CE - Sentencia 11001031500020250018401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actor: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Temas: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos fundamentales invocados: Debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Derecho fundamental amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de tutela de 24 de abril de 202 5, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró la falta de legitimación en la causa por activa.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Falla; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud2

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

1. Los señores Pablo Abad, Moisés Enrique, Víctor Julio, Javier José y Diana

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

1. Los señores Pablo Abad, Moisés Enrique, Víctor Julio, Javier José y Diana Patricia Palomino Castro, Angelica Paola Palomino, Caroly Patricia Palomino Mora, Keidys Marcela y Katheryn Sofia Palomino Monterroza, Erika Johana González, Samuel Elías Martínez González y Pablo Miguel Palomino Rodríguez, actuando a través de apoderado judicial, presentaron a cción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar , porque, a su juicio, vulner aron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, al haber proferido la sentencia de 18 de julio de 2024, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 200013333002-2016-00290-01.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señalaron que el señor Pablo Abad Palomino Castro el 9 de septiembre de 2014, evadió un retén de la Policía Nacional cuando transitaba desde el municipio de la Jagua de Ibirico hacia el paso en el departamento del Cesar, refugiándose en una finca en la que ingresaron los agentes para capturarlo, siendo agredido y obligado a entrar en un vehículo, situación que le causó asfixia, convulsiones y pérdida del conocimiento, razón por la que tuvo que ser trasladado de urgencia al centro de salud y , posteriormente, remitido a la Clínica Laura Daniel a S.A. en el

pérdida del conocimiento, razón por la que tuvo que ser trasladado de urgencia al centro de salud y , posteriormente, remitido a la Clínica Laura Daniel a S.A. en el municipio de Valledupar.

4. Indicaron que, debido a lo anterior, presentaron demanda a través del medio de control de reparación directa, la cual fue identificada con el número de radicación 2016-00290-00, la cual correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar que, mediante sentencia de 16 de marzo de 2021, negó las pretensiones por considerar que no fue acreditado el daño antijurídico, primer elemento para la configuración de la responsabilidad del

Estado.3

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

5. Afirmaron que, inconformes con la anterior decisión, interpusieron recurso de apelación el cual le correspond ió al Tribunal Administrativo de l Cesar que, mediante sentencia de 18 de julio de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: PRIMERO: (sic) CONFIRMAR la providencia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela1:

“[…] Con fundamento en las circunstancias fácticas inmediatamente expresadas,

fallo. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela1:

“[…] Con fundamento en las circunstancias fácticas inmediatamente expresadas, solicito al Juez de tutela que para la eficacia de la protección pedida para los derechos fundamentales violados a los accionantes en el proceso de reparación directa relacionado en los hechos de este escrito, ordene al Tribunal Administrativo del Cesar dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia calendada 18 de julio de 2024 que dictó en dicho litigio, notificada a través de correo electrónico el 22 del mismo mes y año, y que en su defecto proceda a dictar uno nuevo, que reconozca las situaciones fácticas probadas en la causa y que acoja sin reservas los preceptos del Art. 90 de la C. N., condenando a la demandada al pago de los perjuicios reclamados en la demanda que originó dicha causa. […]”.

6.1 Para el efecto, sostuvieron lo siguiente2:

“[…] Resulta claro que las reflexiones expuestas por el Tribunal Administrativo del Cesar muestran una evidente vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes, en su condición de víctimas, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administra ción de justicia y a la reparación integral, pues revela clara y contundentemente que el Juzgador de Segunda Instancia incurrió en los siguientes yerros:

Defecto fáctico: En el caso concreto nos encontramos que el juzgador de Segunda Instancia incurre en un Defecto Fáctico en su dimensión negativa, teniendo en cuenta que de manera arbitraria le restó valor probatorio a los medios de convicción

Defecto fáctico: En el caso concreto nos encontramos que el juzgador de Segunda Instancia incurre en un Defecto Fáctico en su dimensión negativa, teniendo en cuenta que de manera arbitraria le restó valor probatorio a los medios de convicción aportados, sin hacer un análisis cuidadoso y razonable en su conjunto. Respecto de la declaración del señor CARLOS EDUARDO BLANCO CAMPO, testigo presencial de los hechos, expresó que éste por sí solo resultaba insuficiente para acreditar la responsabilidad de la demand ada, Policía Nacional, puesto que según su consideración no tiene soporte en otro u otros medios de prueba para establecer de

1 Transcripción literal del texto. 2 Transcripción literal del texto.4

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Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

manera inequívoca las actuaciones irregulares adelantadas por los agentes de la policía al interceptar al actor.

