberes consagrados en el artículo 34 de la Ley 734

de 2002, por el desconocimiento de los requisitos y trámites establecidos para la protección de los recursos naturales. Expresó que la sanción se impuso garantizando el debido proceso del demandante, a través de actos motivados, respetando el principio de legalidad y con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas. Sostuvo que el demandante incurrió en una falta disciplinaria gravísima, «al someter a un alto riesgo los recursos naturales y el medio ambiente en general, permitiendo con sus faltas el tráfico ilícito e indiscriminado de recursos madereros sin cumplir con el lleno de los requisitos legales lo que redunda en el deterioro del bien protegido. Además, debe considerarse gravísima la falta, por las circunstancias en las que se configuraron puesto que conocían sus deberes y competencias». Señaló que, aun cuando en algunos apartes de los actos acusados se hizo alusión a la falta como grave culposa, lo cierto es que «dentro del debate, controversia y juicio disciplinario, esta se señaló como gravísima, y se indicó las consecuencias de la misma», razón por la cual, no hubo violac