CE - Sentencia 11001031500020240526801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 2 de julio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Acción popular | Terminación anticipada del proceso por existencia de acción contractual| Defecto procedimental absoluto – ampara| Recursos judiciales contra esa decisión – Niega. Se revoca parcialmente la decisión de primera instancia.

Síntesis del caso: La Procuraduría General de la Nación presentó acción de tutela contra la providencia que ordenó la terminación de un proceso en el marco de una acción popular, la decisión que declaró improcedente la apelación contra dicha providencia y la que, en recurso de queja, confirmó esta última . Alegó que dichas decisiones carecían de sustento legal y vulneraron el derecho de defensa del acto r popular y restringieron de forma injustificada el acceso a la administración de justicia.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de 13 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de 13 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia y negó las pretensiones del amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación. 1.3. Trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 1 de octubre de 2024, la Procuraduría General de la Nación presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de los Autos de 28 de septiembre de 2023 y 15 de marzo

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 “Primero: Declarar improcedentes los cargos de la solicitud de amparo presentada por la Procuraduría General de la Nación en contra del auto del 28 de septiembre de 2023, de conformidad con la parte motiva de esta

2 “Primero: Declarar improcedentes los cargos de la solicitud de amparo presentada por la Procuraduría General de la Nación en contra del auto del 28 de septiembre de 2023, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación en relación con el auto del 15 de marzo de 2024, en atención a las razones expuestos en esta sentencia”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

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2 de 22 de 2024, respectivamente, proferidos en el marco del proceso de acción popular Rad. 25000 -23-41-000-2021-00779-00/04. Alegó la existencia de un defecto procedimental absoluto y una violación directa de la Constitución.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se

trascribe):

“3.1. Que se declare la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del derecho al efectivo acceso a la administración de justicia con fundamento en la configuración de los defectos procedimental absoluto y fáctico, junto con la violación directa d e la Constitución, los cuales fueron expuestos en el numeral 2.2 de la presente tutela, como consecuencia de la adopción de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, específicamente: el auto del 28 de

expuestos en el numeral 2.2 de la presente tutela, como consecuencia de la adopción de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, específicamente: el auto del 28 de septiembre de 2023 proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el auto del 15 de marzo de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3.2. Que como consecuencia de la declaratoria de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al efectivo acceso a la administración de justicia se ordene dejar sin efectos las decisiones adoptadas mediante el auto del 28 de septiembre de 20 23, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y mediante el auto del 15 de marzo de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que la acción popular continúe su trámite.

3.3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuar con el proceso en el estado en que se encontraba, esto es, la etapa probatoria de tal manera que la acción popular pueda culminar con una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones y las demás situaciones procesales que surjan dentro del proceso”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) El 8 de septiembre de 2021, la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda , en ejercicio de la acción popular , dirigida en

identificaron los siguientes:

4. 1) El 8 de septiembre de 2021, la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda , en ejercicio de la acción popular , dirigida en contra de la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 (UT), entre otros 3. El objetivo fue proteger la moralidad administrativa, el patrimonio público y el acceso a internet, frente a las acciones y omisiones ocurridas durante el proceso licitatorio LP -038 de 2020 y la celebración y ejecución del contrato Fondo 1043 de 2020. También solicitó la devolución de los recursos entregados y el resarcimiento de los perjuicios causados al Estado.

3 Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros SAS., INTEC de la Costa SAS., OMEGA Buildings Constructora SAS, SESCOLOMBIA SAS., BBVA Assert Management SA Sociedad Fiduciaria, ITAU Corpobanca Colombia SA, Consorcio PE2 020 C Digitales, Telemediciones SAS, PMO SOLYCOM SAS y Eurocontrol SA Sucursal Colombia.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

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3 de 22 5. 2) El 13 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y vinculó

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3 de 22 5. 2) El 13 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y vinculó al proceso a autoridades y particulares. Ese mismo día, mediante una providencia separada, decretó medidas cautelar es urgentes, que incluyeron el levantamiento del velo corporativo de ciertas personas jurídicas involucradas, el embargo de bienes, el rastreo de cuentas bancarias y la suspensión de contratos.

