CE - Sentencia 11001031500020210099800 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020210099800 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 24
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680)
Accionante : José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
Accionada : Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Trámite : Recurso extraordinario de revisión – causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
Tema : Error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión
1. Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, contra la sentencia proferida el 19 de marzo de 2020, por medio de la cual, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda presentada dentro del proceso de reparación directa, por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, identificado con número de radicado 25000 -23-26-000-2011-01248-01
(53.205).
I. ANTECEDENTES
1. Proceso de reparación directa.
1.1. La demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680)
Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
I. ANTECEDENTES
1. Proceso de reparación directa.
1.1. La demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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2. El 18 de noviembre de 2011, el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, a efectos de obtener una indemnización pecuniaria por los perjuicios que alegó haber padecido, con ocasión de los daños sufridos, consistente en el error judicial y en el defectuoso funcionamiento de administración de justicia, causados por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, en la sentencia proferida el 28 de febrero de 2011, por parte
del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral.
3. En síntesis, expuso que el error judicial consistió en que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, reconoció, como indemnización a su favor, una suma de dinero inferior a la que correspondía por el trabajo jurídico realizado dentro del incidente de regulación de perjuicios tramitado dentro del caso del pueblo Embera -Katío y que, el defectuoso funcionamiento de administración de justicia, obedeció a la imposibilidad de obtener el pago de la indemnización por parte del señor Guillermo Alfonso Landinez Espitia , por la mora judicial en que incurrió la Rama Judicial para resolver el proceso ordinario laboral.
4. El proceso ordinario laboral1 fue iniciado por el actor, quien presentó demanda contra el señor Guillermo Alfonso Landinez Espitia, quien obró como apoderado judicial de las
mora judicial en que incurrió la Rama Judicial para resolver el proceso ordinario laboral.
4. El proceso ordinario laboral1 fue iniciado por el actor, quien presentó demanda contra el señor Guillermo Alfonso Landinez Espitia, quien obró como apoderado judicial de las comunidades indígenas del pueblo Em bera-Katío del Alto Sinú, por incumplimiento del contrato de mandato que celebraron para la estructuración del incidente de regulación de perjuicios, con ocasión de la sentencia T -652 de 1998 2, a través de la cual, la Corte Constitucional ordenó a la empresa Urrá S.A., indemnizar a dicha comunidad3.
1 En la demanda ordinaria laboral presentada por el señor José Guillermo Roa Sarmiento, se elevaron, entre otras, las pretensiones que se transcriben a continuación: “1.1. Declarar que entre las partes existió un contrato de mandato donde el demandado actu ó como mandante y el suscrito como mandatario, cuyo objeto fue la estructuración jurídica del incidente de regulación de perjui cios ordenado por la Honorable Corte Constitucional en la acción de tutela radicada en la corporación bajo el No. T-168.594, fallo contenido en la Sentencia No. T -652/98, adelantada por ROGELIO DOMICO AMARIS, la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA, la COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, ALIRIO PEDRO DOMICO y otros, contra, el PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, los MINISTROS DEL INTERIOR , AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, Y MINAS Y ENERGÍA, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA (CÓRDOBA) y la EMPRESA MULTIPROPÓSITO URR Á S.A., E.S.P., por la presunta violación de los derechos fundamentales del pueblo EMBERA-KATIO DEL ALTO SINÚ./ 1.2. Que el demandado es responsable por los perjuicios a mi irrogados, respecto de la no cancelación de mis derechos laborales -honorarios profesionalesa que tengo legal derecho por haber realizado la labor encomendada, esto es, la estructuración jurídica del incidente de regulación de perjuicios, derechos laborales que de mala fe ahora, después del éxito de la gestión, no me fueron reconocidos por el abogado aquí demandado./ 1.3. Como consecuencia de lo anterior declarar que tengo constitucional y legal derecho al reconocimiento y pago de los honorarios profesionales, los cuales fueron pactados con el aquí demandado en el 35% de los honorarios que llegaran a corresponderle en caso de éxito de la gestión, suma que debe ser indexada desde la fecha en que el demandado recibió los dineros producto del incidente y, sobre el total, los intereses moratorios correspondientes, intereses que deben ser liqu idados teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 884 y 886 del C. de Comercio. Así mismo se le condene a las demás indemnizaciones a que haya lugar./[...]/ 1.5. Condenar al demandado por lo que resulte probado, con las facultades ultra y extra-petita que usted tiene// [...]”. 2 Sentencia corregida por la Corte Constitucional mediante el auto A-078 de 1 de diciembre de 1998, por el cual se aumentó el plazo de la indemnización a 20 años.
