CE - Sentencia 11001031500020240705201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato

Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de c ontrol de nulidad electoral / Inhabilidad para ser alcalde, causal descrita en el numeral 3.º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 / Defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política Decisión: Confirma decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Consejo de Estado, Sección Quinta y el tercero con interés Wilson Hoyos Bermúdez, en contra de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. José Jadel Flórez Serrato promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, participación política,

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. José Jadel Flórez Serrato promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, participación política, acceso a cargos públicos, trabajo y mínimo vital, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024, en el medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado 73001-23-33-000-2023-00464-022.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El 31 de octubre de 2023, fue elegido alcalde del municipio de Prado, Tolima, para el periodo constitucional 2024-2027.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_1ACCIONDETUTELA2(.pdf) NroActua 2» 2 Acumulado al 73001-23-33-000-2023-00477-002

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato 2.2. Carlos Andrés Navarro Basto y otro p resentaron demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con la finalidad de cuestionar la legalidad del acto de su elección como alcalde de Prado, Tolima, para el período 2024-2027.

2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 18 de julio de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar, entre otras, que no se acreditó la inhabilidad por celebración de contratos, pues, no cumplió con el requisito territorial

las pretensiones de la demanda, al considerar, entre otras, que no se acreditó la inhabilidad por celebración de contratos, pues, no cumplió con el requisito territorial correspondiente. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.4. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 17 de octubre de 2024 revocó la decisión del a quo para, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda, al considerar que se incurrió en la inhabilidad por celebración de contrato comoquiera que ejerció su calidad de contratista de la Defensoría Regional del Tolima , lo cual significa que lo pudo hacer en todos los municipios de ese departamento . En contra de esta decisión como demandado, presentó solicitud de aclaración y adición.

2.5. En providencia del 31 de octubre de 2024 , el Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración al considerar que los puntos relacionados no constituían concepto o frase que ofrecieran verdaderos motivos de duda que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

2.6. En providencia del 14 de noviembre de 2024 rechazó por extemporánea la solicitud de adición de la sentencia. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado el 28 de noviembre de 2024.

2.7. Contra la anterior decisión propuso incidente de nulidad, el cual se resolvió de manera desfavorable con auto del 18 de diciembre de 2024.

2.8. La co rporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en violación directa de la Constitución Política por desconocimiento de los

manera desfavorable con auto del 18 de diciembre de 2024.

2.8. La co rporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en violación directa de la Constitución Política por desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legítima, al adoptar una interpretación extensiva de la inhabilidad de que trató el numeral 3 .° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 , modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 , pues, limitó sus derechos políticos frente a la posibilidad de acceder a cargos públicos , cuando dichas restricciones deben estar taxativamente en el ordenamiento jurídico, máxime, al ser elegido por voto popular como alcalde del municipio en cuestión.

2.9. En defecto sustantivo por indebida interpretación de la norma en cita, al otorgarle una interpretación amplia y abstracta , y desconocer que las actividades desarrolladas no impactaron en el proceso electoral y tampoco fueron ejecutadas en el municipio de Prado, Tolima, al contrario, se acreditó que se cumplieron en Ibagué.

2.10. En virtud de los principios pro persona y pro libertate , debió escoger la interpretación que resultara menos restrictiva del derecho de acceso al ejercicio de cargos públicos, por lo que los verbos de «ejecutar» y «cumplir» se debieron analizar de manera literal y no bajo un alcance extensivo, como también se le dio a la3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato expresión «Circuito de Ibagué», cuando resultaba apenas lógico que uno es el lugar

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato expresión «Circuito de Ibagué», cuando resultaba apenas lógico que uno es el lugar de ejecución, y otro el ámbito de competencia de los despachos judiciales.

2.11. En defecto fáctico por falta de valoración del acervo probatorio, pues, pasó por alto los aspectos que se encontraban debidamente parametrizados en la plataforma de Secop frente a l contrato CD -DP-1677-2022 celebrado con la Defensoría del Pueblo, en el que se estipuló que el municipio de ejecución del contrato era Ibagué , por lo que no hay motivos para asumir que se hubiere podido ejecutar en Prado, Tolima.

2.12. En desconocimiento de su propio precedente judicial , comoquiera que en sentencia proferida el 5 de octubre de 2001 en el expediente identificado bajo el radicado 52001-23-31-000-2000-1329-01 (2661), se confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral , porque el contrato que el alcalde del municipio de Puerres, Nariño había suscrito con la Defensoría del Pueblo, no había sido ejecutado ni cumplido en dicho lugar; además de desconocer las reglas establecidas en la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional.

