CE - Sentencia 11001031500020250012301 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

Demandante: Vidal Antonio Altamar Ayala

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-00123-01 Demandante VIDAL ANTONIO ALTAMAR AYALA Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de control de nulidad electoral. Nulidad originada en la sentencia. Ausencia de notificación. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Vidal Antonio Altamar Ayala contra la sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 15 de enero de 2025 1, el señor Vidal Antonio Altamar Ayala instauró acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1. De acuerdo a lo anteriormente planteado y al acervo probatorio contentivo en el expediente del proceso que nos ocupa está plenamente demostrado que se conculcaron derechos fundamentales y conexos a la comunidad del Municipio de Sitionuevo, Magdalena, por la omisión de notificar o informar en debida forma y tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico del pluricitado proceso. Por lo que se solicita se amparen los derechos fundamentales o conexos invocados como violados y se de (sic) las concebidas consecuencias jurídicas como es, la participación de la comunidad del Municipio de Sitionuevo en el proceso de nulidad electoral señalado.

2. Que se aperture la oportunidad procesal de vincular a la Comunidad de Sitionuevo, Magdalena, tal y como se establece en el numeral C, del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Se decrete nulidad procesal de lo actuado a la fecha.

4. Se ordene la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Magdalena para que proceda a dar cumplimiento al trámite legal establecido en el precitado numeral C, del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

4. Se ordene la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Magdalena para que proceda a dar cumplimiento al trámite legal establecido en el precitado numeral C, del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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5. Ordenar a las autoridades judiciales abstenerse de resolver cualquier otro recurso que afecte el precitado proceso hasta tanto no se resuelva el presente recurso ».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el año 2023, una ciudadana interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto mediante el cual fue elegido el señor Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde del municipio de Sitionuevo

(Magdalena), periodo 2024 -2027, por haber incurrido en la prohibición de doble militancia. 2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Magdalena, bajo el radicado Nro. 47001-23-33-000-2023-00293-00, que mediante sentencia de 10 de julio de 2024 negó las pretensiones , por considerar que el material probatorio no demostraba la configuración de la doble militancia. 2.3. La parte actora y el Ministerio Público presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.4. Mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024 , el Consejo de Estado,

doble militancia. 2.3. La parte actora y el Ministerio Público presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.4. Mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024 , el Consejo de Estado, Sección Quinta revocó la decisión apelada , pues encontró configurada la prohibición de doble militancia alegada. Por lo tanto, declaró la nulidad del acto de elección del señor Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde de Sitionuevo (Magdalena) para el período 2024-2027. 2.5. Varios ciudadanos de la comunidad de Sitionuevo (Magdalena), incluyendo al tutelante, presentaron mediante apoderado judicial solicitud de nulidad de todo lo actuado por indebida notificación del auto admisorio . Alegaron la configuración de la causal consagrada en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso , en tanto que jamás se notificó la demanda a la comunidad mencionada. 2.6. Mediante providencia de 3 de diciembre de 2024, se rechazó por improcedente la solicitud de nulidad. La autoridad judicial explicó que de conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, las solicitudes de nulidad pueden ser radicadas en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sent encia o, con posterioridad a esta, solo si ocurrieren en esta última. Sostuvo que en el caso la solicitud de nulidad se radicó con posterioridad a la expedición del fallo del 7 de noviembre de 2024 . En consecuencia, «su formulación solo puede versar sobre nulidades originadas en la sentencia, tal y como lo

Sostuvo que en el caso la solicitud de nulidad se radicó con posterioridad a la expedición del fallo del 7 de noviembre de 2024 . En consecuencia, «su formulación solo puede versar sobre nulidades originadas en la sentencia, tal y como lo dispone el artículo 134 del Código General del Proceso». Seguido, indicó que el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011 regula expresamente las nulidades originadas en la sentencia en los asuntos con pretensiones de contenido electoral. Esa norma establece que la nulidad originada en la sentencia en tales controversias solo procede por ciertas causales determinadas, puntualmente por cuatro causales . Una de estas es por indebida notificación del auto admisorio al demandado o su representante. Tal norma establece que se rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causales distintas a las a llí señaladas. Por lo anterior, la autoridad judicial indicó que en el caso no se configura la nulidad originada en la sentencia por indebida notificación del auto admisorio,Radicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puesto que la omisión en la que presuntamente se incurrió fue en la falta de notificación de la comunidad. Insistió que en la s controversias de carácter electoral dicha causal únicamente se configura cuando no se notific a al demandado o su representante, supuestos que no ocurrieron en el asunto. Agregó que el artículo 293 de la Ley 1437 de 2011 dispone, sobre los asuntos

electoral dicha causal únicamente se configura cuando no se notific a al demandado o su representante, supuestos que no ocurrieron en el asunto. Agregó que el artículo 293 de la Ley 1437 de 2011 dispone, sobre los asuntos de naturaleza electoral, que «5. En la segunda instancia no se podrán proponer hechos constitutivos de nulidad que debieron ser alegados en primera instancia, salvo la falta de competencia funcional y la indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante». 2.7. En auto de 14 de enero de 2025, se rechazó el recurso de súplica y se negaron las solicitudes de adición y aclaración de la providencia de 3 de diciembre de 2024 presentadas.

3. Fundamentos de la acción La parte actora reprochó que en el curso del medio de control electoral no se notificó a la comunidad de Sitionuevo (Magdalena) sobre la existencia de dicha controversia judicial, lo cual le impidió a esta participar y defender sus intereses. Explicó que, si bien en el auto admisorio el Tribunal Administrativo de Magdalena ordenó notificar a la comunidad, lo cierto es que jamás se efectuó dicha notificación. Error que no fue subsanado ni corregido en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Indicó que tras el fallo de segunda instancia se alegó la nulidad de todo lo actuado por la causal consagrada en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, a falta de notificación de la comunidad. Aseguró que en la solicitud de nulidad se expuso que es posible alegar tal causal de nulidad por indebida notificación del auto admisorio incluso después de haberse proferido sentencia,

Proceso, a falta de notificación de la comunidad. Aseguró que en la solicitud de nulidad se expuso que es posible alegar tal causal de nulidad por indebida notificación del auto admisorio incluso después de haberse proferido sentencia, siempre que sea alegada por la persona afectada y sin que hubiere actuado previamente en el proceso sin proponerla. Además, resaltó que de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1437 de 2011 «Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella ». Manifestó que la falta de notificación mencionada generó que el medio de control de nulidad electoral se desarrollara en sus dos instancias a espaldas de la comunidad que eligió democráticamente al señor Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde. Situación que es contraria al artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 que regula la forma de realizar la notificación del auto admisorio. Finalmente, se pronunció sobre el principio de publicidad y su relación con el derecho de defensa y el debido proceso.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 27 de enero de 2025 , se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Vidal Antonio Altamar Ayala contra el Consejo de Estado, Sección Quinta; se vinculó en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo del Magdalena, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Procuradora 155 Judicial II Administrativa de Santa Marta, a la accionante que promovió el medio de control y a Alfredo Navarro Manga demandado en dicha controversia ; se reconoció personería al abogado de la parte demandante; y se dispuso

Administrativa de Santa Marta, a la accionante que promovió el medio de control y a Alfredo Navarro Manga demandado en dicha controversia ; se reconoció personería al abogado de la parte demandante; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena aseveró que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para variar la decisión proferida por el juez natural, pese a que en auto de 3 de diciembre deRadicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2024 se resolvió lo relativo a la falta de notificación. Por lo tanto, sostuvo que la tutela debía declararse improcedente. Indicó que de acuerdo con el artículo 134 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, las nulidades podrán ser alegadas en cualquier instancia antes que se dicte sentencia o con posterioridad a esta última, siempre que ocurrieren en e sta. En el caso, la solicitud de nulidad se radicó ante el Consejo de Estado con posterioridad a la expedición del fallo del 7 de noviembre de 2024. Por lo tanto, esta solo puede versar sobre nulidades originadas en la sentencia. Explicó que en los procesos de nulidad electoral existe norma expresa que determina en qué circunstancias procederán las nulidades. Dicha norma es el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011 que consagra como causales de nulidad

