CE - Sentencia 11001031500020240694201 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06942-01

Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06942-01

Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío-Sala Tercera de

Decisión Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales. Subtema: Requisitos generales de procedencia – relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera de l Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn 1, por intermedio de apoderado, presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social que consideró vulnerados por la Sala Tercera Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío, con ocasión de la sentencia de 3 de octubre de 2024, en el p roceso

proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social que consideró vulnerados por la Sala Tercera Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío, con ocasión de la sentencia de 3 de octubre de 2024, en el p roceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el nœmero œnico de radicación 63001-33-33-001-20 2200094-01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica:

2.1. El 14 de enero de 2020, el accionante presentó petición ante la NaciónMinisterio de Educación Nacional-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Arm enia para que obtuviera el reconocimiento y pago de las cesantías.

1 ˝ndice 0002 del expediente digital de primera instancia, certificado 95E8FBD8D513165C 5D2590307B2099E2

E8B5B77AF5C9752E 972D4714D1C40A14.0000

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Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

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2.2. La solicitud fue atendida positivamente mediante Resolución nœm. 0431 de 18 de febrero de 2020 y fue notificada el 28 de febrero de 2020.

2.3. No obstante lo anterior, la entidad accionada emitió la Resolución 1229 de 11 de junio de 2020, mediante la cual realizó una corrección a la anterior, en cuanto al valor

2.3. No obstante lo anterior, la entidad accionada emitió la Resolución 1229 de 11 de junio de 2020, mediante la cual realizó una corrección a la anterior, en cuanto al valor reconocido al actor, recursos que fueron girados el 13 de julio de 2020.

2.4. El 23 de septiembre de 2020, el accionante presentó una nueva petición ante la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Armenia para que le fuera reconocida la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019. Sin em bargo, la entidad guardó silencio.

2.5. Por lo anterior el accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue tramitada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, autoridad que, mediante sentencia del 17 de octubre de 2023 declaró la nulidad del acto administrativo fict o configurado ante la falta de respuesta de la solicitud del 23 de septie mbre de 2020, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Ma gisterio y a título de restablecimiento del derecho condenó al Municipio de Armeni a al pago de la sanción moratoria contenida en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, equivalente a 52 días de mora, y negó las demÆs pretensiones.

2.6. Inconforme con la decisión judicial, el municipio de Armenia presentó recurso de apelación. Por lo tanto, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Armenia, mediante sentencia de 3 de octubre de 2024, revocó la decisión de primera

2.6. Inconforme con la decisión judicial, el municipio de Armenia presentó recurso de apelación. Por lo tanto, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Armenia, mediante sentencia de 3 de octubre de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Armenia y, como consecuencia, ordenó negar las pretensiones de la demanda.

2.7. El accionante indicó que la Sección Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío vulneró sus derechos fundamentales con ocasión a la precitada sentencia, pœes desconoce los fundamentos legales y jurisprudenciales que acobijan el caso en cuestión.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó que se declare que el Tribunal Administrativo del Qu indío – Sala Tercera de Decisión, mediante sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 , expediente rad. nœm. 63001-3333-001-2022-00094-01, vulneró sus de rechos al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Esto, al considerar que los argumentos expuestos por dicha corporación se apartaron de los postulados legales y de la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa aplicable.0000

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Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

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En consecuencia, solicitó que se ordene dejar sin efectos la mencionada sentencia

Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

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En consecuencia, solicitó que se ordene dejar sin efectos la mencionada sentencia y, en su lugar, se profiera una nueva decisión de fondo en la que se a nalice el reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el pago t ardío de las cesantías del seæor Clavijo FarfÆn.

De acuerdo con lo expuesto en la solicitud de amparo, la parte accionante afirmó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al revocar la sentencia de primera instancia que había amparado sus derechos. A su juicio, dicha decisión fue adoptada sobre la base de un an Ælisis meramente formal, al considerar probada de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Armenia, sin tener en cuenta que esa en tidad fue debidamente vinculada al proceso por el juez de primera instancia en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 207 del CPACA.

Segœn lo expuesto en la demanda, la controversia surgió a partir de la negativa presunta frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria. En ese contexto, se promovió una demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cual fue admitida. Posteriormente, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia ordenó la vinculación del Municipio de Armenia, al establecer que la mora se había causado bajo la vigencia de la Ley 1955 de 2019.

De la revisión del trÆmite procesal se indicó que se cumplieron todas las etapas

Armenia ordenó la vinculación del Municipio de Armenia, al establecer que la mora se había causado bajo la vigencia de la Ley 1955 de 2019.