2.13. Fundamentó su decisión en la providencia del 8 de septiembre de 2016, proferida por la misma Sección en el expediente 2300123-33-000-2015-00461-02, la cual no era de aplicación al caso.

1.1.1. Pretensiones

proferida por la misma Sección en el expediente 2300123-33-000-2015-00461-02, la cual no era de aplicación al caso.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] que tutelé los derechos fundamentales80 de JOSE JADEL FLOREZ SERRATO, tales como: i) Derecho político de acceder a cargo públicos; ii) Derecho al debido procesodoble conformidad; iii) Derecho a la igualdad en el trato jurídico; iv) al trabajo; v) al mínimo vital, así como la aplicación efectiva de los principios democrático, vi) pro homine; vii) pro libertate; viii) buena fe y ix) confianza legitima.

Deje sin efectos la sentencia del diecisiete (17) de Octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de mi poderdante como Alcalde del Municipio de Prado-Tolima para el período 2024-2027, y, en consecuencia, en su lugar, se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado, expedir una nueva Sentencia, en la que en todo caso, quede claro, que JOSE JADEL FLOREZ SERRATO no está incurso en la INHABILIDAD enrostrada, por cuanto ni CUMPLIO ni EJECUTÒ, ni debió cumplir y/o ejecutar contrato alguno en el Municipio de Prado, y por ende, no existió situación fáctica alguna que le concediera ventaja en la competencia por la Alcaldía de dicho Municipio, disponiéndose su reintegro al cargo de Alcalde para que termine su periodo hasta el 31 de Diciembre de 2027,

ventaja en la competencia por la Alcaldía de dicho Municipio, disponiéndose su reintegro al cargo de Alcalde para que termine su periodo hasta el 31 de Diciembre de 2027, restableciéndose de paso todos sus derechos […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato

4. El Consejo de Estado, Sección Quinta 3 solicitó que se declarara improcedente la tutela, por no acreditarse el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, pues, la verdadera intención es convertirla en una instancia adicional del proceso de nulidad electoral.

4.1. Asimismo, que se negaran las pretensiones de amparo comoquiera que dentro del proceso se hicieron efectivas las garantías fundamentales, sin incurrir en las causales de procedencia invocadas , toda vez que se resolvió con base en la normativa y jurisprudencia aplicable, y en las pruebas obrantes en el expedient e, lo que permitió evidenciar que la inhabilidad se configuró por la celebración del contrato que debía ejecutarse en el municipio donde el actor fue elegido, no por su ejecución, pues, en el contrato correspondiente se estipuló que sería el Circuito Judicial de Ibagué, no la ciudad de Ibagué, del cual el municipio de Prado hace parte para todos los efectos judiciales.

4.2. Por ello, a sí no se haya probado que el demandado hubiese desarrollado alguna actividad contractual en Prado , no implicaba que el contrato en cuestión no debía ejecutarse en dicha municipalidad , pues, el hecho de que solo se haya

4.2. Por ello, a sí no se haya probado que el demandado hubiese desarrollado alguna actividad contractual en Prado , no implicaba que el contrato en cuestión no debía ejecutarse en dicha municipalidad , pues, el hecho de que solo se haya pretendido demostrar que cumplió el contrato en cuestión en el municipio de Ibagué, no modifica el «Circuito de Ibagué» como lugar pactado para su ejecución.

5. Wilson Hoyos Bermúdez4 luego de hacer un reencuentro de las actuaciones surtidas al interior del proceso contencioso, solicitó que se declarara improcedente el amparo pretendido, al no acreditar se el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, pues, la verdadera intención es volver sobre una discusión que ya fue resuelta ampliamente por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

5.1. Lo anterior, ya que la sentencia enjuiciada fue proferida en derecho, con sujeción al ordenamiento jurídico y observación de las garantías procesales; por lo que no es aceptable que el ahora demandante, abogado de profesión, que sabía de la vinculación inhabilitante del contrato suscrito con la Defensoría del Pueblo, pretenda atribuir al juez de segunda instancia yerros que encuadra dentro del mecanismo de amparo, a fin de sostenerse en el cargo.

5.2. Además, de que los argumentos traídos ante el juez de tutela son idénticos a los expuestos durante toda la etapa procesal de primera y segunda instancia , junto con las solicitudes de aclaración, adición, nulidad y recurso de reposición contra el rechazo de la adición de la sentencia, lo que evidencia, que el actor insiste en llevar

los expuestos durante toda la etapa procesal de primera y segunda instancia , junto con las solicitudes de aclaración, adición, nulidad y recurso de reposición contra el rechazo de la adición de la sentencia, lo que evidencia, que el actor insiste en llevar a cabo actuaciones dilatorias que resultan improcedentes, con el ánimo de impedir el efectivo cumplimiento del fallo.