Explicó que en los procesos de nulidad electoral existe norma expresa que determina en qué circunstancias procederán las nulidades. Dicha norma es el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011 que consagra como causales de nulidad en tal materia : (i) la incompetencia funcional, (ii) la indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, (iii) la omisión de la etapa de alegaciones y (iv) el hecho que la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de magistrados al previsto por la ley. Por lo expuesto, sostuvo que «la nulidad originada en la sentencia por indebida notificación del auto admisorio solo procede cuando la omisión recaiga respecto del demandado o su representante», lo cual no ocurrió en el caso. 4.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta sostuvo que mediante auto del 3 de diciembre de 2024 se rechazó por improcedente la solicitud de nulidad por ausencia de n otificación. En primer lugar advirtió que, de acuerdo con el artículo 134 del Código General del Proceso, las nulidades pueden ser alegadas en cualquier instancia antes de que se dicte sentencia o, con posterioridad a esta, si ocurrieren en esta. Por lo tanto, como l a nulidad fue alegada luego de emitirse el fallo de segunda instancia, su formulación solamente podía versar sobre nulidades originadas en la sentencia. Asimismo, recordó que el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011 regula este tipo de causales dentro del trámite de las pretensiones de contenido electoral y que en esa materia la nulidad únicamente procede por (i) incompetencia funcional, (ii) indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a

de causales dentro del trámite de las pretensiones de contenido electoral y que en esa materia la nulidad únicamente procede por (i) incompetencia funcional, (ii) indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, (iii) por omisión de la etapa de alegaciones y (iv) cuando la sentencia haya sido adoptada por un número infe rior de magistrados al previsto en la ley. Por lo tanto, cualquier solicitud basada en una causal distinta debía ser rechazada de plano mediante auto que no es susceptible de recursos. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la petición de nulidad no se enmarcaba en ninguna de las circunstancias enunciadas, ya que la causal de nulidad por indebida notificación del auto admisorio solo procedía cuando la omisión recaía sobre el demandado o su representante. En consecuencia, se consideró que la solicitud era improcedente y se procedió a su rechazo. Por lo expuesto, la autoridad judicial indicó que de la lectura del escrito de tutela es evidente que se trata de una reiteración de los argumentos planteados en distintas ocasiones a lo largo del medio de control. En esa medida, consideró que la acción de tutela busca reabrir un debate que ya fue resuelto. En su criterio, la acción se fundamenta en el desacuerdo del accionante con la decisión que resultó contraria a sus intereses, lo cual no es suficiente para que se anule todo lo actuado en el medio de control. De hecho, sostuvo que es clara la intención de dilatar el cumplimiento del fallo de segunda instancia con la interposición de diversos memoriales con peticiones y recursosRadicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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es clara la intención de dilatar el cumplimiento del fallo de segunda instancia con la interposición de diversos memoriales con peticiones y recursosRadicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abiertamente improcedentes, a los que se suma ahora una recusación y una acción de tutela. Finalmente, la autoridad judicial informó sobre la existencia de otra acción de tutela con radicado Nro. 11001 -03-15-000-2025-00058-00 que comparte identidad de supuestos fácticos y jurídicos, para que se evalúe la posibilidad de su acumulación. 4.4. El señor Alfredo Antonio Navarro Manga, demandado del medio de control y quien fungió como alcalde de Sitionuevo ( Magdalena), manifestó que dicha comunidad no fue informada por parte de la administración de justicia de la existencia del asunto, lo cual contraría el numeral 5 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 y transgrede el derecho a la defensa. Adicionalmente, hizo mención al principio de publicidad y al debido proceso. 4.5. El Consejo Nacional Electoral manifestó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, debido a que no tiene competencia ni interviene en las decisiones proferidas por el Consejo de Estado. Agregó que de su parte no ha existido vulneración de los derechos fundamentales del acci onante. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela. 4.6. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que carece de

existido vulneración de los derechos fundamentales del acci onante. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela. 4.6. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que los hechos narrados por el accionante no tienen relación con sus facultades y funciones, asignadas por la Constitución y la ley y porque la tutela se dirige contra una decisión de una autoridad judicial. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela. 4.7. La parte actora presentó memorial en el cual sostuvo que la administración de justicia incurrió en un error procedimental por omisión y en defecto procedimental absoluto, al no informar a la comunidad de la admisión de la demanda electoral; e insistió en los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. 4.8. El ciudadano Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez , quien manifestó pertenecer al municipio de Sitionuevo ( Magdalena), reprochó que no se haya notificado a dicha comunidad, pues esto impidió su participación en e l debate judicial electoral. Hizo alusión a los argumentos desarrollados por la parte actora. 4.9. La parte actora presentó memorial pronunciándose sobre el informe rendido por la Sección Quinta en el curso de la tutela. Manifestó que no es cierto que en el medio de control se hayan cumplido con todas las garantías de ley, pues no se notificó a la comunidad de Sitionuevo (Magdalena) sobre la existencia de la demanda electoral. Aseguró que está suficientemente probado que se incurrió en esa omisión. Manifestó que la tutela debe declararse procedente, por versar sobre un asunto de suma relevancia, pues involucra la vulneración de un derecho

de la demanda electoral. Aseguró que está suficientemente probado que se incurrió en esa omisión. Manifestó que la tutela debe declararse procedente, por versar sobre un asunto de suma relevancia, pues involucra la vulneración de un derecho fundamental inviolable amparado por la Constitución.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 20 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional por encontrarse en desacuerdo con lo resuelto por el juez natural.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseveró que la simple enunciación de la vulneración de un derecho fundamental es insuficiente para acredita r la relevancia constitucional. Asimismo, recordó que cuando la tutela se emplea para controvertir decisiones judiciales proferidas por altas cortes el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia de los requisitos generales de manera más ri gurosa y exigente, por tratarse de providencias emanadas de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Agregó que el asunto no tiene trascendencia constitucional porque versa sobre asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se encuentra en cabeza del juez de lo contencioso administrativo; y , además, no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales in vocados. Sostuvo que

asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se encuentra en cabeza del juez de lo contencioso administrativo; y , además, no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales in vocados. Sostuvo que los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido del actor no se vulneraron, puesto que el proceso de nulidad electoral se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso y se presentaron y controvirtieron las pruebas allegadas. Además, el caso no involucra ni una situación de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, ni sujetos de especial protección constitucional. Finalmente, además, de declarar la improcedencia de la acción de tutela, el juez de primera instancia declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

6. Impugnación y actuaciones posteriores 6.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia2, porque consideró que el asunto sí es de relevancia constitucional, debido a que lo debatido es dilucidar si, a la luz de las normas constitucionales, existe obligación de informar a la comunidad dentro de un proceso de nulidad electoral; y la forma en que la comunidad puede hacer valer sus derechos, en caso de no haber permitido su participación. Además, consideró que el caso sí es de relevancia constitucional, porque versa sobre la importancia de informar a la comunidad dentro de procesos de nulidades de actos de elección en contra de mandatarios democráticamente elegidos y su participación en este; y sobre las repercusiones que genera la omisión de informar a una comunidad en dicho contexto.

dentro de procesos de nulidades de actos de elección en contra de mandatarios democráticamente elegidos y su participación en este; y sobre las repercusiones que genera la omisión de informar a una comunidad en dicho contexto. En consecuencia, sostuvo que no se pretende la corrección del criterio jurídico del juez natural ni reabrir un debate jurídico concluido, sino que se ampare un derecho constitucional que tiene la comunidad que eligió y que fue excluida de participar en el medio de control. Por consiguiente, aseguró que lo debatido no se limita a una discusión meramente legal. Finalmente, insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela con relación a la falta de notificación de la comunidad y las repercusiones que tal omisión generó. 6.2. La parte actora presentó memorial en el que se pronunció sobre la acción de tutela Nro. 1001-03-15-000-2025 00058-00, promovida por la señora Antonia María Guerrero Ospino, en la que también se controvirtió la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado , a falta de notificación de la comunidad de Sitionuevo (Magdalena). Manifestó que el 6 de marzo de 2025 la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó sentencia de primera instancia y que al lí se consideró que el asunto sí era de relevancia constitucional. De manera que en el caso sí se satisface tal requisito de procedibilidad.

2 En memoriales presentados por el apoderado del señor Vidal Antonio Altamar Ayala y por este último directamente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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2 En memoriales presentados por el apoderado del señor Vidal Antonio Altamar Ayala y por este último directamente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidia ria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales

providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional

3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error induci do, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.

de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00123-01

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3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídic