CE - Sentencia 11001031500020250019201 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

Demandante: Magali Díaz Álvarez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

Demandante: MAGALI DÍAZ ÁLVAREZ

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas:

Derecho fundamental de petición . Modifica sentencia de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 7 de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que resolvió:

«PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la señora Magali Díaz Álvarez, frente a la Auditoría General de la República, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Presidencia de la República, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-, la Defen soría del Pueblo y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, por las razones expuestas en esta providencia.

Parafiscales -UGPP-, la Defen soría del Pueblo y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Declarar la carencia de objeto por hecho superado respecto de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta sentencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Magali Díaz Álvarez ejerció acción de tutela contra la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Policía Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, el Presidente de la República y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, por considerar vulnerado el derecho fundamental de petición. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1°- SE CONCEDA a mi favor la acción de tutela invocada, ordenando amparar y proteger mis derechos fundamentales Constitucionales de PETICION (art. 23 C. Política y sentencia T-230 de 2020) y por consiguiente, por desatención del derecho de petición (como se narra en el hecho 4 y 5), la violación de DERECHOS HUMANOS (preámbulo y art. 13 C. Política)

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD (Art. 93 C. Política) SEGURIDAD JURIDICA (art.

en el hecho 4 y 5), la violación de DERECHOS HUMANOS (preámbulo y art. 13 C. Política) BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD (Art. 93 C. Política) SEGURIDAD JURIDICA (art. 58 y 95 C. Política) ENFOQUE DE GÉNERO, POR VIOLENCIA DE GÉNERO (sentencias T-735 de 2017 y T -064 de 2023 Corte Constitucional). DEBILIDAD MANIFIESTA, ESTADO DE INDEFENSIÓN, mujer Adulto Mayor de e special protección del Estado (la ley 1850 de 2017 Y su desarrollo jurisprudencial); DEBIDO PROCESO (art. 29 C. Política). ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C. Política); Seguridad social en Pensión (artículo 48 C. P.) PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD (ART. 53 c.p.) OMISIÓN (art, 6 C.P.) DAÑOS ANTIJURÍDICOS (art, 90. C.P.) MÍNIMO VITAL (art. 1,2 C.P) ; los que se vulneran, al violar el derecho de petición invocado; violación de normas ordinarias, ley 100 de 1993 y de normas de régimen especial de la Fuerza Pública (Policía Nacional), porRadicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

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desatender el mismo, conforme a los hechos planteados; de principios morales del iusnaturalismo teológico, de concepción anti -formalista de la Constitución Política de

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desatender el mismo, conforme a los hechos planteados; de principios morales del iusnaturalismo teológico, de concepción anti -formalista de la Constitución Política de Colombia, de desconocimiento del déficit de protección a la mujer adulto mayor - madre soltera cabeza de familia, en estado de pobreza y del estado de cosas inconstitucionales, de precedentes jurisprudenciales, y la lógica de razonabilidad (coherencia externa de la norma) en el Estado Social de Derecho Colombiano.

2.- POR CONSIGUIENTE, se ordene a los accionados arriba identificados, en uso y aplicación del principio de colaboración armónica institucional, establecido en el artículo 113 inciso 3 y art. 2 de la Constitución Política de Colombia, para que dentro de un término razonable de 48 horas, y según sus competencias, den respuesta al derecho de petición invocado de fecha 18 de julio de 2024, enviado y recibido en sus bandejas de entradas de correo electrónico, 18 de julio de 2024, conforme a la sentencia T - 230 de 2020 Corte Constitucional y como se refiere en el hecho 4 y 5 de esta acción.

3°.- EN CONSECUENCIA. Se ordene a LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA, CAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASURCOLPENSIONES, UGPP (según competencia y conforme al material probatorio adjunto) proferir el acto administrativo que ordene reconocer y pagar al causante JORGE LUIS BONILLA GONZÁLEZ, identificado con C.C. No. 4.378.526 de Balboa (Risaralda), el derecho a

administrativo que ordene reconocer y pagar al causante JORGE LUIS BONILLA GONZÁLEZ, identificado con C.C. No. 4.378.526 de Balboa (Risaralda), el derecho a seguridad social en pensión por muerte, y de cesantías y sanción moratoria por pago tardío de cesantías, y de ahorro de vivienda militar, con todos los intereses corrientes, moratorios e indexados a la fecha llevándolos a valor presente cada concepto, y, a la suscrita tutelante MAGALI DÍAZ ÁLVAREZ, el reconocimiento y pago de sustitución pensional y demás conceptos salariales y prestacionales aquí señalados, en calidad de cónyuge sobreviviente del finado, por reunir los requisitos para ello, en aplicación de la ley general de pensión ley 100 de 1993, del régimen especial de pensión y demás derechos prestacionales de la Fuerza PúblicaPolicía Nacional y, los desarrollos jurisprudenciales (aplicables al caso concreto) de la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en s entencias SL 13721 de 2017. Radicado 55847, SL 13927 de 2016. Radicado 53159 y SL 1048 de