De la revisión del trÆmite procesal se indicó que se cumplieron todas las etapas propias del proceso, incluyendo la notificación a la entidad territorial, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, la etapa probatoria, la fijación del litigio y la presentación de alegatos. Pese a ello, la entidad vinculada no contestó la demanda.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Quindío revocó el fallo de primera instancia al considerar que la administración municipal no tenía legitimación en la causa por pasiva, argumentando que no existía un acto administrativo propio d e dicha entidad que justificara su inclusión en el proceso. Dicha postura fue cuestionada por el accionante, al seæalar que con la vinculación del municipio se había corregido cualquier posible irregularidad procesal, permitiendo la integración adecuada del contradictorio y asegurando que se emitiera una decisión de fondo, en consonancia con el principio de efectividad del derecho sustancial.

Segœn el planteamiento de la tutela, el pronunciamiento del Tribunal desco noció el deber del juez de impulsar el proceso hacia una decisión sustancial y no meramente formal, contrariando los principios rectores del debido proceso y la tutela ju dicial efectiva. AdemÆs, se afirmó que la conducta procesal desplegada por el juez d e primera instancia generó en la parte actora una expectativa legítima de obtene r una decisión de mØrito, situación que fue frustrada injustificadamente con la revocatoria.0000

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primera instancia generó en la parte actora una expectativa legítima de obtene r una decisión de mØrito, situación que fue frustrada injustificadamente con la revocatoria.0000

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Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

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Por lo tanto, la decisión del Tribunal accionado habría desconocido el objetivo mismo de la administración de justicia, al impedir una decisión de fondo sobre una controversia plenamente tramitada conforme a derecho.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente de primera instancia, mediante aut o del 14 de enero de 2025 2, admitió la acción; vinculó como terceros con interØs a Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Municipio de Armenia y a la Fiduciaria La Previsora S.A. Asimismo, ordenó la notificación a las partes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia Quindío 3, realizó el envío del enlace que contiene el expediente del proceso objeto de la acción de tutela interpuesta para su revisión y demÆs fines pertinentes.

4.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional , en su calidad de parte accionada, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que esta carece de relevancia constitucional. Afirmó que no se acreditó

4.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional , en su calidad de parte accionada, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que esta carece de relevancia constitucional. Afirmó que no se acreditó una vulneración grave de derechos fundamentales, ni directa ni indirectamente, y que el asunto debatido corresponde a una controversia de índole econó mica entre particulares, lo cual desborda la competencia del juez de tutela. Seæaló que corresponde al accionante demostrar que la decisión judicial cuestionada constituye un acto de hecho contrario al orden jurídico, como presupuesto excepcional para la procedencia del amparo constitucional.

4.3. El municipio de Armenia y la Fiduciaria La Previsora S.A. a pesar de estar debidamente notificadas, guardaron silencio respecto de la solicitud de tutela.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de 20254, declaró la improcedencia de la acción porque no superó el requisito de relevancia constitucional.

El juez constitucional de primera instancia expuso que las inconformidades manifestadas por el actor no trascendían a un debate constitucional, pues al tratarse

2 ˝ndice 005 del expediente digital de primera instancia, certificado 56390CE826B49FF7 FEE27EBA044A8E52 406421A48034DFCB 9BB53EF6296B6CC4. 3 ˝ndice 009 del expediente digital de primera instancia, certificado C210770533F9F310 3E3D0BCB086DA1CB C6B58E1537FA6B95 4F663305D05A858A.

3 ˝ndice 009 del expediente digital de primera instancia, certificado C210770533F9F310 3E3D0BCB086DA1CB C6B58E1537FA6B95 4F663305D05A858A. 4 ˝ndice 14 del expediente digital de primera instancia, certificado 5380190510763B1C C1C9867456D978EB

372BF340C5750ED2 939B06DDCD59C19D.0000

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de una tutela contra providencia judicial era indispensable que el interesado, ademÆs de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las ga rantías superiores que considera vulneradas, debía exponer con suficiencia las razones del porquØ el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.

Afirmó que la controversia propuesta por el seæor Clavijo FarfÆn se circunscri bió a un debate de interpretación meramente legal y probatorio realizada por el juez natural, lo que escapa del Æmbito de competencia del juez constitucional. A su juicio, el accionante no acreditó una afectación real y directa a derechos fundamen tales, sino que pretendió reabrir un debate jurídico propio del proceso de nulid ad y restablecimiento del derecho.

Indicó, ademÆs, que no se evidenció la transgresión de los derechos funda mentales invocados, toda vez que el proceso judicial se adelantó ante el juez compe tente, conforme a las formas legales, sin que se configurara una situación de vulnerabilidad

Indicó, ademÆs, que no se evidenció la transgresión de los derechos funda mentales invocados, toda vez que el proceso judicial se adelantó ante el juez compe tente, conforme a las formas legales, sin que se configurara una situación de vulnerabilidad ni una amenaza concreta que justificara la intervención del juez de tutela. En consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Consideró que esta no abordó adecuadamente los problemas jurídicos planteados en la acción de tutela, razón por la cual consideró que la providencia carece de congruencia y de un fundamento jurídico suficiente. Sostuvo que la acción sí reviste relevancia constitucional, dado que se encuentran comprometidos los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, a travØ s de auto del 11 de marzo de 2025 5, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

5 ˝ndice 20 del expediente digital de primera instancia, ce rtificado F834989DA76F97B6 0727058BDF165288

C7D75FDB9933428E 21663D11FE9CF4560000

5 ˝ndice 20 del expediente digital de primera instancia, ce rtificado F834989DA76F97B6 0727058BDF165288

C7D75FDB9933428E 21663D11FE9CF4560000

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2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn es el titular de las garantías constitucionales que afirma son vulneradas, en su condición de parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-001-2022-00094-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío fue la autoridad que profirió la sentencia del 3 de octubre de 2024, que puso fin al proceso y q ue, segœn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente el amparo.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función d e los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 6 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 7 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto8.

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisió n

extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisió n de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior de l proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en l os defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestio nada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser raz ón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se d ecida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cu enta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus0000

a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cu enta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus0000

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Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial q ue se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cu yo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción

jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”10.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la

decisiones en el entendido que precisamente en esa moti vación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violaci ón

desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violaci ón directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 10 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.0000

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necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privada s; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a d erechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constituciona l se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte

se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una provid encia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el control constitucional concreto11.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito d e relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la accionante argumentó que la autoridad accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritua l

relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la accionante argumentó que la autoridad accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritua l manifiesto, al revocar la sentencia de primera instancia que había amparado sus derechos. A su juicio, dicha decisión fue adoptada sobre la base de un an Ælisis meramente formal, al considerar probada de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Armenia, sin tener en cuenta que esa en tidad fue debidamente vinculada al proceso por el juez de primera instancia en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 207 del CPACA.

5.2. El Tribunal Administrativo del Quindío explicó que en el caso bajo anÆlisis se observaba que la demanda se dirigió œnicamente en contra de la NaciónMinisterio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

11 Cfr. sentencia C-590 de 2005.0000

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Accionante: JosØ Joaquín Clavijo FarfÆn

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FOMAG, no obstante, mediante el auto del 12 de julio de 2022 se ordenó vincular al Municipio de Armenia, en virtud a que se declaró probada la excepción previa propuesta por el FOMAG, indicÆndose lo siguiente:

“Así las cosas, al evidenciar el despacho que lo que pretende el demandante es obtener la declaratoria de nulidad del acto ficto configurado el día 23 de

propuesta por el FOMAG, indicÆndose lo siguiente:

“Así las cosas, al evidenciar el despacho que lo que pretende el demandante es obtener la declaratoria de nulidad del acto ficto configurado el día 23 de septiembre de 2020, frente a la petición presentada el día 23 de junio de 2020 en cuanto negó el derecho a pagar la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006; y como consecuencia de ello, ordenar a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo contados desde los setenta (70) días hÆbiles despuØs de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y ha sta cuando se hizo efectivo el pago de la misma, así como tambiØn peticiona, los valores indexados de las eventuales condenas y al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectœe el pago de la san ción moratoria reconocida.

Siendo lo anterior el asunto a desatar, el despacho deberÆ establecer quØ entidad incumplió con los plazos establecidos por la ley, para este efecto y consecuente a ello, imponer las eventuales condenas a la entidad que resulte responsabl e a la luz de la Ley 1955 de 2019, por consiguiente, en el presente asunto, se hace imprescindible la vinculación como litis consorcio necesario al Municipio de Armenia - Secretaría de Educación Municipal, pues en caso de encontrar una

la luz de la Ley 1955 de 2019, por consiguiente, en el presente asunto, se hace imprescindible la vinculación como litis consorcio necesario al Municipio de Armenia - Secretaría de Educación Municipal, pues en caso de encontrar una omisión en el trÆmite a su cargo, deberÆ proferirse sentencia que afecte sus intereses, en atención al parÆgrafo del artículo 57 de la norma en comento. En consecuencia, se declararÆ probada la excepción previa denominada “NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA” propuesta por la entidad demandada y coadyuvada por la parte demandante por lo ya expuesto en el proveído de este Auto y por ende, se ordenarÆ integrar al contradictorio al Municipio de Armenia – Secretaría de Educación Municipal” 12.

5.3. Ahora bien, del estudio de los aspectos abordados en la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que puso fin a la actuación, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“A