2 Sentencia corregida por la Corte Constitucional mediante el auto A-078 de 1 de diciembre de 1998, por el cual se aumentó el plazo de la indemnización a 20 años. 3 La Corte Constitucional ordenó la indemnización, en los siguientes términos: “[...] al menos en cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueño s del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar. Si los Embera-Katío del Alto Sinú y la firma dueña del proyecto no llegaren a un acuerdo sobre el monto de la indemnización que se les debe pagar a los primeros, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, los Embera -Katío deberán iniciar ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Córdoba -juez de primera instancia en este proceso de tutela-, el incidente previsto en la ley para fijar la suma que corresponda a un subsidio alimentario y de transporte, que pagará la firma propietaria del proyecto a cada unoRadicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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5. En el proceso ordinario laboral, el Juzgado 9 Laboral del Circuito de Bogotá profirió sentencia el 30 de noviembre de 2009, por medio de la cual, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá que, en fallo del 28 de febrero de 2011, declaró probada la existencia del contrato de mandato y accedió
demanda, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá que, en fallo del 28 de febrero de 2011, declaró probada la existencia del contrato de mandato y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda4.
6. El señor José Guillermo Tadeo Roa solicitó la corrección del fallo de segunda instancia, proferido dentro del proceso ordinario laboral, a efectos de enmendar el error aritmético en que, en su criterio, incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al calcular la indemnización, que no tuvo en cuenta que el monto acordado entre la comunidad indígena y la empresa comprendió un rubro mensual por cada uno de los 1.700 miembros de la comunidad indígena.
7. La anterior solicitud fue negada por el Tribunal, que consideró que no se incurrió en error alguno entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia laboral.
1.2. Sentencia objeto de revisión - rad. 25000-23-26-000-2011-01248-01 (53.205)
8. Por medio de la sentencia del 19 de marzo de 2020, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, confirmó el fallo proferido el 3 de septiembre de 2014, por el cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda.
9. En cuanto al error judicial , por el reconocimiento de una suma de dinero inferior a la que supuestamente le correspondía, por una supuesta equivocación en el cálculo de la indemnización, el Consejo de Estado explicó que el daño no se demostró, toda vez que, la indemnización reconocida a su favor en el proceso ordinario laboral, correspondió al
que supuestamente le correspondía, por una supuesta equivocación en el cálculo de la indemnización, el Consejo de Estado explicó que el daño no se demostró, toda vez que, la indemnización reconocida a su favor en el proceso ordinario laboral, correspondió al
de los miembros del pueblo indígena durante los próximos quince (15) años, a fin de garantizar la supervivencia física de ese pueblo, mientras adecua sus usos y costumbres a las modificaciones culturales, económicas y políticas que introdujo la construcció n de la hidroeléctrica sin que los embera fueran consultados, y mientras puedan educar a la siguiente generación para asegurar que no desaparecerá esta cultura en el mediano plazo.//Una vez acordada o definida judicialmente la cantidad que debe pagar a los EmberaKatío la Empreas Multipropósito Urrá S.A., con ella se constituirá un fondo para la indemnización y compensación por los efectos del proyecto, que se administrará bajo la modalidad del fideicomiso, y de él se pagará mensualmente a las autoridades d e cada una de las comunidades de Veguidó, Cachichi, Widó, Karacaradó, Junkaradó, Kanyidó, Amborromia, Mongaratatadó, Zambudó, Koredó, Capupudó, Changarrá, Quiparadó, Antadó, Tundó, Pawrandó, Ariza, Porremia y Zorandó, la mesada correspondiente al número de habitantes de cada una de ellas”. 4 “Revocar la sentencia de primera instancia adelantado por José Guillermo T. Roa Sarmiento contra Guillermo Alfonso Landinez
Espitia, para en su lugar condenar al demandado desde el 1º de junio de 1999 al 30 de enero de 2011, la suma de $686.000,oo M.L., pesos mensuales hasta el 30 de mayo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia”Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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resultado del acuerdo que lograron las comunidades indígenas Ember a-Katío y la empresa Urrá S.A.