Por otro lado, nos encontramos que le restó valor probatorio a las Copias de la Historia Clínica del demandante, emitidas por la Clínica Laura Daniela, el Hospital Rosario Pumarejo López, el Centro de Atención Integral, el Hospital San Martín y demás historias clínicas aportadas y a la denuncia penal instaurada por la señora ERIKA JOHANA GONZALEZ AGUILAR, en su condición de esposa de la víctima.

Sobre el particular es importante traer a colación la sentencia de Unificación del H. Consejo de Estado, de fecha 27 de septiembre de 2013, dictada en el expediente con radicado interno 19.939, en materia de reparación integral de perjuicios inmateriales

Sobre el particular es importante traer a colación la sentencia de Unificación del H. Consejo de Estado, de fecha 27 de septiembre de 2013, dictada en el expediente con radicado interno 19.939, en materia de reparación integral de perjuicios inmateriales por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La jurisprudencia en cita, resulta ser vinculante en el caso concreto, teniendo en cuenta que corresponde a una sentencia de unificación del

H. Consejo de Estado, aún vigente, de la cual se deduce claramente que cuando se trata de graves afectaciones a bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos el juez administrativo deberá acudir a criterios flexibles y privilegiar la valoración de medios de pruebas indirectos e inferencias lógicas.

[…]

Si bien es cierto que los jueces gozan de cierta autonomía al momento de proferir los fallos judiciales, ello no les permite suponer hechos o arribar a conclusiones sin sustento alguno. Así las cosas, es evidente que en el presente caso se configura el Defecto Fáctico alegado respecto de la sentencia de 18 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, pues dicha Corporación de manera arbitraria le restó valor probatorio a los medios de convicción aportados al proceso y se limitó indicar que los mismos no eran suficientes para acreditar la responsabilidad de la entidad demandada, Policía Nacional, sin hacer un análisis cuidadoso y razonable de los mismos […]

DECIMO PRIMERO: Los defectos denunciados, constitutivos de vías de hecho, son notoriamente trascedentes por cuanto de no haberse presentado, la decisión judicial

los mismos […]

DECIMO PRIMERO: Los defectos denunciados, constitutivos de vías de hecho, son notoriamente trascedentes por cuanto de no haberse presentado, la decisión judicial censurada que decidió el litigio en segunda instancia hubiese accedido a las pretensiones reparatorias de los daños elevadas por los petentes.

DECIMO SEGUNDO: Los accionantes agotaron infructuosamente los mecanismos de defensa judicial para lograr el reconocimiento de sus derechos subjetivos y fundamentales, por lo que carecen de mecanismos legales diversos a la tutela para lograr la protección de los mismos, vulnerados por el órgano judicial accionado […]”.

Actuación

7. El despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante auto de 10 de febrero de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la autoridad accionada; y iii) vinculó en calidad de terceros con interés legítimo al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar , a los demás intervinientes del proceso ordinario y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional , concediéndoles el término de dos (2) siguientes al5

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Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

recibo de la notificación para rendir informe y los medios de prueba relacionados en el escrito de tutela.

8. El despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 20 de marzo de 2025: i) notificó la existencia de la acción de tutela

el escrito de tutela.

8. El despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 20 de marzo de 2025: i) notificó la existencia de la acción de tutela a la señora Ana Catalina Martínez González en calidad de tercero con interés legítimo para que en el término de dos (2) días allegara las pruebas y rindiera informe; ii) remitió el escrito de tutela y el auto admisorio a la señora Martínez González; y iii) requirió al abogado de la parte actora para que aportara la trazabilidad del otorgamiento de los poderes a través de mensaje de datos o, en su defecto, constatara la presentación personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1564 de 20123.

Intervención de la demandada y los terceros con interés legitimo

9. La Nación - Ministerio de Defensa Naci onal - Policía Nacional , solicitó denegar las pretensiones de la demanda ante la improcedencia de la acción de

tutela, bajo los siguientes fundamentos:

“[…] Conforme a lo anterior, se vislumbra la falta de veracidad en la tesis expuesta por la parte actora y su apoderado judicial en lo referente a la existencia de un defecto fáctico, pues en el análisis realizado por el despacho judicial se ve reflejado el estudio de todas las pruebas obrantes dentro del medio de control de reparación directa y en ningún momento se le restó valor probatorio a las pruebas practicadas dentro del proceso, situación que permitió concluir que el señor Pablo Abad Palomino Castro propició el daño al desatender las órdenes de pare y al generar la reacción de

ningún momento se le restó valor probatorio a las pruebas practicadas dentro del proceso, situación que permitió concluir que el señor Pablo Abad Palomino Castro propició el daño al desatender las órdenes de pare y al generar la reacción de persecución de la Policía Nacional, por lo cual se acreditó que el daño no es atribuible a esta última.

[…]

En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela es plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado al señor PABLO ABAD PALOMINO CASTRO Y OTROS, derivado de la determinación adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar y que no están en la obligación jurídica de soportar […].

[…]

De otra manera, para establecer la existencia de un perjuicio irremediable debe tenerse en cuenta la presencia concurrente de los elementos para su configuración, como es la inminencia que requiere medidas contingentes, la urgencia tenida por el sujeto del derecho para escapar de ese perjuicio y la gravedad de los hechos donde

3 Ibidem referencia núm 3.6

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

se evidencie la necesidad de la tutela como mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por lo anterior, no considera esta Secretaría, frente al caso sometido a consideración de la Honorable Consejera, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, donde se amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo

al caso sometido a consideración de la Honorable Consejera, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, donde se amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por el accionante, máxime cuando se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta en la presente acción y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que ésta es un mecanismo de protección subsidiario. Además, los hechos constitutivos del perjuicio irremediable por no estar exentos de prueba, deben acreditarse con carga probatoria […]”.

10. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar envió el enlace contentivo del expediente del medio de control de reparación directa identificado con el núm. de radicado 2016-00290-01, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

La sentencia impugnada

11. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 24 de abril

de 2025, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del abogado Roger Lemis Socarras Lastra para actuar en representación de los señores Pablo Abad Palomino Castro y otros, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. […]”.

12. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] el abogado Roger Lemis Socarras Lastra aportó los poderes sin el lleno de los requisitos exigidos, cuando se actúa a través de apoderado judicial a la acción de

12. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] el abogado Roger Lemis Socarras Lastra aportó los poderes sin el lleno de los requisitos exigidos, cuando se actúa a través de apoderado judicial a la acción de tutela de los señores Pablo Abad Palomino Castro, Angélica Paola Palomino, Caroly Patricia Palomino Mora, Keidys Marc ela Palomino Monterroza, Katheryn Sofia Palomino Monterroza, Samuel Elías Martínez González, Ana Catalina Martínez González, Pablo Miguel Palomino Rodríguez, Moisés Enrique Palomino Castro, Víctor Julio Palomino Castro, Javier José Palomino Castro, Diana Patricia Palomino Castro y Erika Johana González en nombre propio y en representación de su hija menor Elsa Sofía Palomino González.

Por lo que, el Despacho ponente mediante auto del 20 de marzo de 2025, lo requirió para que aportara la trazabilidad del otorgamiento de los poderes a través de mensaje de datos, o en su defecto constatara la presentación personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la ley 1564 de 2012, sin embargo, el apoderado de la parte actora no cumplió con lo solicitado. Al efecto, afirmó que no se deben exigir dichas formalidades de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Sin embargo, aunque la acción de tutela está consagrada en el ordenamiento jurídico como un trámite expedito y exento de formalidades, en el que el afectado puede7

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

como un trámite expedito y exento de formalidades, en el que el afectado puede7

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

actuar, incluso de manera verbal, si se opta por interponerla a través de apoderado judicial, se debe agotar el lleno de requisitos contenidos en las normas procesales que rigen la materia y que al ser de orden público son de obligatorio cumplimiento para los jueces, incluidos los constitucionales. […]

[…]

Cuando se actúa a través de apoderado judicial, el poder debe cumplir los requisitos del artículo 74 del CGP, es decir, requiere presentación personal, o debe conferirse por medio de mensaje de datos, con la constancia de haber sido remitido desde el correo del poderdante, conforme lo indica el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022. Lo anterior con el fin de acreditar la titularidad y disposición de los derechos fundamentales invocados. Siendo así, el abogado Roger Lemis Socarras Lastra no está legitimado en la causa por activa para actuar en representación del señor Palomino Castro y otros, en la medida que no logró acreditar que efectivamente los poderes presentados fueron otorgados por los titulares de los derechos fundamentales que invoca. […]”.

La impugnación

13. El apoderado de los actores impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente4:

Con el actuar del Despacho limitó el ejercicio del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, requeridos dentro de la

Quinta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente4:

Con el actuar del Despacho limitó el ejercicio del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, requeridos dentro de la acción de tutela. Adicionalmente, tal y como lo hemos dicho anteriormente, se trata de un p rocedimiento que tiene una connotación constitucional de protección de derechos fundamentales vulnerados, debido a esto, el procedimiento desplegado por la autoridad judicial también debe estar enmarcado en la aplicación y estudio de la Constitución para t odas las partes intervinientes en el proceso. Con base en lo anteriormente planteado, queda claro que el Despacho, en la providencia de 24 de abril de 2025, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un requisito para dete rminar la facultad para actuar del Dr. Roger Lemis Socarras Lastra como apoderado de los accionantes. Por lo que les solicito, se sirvan conceder la impugnación para que la Sala competente efectúe los correctivos del caso, revoque el fallo recurrido y en su defecto conceda la tutela reclamada para los derechos fundamentales vulnerados a mi mandante por el órgano judicial accionado. la a Sin embargo y en aras de que se les garantice a mis poderdantes su derecho fundamental al acceso a la administración de just icia, y atendiendo de que se trata una acción de tutela, le solicito que acepte y se tenga como demostrada mi legitimación en la causa para actuar como apoderado de los mismos, con trazabilidad del otorgamiento de los poderes por cada uno de los accionantes través de mensaje de datos.

Sin embargo, es importante hacerle saber Despacho que el accionante PABLO

legitimación en la causa para actuar como apoderado de los mismos, con trazabilidad del otorgamiento de los poderes por cada uno de los accionantes través de mensaje de datos.

Sin embargo, es importante hacerle saber Despacho que el accionante PABLO MIGUEL PALOMINO RODRÍGEZ encuentra actualmente internado en la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) de la clínica SINAI VITALY de Bosconia (Cesar), razón por la cual no pudo realizar la aceptación a través de correo electrónico. […]”.

4 Transcripción literal del texto.8

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Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y con el artículo 137 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se configura la falta de legitimación en la causa por activa declarada por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 24 de abril de 2025, y si la respuesta al anterior interrogante es negativa , la Sala estudiará si es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad contra sentencias judiciales, concretamente, si se cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa ii) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; iii) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; vii) análisis del caso concreto; y las viii) conclusiones de la Sala.

La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela

18. Al respecto el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política de 1991, establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos

“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]”. (Destaca la Sala).

19. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:

“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”

20. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado10

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha considerado9:

Actores: Pablo Abad Palomino Castro y otros.

donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha considerado9:

“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante […]”.

21. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10 del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado en la causa por activa, en la medida en que solamente podrá ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha

considerado lo siguiente:

“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA.

Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.

Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.

Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”10

Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros municipales.

Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa11 […]”. (Destaca la Sala).

9 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa11 […]”. (Destaca la Sala).

9 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 10 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 11 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.11

Núm. único de radicación: 110010315000202500184-01

Actores: Pablo Ab