2022. Radicado 85122. SL 138 DE 2024 Con el correspondiente retroactivo, con intereses moratorios, corrientes, e indexados a la fecha de reconocer y pagar, llevándolo s a valor presente.»

(se transcribe con posibles errores)

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Magali Díaz Álvarez manifestó que, el 18 de julio de 202 4, en ejercicio del

(se transcribe con posibles errores)

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Magali Díaz Álvarez manifestó que, el 18 de julio de 202 4, en ejercicio del derecho de petición presentó escrito ante las entidades accionadas, en el que solicitó que se le reconociera pensión sustitutiva, con inclusión de los derechos prestacionales de cesantías, sanción moratoria de cesantías y ahorro de vivienda militar, por la muerte de su esposo Jorge Luis Bonilla González (†), quien trabajó más de 15 años en la Policía Nacional como agente, entre el 11 de agosto de 1972 y el 3 de abril de 1985.

Señaló que es madre soltera cabeza de familia, adulto mayor y se encuentra en estado de pobreza.

Alegó que entre el 11 de agosto de 1972 y el 3 de abril de 1985 su esposo trabajó en la Policía Nacional, pero dicha institución no le efectuó pagos de aportes parafiscales por pensión, salud y riesgos profesionales , tampoco certificó su tiempo de trabajo como alumno y vigilante, tiempo en el que obtuvo bonificaciones que deben ser reconocidas como salario, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

Explicó que la sumatoria del tiempo de trabajo de su difunto esposo, en conjunto, fue de más de 15 años, por lo que tiene derecho a tiempos dobles por haber fallecido en servicio activo el 3 de abril de 1985 y no recibió el pago de seguro de vida.

Alegó que recibió respuesta de la petición por las entidades accionadas. Sin embargo,

servicio activo el 3 de abril de 1985 y no recibió el pago de seguro de vida.

Alegó que recibió respuesta de la petición por las entidades accionadas. Sin embargo, la consideró incompleta y adujo que no cumplen con lo establecido en la sentencia T-Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

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230 de 2020 de la Corte Constitucional, sobre la protección del derecho fundamental de petición.

3. Argumentos de la acción de tutela

Advirtió que la respuesta al derecho de petición de las entidades accionadas es incompleta y confusa, ya que no cumple con el fallo de tutela T -230 de 2020 de la Corte Constitucional , por no reconoce r la sustitución pensional a nombre de la accionante y porque no se tuvo en cuenta los artículos 4 y 113 de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 y el régimen especial pensional de la fuerza pública.

Manifestó que la Contraloría General de la República no puede alegar falta de competencia, ya que CASUR y la dirección de la Policía Nacional guardan fondos dinerarios de particulares. Además, la UGPP y Colpensiones deben realizar las órdenes de acción de cobro para que la Policía Nacional responda por los 15 años de aportes parafiscales.

Alegó que el ejercicio del derecho de petición no garantizó su mínimo vital, ya que no tiene algún ingreso económico, tiene 69 años y necesidades básicas, como

aportes parafiscales.

Alegó que el ejercicio del derecho de petición no garantizó su mínimo vital, ya que no tiene algún ingreso económico, tiene 69 años y necesidades básicas, como alimentación, salud, y servicios públicos esenciales.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en auto del 21 de enero de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al contralor general, a la auditora general de la República, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al procurador general de la Nación, a la Defensora del Pueblo, al director de la UGPP, al presidente de Colpensiones y a los directores generales de la Policía Nacional y de CASUR.

5. Oposición

La Auditoría General de la República alegó que no puede ser vinculada a la acción de tutela, ya que la posible violación de derechos no puede recaer sobre ella. Además, en el sistema de atención al ciudadano no encontró antecedentes sobre el tema en discusión.

