CE - Sentencia 11001031500020250012101 de 2025

Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00121-01

Demandante: LISETH JOANA GONZALEZ MARTÍNEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE CALI

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 21 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Liseth Joana González Martínez, actuando en nombre propio, instauró

referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Liseth Joana González Martínez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela1, contra el Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.

Lo anterior, con ocasión de las sentencias proferidas por las autoridades accionadas el 19 de febrero de 2024 y 29 de noviembre de la misma anualidad respectivamente, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-020-2020-00148-00/01, promovido contra el municipio de Palmira, y a través de las cuales se negaron las súplicas de la demanda.

1 La cual fue radicada el 13 de enero de 2025 – índice 02 del aplicativo Samai. 2 Sala integrada por los magistrados Guillermo Poveda Perdomo, Paola Andrea Gartner Henao y Katia Alexandra Domínguez Garcés.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[Segunda.-Como consecuencia de lo anterior y conforme al análisis Constitucional y los precedentes del Consejo de Estado, se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE , que en un término perentorio fijado por el Consejo de Estado , dicho Despacho Jud icial, profiera una nueva decisión de segunda instancia en el expediente Radicado 76001 -33-33-020-2020-00148-00, teniendo en cuenta el análisis de derechos fundamentales efectuados en la sentencia que ponga fin a este proceso de tutela, y los precedentes del Consejo de Estado […]3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Mediante el Decreto 202 del 05 de mayo de 2017, proferido por el municipio de Palmira, se creó y reglamentó el Fondo Municipal de Becas, subsidios y/o créditos educativos para estudios de Educación Superior o Instituciones de Formación Técnica y Tecnológica o en Instituciones Educativas para el trabajo y desarrollo humano – IETDH; y a través de la Resolución No. 5230 del 15 de diciembre de la misma anualidad, se estableció que las becas otorgadas se renovarían cada semestre, siempre y cuando el centro de educación superior no retirara al estudiante, por bajo rendimiento o por decisión del comité en cada caso.

misma anualidad, se estableció que las becas otorgadas se renovarían cada semestre, siempre y cuando el centro de educación superior no retirara al estudiante, por bajo rendimiento o por decisión del comité en cada caso.

A través de la Resolución No. 0116 del 9 de febrero de 2018, el municipio de Palmira concedió a la accionante una beca para cursar el programa de derecho en la Universidad Pontificia Bolivarian a, Seccional Palmira , el cual fue ejecutado y cumplido hasta el año 2019.

El municipio de Palmira profirió la Resolución 0160 del 3 de febrero de 2020 en la que determinó que solo pod ían continuar con el beneficio de beca o subsidio aquellos estudiantes que en el último semestre obtuvieran un promedio igual o superior a cuatro (4.0).

El 18 de septiembre de 2020, la señora González Martínez instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a efectos de obtener la nulidad de las Resoluciones 0160 del 3 de febrero de 2020, 1000 del 17 de febrero de l mismo año y 036 del 14 de agosto de la misma anualidad ; y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de los perjuicios económicos derivados del pago que asumió por valor de $2.510.149, correspondiente al subsidio actualizado del 5º semestre y subsiguientes de la carrera de Derecho que cursó en la Universidad Pontificia Bolivaria na, con su

3 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

carrera de Derecho que cursó en la Universidad Pontificia Bolivaria na, con su

3 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

respectiva indexación; pues, según lo indicado por la parte demandante, al momento de verificarse el promedio de las notas obtenidas en el semestre anterior, se decidió revocar la beca educativa que le había sido otorgada, debido a que el puntaje obtenido fue inferior a cuatro (4.0)

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali que, mediante sentencia del 19 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, al estimar que las disposiciones previstas en la Resolución 160 del 3 de febrero de 2020 sí le eran aplicables a la señora Liseth Joana , por cuanto de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 13 de la Resolución No. 5230 del 15 de diciembre de 2017, la beca que le fue otorgada a la ac cionante debía renovarse cada semestre con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad territorial demandada.

Esta decisión fue recurrida por l a parte actora y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 29 de noviembre de 2024.

Como sustento de la decisión, dicha corporación refirió que de acuerdo con lo

Esta decisión fue recurrida por l a parte actora y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 29 de noviembre de 2024.

Como sustento de la decisión, dicha corporación refirió que de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Resolución No. 5230 de 2017, la obtención de la beca no tenía vocación de permanencia ni generaba un derecho en cabeza de la demandante, ya que la misma se encontraba sujeta al cumplimiento de unos requisitos concretos , por lo que el Comité del Fondo Municipal ordenó hacer seguimiento semestral determinándose que la misma no cumplió con las exigencias previstas en las resoluciones 5230 de 2017 y 0160 de 2020 para continuar con el beneficio, pues para ello debía obtener un promedio igual o superior a cuatro (4.0), y su promedio de notas en el último semestre fue de 3.89.