6. 3) Posteriormente, mediante Auto de 28 de septiembre de 2023, la misma Subsección A declaró la terminación del proceso, al considerar improcedente el medio de control ejercido y constatar la pérdida de competencia. Señaló que existían acciones contractuale s en curso por los mismos hechos, por lo que no correspondía al juez popular pronunciarse, a fin de evitar la duplicidad de procesos y decisiones contradictorias en materia contractual. Esta conclusión se basó en el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la Sentencia de 27 de julio de 2023 (Rad. 25000 -23-41-000-2017-00083-02). En consecuencia, se levantaron las medidas cautelares previamente decretadas.

7. 4) Contra la decisión de terminación del proceso, la parte accionante interpuso recurso de apelación con fundamento en los artículos 243 y 244 del CPACA, con base en la remisión prevista en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, dada la ausencia de regulación específica sobre la apelación de autos de terminación. Sostuvo que el juez popular tenía competencia para

del CPACA, con base en la remisión prevista en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, dada la ausencia de regulación específica sobre la apelación de autos de terminación. Sostuvo que el juez popular tenía competencia para “adoptar todas las medidas necesarias para lograr la protección de los derechos e intereses colectivos de manera que haga cesar la amenaza o vulneración de tales derechos cuando tienen origen en un contrato estatal”, y, en consecuencia, afirmó que la acción popular no era de carácter subsidiario.

8. La Procuraduría señaló que la providencia se basó en argumentos erróneos, ya que la decisión citada por el tribunal no era una sentencia de unificación, trataba un caso distinto y no constituía precedente. En ese proceso no se produjo desembolso de recursos públicos, mientras que en el presente caso se solicitó expresamente el reintegro del anticipo entregado y la reparación de los daños causados al Estado. Además, afirmó que, en la Sentencia de 27 de julio de 2023, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, “nunca se expresó que debería darse por terminados los medios de control tendientes a la defensa de los derechos colectivos relacionados con temas contractuales, cuando se verificara la existencia de medio de control contractual”.

9. Añadió que la terminación anticipada carecía de fundamento legal y constitucional, ya que no se sustentó en ninguna norma específica, sino ,Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

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4 de 22 únicamente, en una interpretación judicial del Consejo de Estado. Aclaró, además, que el proceso no se encontraba en ninguno de los supuestos previstos por el CGP ni por el CPACA que habilitaran su terminación anticipada.

10. Cuestionó que la providencia hubiera declarado la pérdida de competencia “por el hecho de que la entidad afectada presentó demandas contractuales, cuatro según se expuso en el auto impugnada, las cuales se encuentra en fase de admisión y una inadmitida. Contrario a lo decidido por el Consejo de Estado el 27 de julio de 2023, esta honorable Corporación no estableció ni presupuso tal premisa”.

11. Finalmente, sostuvo que la acción popular no t enía como objeto principal analizar la legalidad de un contrato estatal ni su cumplimiento, y mucho menos las causas que motivaron su caducidad. Su finalidad e ra lograr la protección efectiva de derechos e intereses colectivos, que no necesariamente eran defendidos en los procesos contractuales. Recordó que el juez del contrato vela ba por la legalidad del negocio jurídico, pero no era garante de los derechos e intereses colectivos.

12. 5) Mediante Auto del 25 de octubre de 2023, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

12. 5) Mediante Auto del 25 de octubre de 2023, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Fundamentó su decisión en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y en l a jurisprudencia del Consejo de Estado 4, al señalar que los recursos contemplados en el CCA (hoy CPACA) no p odían extenderse a la acción popular, la cual contaba con un régimen especial orientado a la celeridad procesal. En ese sentido, precisó que , únicamente, eran apelables el auto que decretaba una medida cautelar y la sentencia de primera instancia; frente a las demás decisiones, solo proced ía el recurso de reposición. Asimismo, explicó que no era viable tramitar el recurso como reposición, conforme con el artículo 318 del Código General del Proceso (CGP), ya que el auto fue emitido por una sala de decisión y no por el magistrado ponente.