La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y aclaró que el 27 de febrero de 2025 efectuó requerimiento a la Policía Nacional y a CASUR, para que diera respuesta a la petición de la accionante, con lo que adujo ha realizado las actuaciones preventivas derivadas para requerir a las entidades competentes. Explicó que, en cumplimiento de su función preventiva, hizo los requerimientos a las entidades peticionadas a fin de que dieran respuesta a la petición, puntualmente, informó que en correo electrónico del 20 de agosto de 2024

las entidades competentes. Explicó que, en cumplimiento de su función preventiva, hizo los requerimientos a las entidades peticionadas a fin de que dieran respuesta a la petición, puntualmente, informó que en correo electrónico del 20 de agosto de 2024 requirió a CASUR sobre el trámite que le imprimió a la petición que radicó el “16 de agosto de 2024”, la cual fue reiterada el 27 de enero de 2025 y adujo que de lo anterior notificó a la señora “Paola María Cisneros Villalba”.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó ser desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no encontró información interna de la acción de tutela y aclaró que solo administra el régimen de prima media pensional.

La Presidencia de la República manifestó que dio respuesta a la petición, mediante Oficio OFI24 00143961 de 20 de julio de 2024 , en el cual se le informó que el únicoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

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responsable de la solicitud de pensión es la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, por lo que remitió dicha solicitud al Ministerio de Defensa. Además, aclaró que no se evidencia violación de derechos fundamentales y que no tiene legitimación para pronunciarse en el presente caso.

La Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP advirtió que dio respuesta a la

aclaró que no se evidencia violación de derechos fundamentales y que no tiene legitimación para pronunciarse en el presente caso.

La Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP advirtió que dio respuesta a la petición radicada por la accionante el 21 de agosto de 2024 en oficio del 29 de agosto de 2024, en el que explicó que no tiene competencia para realizar cobro de aportes parafiscales causados previos al mes de agosto de 2019, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, por lo que se le sugirió acudir a la jurisdicción laboral.

La Defensoría del Pueblo solicitó ser desvinculada del proceso, ya que no se encuentra en su función administrativa asignar sustituciones pensionales y aclaró que el 14 de agosto de 2024 trasladó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Adicionalmente, solicitó que se protejan los derechos de la accionante.

El Grupo de Pensiones de la Dirección de Talento del Ministerio de Defensa advirtió que, mediante Oficio GS -2025-006164-DITAH del 28 de enero de 2025 , dio respuesta a la petición de la accionante, en el cual explicó que en el caso de los miembros de la Policía Nacional no es aplicable en materia de pensiones la Ley 100 de 1993, sino el Decreto Ley 1212 y 1213 de 1990, Decreto 1091 de 1995 o Decreto 4433 de 2004, por lo que al personal retirado se le reconoce una asignació n, que se paga por CASUR.

En el mismo sentido, aclaró que en caso de no haber cumplido los tiempos legales para adquirir una pensión se le debió reconocer un bono pensional. En consecuencia,

paga por CASUR.

En el mismo sentido, aclaró que en caso de no haber cumplido los tiempos legales para adquirir una pensión se le debió reconocer un bono pensional. En consecuencia, remitió respuesta a derechos de petición del año 2023 y 2024 y manifestó que de querer tener conocimiento de lo ocurrido con el salario del esposo de la accionada se debe solicitar a CASUR.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASURmanifestó que la acción de tutela no es procedente, ya que no es función de la entidad reconocer pensiones de los miembros de la fuerza de policía, por lo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva. Además, explicó que los artículos 26 y 38 del Decreto 4433 de 2004 son las normas aplicables al presente caso en las que se remite parte del salario de los miembros de la Policía Nacional a CASUR para que sean pagadas las pensiones, por lo que ejecuta el dinero que se remite del presupuesto nacional por CASUR CREMIL.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en sentencia del 7 de febrero de 2025, negó el amparo solicitado por la accionante frente a la Auditoría General de la República, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Presidencia de la República, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-, la Defensoría del Pueblo y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Además, declaró la carencia de objeto por hecho superado respecto de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.

la Defensoría del Pueblo y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Además, declaró la carencia de objeto por hecho superado respecto de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.

Lo anterior debido a que la accionante no remitió constancia de radicación de la petición a la Auditoría General de la República, Colpensiones , la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y UGPP, por lo que al advertir que dichas entidades no recibieron la solicitud, no procede la tutela en su contra.