Así mismo, precisó que las becas universitarias no son un derecho adquirido, sino una ayuda financiera, la que se le otorgó a la demandante porque cumplió con los requisitos para acceder a la misma, estando su continuidad condicionada al rendimiento y a la decisión que tomara el Comité del Fondo de Becas.

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 27 de noviembre de 20244.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La accionante manifestó que, con la decisión adoptada por el tribunal accionado se incurrió en un defecto material o sustantivo y en el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, situación que pone en evidencia la contradicc ión de las normas analizadas y la deducción de legalidad de los actos administrativos

incurrió en un defecto material o sustantivo y en el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, situación que pone en evidencia la contradicc ión de las normas analizadas y la deducción de legalidad de los actos administrativos demandados dentro del proceso ordinario.

4 Índice 11 del expediente ordinario.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Con relación al desconocimiento del precedente, refirió que la decisión cuestionada parte de la base de unos hechos que han sido conocidos por diversos procesos jurisdiccionales con decisiones diferentes, alterando con ello el principio fundamental de igualdad.

Así mismo, refirió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido diáfana en establecer que los actos administrativos rigen hacia el futuro y que solo en casos excepcionales y autorizados por la ley, es posible afectar con un acto administrativo situaciones consolidadas o con efectos retroactivos. Para el efecto citó la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 19 de febrero de 2018 con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado: 25000-23-42-000-201505381-00, y la providencia del 18 de septiembre de 2014,

dictada por la Sección Primera de la misma corporación, con radicado 25000-2324-000-2004-00466-00.

En cuanto al defecto material o sustantivo, refirió que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, realizó una int erpretación e rrada del caso concreto, por haber concluido que una autoridad pública se encuentra autorizada para regular una situación particular con efectos retroactivos aun cuando se trata de desfavorecer el derecho del asociado como sucedió en el caso sub examine.

Precisó que la autoridad judicial accionada se limitó a indicar que los órganos de administración y de control, estaban facultados para reglamentar, hacer seguimientos y efectivizar controles con relación a las becas otorgadas, lo cual es contrario a la sensatez jurídica; máxime si se tiene en cuenta que en su caso particular se decidió aplicar de manera retroactiva la Resolución No. 0160 del 3 de febrero de 2020, para constatar el cumplimiento de un requisito que no existía, ni le había sido exigido para continuar disfrutando de la beca que le fue reconocida, como lo es la verificación de un promedio académico correspondiente al año anterior a la promulgación de la disposición normativa que reguló dicho asunto.

Estimó que el aval de una decisión judicial para que una administración municipal desconozca los actos propios, la prohibición de irretroactividad del acto administrativo general, el desconocimiento de l a confianza legítima y buena fe del administrado, la vulneración del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 al revocar actos administrativos particulares sin consentimiento del afectado, constituyen motivos más que suficientes para que el juez constitucional repare el agravio a sus derechos

administrado, la vulneración del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 al revocar actos administrativos particulares sin consentimiento del afectado, constituyen motivos más que suficientes para que el juez constitucional repare el agravio a sus derechos fundamentales.

Refirió que, si bien mediante la Resolución No. 0160 del 03 de febrero de 2020, se estableció como requisito para la continuidad de las becas haber alcanzado un promedio en el último semestre igual o superior a cuatro (4.0), dicha exigencia no podía aplicarse al semestre cursado de manera anterior, al tratarse de una situación consolidada y regulada por unas normas y reglamentos preexistentes; y muchoDemandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

menos dar aplicación a la misma de manera retroactiva, debi do a que dicho actuar resulta contrario a la ley, pues, a su juicio, los nuevos requisitos deben ser aplicados para el semestre siguiente a la publicidad del acto administrativo que lo regula.

Por último, precisó que, el tribunal accionando al momento de proferir la sentencia acusada no tuvo en cuenta ni valoró el certificado de notas aportado con la demanda, y a través del cual se podía corroborar que el promedio valorado para no dar continuidad con la beca que le fue otorgada correspondía al semestre ant erior al de la regulación, situación que, en su sentir, resulta ostensiblemente violatorio del derecho al debido proceso.

dar continuidad con la beca que le fue otorgada correspondía al semestre ant erior al de la regulación, situación que, en su sentir, resulta ostensiblemente violatorio del derecho al debido proceso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 20 de enero de 20255, el magistrado ponente de la primera instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 6 como autoridad judicial accionada, y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali7 y al municipio de Palmira8.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali 9

El titular del Despacho allegó escrito en el que manifestó que, el trámite impartido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por la señora Liseth Joana González contra del municipio de Palmira, así como el fallo proferido al interior del mismo, se encuentran ajustados a derecho y con total apego a la normatividad vigente al caso concreto. Por lo que dicha autoridad no ha incurrido en actuaciones que configuren amenazas o vulneración de los derechos fundamentales de rango constitucional de la tutelante.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca10