13. 6) Ante esta determinación, la parte accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, recurso de queja. Reiteró que la providencia de 28 de septiembre de 2023 creó una modalidad de terminación anticipada sin respaldo legal. Sostuvo que, aunque formalmente se trataba de un auto, su contenido material equivalía a una sentencia. También alegó que la jurisprudencia invocada no constituía precedente, dado que el artículo 243 del CPACA había sido modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021,

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 10 de febrero de 2021,

del CPACA había sido modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021,

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 10 de febrero de 2021, Radicado 08-00123-33-000-2019-00646-01.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

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5 de 22 norma que no se encontraba vigente cuando se profirieron las decisiones citadas.

14. 7) Mediante Auto de 24 de enero de 2024, el tribunal negó la reposición. Aclaró que la Ley 2080 de 2021 no modificó las reglas sobre procedencia del recurso de apelación dentro del medio de control para la protección de derechos e intereses colectivos, ni modificó la Ley 472 de

1998. Rechazó que la d ecisión tuviera naturaleza de sentencia, como lo afirmó erróneamente el recurrente. No obstante, declaró procedente el recurso de queja, por haberse rechazado la apelación contra el auto que declaró la terminación del proceso.

15. 8) La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , mediante Auto de 15 de marzo de 2024, “estimó bien denegado el recurso de apelación”. Señaló que, de acuerdo con los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, el recurso de apelación solo proced ía contra los autos que

de apelación”. Señaló que, de acuerdo con los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, el recurso de apelación solo proced ía contra los autos que decretaran medidas cautelares y contra las sentencias de primera instancia. Reafirmó que esta limitación fue avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C -377 de 2002, que declaró constitucional la enumeración taxativa de las decisiones apelables, así como la consagración del recurso de reposición para controvertir los autos dictados durante la acción popular, en atención a su carácter expedito. Por tanto, no era admisible acudir a la remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998 para aplicar la apelación prevista en el CPACA.

16. Concluyó que la providencia que puso fin al proceso no tenía naturaleza de sentencia, ya que no resolvía de fondo las pretensiones, no valoraba pruebas ni analizaba excepciones de mérito. Además, señaló que “Ley 2080 de 2021 reformó el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 en el sentido de disponer que es apelable el auto que, por cualquier causa, ponga fin al proceso. Pero esta norma no es aplicable, no solo por lo que se ha indicado, sino en tanto esta misma ley dispuso que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En este caso, la Ley 472 de 1998, es la que lo regula”.

17. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora señaló que el Auto de 28 de septiembre de 2023, dictado por la Subsección

Ley 472 de 1998, es la que lo regula”.

17. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora señaló que el Auto de 28 de septiembre de 2023, dictado por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , y el Auto de 15 de marzo de 2024, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que estimó bien denegado el recurso de apelación contra la decisión que ordenó la terminación del proceso, incurrieron en un defecto procedimental absoluto y en una violación directa de la Constitución.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

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18. Afirmó que la providencia del Tribunal incurrió en un defecto procedimental absoluto , ya que la terminación del proceso carecía de sustento legal. Reiteró que la decisión se había apoyado en una sentencia del Consejo de Estado que no resultaba aplicable al caso.

19. Sostuvo que las acciones populares no eran subsidiarias ni alternativas frente a la vulneración de derechos e intereses colectivos derivados de contratos estatales, por lo que podían ser ejercidas directamente por entidades públicas y particulares. Subrayó que su carácter e ra principal, autónomo y no condicionado al uso previo de otros medios de control.

Recordó que ya había sostenido esta tesis en el recurso de apelación

entidades públicas y particulares. Subrayó que su carácter e ra principal, autónomo y no condicionado al uso previo de otros medios de control. Recordó que ya había sostenido esta tesis en el recurso de apelación presentado en el proceso ordinario, al indicar que condicionar el ejercicio, trámite y decisión de una acción popular a la interposición previa de otro medio de control —como el de controversias contractuales— contravenía los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado.