En cuanto a la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, se negó la tutela, porque las respuestas del derecho de petición fueron claras y suficiente s alRadicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

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establecer que no eran competentes y remitir la solicitud de pensión al Ministerio de Defensa, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y al comandante de la Policía Nacional del Departamento de Sucre . Además, dichas respuestas fueron remitidas a la accionante antes de la presentación de la tutela.

En relación con la falta de competencia para responder la petición por parte de la Procuraduría General de la Nación, determinó la carencia actual de objeto, en el mismo sentido, se estableció para la Policía Nacional, ya que dio respuesta al explicar las razones legales por las que no se procede la pensión de la cónyuge sobreviviente.

sentido, se estableció para la Policía Nacional, ya que dio respuesta al explicar las razones legales por las que no se procede la pensión de la cónyuge sobreviviente.

Finalmente, explicó que la accionante puede acudir al juez ordinario y no la acción de tutela con el fin de esclarecer su situación pensional.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual reiteró que es madre soltera, adulta mayor, en condición de especial protección constitucional, y que tiene necesidades insatisfechas como alimentación, salud, vestimenta y carencias económicas. Adicionalmente, explicó que su esposo falleció el 3 de abril de 1985 luego de trabajar 14 años 8 meses y 22 días como policía, pero no recibió sustitución pensional en calidad de cónyuge sobreviviente, pese a tener hijos menores de edad.

Alegó que su esposo fallecido trabajó en lugares de conflicto armado, lo que le otorgaba el derecho a tiempos dobles, por lo que, a su juicio, en realidad obtuvo más de 15 años de trabajo. Adicionalmente, indicó que en sentencia SL 138 de 2024 de la Corte Suprema de Justicia determinó que el conteo de los términos de pensión debe contabilizarse en días calendario y no en meses de 30 días, lo cual acumula un mayor número de días en el presente caso.

Advirtió que la sentencia de primera instancia no cumplió lo establecido en los artículos 110 y 121 del Decreto 2063 de 1984, 60 y 99 del Decreto 2340 de 1971 y lo establecido por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, porque considera que

110 y 121 del Decreto 2063 de 1984, 60 y 99 del Decreto 2340 de 1971 y lo establecido por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, porque considera que mediante la acción de tutela se debieron conocer los tiempos dobles y la calidad de cónyuge sobreviviente para la sustitución pensional. En consecuencia, considera que se debe revocar la sentencia de primera instancia y ordenar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la accionante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela y derecho de petición

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

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El artículo 23 C.P. prevé que el derecho de petición es fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad cuestionada no puede responder con evasivas o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición:

«No se satisface con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una verdadera resolución acerca de lo planteado, de modo que se defina de fondo el asunto sometido a consideración de la autoridad, desde luego sobre la base de que ella sea competente. Pero además debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta, en virtud de la garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las dependencias de la Administración, tenga el curso de la petición formulada. En efecto, si la petición busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus atribuciones o deberes, cumple su función obrando de inmediato, pero eso no la libera de su obligación de informar al peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida »1.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la

al peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida »1.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna, es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido y, (v) la falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la vulneración del derecho de petición.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de tutela de primera instancia, que negó la acción frente a unas entidades y determinó la carencia de objeto por hecho superado respecto a otras . A juicio de la parte actora, la acción de tutela debió acceder a sus pretensiones porque las entidades accionadas no cumplieron con las normas relacionadas con el reconocimiento pensional a favor de miembros de la Policía Nacional.

Al efecto, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se advierte vulnerado el derecho fundamental de petición de la parte actora y si frente algunas de las entidades demandadas se configuró la carencia actual de objeto.

Caso concreto

Al efecto, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se advierte vulnerado el derecho fundamental de petición de la parte actora y si frente algunas de las entidades demandadas se configuró la carencia actual de objeto.

Caso concreto

Respecto a la vulneración del derecho fundament al de petición, l a Sala anticipa que modificará la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:

En el presente caso se observa que en ejercicio del derecho fundamental de petición, la actora solicitó que se reconociera la pensión sustitutiva como cónyuge supérstite

1 Sentencia T-178-00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

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con inclusión de las cesantías, la sanción moratoria de cesantías y “ahorro de vivienda militar”, por la muerte de su esposo Jorge Luis Bonilla González (†), quien trabajó más de 15 años en la Policía Nacional como agente.

Por su parte, en el escrito de tutela solicitó que se le reconociera su pensión, debido a que los argumentos de las respuestas del derecho de petición fueron incompletas o confusas.

Por lo anterior, la Sala pasa a estudiar la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, en relación con cada una de las autoridades demandadas.

En cuanto a las respuestas que fueron expedidas por las entidades accionadas la UGPP advirtió que no recibió petición de la demandante el 18 de julio de 2024, pero

fundamental de petición, en relación con cada una de las autoridades demandadas.

En cuanto a las respuestas que fueron expedidas por las entidades accionadas la UGPP advirtió que no recibió petición de la demandante el 18 de julio de 2024, pero sí recibió una solicitud del 21 de agosto del mismo año en relación con un presunto incumplimiento en el pago de aportes al SGSS, a la cual dio respuesta el 29 de agosto del mismo año . Para sustentar su afirmación adjuntó captura de pantalla del Oficio 20240151004103981 mediante el que informó la falta de competencia para resolver la solicitud por tratarse de vigencias anteriores al año 2019. Asimismo, allegó el soporte de envío a la dirección de correo electrónico magalidiazalva@gmail.com, con constancia de envío y entrega.

Asimismo, se observa que en la referida contestación la UGPP le informó a la actora que le sugería acudir a la jurisdicción laboral competente para reclamar dichos derechos. Por lo anterior, en este punto es necesario indicar que no es un evento en los que resultara aplicable el artículo 21 del CPACA , en tanto no es procedente la remisión a otra autoridad administrativa y, en todo caso, la entidad informó que debería acudir a la jurisdicción, l uego, no se advierte vulnerado el derecho fundamental de petición.

Ahora bien, la Auditoría General de la República, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y Colpensiones manifestaron que no recibieron la petición del 18 de julio de 2024, sin que la actora acreditara la radicación de la misma ante dichas autoridades administrativas. En este orden de ideas, le asistió razón al a quo al negar

de julio de 2024, sin que la actora acreditara la radicación de la misma ante dichas autoridades administrativas. En este orden de ideas, le asistió razón al a quo al negar la acción de tutela contra dichas entidades, ya que no es procedente la solicitud contra las entidades a las cuales no se les dirigió la petición y, se insiste, no existe prueba de que se haya radicado dicho documento , pues, la actora no aportó los soportes de radicación. Por lo tanto, al respecto, corresponde confirmar la decisi ón de primera instancia.

La Procuraduría General de la Nación señaló que, en cumplimiento de su función preventiva, hizo los requerimientos a las entidades peticionadas a fin de que dieran respuesta a la petición, puntualmente, informó que en correo electrónico del 20 de agosto de 2024 requirió a CASUR sobre el trám ite que le imprimió a la petición que radicó el “16 de agosto de 2024”, la cual fue reiterada el 27 de enero de 2025 y adujo que de lo anterior notificó a la señora “Paola María Cisneros Villalba”. Sin embargo, verificada la copia del envío de la notificac ión al correo electrónico de la aquí accionante se advierte que no coincide con el correo que la peticionaria suministró para efecto de ser notificada, pues, el correo fue enviado a magalidiazzal@gmail.com y el correo indicado por la aquí actora en la petición fue magalidiazalva@gmail.com, por lo que, en el presente asunto no se trató de una carencia actual de objeto, por lo que corresponde, revocar en lo pertinente, para en su lugar, acceder al amparo solicitado frente a esta entidad, para ordenar realizar la notificación al correo

por lo que, en el presente asunto no se trató de una carencia actual de objeto, por lo que corresponde, revocar en lo pertinente, para en su lugar, acceder al amparo solicitado frente a esta entidad, para ordenar realizar la notificación al correo electrónico pertinente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-01

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Por su parte, la Presidencia de la República informó que dio respuesta a la petición mediante el Oficio OFI24-00143961 del 20 de julio de 2024, mediante el cual explicó que en sus competencias no podía determinar la sustitución pensional de un exmiembro de la Policía Nacional. Además, indicó que mediante Oficio OFI2400143987 del 20 de julio de 2024 remitió la petición al Ministerio de Defensa.

No obstante, de la revisión de la totalidad de los anexos aportados por la entidad, no se observa el envío efectivo de dichas remisiones a las entidades competentes, como tampoco a la peticionaria, en los términos del artículo 21 del CPACA 2. Por lo que, en relación con la Presidencia de la República, se advierte vulnerado el derecho fundamental de petición.

Igual circunstancia ocurre frente a la Defensoría del Pueblo, pues, se advierte que, si bien, respondió la petición, en el sentido de explica