Remitió copia íntegra del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-020-2020-00148-00/01, promovido por la señora Liseth Joana González Martínez, contra el municipio de Palmira, guardando silencio frente

radicado 76001-33-33-020-2020-00148-00/01, promovido por la señora Liseth Joana González Martínez, contra el municipio de Palmira, guardando silencio frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se

5 Índice 5 de Samai. 6 Notificación realizada a los correos electrónicos: s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co - índice 8 de Samai. 7 Notificación realizada al correo electrónico: adm20cali@cendoj.ramajudicial.gov.co - índice 8 de Samai. 8 Notificación realizada al correo electrónico: notificaciones.judiciales@palmira.gov.co - índice 8 de Samai. 9 Índice 10 de Samai. 10 Índice 9 de Samai.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

predica la vulneración a los derechos fundamentales de la accionante.

1.6.3. El municipio de Palmira, pese a estar notificado en debida forma de la presente acción, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia11

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A dictó sentencia el 21 de

presente acción, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia11

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A dictó sentencia el 21 de febrero de 2025, en la que declaró improcedente la tutela, al observar que no se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

En ese orden, señaló que las inconformidades a las que hace referencia la tutelante en su escrito inicial fueron zanjadas por el juez ordinario, en el sentido de concluir que carecían de asidero jurídico. Por tanto, no es dable que la actora, al no resultar favorable a sus intereses la decisión judicial objeto de censura, insista en su prosperidad en sede de tutela, como si esta acción fuera una instancia adicional al proceso ordinario.

Indicó que lo que se evidencia en es te asunto es que la demandante pretende imponer su tesis frente al modo como se debió decidir el litigio por ella suscitado, sin que se acredite que el actuar de la autoridad accionada comporte algún tipo de arbitrariedad, ya que no es suficiente que exprese su desacuerdo con la decisión judicial al ser desfavorable a sus intereses.

La anterior providencia se notificó a las partes e intervinientes el 27 de febrero de 202512 mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación13

Reiteró que el Consejo de Estado, en diferentes oportunidades ha sido enfático en establecer que los actos administrativos rigen hacia el futuro y que solo en casos excepcionales y autorizados por la ley, es posible afectar con un acto administrativo, situaciones consolidadas o con efectos retroactivos. Para el efecto citó nuevamente

establecer que los actos administrativos rigen hacia el futuro y que solo en casos excepcionales y autorizados por la ley, es posible afectar con un acto administrativo, situaciones consolidadas o con efectos retroactivos. Para el efecto citó nuevamente la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 19 de febrero de 2018 con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado: 25000-23-42-000-201505381-00, y la sentencia del 18 de septiembre de 2014, dictada por la Sección Primera de la misma corporación, con radicación 25000-23-24-000-2004-00466-00.

11 Índice 13 de Samai. Cuaderno de primera instancia. 12 Índice 16 de Samai. Cuaderno de primera instancia. 13 Índice 17 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 27 de febrero de 2025 a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 4 de marzo del mismo año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Manifestó que el asunto debatido se encuentra revestido de relevancia constitucional, toda vez que se trata de derechos relacionados con la educación en

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Manifestó que el asunto debatido se encuentra revestido de relevancia constitucional, toda vez que se trata de derechos relacionados con la educación en el municipio de Palmira, sin que ninguna autoridad judicial se hubiese detenido a revisar la forma c ómo de manera retro activa se está dando aplicación a las disposiciones que regulan las becas y/o subsidios otorgados por el Fondo Municipal para estudios de Educación Superior o Instituciones de Formación Técnica y Tecnológica.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 21 de febrero de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , para lo cual, se resolverán los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de p rocedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneraron los derechos

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, con ocasión de las sentencias al interior del medio de control de nulidad y restabl ecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-020-2020-00148-00/01 que negaron las súplicas de la demanda elevadas por la actora?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos generales de procedibilidad y; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicialDemandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado p osturas diversas sobre el tema 15 y declaró su procedencia.16

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para

contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado p osturas diversas sobre el tema 15 y declaró su procedencia.16

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la prote cción del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202217.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena a ntes reseñado. 16 Se dijo en la mencionada sentencia “ DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la

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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia re prochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestione s probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de

Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela , instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusio nes de naturaleza eminentemente legal18 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 19; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional20.

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica. […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos

18 Sentencia SU-573 de 2019. 19 Sentencia SU-103 de 2022. 20 Sentencia SU-103 de 2022.Demandante: Liseth Joana González Martínez

asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos

18 Sentencia SU-573 de 2019. 19 Sentencia SU-103 de 2022. 20 Sentencia SU-103 de 2022.Demandante: Liseth Joana González Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00121-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[fundamentales] y no a problemas de carácter legal21”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales22”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental […]

Por último, y como ar riba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundame ntales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario p