CE - Sentencia 11001031500020240201101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONJUEZ PONENTE: ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ

EL AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA

IMPROCEDENTE POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA

INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , TUTELA JUDICIAL

EFECTIVA, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 21 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó la solicitud de amparo.

1 En adelante la Sección Segunda.2

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Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor ORLANDO TORRES ALTAMAR , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política , solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L ATLÁNTICO3 al haber proferido las providencias de 21 de febrero de 2022 y 22 de junio de 2023 , respectivamente, dentro de la acción de grupo identificada con el número único de radicación 08001-33-33-003-2013-00067-01.

I.2.- Hechos

2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Tribunal.3

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Indicó que se dedica a la pesca artesanal en la Ciénaga de

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Indicó que se dedica a la pesca artesanal en la Ciénaga de Mallorquín, ubicada en el corregimiento de la Playa, en el Municipio de Puerto Colombia (Atlántico) de l cual deriva su sustento económico.

Señaló que el Fondo de Restauración, Obras e Inversión Hídrica Distrital celebró el contrato núm. FROIH 063 -2011 con la empresa Consultores de Desarrollo S.A. para la ejecución de obras públicas tendientes al mejoramiento ambiental de la Subcuenta Arroyo Grande y León, aledaño al corregimiento de la Playa, cuyo desarrollo ocasionó una tragedia ambiental y llevó a la mortandad de peces, moluscos y demás crustáceos en la Ciénaga de Mallorquín.

Relató que ante la imposibilidad de seguir ejerciendo la pesca artesanal, lo que le produjo graves daños materiales y morales, promovió junto con otros pescadores acción de grupo contra el Distrito E.I y P. de Barranquilla , el Fondo de Restauración, Obras e Inversiones Hídricas y el municipio de Puerto Colombia, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2013-00067-00.4

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Manifestó que el proceso le correspondió al JUZGADO que, mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, denegó las pretensiones al estimar que aun cuando se encontró probado el daño ambiental en la Ciénaga de Mallorquín no se acreditó el daño individual alegado por los allí demandantes, habida cuenta que no se demostró que para esa época se desempeñaran como pescadores ni el monto que devengaban.

Afirmó que inconformes con dicha decisión interpusieron recurso de apelación, la cual fue confirmada por el TRIBUNAL mediante providencia de 22 de junio de 2023, notificada el 29 de agosto de 2023.

Adujo que presentó incidente de nulidad contra el proceso de primera instancia y las actuaciones surtidas con posterioridad a esta, el cual fue rechazado de plano por el TRIBUNAL en proveído de 28 de agosto de 2023, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, siendo declarado improcedente por la misma autoridad en auto de 23 de octubre de ese año.5

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Destacó que presentó solicitud de adición y aclaración, así como

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Destacó que presentó solicitud de adición y aclaración, así como recurso de revisión eventual contra dicha decisión, solicitudes que fueron denegadas por el TRIBUNAL en proveído de 24 de octubre de 2023, y concedió el recurso.

Anotó que el recurso de revisión eventual le correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, mediante providencia de 14 de marzo de 2024 , no seleccionó para revisión el asunto al considerar que no se incurrió en ninguna de las causales previstas en el artículo 273 del CPACA, por cuanto la decisión no fue contraria a lo establecido en la sentencia de unificación.

Indicó que , inconforme con lo anterior, interpuso recurso de insistencia el cual fue resuelto mediante proveído de 9 de mayo de 2024, en el que se confirmó la no selección para revisión de la sentencia acusada.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, pues no atendieron las pruebas testimoniales,6

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documentales y la prueba pericial que fue desechada de manera errada, omitiendo aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado

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documentales y la prueba pericial que fue desechada de manera errada, omitiendo aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que debe privilegiar se el principio de reparación integral del daño acudiendo a la presunción de ingreso de un salario mínimo mensual vigente y las pruebas que demostraban el perjuicio moral sufrido.

Destacó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en violación directa de la Constitución , en la medida en que se acogió una postura que desconoce la prueba documental, testimonial y pericial aportada que demostraba su condición de pescador.

Aseguró que las autoridades judiciales accionadas también incurrieron en defecto procedimental , pues contra la sentencia de primera instancia interpuso incidente de nulidad, el cual fue denegado, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación; no obstante, se continuó con la decisión de segunda instancia, aun cuando lo correcto era decidir primero tal recurso.

Afirmó que el JUZGADO y el TRIBUNAL incurrieron en7

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desconocimiento del precedente judicial, específicamente la jurisprudencia4 emitida por el Consejo de Estado en lo que se refiere a la calidad de sujetos de especial protección constitucional con la que cuenta n los pescadores; y que en caso s similares se ha

desconocimiento del precedente judicial, específicamente la jurisprudencia4 emitida por el Consejo de Estado en lo que se refiere a la calidad de sujetos de especial protección constitucional con la que cuenta n los pescadores; y que en caso s similares se ha accedido a la reparación integral del daño.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia, disponer:

“[…] en FORMA PRINCIPAL, respetuosamente solicito a su señoría, se profiera una nueva decisión de fondo, en la que se le respeten en forma definitiva los derechos fundamentales deprecados, examinando el caso concreto de cara a cada una de las pruebas que obran el proceso de acción de grupo antes mencionado, y con la aplicación de precedente judicial precitado.

Lo anterior, a fin de no hacer ilusorio las pretensiones de amparo aquí planteadas, y someter al accionante a una nueva decisión judicial.

4 Consejo de Estado, sentencia de 10 de junio de 2001 identificada con el número único de radicación 76001-23-31-000-2002-04584-00.

Consejo de Estado, sentencia de 11 de junio de 2020 identificada con el número único de radicación 25000-23-24-000-2012-00078-01.

Consejo de Estado, sentencia de 15 de diciembre de 2017 identificada con el número único de radicación 05001-23-31-000-20000-000933-01.

Consejo de Estado, sentencia de 4 de junio de 2019 identificada con el número único de radicación

radicación 05001-23-31-000-20000-000933-01.

Consejo de Estado, sentencia de 4 de junio de 2019 identificada con el número único de radicación 50001-23-31-000-2006-00812-01.8

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6.1.2.- O en su defecto, en FORMA SUBSIDIARIA, ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, profiera una nueva decisión al interior del citado proceso de acción de grupo, en la que se le respete el derecho a la reparación integral del daño antijurídico imputable a las entidades demandadas.

6.3.- Por otro lado, en usanza a los principios de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, buena fe, confianza legitima, se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA, que respete el precedente jurisprudencial que sobre el particular ha establecido el Honorable CONSEJO DE ESTADO como Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

[…]”. (Lo destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO se limitaron a remitir copia del expediente digital sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO se limitaron a remitir copia del expediente digital sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Alcaldía Distrital de Barranquilla aseveró que las pruebas aportadas por el actor dentro de la acción de grupo carecen de veracidad probatoria, pues presentó certificaciones expedidas por diferentes organismos que exceden competencias, pues no tienen la idoneidad para ello, tal es el caso de la9

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certificación de la s causas de mortandad de pe ces y demás especies, y del supuesto número de días que pescaban y las ganancias que de ella devengaban, lo cual no pudo ser demostrado.

Sostuvo que no es de tal acierto que el TRIBUNAL hubiese incurrido en una indebida valoración probatoria ni en desconocimiento del precedente judicial, por lo que solicitó desestimar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

I.6.2.- La Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla sostuvo que las afirmaciones hechas en el escrito de tutela carecen de cualquier sustento fáctico y jurídico, pues el accionante ejerció en las instancias judiciales todos los recursos legales disponibles

sostuvo que las afirmaciones hechas en el escrito de tutela carecen de cualquier sustento fáctico y jurídico, pues el accionante ejerció en las instancias judiciales todos los recursos legales disponibles para ello, máxime cuando los jueces en ejercicio de su autonomía e independencia judicial hicieron un ejercicio razonado y justificado frente a la norma.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas realizaron una valoración de las pruebas aportadas al proceso, bajo el principio de la sana crítica y conforme a lo establecido en el artículo 176 del CGP y los pronunciamientos del Consejo de Estado, por lo que la s10

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decisiones cuestionadas se encuentran soportadas en razones expuestas en la parte motiva de las mismas, de tal forma que lo pretendido por el actor es crear una instancia adicional para que se valoren una vez más las pruebas.

Adujo que, sumado a lo anterior, no se cumple con el requisito de la inmediatez, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo o, en su lugar, denegar las pretensiones formuladas ; y que se le desvincule del presente trámite constitucional.

I.6.3.- El Municipio de Puerto Colombia destacó que la controversia planteada tiene origen en la acción de grupo tramitada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la que se

desvincule del presente trámite constitucional.

I.6.3.- El Municipio de Puerto Colombia destacó que la controversia planteada tiene origen en la acción de grupo tramitada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la que se otorgó a las partes todas las garantías; y que surtidas las etapas se despejó el problema jurídico planteado, de tal forma que cualquier pronunciamiento debe gravitar en torno al material obrante en el expediente.

Por último, solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia.11

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I.7. Trámite de impedimentos

Los consejeros NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN , HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ , OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES , integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado, el 2 6 de agosto de 202 4 manifestaron su impedimento para conocer el asunto, por considerar que se encontraban incursos en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son

causales de impedimento:

[…]

aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son

causales de impedimento:

[…]

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso , o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar […]” (destacado fuera de texto)

Lo anterior, comoquiera que los mencionados consejeros conocieron de la solicitud de selección para revisión eventual de la sentencia de 22 de junio de 2023 y del recurso de insistencia, lo que les impedía12

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intervenir en la discusión y aprobación de la acción de tutela de la referencia.

La Sala de conjueces, a través del c onjuez ponente, mediante auto de 3 de abril de 2025 , aceptó los impedimentos manifestados por los citados consejeros y, en consecuencia, ordenó separarlos del conocimiento del presente proceso.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 21 de junio de 2024, denegó el amparo solicitado al considerar que el TRIBUNAL

conocimiento del presente proceso.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 21 de junio de 2024, denegó el amparo solicitado al considerar que el TRIBUNAL realizó un análisis probatorio y decidió el asunto de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, pues consideró que con estas no era posible establecer una verdadera condición de pescadores para la fecha en que ocurrió el daño ni se probó el perjuicio individualmente sufrido.

Destacó que la autoridad judicial accionada no desconoció las pruebas aportadas al plenario, pues, contrario a ello, estimó que las mismas no eran suficientes para probar los aspectos sustanciales a13

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la hora de endilgarle algún tipo de responsabilidad a las entidades demandadas, habida cuenta que los allí demandantes desconocieron el contenido del artículo 167 del CGP, esto es, su deber de probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el efecto jurídico pretendido en ese tipo de procesos resarcitorios.

En cuanto al defecto procedimental refirió que no haría un estudio al respecto, toda vez que ello tiende a cuestionar actuaciones adelantadas en primera instancia, frente a un incidente de nulidad que se presentó dentro de la acción de grupo , lo cual escapa del

En cuanto al defecto procedimental refirió que no haría un estudio al respecto, toda vez que ello tiende a cuestionar actuaciones adelantadas en primera instancia, frente a un incidente de nulidad que se presentó dentro de la acción de grupo , lo cual escapa del estudio ahora efectuado ; y que si en gracia de discusión se analizara, no se cumpliría con los requisitos generales de procedibilidad.

Afirmó que la autoridad judicial accionada realizó una valoración probatoria acorde con la evidencia con la que contaba la jurisprudencia vigente y las circunstancias que rodearon el daño ambiental ocasionado, todo lo cual le permiti ó concluir que en el caso bajo estudio no se acreditó la calidad de pescadores ni el perjuicio sufrido.14

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En esa medida concluyó que la decisión objeto de estudio no incurrió en los defectos endilgados , debido a que fue proferida de conformidad con las normas y la jurisprudencia que regulan la materia y se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, de tal forma que lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural, lo cual no es cuestionable a través de la acción de tutela.

Sumado a lo anterior, denegó las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia Distrital de Infraestructura y el municipio de Puerto Colombia.

no es cuestionable a través de la acción de tutela.

Sumado a lo anterior, denegó las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia Distrital de Infraestructura y el municipio de Puerto Colombia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA bajo los siguientes argumentos.

Alegó que la sentencia del a quo incurrió en error al valorar la causal específica de procedibilidad , en la que se planteó que la sentencia de segunda instancia es nula al haberse dictado estando aún pendiente de resolver una nulidad, por lo que el defecto15

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procedimental se perfeccionó en segunda instancia, comoquiera que el 4 de septiembre de 2023 presentó recurso de apelación contra el auto que rechazó el incidente de nulidad y se siguió con el fallo de segunda instancia el 22 de junio de 2023, el cual fue notificado ese mismo 4 de septiembre de 2023, sin atender que habían asuntos de carácter procesal pendientes de resolver.

Refirió que la sentencia de primera instancia omitió estudiar aspectos que le fueron planteados, como el hecho de que es sujeto de especial protección constitucional y que , por ello , las pruebas deben interpretarse de forma más flexible, pues debió realizar se un

Refirió que la sentencia de primera instancia omitió estudiar aspectos que le fueron planteados, como el hecho de que es sujeto de especial protección constitucional y que , por ello , las pruebas deben interpretarse de forma más flexible, pues debió realizar se un mayor esfuerzo en la valoración probatoria, teniendo en cuenta su calidad de pescador.

Sostuvo que el a quo no estudió el alegado desconocimiento del precedente judicial referido en materia de liquidación de perjuicios acudiendo a la regla del salario mínimo legal mensual vigente expuesto por el Consejo de Estado, el cual le resultaba m ás favorable y de aplicación obligatoria para el caso concreto.

Alegó que la sentencia de primera instancia es errada al considerar16

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que el TRIBUNAL cumplió con realizar una razonable valoración de las pruebas, pues se limitó a transcribir apartes de la providencia acusada sin efectuar un análisis de fondo, pasando por alto que se realizó un estudio parcial de las pruebas aportadas a la acción de grupo.

Resaltó que el a quo también incurrió en falta de motivación al afirmar que la autoridad judicial accionada aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin indicar a qu é sentencia se refería, por lo que no cumplió con la carga argumentativa de señalar en forma concreta el precedente aplicado al asunto.

afirmar que la autoridad judicial accionada aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin indicar a qu é sentencia se refería, por lo que no cumplió con la carga argumentativa de señalar en forma concreta el precedente aplicado al asunto.

Por lo anterior, solicitó estudiar los defectos alegados, revo car la decisión del a quo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 259117

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de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como18

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales19

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas

fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01

Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

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f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas