CE - Sentencia 11001031500020250014301 de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

Demandante: Víctor Manuel Nieto Rogeles y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

Demandante: VÍCTOR MANUEL NIETO ROGELES Y OTROS

1

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA , SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por p rivación injusta de la libertad. Defecto s fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 27 de marzo de 2025 , dictada por la Sección Primera d el Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplir el requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplir el requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de enero de 2025 , la parte demandante instauró acción de tutela contra la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1 Christian Daniel Nieto Parra, Leidy Lorena Pérez Aguirre, Claudia Patricia Rogeles, Humberto Nieto, Claudia Patricia Nieto Bolívar, Jeyson Rogeles, Jonatan Humberto Nieto Rogeles, Michel Vanesa Nieto Bolívar, Sharon Mariana Consuegra Nieto y Julián David Consuegra NietoRadicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

Demandante: Víctor Manuel Nieto Rogeles y otros

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“TUTELAR los derechos fundamentales a LA IGUALDAD, DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por cuanto la sentencia proferida por al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, el 12 de septiembre de 2024, notificada el 18 de septiembre de la misma anualidad, incurrió por lo menos en 3 defectos o ca usales specíficas de

TERCERA SUBSECCIÓN A, el 12 de septiembre de 2024, notificada el 18 de septiembre de la misma anualidad, incurrió por lo menos en 3 defectos o ca usales specíficas de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales: 1. Defecto material o sustantivo 2. Desconocimiento del precedente judicial. 33 (sic) Defecto fáctico y 4 violación directa de la constitución.

2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO 12 de septiembre de 2024, y en su lugar se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, que en el término que el Juez de tutela considere prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley, el precedente judicial y los propios del fallo de la presente tutela”.

2. Hechos

De la lectura del escrito de tutela y del proceso de reparación directa se tienen como relevantes los siguientes:

La parte demandante aseveró que el 17 de agosto de 2014, el señor Víctor Manuel Nieto Rogeles inició una relación laboral como ayudante de carga del señor José Monsaide Pérez Vega, propietario del vehículo tipo camión con placas SMK626, quien sostenía un contrato con la compañía Al Día Logística.

Aseguró que el 26 de agosto de 2014, el señor Nieto Rogeles se encontraba despachando mercancía en los almacenes Jumbo - Santa Fe, ubicados en la calle 187 con autopista norte y Bulevar Niza situado en la avenida suba con calle 100, en compañía del señor José Monsaide Pérez Vega.

despachando mercancía en los almacenes Jumbo - Santa Fe, ubicados en la calle 187 con autopista norte y Bulevar Niza situado en la avenida suba con calle 100, en compañía del señor José Monsaide Pérez Vega.

Adujo que en esa misma fecha, en la carrera 4C # 54-44 en el barrio La Paz de la localidad Rafael Uribe Uribe, el señor Jorge Oscary Herrera Sema, quien se encontraba al interior de un establecimiento comercial, fue atacado por un hombre que le propinó varios disparos, causándole la muerte.

Indicó que el 3 de septiembre de 2014, agentes de la Policía Nacional se presentaron en el domicilio del señor Víctor Manuel Nieto Rogeles , quienes lo indagaron por las actividades que había realizado el 26 de agosto de 2014, en tanto presumían su culpabilidad del delito de homicidio del señor Jorge Oscary Herrera Sema.

Aseveró que el 7 de septiembre de 2014, el señor Nieto Rogeles fue conducido a la URI de Molinos y, posteriormente, trasladado a la URI de Puente Aranda donde estuvo retenido hasta el 13 de enero de 2015, mismo día en el que fue recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario La Picota, ubicado en la ciudad de Bogotá.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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Agregó que en esa misma fecha fue presentado por la Fiscalía General de la Nación

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Agregó que en esa misma fecha fue presentado por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado Cincuenta y Seis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y se le imputó el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones por la muerte del señor Jorge Oscary Herrera Sema.

Sostuvo que el 15 de diciembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación, el cual correspondió por reparto al Juzgado Di eciocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Señaló que en sesiones de 14 de diciembre de 2015, 4 de marzo, 29 de abril, 26 y 31 de mayo, 29 de junio y 8 de julio de 2016, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral; y una vez concluida, el Juzgado profirió fallo de carácter absolutorio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que con las pruebas aportadas por la parte demandante se logró demostrar q ue el señor Víctor Manuel Nieto Rogeles “para la fecha antes mencionada, desde las 5 y 30 de la mañana hasta, aproximadamente, las 3 de la tarde, el acusado laboró como auxiliar de carga en el camión del señor Pérez Vega transportando y entregando mercancías en los almacenes Jumbo ubicados en el noroccidente de Bogotá”.

acusado laboró como auxiliar de carga en el camión del señor Pérez Vega transportando y entregando mercancías en los almacenes Jumbo ubicados en el noroccidente de Bogotá”.

Refirió que apelada la decisión de primera instancia por la Fiscalía General de la Nación y el abogado representante de las víctimas, el 17 de octubre de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante acta de audiencia de lectura de fallo resolvió confirmar la providencia objeto de apelación.

Bajo ese contexto, los accionantes manifestaron que el señor Víctor Manuel Nieto Rogeles afrontó un proceso penal sindicado de las conductas p unibles de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a lo que agregaron que estuvo privado de la libertad desde el 6 de septiembre de 2014 hasta el 9 de julio de 2016, cuando se dictó sentencia absolutoria a su favor.

Conforme a lo anterior , en ejercicio de l medio de control de reparación directa solicitaron la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Víctor Manuel Nieto Rogeles por el lapso de 1 año, 10 meses y 3 días, la que consideraron injusta.

Sostuvieron que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá , que en sentencia de 7 de diciembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a las demandadas

Sostuvieron que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá , que en sentencia de 7 de diciembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a las demandadas al pago de los perjuicios reclamados , tras considerar que la privación injusta de la libertad del señor Víctor Manuel Nieto Rogeles ocurrió por dos razones principales: (i)Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación no permitió establecer con certeza los hechos que fueron atribuidos al sindicado y (ii) el juez de control de garantías que conoció la solicitud de la revocatoria de la medida de aseguramiento no cumplió adecuadamente con su rol constitucional debido a que delegó al juez de conocimiento el estudio de la autoría del demandante.

Por último, adujeron que luego de que las demandadas apelaran la precitada sentencia, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 12 de septiembre de 2024 revocó el fallo favorable y negó las pretensiones de la demanda , tras considerar que , conforme con la jurisprudencia vigente sobre la materia contenida en la sentencia SU -072 de 2018, la medida preventiva impuesta al demandante se hallaba justificada, en tanto de los elementos de prueba obrantes en el expediente , especialmente los señalamientos rendidos por

vigente sobre la materia contenida en la sentencia SU -072 de 2018, la medida preventiva impuesta al demandante se hallaba justificada, en tanto de los elementos de prueba obrantes en el expediente , especialmente los señalamientos rendidos por los testigos presenciales, se podía inferir de manera razonada que el señor Nieto Rogeles podía ser autor o partícipe de la conducta investigada.

3. Fundamentos de la acción

Los demandantes, luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adu cen que la sentencia objetada incurre en i) defecto sustantivo por la indebida interpretación del artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y por apartarse de los lineamientos señalados por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y la SU-072 de 2018, teniendo en cuenta que el juez administrativo debe estudiar el título de imputación más idóneo para poder establecer si el daño sufrido por el ciudadano “devino de una actuación inidónea, irrazonable y si además se tenía la obligación de soportar dicho daño, es decir, a través de las nombradas sentencias se dispuso que en casos de privación injusta de la libertad, se debe abordar el estudio bajo el régimen de responsabilidad subjetivo y objetivo”.

En ese orden de ideas, aseguraron que la autoridad judicial accionada únicamente realizó el estudio de responsabilidad subjetiva, en tanto verificó que la medida de aseguramiento fuera legal sin realizar el análisis de la configuración de un daño especial bajo el régimen objetivo de conformidad con la SU-072 de 2018, en la que se

realizó el estudio de responsabilidad subjetiva, en tanto verificó que la medida de aseguramiento fuera legal sin realizar el análisis de la configuración de un daño especial bajo el régimen objetivo de conformidad con la SU-072 de 2018, en la que se indicó que en los casos de privación injusta de la libertad, “al no definir el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 un régimen de imputación, habilita a que el juez administrativo est udie el régimen de responsabilidad subjetivo sin exclusión del objetivo”.

En segundo lugar, indicaron que también se configuró un (ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicia l del Consejo de Estado , que ha dispuesto como metodología adecuada que, para realizar el estudio de la responsabilidad en los casos de las privaciones injustas de la libertad, en los eventos en los que no se pruebe la existencia de una falla del servicio, esta debe analizarse bajo el régimen objetivo del daño especial, tal y como se indicó en las siguientes providencias:Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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• Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B sentencia 25001-23-26-0002011 01005-01(50868), marzo 26 de 2021, C.P Ramiro Pazos Guerrero.

• Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B en sentencia 05001 -23-31000-2011 00932-01 (52610), mayo 21 de 2021, C.P Ramiro Pazos Guerrero. • Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B sentencia 25000-23-26-0002010 00645-01(49940), julio 16 de 2021, C.P. Alberto Montaña Plata. • Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B sentencia 13001-23-31-0002012 00423-01(55259), octubre 1 de 2021, C.P. Fredy Ibarra Martínez. • Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B sentencia 05001-23-31-0002012 00327-01 (55463), octubre 11 de 2021, C.P. Fredy Ibarra Martínez. • Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B sentencia 47001-23-31-0002011 00423-01(56510), noviembre 2 de 2021, C.P. Fredy Ibarra Martínez.

Sobre las anteriores providencias también manifestaron que guardan similitud fáctica y jurídica con el presente asunto, en tanto en ellas se abordó el estudio de privaciones injustas de la libertad, y en todas se indicó que en caso de no probarse la existencia de una falla del servicio, la responsabilidad se analiza por un régimen objetivo (daño especial) y declararon la responsabilidad de la administración, teniendo en cuenta que en todos los casos se demostró la ausencia de responsabilidad de la víctima directa en los hechos que inicialmente le fueron atribuidos, motivo por el cual no estaban llamados a soportar la detención de la que fueron objeto, situaciones que son análogas con el presente asunto.

los hechos que inicialmente le fueron atribuidos, motivo por el cual no estaban llamados a soportar la detención de la que fueron objeto, situaciones que son análogas con el presente asunto.

Asimismo, adujeron que se desconoció la sentencia C -037 de 1996 en la que señaló que en los casos de privación injusta de la libertad podían aplicarse los dos regímenes de responsabilidad (objetivo y subjetivo), supuesto que igualmente fue contemplada en la sentencia SU-072 de 2018, en razón a que allí se indicó que el juez administrativo puede estudiar el régimen de responsabilidad subjetivo sin exclusión del objetivo.

En tercer término, sostuvieron que la sentencia objetada incurre en iii) defecto fáctico, por la indebida e irrazonable valoración de las pruebas obrantes en el proceso, como lo fue la sentencia de 17 de octubre de 2017 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la que se evidenciaron las inconsistencias presentadas en los testimonios rendidos por la señora Rosa Dilia Serna Florián, Yu ry Stella Ocampo Arias y el investigador Edwin Giovanny Córdoba Castañeda.

De igual modo, refirieron que en esa decisión se indicó que la Fiscalía General de la Nación faltó a su labor investigativa (falla en el servicio), debido a que no adelantó una investigación ex haustiva y objetiva, lo que permitió que la teoría del caso perdiera consistencia e indicó que las pruebas allegadas no permitían concluir más allá de toda duda razonable que el autor del de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porteRadicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

consistencia e indicó que las pruebas allegadas no permitían concluir más allá de toda duda razonable que el autor del de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porteRadicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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o tenencia de armas de fuego investigado correspondía al señor Víctor Manuel Nieto Rogeles.

También, sobre las pruebas aportadas por la defensa , existían dos declaraciones rendidas por la señora Patricia Rogeles y los señores José Monzaide Pérez Vega y Víctor Manuel Nieto, en las que se indicó que para el momento en que ocurrieron los hechos, Víctor Manuel se encontraba trabajando y su horario había iniciado a las 5:30 a.m. y finalizó a las 7:00 p.m., aunado a que aportaron pruebas como las minutas de los lugares donde realizaron las entregas, algunas firmadas por el acusado.

Añadieron que la autoridad judicial accionada tampoco valoró el acta de audiencia preliminar de revocatoria, en la que el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá desestimó la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento, sin explicar los motivos por los cuales consideró que el material probatorio allegad o por la defensa no acreditaba la desaparición de los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, alegaron la configuración de la (iv) violación directa de la Constitución,

probatorio allegad o por la defensa no acreditaba la desaparición de los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, alegaron la configuración de la (iv) violación directa de la Constitución, al considerar que el Tribunal accionado incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad frente a las decisiones judiciales, en tanto la providencia objeto de reproche constitucional fue adversa a sus derechos, en comparación con las sentencias que decidieron casos análogos.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, por cuanto, adujo, los argumentos expuestos por la parte actora no demuestran la vulneración de los derechos fundamentales que invoca ni cumplen con la carga argumentativa necesaria, por lo que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Aseveró que la decisión cuestionada valoró todas las pruebas obrantes en el proceso, hizo referencia a la falta de la prueba de la audiencia que definió la medida de aseguramiento, lo que le impedía analizar la eficacia de todas las evidencias consideradas en esa oportunidad procesal, por lo que considera que la acción de tutela pretende cuestionar lo que ya fue definido en sede ordinaria y utilizarla como una tercera instancia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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pretende cuestionar lo que ya fue definido en sede ordinaria y utilizarla como una tercera instancia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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Por otra parte, adujo que en el escrito de tutela se enuncia n varias sentencias que hacen referencia al análisis de la responsabilidad desde el punto de vista del régimen objetivo por daño especial, sin ofrecer mayor contexto, por lo que tal consideración adolece de carga argumentativa, en tanto no sustentó debidamente las razones por las cuales considera constituyen un precedente judicial aplicable al caso objeto de estudio.