20. La parte accionante también alegó que el Auto de 15 de marzo de 2024 del Consejo de Estado incurrió en este defecto porque vulneró el derecho al debido proceso, al impedir el ejercicio del recurso de apelación contra una providencia que, al dar por terminado el proceso sin estar expresamente contemplada en la Ley 472 de 1998, debía ser apelable conforme con los artículos 243 y 244 del CPACA, en concordancia con la remisión establecida en el artículo 44 de la misma ley. Insistió en que “como se expuso en los recursos de apelación y de reposición y en subsidio de queja, es procedente el recurso de apelación previsto en el CPACA contra el auto que puso fin a la acción popular cuando el proceso se da por terminado acudiendo a la figura de la terminación anticipada”.

21. Adicionalmente, la parte accionante sostuvo que la providencia del Consejo de Estado incurrió en una violación directa de la Constitució n, al haber restringido el acceso a un recurso legalmente previsto. Señaló que “las decisiones cuestionadas cercenaron la posibilidad de acudir a un recurso (apelación) que legalmente está previsto como aquel que procede

haber restringido el acceso a un recurso legalmente previsto. Señaló que “las decisiones cuestionadas cercenaron la posibilidad de acudir a un recurso (apelación) que legalmente está previsto como aquel que procede contra las decisiones que ponen fin al proceso, bien sea que se profieran en el marco de una acción legal o de una constitucional como en este caso lo es la acción popular”.

22. Reiteró que “como se expuso en el recurso de apelación, en la decisión del 28 de septiembre de 2023 "[B]rilla por su ausencia la existencia de fundamentación normativa que la justique, pues según se ha sustentado, tal decisión se funda en una interpretación de la sentencia adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 2 7 de julio de 2023 (...) ContrarioRadicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

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7 de 22 a ello, la decisión que ahora se impugna, como se ha venido sustentando, contradice un sinnúmero de disposiciones constitucionales y legales, que soportan la existencia de las acciones populares, y su carácter principal y autónomo, a saber el artículo 88 d e la Carta que prevé las acciones populares y que defiere a la Ley la determinación de sus parámetros; los artículos 29 (debido proceso), 228 y 229 ibídem, que establecen que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho

populares y que defiere a la Ley la determinación de sus parámetros; los artículos 29 (debido proceso), 228 y 229 ibídem, que establecen que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial, que los términos procesales se observarán con diligencia y la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, así como los artículos 144, 152-14 y 82A del CPACA, y 1, 2, 5, 6, 9, 12 -4, 15 y en general el trámite de la acción popular r egulado en la Ley 472 de 1998, en lo que no haya sido reformado por la Ley 1437 de 2011".

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

23. Mediante Sentencia de 13 de enero de 2025 , la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto de los defectos alegados contra el Auto de 28 de septiembre de 2023. Consideró que, aunque la entidad accionante invocó un defecto procedimental absoluto y violaciones constitucionales, en realidad los argumentos correspondían a un defecto sustantivo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial.

24. Concluyó que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, ya que dicho defecto podía discutirse mediante el mecanismo de revisión eventual previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, desarrollado en los artículos 272, 273 y 274 del CPACA. Este razonamiento se basó en que la parte accionante cuestionó la aplicación de la s Sentencias de Unificación de 27 de julio de 20235 y 13 de febrero de 20186 del Consejo de Estado.

272, 273 y 274 del CPACA. Este razonamiento se basó en que la parte accionante cuestionó la aplicación de la s Sentencias de Unificación de 27 de julio de 20235 y 13 de febrero de 20186 del Consejo de Estado.

25. Respecto del defecto procedimental absoluto alegado contra el Auto de 15 de marzo de 2024, el Consejo de Estado declaró la procedencia de la acción de tutela por estar relacionada con la garantía del derecho a la doble instancia. No obstante, negó su configuración al considerar que la decisión se sustentó en una interpretación razonable. Indicó que, conforme con los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, el recurso de apelación no procedía contra el auto que daba por terminado el proceso. Además, citó el Auto del 26 de junio de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado7, que reafirmó que solo eran apelables el auto que decretaba medidas cautelares y la sentencia de primera instancia.

5 Rad. 25000-23-41-000-2017-00083-02. 6 Radicado 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU) 7 Radicado 25000-23-27000-2010-02540-01.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

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26. Por último, el Consejo de Estado determinó que “la Ley 2080 de 2021,

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26. Por último, el Consejo de Estado determinó que “la Ley 2080 de 2021, que reformó el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, dispuso que, en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales, como lo es la Ley 472 de 1998, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan”.

27. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Alegó que sí se cumplía el requisito de subsidiariedad, pues había agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios judiciales disponibles para impugnar el Auto de 28 de septiembre de 2023, como se expresó en el escrito de tutela. Sostuvo que el mecanismo de revisión eventual no constituía un recurso ordinario ni extraordinario, sino un medio excepcional de naturaleza especial, po r lo cual su agotamiento no podía ser exigido como obligatorio 8. Además, afirmó que las decisiones enjuiciadas no desconocieron la jurisprudencia, sino que el reparo formulado consist ía en haberle dado un alcance inadecuado a la Sentencia de 27 de julio de 2023 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

28. En relación con la negativa al defecto procedimental absoluto, la accionante indicó que la sentencia no se pronunció sobre su argumento de que, al no existir una figura de terminación anticipada en la acción popular, debía aplicarse el régimen legal correspondiente a dicha figura, lo que haría procedente su apelación. Reiteró que dicho defecto fue alegado respecto

que, al no existir una figura de terminación anticipada en la acción popular, debía aplicarse el régimen legal correspondiente a dicha figura, lo que haría procedente su apelación. Reiteró que dicho defecto fue alegado respecto de ambos autos, por lo que solicitó un pronunciamiento frente a ambas decisiones. Finalmente, pidió que se analizara el presunto defecto por violación directa de la Constitución, omitido en el fallo de primera instancia.

1.3. Trámite relevante en segunda instancia

29. Dado el impedimento que manifestó el magistrado Fredy Ibarra Martínez el 11 de abril de 2025, el ponente de esta decisión, en Auto de 23 de abril de 20259, lo declaró fundado y lo separó del conocimiento de esta acción10 y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría General de esta Corporación el sorteo de 2 conjueces para integrar la Sala de Decisión en la acción de tutela de la referencia. Dicha diligencia se llevó a cabo el 25 de abril siguiente y, en ella, resultaron designados los consejeros Nicolás Yepes

Corrales y Adriana Polidura Castillo11.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de agosto de 2018. Rad. 2000123-31-000-2007-00244-02. 9 Índice 12 de Samai. 10 Tras encontrar configurada la causal de impedimento invocada y contemplada en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. 11 Índice 19 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

Demandante: Procuraduría General de la Nación

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

11 Índice 19 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01

Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca parcialmente – Ampara _______________ _______________________________________________________________________________________________

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30. El 30 de mayo de 2025, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento para conocer el asunto, con fundamento en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 12, y bajo los siguientes

argumentos (se trascribe):

“2.4. En punto de lo precedente, señalo que mi cónyuge ocupa el cargo de Procuradora Judicial II Delegada para la Conciliación Administrativa, lo que, dada la calidad de accionante con la que obra la Procuraduría General de la Nación, implica la configuraci ón de la causal de impedimento anteriormente citada.

En este contexto, puede advertirse que, en mi caso, podría existir un interés actual, especial y personal, en atención a que mi cónyuge se encuentra vinculada laboralmente a la Procuraduría General de la Nación. Esta circunstancia implica que: (i) la afectación a la imparcialidad sería latente, en tanto debo pronunciarme, en un término perentorio, sobre la conducta procesal de la entidad en la que mi esposa actualmente labora; (ii) la decisión que se adopte podría