3 Ver índice 23 de Samai. Archivo denominado «32CONTESTACIONDE_RINDEINFO_20240705200Contestac(.pdf) NroActua 23 » 4 Ver ín dice 24 de Samai. Archivo denominado « 32_MemorialWeb_Otro-ContestacionTutela(.pdf) NroActua 24»5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato 5.3. Posteriormente, solicitó5 la convocatoria de una sala plena o en su defecto, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar en derecho y justicia transparencia en el trámite en cuestión.

6. El Tribunal Administrativo del Tolima 6 requirió que se negara el amparo pretendido ante la inexistencia de vulneración a derecho fundamental alguno por parte de esta autoridad, pues, la discusión constitucional no tiene relación con sus actuaciones surtidas, pues, lo que se debatió fue la valoración probatoria realizada por el Consejo de Estado, Seccional Quinta, en calidad de juez de segunda instancia dentro del proceso electoral.

7. La Registraduría Nacional del Estado Civil 7 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha incurrido en actuación u omisión alguna que afectaran los derechos invocados por el demandante , y los

7. La Registraduría Nacional del Estado Civil 7 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha incurrido en actuación u omisión alguna que afectaran los derechos invocados por el demandante , y los cuestionamientos presentados se centraron en la decisión proferida por el Consejo de Estado , circunstancia eminentemente jurisdiccional, la cual es ajena a la competencia de esta entidad.

8. José Jadel Flórez Serrato 8 respecto al informe rendido por la autoridad judicial demandada, precisó que, si acreditó el requisito general de la relevancia constitucional comoquiera que se decretó la nulidad de una elección que es fruto del voto popular y la voz del pueblo, es decir, del constituyente primario. Asimismo, reiteró alguno de los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

9. Carlos Andrés Navarro Basto9 guardó silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia10

10. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 14 de febrero de 2025 amparó los derechos invocados por José Jadel Flórez Serrato, dejó sin efectos la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Quinta; y le ordenó dictar un fallo de reemplazo.

10.1. Ello, al considerar que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos endilgados, comoquiera que realizó una interpretación extensiva del numeral 3 .º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 , pese a que la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que las inhabilidades son de naturaleza excepcional y no pueden ser

artículo 95 de la Ley 136 de 1994 , pese a que la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que las inhabilidades son de naturaleza excepcional y no pueden ser

5 Ver índice 36 de Samai. Archivo denominado «58RECIBEMEMORIAL_Memorial_SolicituddeGarantias(.pdf) NroActua 36» 6 Ver índice 26 de Samai. Archivo denominado « 33_MemorialWeb_Otro-1100103150002024(.pdf) NroActua 26» 7 Ver índice 27 de Samai. Archivo denominado « 35_MemorialWeb_Respuesta-21RESPUESTA(.pdf) NroActua 27» 8 Ver índice 29 de Samai. Archivo denominado «38RECIBEMEMORIAL_JOSEJADELFLOREZTRASL(.pdf) NroActua 29» 9 Mediante auto del 28 de enero de 2025 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular como tercero con interés 10 Ver índice 41 de Samai. Archivo denominado «63Sentencia_20240705200nulidadel(.pdf) NroActua 41»6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato interpretadas de manera extensiva , en virtud de los principios pro libertatis, pro persona o pro homine.

10.2. En ese sentido, rec ordó que l a normativ a estableció que no po día ser designado alcalde municipal o distrital quien dentro del año anterior a la elección hubiese intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas, siempre que debieran ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio y, en este caso, se

designado alcalde municipal o distrital quien dentro del año anterior a la elección hubiese intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas, siempre que debieran ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio y, en este caso, se asimiló el municipio con el circuito judicial, para lo cual acudió a disposiciones ajenas a la prohibición, por lo que no podía hacer parte del elemento territorial exigido.

11. El consejero Fredy Ibarra Martínez 11 se apartó de la decisión de la Sala mayoritaria, al considerar que se debió negar se el amparo pretendido, pues, la decisión se fundamentó en la inferencia de que se hizo una interpretación extensiva de la inhabilidad, cuando ello no fue así; sin que el mecanismo constitucional proceda para cuestionar criterios interpretativos.

11.1. Además, respecto de la expresión «Circuito Judicial de Ibagué» no se requirió acudir a otros cuerpos normativos para entender que no es equivalente a «municipio», por lo que era claro que la inhabilidad aplicaba para todos los contratos que debían ejecutarse en la jurisdicción del dicho circuito judicial, el cual incluía al municipio de Prado.

1.4. Escrito de impugnación12

12. El Consejo de Estado, Sección Quinta impugnó la sentencia de primera instancia, al insistir en que la solicitud de amparo se tornaba improcedente comoquiera que el demandante no acreditó el requisito general de la relevancia constitucional, por cuanto su verdadera intención fue convertir el amparo en una instancia adicional del proceso de nulidad electoral.

12.1. Refirió que el juez a quo de tutela usurpó el lugar del juez natural de la causa

constitucional, por cuanto su verdadera intención fue convertir el amparo en una instancia adicional del proceso de nulidad electoral.

12.1. Refirió que el juez a quo de tutela usurpó el lugar del juez natural de la causa y desconoció la jurisprudencia pacífica sobre la materia de la Sala Electoral, la realidad de los contratos de prestación de servicios y la distribución judicial en el país; por lo que no es cierto que se haya desconocido la Constitución Política, pues, si bien el artículo 40 estableció el derecho de acceso a cargos públicos, lo cierto es que no es absoluto, y por ello, e s posible revisar la legalidad de las elecciones y nombramientos, lo cual significa que se hayan desconocido los principios pro libertatis y pro homine, menos aún, cuando se encuentra configurada alguna de las causales de nulidad electoral o pérdida de investidura , como en el caso del demandante.

11 Ver índice 50 de Samai. Archivo denominado « 71Salvamentodev_Salvamento2024070520(.pdf) NroActua 50» 12 Ver índice 49 de Samai. Archivo denominado « 69_MemorialWeb_Recurso20240705200Impug(.pdf) NroActua 49»7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato

13. Por su parte, Wilson Hoyos Bermúdez también presentó escrito de impugnación13, para lo cual insistió en la negativa de la solicitud de amparo, ante la ausencia del requisito de la relevancia constitucional, ya que la verdadera intención del demandante fue convertirla en una tercera instancia.

13.1. Que l a providencia enjuiciada contiene una interpretación extensiva de la

ausencia del requisito de la relevancia constitucional, ya que la verdadera intención del demandante fue convertirla en una tercera instancia.

13.1. Que l a providencia enjuiciada contiene una interpretación extensiva de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3.º del artículo 95 de la ley 136 de 1994, frente a que no importaba si el objeto contractual se cumplió o no, sino el lugar en el que debía ejecutarse o cumplirse , y en ese sentido, en el contrato celebrado en cuestión se pactó como lugar de ejecución el Circuito Judicial Administrativo de Ibagué, el cual incluye los 47 municipios del departamento del Tolima, entre estos Prado.

13.2. Así, la decisión de tutela presentó un «grave y serio defecto fáctico» generador de inseguridad jurídica, y más, cuando otorgó una medida provisional sin contar con los elementos probatorios necesarios para ello , y sin tener en cuenta los estudios previos elaborados por la Defensoría del Pueblo Regional Tolima que justificaban la necesidad de contratar los servicios profesionales para dicho circuito judicial.

2. Consideraciones

14. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 14 y el Acuerdo 80 de l 12 de marzo de 2019 15, esta Sala es

2.1. Competencia

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 14 y el Acuerdo 80 de l 12 de marzo de 2019 15, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferid a

por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado16 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

13 Ver índice 49 de Samai. Archivo denominado «69_MemorialWeb_Recurso20240705200Impug(.pdf) NroActua 49» 14 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 17. Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

18. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo18, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constituc ional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constituc ional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

19. Ahora bien, la Corte Constitucional 19 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos20, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario amparo la prosperidad

17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 18 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos

18 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 19 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 20 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales21.

21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

22. De acuerdo con el escrito de impugnación, l a Sala deberá definir : ¿si el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los derechos fundamentales de José Jadel Flórez Serrato con ocasión de la sentencia del 17 de octubre de 2024, a través de la cual , en segunda instancia, declaró la nulidad de su acto de elección como alcalde de Prado, Tolima, al considerarlo incurso en la causal de inhabilidad descrita

de la cual , en segunda instancia, declaró la nulidad de su acto de elección como alcalde de Prado, Tolima, al considerarlo incurso en la causal de inhabilidad descrita en el numeral 3.º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 , esto es, por celebración de un contrato con la Defensoría del Pueblo para ejercer los servicios de abogado en el circuito administrativo de Ibagué, el incluye al municipio en el que fue electo, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

23. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto sustantivo

24. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

25. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-01

Demandante: José Jadel Flórez Serrato interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es