Añadió que, en todo caso, no desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, al concluir que la decisión absolutoria proferida en el proceso penal no implica la declaratoria de la responsabilidad del Estado, en tanto corresponde al juez determinar si la medida privativa de la libertad fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria.

Para finalizar, indicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021, precisó que no se estandarizó un régimen objetivo de imputación para los casos de privación injusta de la libertad.

4.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administrativa Judicial

El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que no se acreditó la vulneración de los

4.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administrativa Judicial

El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que no se acreditó la vulneración de los derechos invocados en protección y no se demostró el requisito de relevancia constitucional.

4.3. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas

El director de la Seccional solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional, teniendo en cuenta que las pretensiones del escrito de tutela no hacen referencia a la acción u omisión de la entidad, por lo que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.4. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación manifestó que la entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no existe una relación de causalidad entre los hechos y las pretensiones de la tutela y la acción u omisión de la entidad, en tanto lo que se cuestiona es la decisión de segunda instancia del proceso de reparación directa proferida en el proceso de reparación directa identificado con el radicado 110013336034201900363-00/01, por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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Asimismo, aseveró que la presente acción constitucional no cumple con los requisitos de procedencia excepcional de tutela contra providencias judiciales, en tanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que la providencia que se cuestiona no fue arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales, no se demostró la configuración de los derechos invocados en protección ni de los defectos que alega la parte accionante, por tanto, consideró que no existen argumentos que permitan una valoración de fondo. Agregó que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, al considerar que la parte accionante no explicó por qué pese a existir otros mecanismos judiciales no hizo uso de ellos.

4.5. Respuesta de la Fiscalía 52 Seccional de Bogotá

Aseveró que el ente acusador adelant ó todas las actividades tendientes a establecer la presunta responsabilidad del señor Víctor Manuel Nieto Rogeles por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas , sin embargo, en la etapa de juicio oral y después de un debate probatorio la decisión del juzgado penal de conocimiento fue la absolución.

Resaltó que la entidad en cabeza del fiscal delegado “para los años 2015 al 2018, no interpuso ningún recurso frente a la decisión del Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ”, aunado a que tampoco “se opuso a la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.

interpuso ningún recurso frente a la decisión del Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ”, aunado a que tampoco “se opuso a la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.

Para finalizar, indicó que las peticiones realizadas por la parte accionante no son de su competencia porque se cuestiona la decisión suscrita por la Subsección "A" de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

6. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 27 de marzo de 2025 declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional, por cuanto, adujo, la controversia que proponen los actores implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.

Luego de transcribir apartes de la sentencia objetada sostuvo que las inconformidades expuestas en el escrito de tutela, además de que carecen de una perspectiva constitucional en la medida en que su solución se deriva de la interpretación que los accionantes pretenden que se dé a las pruebas y a la jurisprudencia dispuesta para el asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada, por lo que la solicitud es improcedente.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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En ese orden, afirmó que para alegar un presunto desconocimiento de principios o

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En ese orden, afirmó que para alegar un presunto desconocimiento de principios o garantías, en el marco de un debate de carácter legar y probatorio, no son circunstancias que habilitan por s í mismas la procedencia de la tutela contra providencia judicial.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia y solicitaron que se revocara, en escrito en el que sostienen que la solicitud sí cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto en esta se adujo la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y la afectación al principio de legalidad, al igual que demostró la configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, fáctico y violación directa de la Constitución.

Manifestaron que no emplean la acción de tutela como un mecanismo para adicionar argumentos que dejaron de plantearse en el proceso ordinario y tampoco pretenden convertirla en una instancia adicional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si revoca la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional , y de encontrar cumplido s los restantes requisitos generales de procedibilidad, si la sentencia de 12 de septiembre de 2024 emanada de la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales invocados.

Aun cuando el demandante invocó los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, la Sala atendiendo los argumentos expuestos por la parte actora abordará el estudio del caso bajo la caracterización de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente constitucional a partir de las reglas jurisprudenciales precisadas en la sentencia SU-072 de 2018.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00143-01

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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las