10. La Sección Tercera del Consejo de Estado, luego de valorar el material probatorio, encontró acreditado el acuerdo logrado entre la empresa de Urrá S.A. ESP y las comunidades indígenas , derivado de la orden judicial impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-652 de 1998, que fue valorado por el Tribunal Superior Judicial de Bogotá, en el que se pactó un pago de cien mil pesos a las comunidades indígenas que conforman el pueblo Embera -Katío, por 20 años y que, con base en los términos de ese acuerdo, el Tribu nal Superior realizó la liquidación del correspondiente a favor del señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento. Agregó que la apreciación del demandante frente al acuerdo logrado, según la cual, los 100 mil pesos era a favor de cada uno de los 1.700 indígenas y no a favor de las comunidades, no correspondía a lo plasmado en el acuerdo.
11. Adicionalmente, expuso que no contaba con los elementos necesarios para determinar si los pagos efectuados por parte de la empresa y a favor de la comunidad,
plasmado en el acuerdo.
11. Adicionalmente, expuso que no contaba con los elementos necesarios para determinar si los pagos efectuados por parte de la empresa y a favor de la comunidad, se realizaron en los términos pretendidos por el actor o según lo expuesto por el Tribunal Superior de Bogotá, comoquiera que no se aportó prueba del mismo.
12. Asimismo, indicó que la solicitud de corrección de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, era improcedente, dado que , “la inconformidad manifestada consistió en el análisis realizado por el juez competente para decidir el caso y no en un error puramente aritmético consignado en la parte resolutiva de la providencia”, por lo que, resultaba evidente que no cumplía con los presupuestos exigidos en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos y aplicable al caso por la remisión normativa establecida en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
13. Y frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consistente en la imposibilidad de obtener el pago de la indemnización reconocida en el proceso ordinario laboral, por mora judicial de 8,5 años, concluyó que el actor no acreditó el daño alegado, toda vez que, no obraban pruebas conducentes a determinar que (i) el demandado se hubiere negado a pagar la indemnización ordenada en el fallo proferido dentro del proceso ordinario laboral; (ii) la supuesta imposibilidad legal, que no le permitió al demandante solicitar la práctica de medidas cautelares dentro del proceso ordinario
demandado se hubiere negado a pagar la indemnización ordenada en el fallo proferido dentro del proceso ordinario laboral; (ii) la supuesta imposibilidad legal, que no le permitió al demandante solicitar la práctica de medidas cautelares dentro del proceso ordinario laboral, consagradas en el artículo 42 de la Ley 712 de 2001; (iii) que el demandanteRadicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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desplegó todas las acciones necesarias para perseguir el pago, como, por ejemplo, demandar a través del proceso ejecutivo, o que los mecanismos legales utilizados -en el evento de haberlo hecho - hubieren resultado infructuosos; y (iv) la situación de insolvencia del demandado.
2. Acción de tutela
14. El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento presentó demanda, en ejercicio de la acción de tutela, contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de acceso a la administración de justicia y de igualdad.
15. Por medio de la sentencia de 26 de noviembre de 2020, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, toda vez que, la Sección Tercera, Subsección A, realizó la valoración probatoria, en ejercicio de la sana crítica, sin que tuviere los elementos de juicio necesarios para establecer la forma en que se hicieron los pagos por parte de la empresa obligada y, concluyó que, el señor Roa Sarmiento
que tuviere los elementos de juicio necesarios para establecer la forma en que se hicieron los pagos por parte de la empresa obligada y, concluyó que, el señor Roa Sarmiento “pretendió darle un alcance distinto a lo acordado en el acta del 17 de abril de 2002 entre la empresa Urrá S.A.-E.S.P., y la comunidad indígena Embera -Katío, en lo referente al monto de la indemnización reconocida”.
3. El recurso extraordinario de revisión.
16. El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento formuló oportunamente5 recurso extraordinario de revisión, contra la sentencia proferida el 19 de marzo de 2020, por parte de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, para lo cual invocó el artículo 250.5 de la Ley 1437 de 2011, que consagra la causal de revisión consistente en “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, por la violación al debido proceso por la falta de valoración probatoria; los errores de derecho por la inaplicación de los artículos 213 de la Ley 1437 de 2011, 42.4, 169 y 170 del Código General del Proceso; y por falta de motivación al exponer argumentos que no fueron objeto del debate.
5 La sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el 19 de marzo de 2020, quedó ejecutoriada el 30 de junio de 2020 y el recurso extraordinario se radicó el 11 de marzo de 2021.Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680)
Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
30 de junio de 2020 y el recurso extraordinario se radicó el 11 de marzo de 2021.Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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17. Frente a la violación del debido proceso por falta de valoración probatoria, s eñaló que el Consejo de Estado no tuvo en cuenta las pruebas que se relacionan a continuación y que, si las hubiere valorado, en conjunto con aquellas que sí se analizaron, la decisión habría sido diferente, incurriendo en abierta violación de los artículos 164 y 176 del Código General del Proceso y 29 y 229 de la Constitución Política:
a) La confesión del señor Guillermo Alfonso Landinez Espitia, demandado dentro del proceso ordinario laboral, en la que reconoció que “la indemnización fue acordada en la suma de cien mil pesos ($100.000.oo) mensuales PARA CADA MIEMBRO DEL PUEBLO Embera Katío” y que la condena impuesta “al parecer hace referencia a un solo miembro de dicha comunidad”.
b) Del acuerdo6 logrado entre la empresa Urr á S.A., y la comunidad Embera -Katío, no se tuvo en cuenta la actualización de la condena, con base en el índice de precios al consumidor , ni que la suma que se pactó fue la indemnización del numeral 3 de la sentencia de la Corte Constitucional7, que sí especificó que era a favor de cada una de las personas que conformaban la comunidad, esto es. 1.700 indígenas.
c) La demanda formulada en ejercicio de la acción de reparación directa por error
favor de cada una de las personas que conformaban la comunidad, esto es. 1.700 indígenas.
c) La demanda formulada en ejercicio de la acción de reparación directa por error judicial y por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, contiene el monto específico de los perjuicios perseguidos, estimados en $2.007.432.000
d) Se dejó de valorar el dictamen pericial aportado en primera instancia, cuyas conclusiones no fueron desvirtuadas, en el cual se concluyó que la indemnización ordenada era para cada uno de los miembros de la comunidad indígena, lo cual
6 En el acuerdo del 17 de abril de 2002, logrado entre la empresa Urrá S.A. ESP y las comunidades indígenas, las partes acordaron lo siguiente: “1. La empresa Urrá S.A. ESP pagará a las comunidades actoras del incidente de regulación de perjuicios, la sum a de cien mil pesos ($100.000) mensuales, por el término de veinte (20) años, contados a partir del primero (1º) [sic] de junio de 1999, por concepto de la indemnización que establece el numeral tercero de la sentencia en cita de la honorable Corte Constitucional y el auto que la corrige de fecha diciembre primero (1º) [sic] de 1998”. 7 Corte Constitucional, sentencia T -652 de 1998: “ Tercero. ORDENAR a la Empresa Multipropósito Urrá s.a. que indemnice al pueblo Embera-Katío del Alto Sinú al menos en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales
y económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar./ Si los Embera-Katío del Alto Sinú y la firma dueña del proyecto no llegaren a un acuerdo sobre el monto de la indemnización que se les debe pagar a los primeros, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, los Embera-Katío deberán iniciar ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Córdoba -juez de primera instancia en este proceso de tutela-, el incidente previsto en la ley para fijar la suma que corresponda a un subsidio alimentario y de transporte, que pagará la firma propietaria del proyecto a cada uno de los miembros del pueblo indígena durante los próximos quince (15) años, a fin de garantizar la supervivencia física de ese pueblo, mientras adecúa sus usos y costumbres a las modificaciones culturales, económicas y políticas que introdujo la construcción de la hidroeléctrica sin que los Embera fueran consultados, y mientras pueden educar a la siguiente generación para asegurar que no desaparecerá esta cultura en el mediano plazo./ Una vez acordada o definida judicialmente la cantidad que debe pagar a los Embera-Katío la Empresa Multipropósito Urrá S.A., con ella se constituirá un fondo para la indemnización y compensación por los efectos del proyecto, que se administrará bajo la modalidad del fideicomiso, y de él se pagará mensualmente a las autoridades de cada
una de las comunidades de Veguidó, Cachichí, Widó, Karacaradó, Junkaradó, Kanyidó, Amborromia, Mongaratatadó, Zambudó, Koredó, Capupudó, Chángarra, Quiparadó, Antadó, Tundó, Pawarandó, Arizá, Porremia y Zorandó, la mesada correspondiente al número habitantes de cada una de ellas.Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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encontraba respaldo en el contrato de encargo fiduciario 8 que celebraron la empresa Urrá S.A., y la Fiduciaria de Occidente S.A., que tampoco se valoró, y que evidenciaba que el pago a los beneficiarios era conforme al número de indígenas.
e) El contrato de mandato celebrado entre el recurrente y el señor Guillermo Alfonso Landinez Espitia “prueba que mañosamente le ocultó al proceso laboral”, según el cual pactaron como honorarios a favor del recurrente, el 35% del 14% “de los honorarios que a su vez él había pactado con las comunidades indígenas, liquidados sobre el total de la indemnización ordenada por la Corte Constitucional en la (sic) T-652 de 1998”.
18. Frente al error judicial de derecho por inaplicación de los artículos 213 de la Ley 1437 de 2011 y 42.4, 169 y 170 del Código General del Proceso , manifestó que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, afirmó en el fallo de segunda instancia,
de 2011 y 42.4, 169 y 170 del Código General del Proceso , manifestó que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, afirmó en el fallo de segunda instancia, que el demandante no había probado la forma en que la empresa Urrá S.A., realizó los pagos a la comunidad indígena, los cuales no tenían relación alguna con el error judicial demandado, sino que se trató de un requisito extralegal. Al respecto, criticó que si el juez de segunda instancia consideraba trascendental dicha prueba, debió decretarla de oficio en virtud de lo previsto en los artículos 213 de la Ley 1437 de 2011 y 42.4, 169 y 170 del Código General del Proceso, protegiendo así el derecho sustancial.
19. Asimismo, expuso que se presentó un error al afirmar que la solicitud de corrección del fallo emitido en el proceso ordinario laboral, en segunda instancia, era improcedente por cuanto el actor no especificó el error entre la parte motiva y la parte resolu tiva de la sentencia laboral.
20. Finalmente, manifestó que la sentencia de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado no tuvo en cuenta todas las pruebas del expediente laboral ordinario que fueron aportadas con la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de reparación directa por error judicial y defectuoso funcionamiento de administración de justicia, ni fue
8 Contrato de encargo fiduciario de administración y pagos No. 32 -1-365, celebrado entre Fiduciaria de Occidente S.A., y Urrá S.A.
ESP el 1 de abril de 2002: “CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: constituir un ENCARGO FIDUCIARIO entre el FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA con los recursos que se estipulan más adelante, con el fin de que LA FIDUCIARIA los administre, invierta y destine en la forma como se indica en este contrato, todo ello de conformidad con las instrucciones que al respecto imparta EL FIDEICOMITENTE, correspondientes al pago de las indemnizaciones que se pagarán a las comunidades indígenas de Embera-Katíos del Alto Sinú, por concepto de alimentación y transporte, de conformidad con el fallo de la Honorable Corte Constitucional Sentencia número T-652/98 de fecha noviembre 10 de 1998 y lo estipulado en el Acta de acuerdo de Indemnización de fecha mayo 28 de 1999” y Contrato de encargo fiduciario irrevocable de administración y pagos celebrado entre Fiduciaria de Bogotá S.A., y la empresa Urrá S.A. ESP, el 7 de abril de 2003: “2.1. OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato de encargo fiduciario tendrá por objeto (i) Recepción de los recursos entregados por el FIDEICOMITENTE, por un valor inicial de [...] (Col $1.034.000.000). (ii) Administrar los recursos recibidos. (iii) Realizar los pagos correspondientes a las Comunidades Indígenas por concepto de alimentación y transporte, de acuerdo co0n lo establecido en la Sentencia y en las Actas [...]”.Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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debidamente motivada, sino que incurrió en varios errores judiciales de derecho, lo que vulneró el debido proceso y generó la nulidad de la sentencia.
4. Trámite del recurso extraordinario de revisión.
21. El recurso se admitió mediante auto del 14 de septiembre de 2023.
22. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, comoquiera que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, no se configura la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sino que, por el contrar io, el actor pretende reabrir un debate probatorio, el cual se abstuvo de argumentar en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia que ahora es objeto del recurso extraordinario.
23. El procurador delegado, con funciones mixtas 6 para la conciliación administrativa, rindió concepto por medio del cual, también solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión. Explicó que la solicitud de corrección que elevó contra el fallo ordinario laboral, resultaba improcedente, comoquiera que implicaba variar los factores de la fórmula matemática realizada por el Tribunal, por lo que, en su criterio, debió solicitar la aclaración de la decisión, pero no lo hizo.
24. Aunque consideró que el error judicial sí se configuró por defecto fáctico negativo, lo cierto es que el demandante no lo expuso ante la jurisdicción de lo contencioso
la aclaración de la decisión, pero no lo hizo.
24. Aunque consideró que el error judicial sí se configuró por defecto fáctico negativo, lo cierto es que el demandante no lo expuso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa que, es rogada y concluyó que el recurrente incumplió con la carga argumentativa y, adicionalmente, “omitió el deber probatorio de demostrar el hecho causante de la obligación reclamada, esto es, que el abogado Landinez recibió los honorarios pactados, a partir de los cuales se generaba a su vez la obligación de cancelarle lo pactado a Roa”
II. CONSIDERACIONES
25. De conformidad con lo previsto en los artículos 2499 de la Ley 1437 de 2011 y 29.1 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 del 12 de marzo de
9 Ley 1437 de 2011, artículo 249: “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión [...]”Radicación: 11001-03-15-000-2021-00998-00 (1680) Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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201910, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado oportunamente11 por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el 19 de marzo de 2020, dentro del proceso
201910, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado oportunamente11 por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el 19 de marzo de 2020, dentro del proceso 25000-23-26-000-2011-01248-01 (53.205), bajo lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, régimen jurídico aplicable al momento de la presentación del recurso extraordinario de revisión12.
1. Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala Especial de Decisión establecer si la sentencia recurrida está incursa en la causal de revisión consagrada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, si existió nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual, no procede recurso de apelación.
2. El recurso extraordinario de revisión y la causal invocada.
27. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal, consagrado en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, que está orientado a restablecer la justicia material y comporta una herramienta excepcional, que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, únicamente cuando se configur a
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